Inciso

Quién elige al gobernador

La mesa por el CNE, la fantasía del gobernador designado y el voto del 28 de julio. Un inciso sobre soberanía y sobre quién decide, al final, el destino de Venezuela.

Published

2 meses ago

20 de junio de 2026

La redacción

# Quién elige al gobernador

Esta semana hubo una foto y hubo una frase. La foto fue la de Dinorah Figuera sentada frente a Jorge Rodríguez, en el mismo Palacio Federal Legislativo donde durante años se la insultó, acordando una mesa para parir un árbitro electoral. La frase no salió de ninguna rueda de prensa: la rescató un libro. Donald Trump, en privado, les dijo a sus allegados que Venezuela podría ser el estado 51 y que él elegiría al gobernador para dirigirla. La foto y la frase, juntas, cuentan la historia entera. Solo hay que saber leerlas.

El profesor Carrasquero, cuyo análisis publicamos en esta misma edición, hizo la pregunta correcta sobre la foto. No es «quién está en ella» —el error en que cayó media Venezuela, contando ausencias como quien cuenta agravios—. La pregunta es «para qué sirve». Y si uno la mira con esa lente, la foto deja de ser un desplazamiento y se vuelve un andamio: alguien está construyendo las reglas de una elección. La pregunta que queda, entonces, no es quién posó el jueves en Caracas. Es quién gana cuando llegue el día de votar. Y esa respuesta, guste o no a quien diseña los andamios, tiene un nombre que las urnas ya pronunciaron una vez, el 28 de julio de 2024.

Pero está la otra frase. La del gobernador. Y confieso que es la que no me deja dormir tranquilo. Porque revela cómo, en algún rincón de la cabeza del hombre más poderoso del mundo, Venezuela no es un país: es una propiedad con problemas de administración. Algo que se arregla nombrando a la persona correcta, como quien pone un gerente en una sucursal que da pérdidas. No un pueblo con dos siglos de historia, sino un activo de cuarenta billones de dólares en petróleo y un gobernador por designar.

Lo escribo desde Columbus, a las nueve de la noche, mirando por la ventana una calle de Ohio donde nadie se pregunta quién es el dueño de su país, porque la respuesta se da por sentada. Y pienso en lo que significa que, para los venezolanos, esa respuesta haya vuelto a estar en disputa. No frente a una dictadura esta vez —esa ya cayó—, sino frente a la tentación de quien vino a ayudar a tumbarla. Es una ironía amarga: el mismo poder que sacó a Maduro fantasea con quedarse con la casa.

No soy ingenuo, y los lectores de INCÍSOS saben que esta página no ha sido complaciente con nadie. La intervención de enero liberó a Venezuela de un tirano, y eso es un hecho que ninguna incomodidad posterior borra. Agradecer esa liberación y, al mismo tiempo, vigilar a quien la ejecutó no es contradictorio: es, precisamente, lo que hace un pueblo adulto. Se puede dar las gracias por el rescate y, acto seguido, dejar muy claro que la casa no está en venta. Las dos cosas a la vez. Esa es la madurez política que a Venezuela le ha faltado tantas veces, y que ahora le toca aprender a marchas forzadas.

Porque aquí está el punto, y con esto cierro. Carabobo cumple esta semana doscientos cinco años. Doscientos cinco años desde que un puñado de hombres decidió que este país no tendría dueño extranjero. No conquistaron la independencia para que, dos siglos después, alguien la rifara en una sobremesa de Mar-a-Lago entre un comentario sobre Groenlandia y otro sobre Canadá. La soberanía que se ganó en aquella sabana no es un trofeo de vitrina: es una responsabilidad que cada generación tiene que volver a sostener. Y a esta generación le tocó sostenerla en el momento más confuso, cuando el peligro no viene con uniforme enemigo sino con la sonrisa del aliado.

¿Quién elige al gobernador? La pregunta, formulada así, ya contiene su propia indignación, porque presupone que hay un gobernador que elegir, y que lo elige alguien que no votó nunca en Venezuela. La única respuesta decente a esa pregunta es que en Venezuela no se elige gobernador: se elige presidente. Y lo elige el pueblo venezolano, con su voto, en una elección de verdad, con el árbitro que esa mesa de Caracas dice estar construyendo. Si esa mesa cumple, bienvenida sea. Si la foto sirve para eso, valió la pena. Pero que nadie —ni en Caracas ni en Washington— se confunda sobre de quién es la casa. La casa es de los que votaron el 28 de julio. Y esa escritura, por más libros que se publiquen y más fotos que se tomen, no está a nombre de nadie más.

Alfredo Yánez Mondragón es periodista y editor de INCÍSOS. Escribe desde Columbus, Ohio.

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Inciso

Ni uno menos que todos

Published

19 horas ago

14 de agosto de 2026

La redacción

Esta es una jornada que quedará registrada en el proceso venezolano y que no quisiera dejar pasar sin poner por escrito lo que creo que debe decirse, con la mayor precisión que este editor pueda alcanzar.

Durante las últimas horas ocurrieron liberaciones de presos políticos en Venezuela. Ocurrieron en centros de detención específicos: en el Rodeo I, en el INOF, en otros recintos venezolanos. El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por Delcy Rodríguez, emitió un comunicado oficial fechado en Caracas el 14 de agosto que informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas. Foro Penal, dirigido por Alfredo Romero y con Gonzalo Himiob como vicepresidente, verificó caso por caso durante la tarde con actualizaciones progresivas que subieron de 17 a 29 y luego a al menos 40. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) reportó 43 verificaciones directas. El analista político Nicmer Evans publicó al cierre del día una lista consolidada de 62 excarcelados verificados con nombre y apellido.

Sesenta y dos, entonces, es la cifra verificada al momento en que escribo. De 131 anunciadas por el gobierno, 62 confirmadas con nombre por observadores independientes. Sesenta y nueve personas cuya situación específica queda por documentar en las próximas horas o días. Y cientos más que siguen presos y no aparecen en ninguna de las dos listas.

Entre los 62 verificados por Nicmer Evans hay un dato editorial que corresponde señalar: la proporción alta de militares. Capitanes, tenientes, teniente coroneles, coroneles, sargentos, sargentos primero, sargentos segundo, tenientes primero, tenientes coroneles. Casi una docena de nombres con rango militar. Muchos de ellos vinculados a casos como Gedeón, drones y otros procesos que durante años el régimen anterior usó como justificación para condenas de hasta treinta años en tribunales sin garantías. Que hoy salgan libres es demostración editorial de que su detención sostenida durante años era políticamente motivada y no jurídicamente justificada.

Que se anuncie la libertad de más de un centenar de personas es una noticia. Que se hayan verificado 62 con nombre y apellido al cierre editorial es otra noticia. Que ambas cifras estén separadas por 69 personas cuya situación específica queda por confirmar es una tercera noticia. Las tres son ciertas simultáneamente. Ninguna anula a las otras.

Este Inciso se llama «ni uno menos que todos» y quiero explicar exactamente por qué. Y quiero explicarlo ahora que las liberaciones están ocurriendo, no antes de que ocurrieran ni después de que se resuelvan del todo.

Es fácil escribir sobre la necesidad de liberar a los presos políticos cuando no se está liberando a nadie. Cualquiera puede hacer ese ejercicio, y muchos lo han hecho durante los últimos años con integridad y con constancia. Es también fácil celebrar cuando ocurre una liberación individual conmovedora. La atención mediática se orienta hacia esos momentos con vocación natural. Lo verdaderamente difícil, lo que exige criterio editorial, es sostener la exigencia mientras las liberaciones parciales están ocurriendo. Porque ese es exactamente el momento en el que aparece la tentación política de conformarse.

Hoy, mientras 131 personas se anuncian y 62 se verifican, la pregunta que quiero formular con claridad es: ¿y las otras? Las 69 personas que separan las dos cifras. Las que no están en ninguna de las dos listas. Las que llevan años en centros de detención sin juicio. Las que fueron condenadas mediante procesos que instituciones venezolanas e internacionales han caracterizado como carentes del debido proceso. Los tres pescadores de Falcón (Pérez, Guédez y Dirinot) que fueron detenidos en la represión postelectoral de 2024 y que, según denunció públicamente Ramón Guillermo Aveledo en la mañana del jueves, fueron condenados a seis años cuando ya estaba en marcha el proceso de diálogo cuyo primer ciclo culminó el 12 de agosto. Y todos los demás que este editor no puede nombrar aquí porque cada nombre merece verificación antes de la mención pública.

Ni uno menos que todos.

La formulación tiene precisión que quiero sostener. No dice «todos ya o nada». No dice «si no salen todos hoy, el proceso está fracasado». Ambas serían formulaciones absolutistas que ignorarían la naturaleza gradual de cualquier proceso institucional real. Dice algo distinto y más exigente. Dice que la meta debe permanecer clara mientras avanzan las etapas parciales. Dice que cada liberación individual es motivo genuino de alegría para la familia específica, pero no puede ser motivo para reducir la presión sobre las liberaciones pendientes. Dice que ninguna cifra intermedia, ni 131 ni 62 ni 200 ni 500, puede ser presentada como cumplimiento suficiente mientras haya un solo preso político venezolano que continúe detenido injustamente.

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, la diputada Dinorah Figuera, publicó en la tarde del 14 de agosto un mensaje breve y editorialmente preciso: «Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia». La formulación de Figuera dice, con menos palabras, lo mismo que quiere sostener este Inciso. Esperanza por lo que ocurre. Reconocimiento de que no son todos. Exigencia sostenida hasta que la libertad sea completa.

Es la misma posición que se argumentó el 13 de agosto en el análisis del cierre del primer ciclo del diálogo, cuando Figuera se comprometió a trabajar durante los próximos días por las liberaciones. Ese compromiso comenzó a ejecutarse un día después. Es dato verificable y es dato insuficiente. Ambas cosas simultáneamente.

Repasemos brevemente el registro. Diciembre de 2025: 187 excarcelaciones. Ronda posterior: 116 anunciadas, 24 verificadas por Foro Penal. Otra ronda: 80 en un día. Ley de amnistía de febrero de 2026: 379 liberaciones ordenadas, la mayoría con medidas restrictivas. Rondas parciales durante los meses siguientes. 14 de agosto de 2026: 131 anunciadas, 62 verificadas con nombre y apellido al cierre. La suma agregada de todas las excarcelaciones desde el 3 de enero de 2026 es sustantiva, y este editor no la minimiza. Pero la cifra que Foro Penal contabilizaba antes de la jornada del 14 era de 382 presos políticos aún detenidos, y esa cifra es la brújula. Cuánto se reduce, cuánto tarda en reducirse, y bajo qué condiciones se reduce. Nada más y nada menos.

Hay una lectura que quiero hacer explícita y que apareció formulada con precisión editorial en un mensaje que circuló durante la jornada: estas excarcelaciones también demuestran que es posible liberar presos políticos a pesar de que los tribunales hayan recibido órdenes durante años de imponer condenas de hasta 30 años en procesos sin garantías básicas. Con suficiente presión sostenida, las excarcelaciones ocurren. El 3 de enero de 2026 cambió las condiciones estructurales. Lo que hoy ocurre no habría ocurrido bajo el régimen anterior. Ese es el argumento correcto para celebrar sin conformarse, para reconocer lo que se ha ganado sin dejar de exigir lo que queda por ganar.

Hay una segunda lectura que no puede omitirse. Durante la misma jornada del 14 de agosto, mientras las liberaciones ocurrían, se registraron incidentes de censura contra periodistas venezolanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que un funcionario de la Guardia Nacional fotografió y grabó a periodistas de En El Mapa 360, de Reporte Ciudadano y de VPITV mientras cubrían las excarcelaciones. El hashtag #InformarNoEsDelito circuló durante la jornada. Que las excarcelaciones ocurran es paso significativo. Que la cobertura periodística de esas excarcelaciones sea objeto de vigilancia y presión es demostración simultánea de que las restricciones sobre la libertad de prensa persisten. Ambas cosas ocurren en el mismo día. Ninguna de las dos puede reportarse sin la otra.

Escribo desde Columbus, Ohio, a miles de kilómetros de las cárceles donde las excarcelaciones están ocurriendo esta noche. Escribo para lectores hispanos que viven en Estados Unidos, algunos de los cuales son venezolanos con familiares aún privados de libertad injustamente, otros que son venezolanos con familiares que salieron en libertad hoy, y muchos que son hispanos de otras nacionalidades para quienes lo que ocurre en Venezuela es asunto propio por razones humanitarias, políticas y de solidaridad regional. Para todos ellos escribo lo que sigue.

La exigencia es una sola: ni uno menos que todos. Hasta que la última persona detenida por motivos políticos en Venezuela camine libre por la calle. Hasta ese día, el proceso no está cerrado. Ni el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática con sus 131 medidas alternativas, ni el Ministerio Público, ni los tribunales que emitieron las decisiones judiciales, ni el gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ni la propia Asamblea Nacional 2015 que se comprometió con este trabajo pueden interpretar las excarcelaciones parciales como cumplimiento cerrado del compromiso.

La libertad plena de los presos políticos venezolanos no es programa negociable ni etapa dispensable de la transición. Es requisito material para que la transición sea, efectivamente, una transición. Sin esa libertad completa, cualquier arquitectura institucional posterior se construirá sobre un cimiento agrietado. Las próximas rondas del diálogo entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, tanto las plenarias como las mesas técnicas, tendrán que aterrizar esta agenda con calendario específico. El segundo ciclo tendrá que abordarla explícitamente, como ya han exigido públicamente Tomás Guanipa desde Unión y Cambio, Andrés Velásquez desde La Causa R, Convergencia desde Falcón, y otras voces documentadas durante las últimas jornadas.

Ni uno menos que todos.

Esa es la única cifra editorialmente aceptable. Cuando Foro Penal pueda reportar cero presos políticos en Venezuela, este editor firmará un Inciso distinto. Hasta entonces, el argumento no cambia, aunque cambien las cifras.

Este 15 de agosto de 2026, cuando este texto se publique, sesenta y dos familias venezolanas estarán viviendo un reencuentro que hasta hace pocas horas parecía distante. Ese reencuentro es genuinamente motivo de alegría. Y decenas o cientos de otras familias estarán mirando las imágenes de esos reencuentros desde el otro lado de una cerca que aún no se ha roto para ellas. Ese contraste no puede ignorarse.

Que el reencuentro sea completo. Que sean todos.

*Alfredo Yánez Mondragón · Editor en jefe · INCÍSOS*

Inciso

El país que viene

El país que viene tiene que ser la suma de las participaciones. No la suma de las coincidencias. Inciso de cierre del especial Ángulos: Primer Ciclo por Alfredo Yánez Mondragón.

Published

2 días ago

13 de agosto de 2026

La redacción

ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO

Alfredo Yánez Mondragón

Este especial documentó voces distintas leyendo el mismo acuerdo. Ninguna coincide completamente con las otras. Todas se sostienen con rigor. Y esa coexistencia es exactamente lo que este texto quiere decir. Inciso de cierre firmado por Alfredo Yánez Mondragón.

Cierro un especial donde otros escribieron. Ese dato importa nombrarlo desde el inicio porque explica por qué este texto no puede ser un resumen. Un resumen presume que el editor procesó el debate y lo devuelve destilado, con las asperezas suavizadas y las contradicciones resueltas. Este texto no puede hacer eso. Y no debe.

Lo que puede hacer es formular una lectura sobre lo que el conjunto del especial demuestra. Y esa lectura tiene una sola tesis, breve, que defiendo con brevedad. El país que viene tiene que ser exactamente lo que este especial es. Voces distintas. Lecturas que no se cancelan. Un coro documentado que crece.

Y esa formulación no es retórica. Es diagnóstico específico sobre el momento venezolano.

Cuando el diagnóstico histórico del rol del TSJ convive con la distinción categorial entre entregables y acuerdos, y con el análisis matizado que reconoce la magnitud potencial sin celebrar a priori, y con la pedagogía política del avance, y con la lectura afirmativa desde la sobrevivencia, y con el escepticismo geopolítico articulado como método, y con la doctrina jurídica que abre la posibilidad de responsabilización específica, y con la comparación con la transición española, y con el análisis semántico del documento firmado, y con la lectura territorial desde los caseríos, y con el contrapunto duro sobre los presos políticos, y con la voz que llega desde el propio chavismo perdido, y con la voz internacional cualificada, y con las que se sumarán en próximas rondas del especial, ninguna se equivoca. Cada voz está viendo con precisión una dimensión distinta del mismo objeto.

Y la sociedad venezolana necesita todas las dimensiones simultáneamente para poder empujar el proceso hacia su ejecución sustantiva.

Esa afirmación es el corazón de este cierre. No es concesión pluralista. No es tibieza editorial. Es diagnóstico específico sobre cómo funcionan los procesos políticos complejos. Se sostienen no por la unanimidad de sus impulsores sino por la coherencia interna de cada una de las líneas de análisis que los observan con rigor. Cuando esas líneas se cancelan entre sí, el proceso se debilita. Cuando esas líneas se suman, el proceso se fortalece.

Hay que decir esto en este momento particular de la historia venezolana por dos razones.

La primera es que Venezuela viene de veinte años de polarización estructural en los que la conversación pública se organizó predominantemente en registro binario. Ese registro tuvo función durante muchos años pero también tuvo costo. Empobreció la capacidad de análisis matizado. El proceso que se abre con el primer ciclo requiere exactamente la capacidad opuesta. Ser capaces de sostener simultáneamente afirmaciones que en registro binario parecerían contradictorias. El acuerdo del 12 de agosto compromete cambios sustantivos. Y no atiende a los presos políticos. Y establece un orden técnicamente correcto para la renovación del TSJ. Y no fija fechas concretas. Y tiene una pata operativa que no tuvo ningún diálogo anterior. Y depende de la ejecución para no repetir los 18 fracasos previos. Las seis afirmaciones son ciertas simultáneamente. Un análisis serio del proceso las sostiene todas.

La segunda razón es que la tarea que sigue al acuerdo no es una tarea que pueda hacer un solo actor. La renovación del TSJ requiere reforma legal, presión pública, verificación técnica, exigencia sobre credenciales, seguimiento de cronograma, evaluación de resultados. Ninguno de esos elementos lo puede aportar una sola voz.

La reforma legal la trabajan los constitucionalistas independientes. La presión pública la sostienen las organizaciones de la sociedad civil. La verificación técnica la requiere el análisis politólogo. La exigencia sobre credenciales la formulan quienes negocian desde adentro. El seguimiento de cronograma lo demandan las voces de la línea dura. La evaluación de resultados la ejerce el periodismo independiente. La pedagogía política que explica al ciudadano común por qué esto importa la asume la política responsable. La lectura afirmativa desde la sobrevivencia la ofrece quien pagó personalmente el costo del régimen. La comprensión geopolítica del contexto la aporta el análisis internacional. La lectura territorial la aporta el trabajo en las zonas de abandono. El contrapunto duro sobre presos políticos lo sostienen las organizaciones de derechos humanos. La voz desde el propio chavismo perdido registra la ruptura interna del bloque que hasta ayer se creía inamovible.

Cada una de esas funciones es necesaria. Ninguna es suficiente. Y cuando una función pretende sustituir a las otras, el proceso pierde precisamente la infraestructura plural que necesita para materializarse.

El país que viene tiene que ser la suma de las participaciones. No la suma de las coincidencias. La suma de las participaciones. Y esa distinción es importante.

La suma de las coincidencias produce consenso artificial. Se identifica lo que todos los actores comparten y se construye desde ahí. El problema es que produce mínimos comunes que rara vez son suficientes para enfrentar problemas complejos. Cuando los actores del debate coinciden solo en las formulaciones más generales, el proceso queda entregado a la ejecución específica que nadie supervisa.

La suma de las participaciones es distinta. Cada actor mantiene su lectura específica, con sus énfasis propios, sus exigencias particulares, sus advertencias singulares. Y el proceso avanza porque cada uno cumple con su función editorial específica. Ninguno cede su lugar. Todos cumplen su función. Y el proceso, sometido a esa presión plural, se ejecuta mejor.

Esta metodología no es venezolana. Es característica de las democracias que funcionan. Las transiciones exitosas de los últimos cincuenta años no fueron producto de acuerdos unánimes de fuerzas convergentes. Fueron producto de procesos en los que cada actor cumplió su función específica y en los que el resultado emergió de la interacción documentada de esas funciones. Chile a partir de 1988, España a partir de 1975, Sudáfrica a partir de 1990, Polonia a partir de 1989. Todos fueron procesos con actores en conflicto explícito entre sí, no procesos armoniosos. Y todos fueron procesos que funcionaron precisamente por eso.

Este especial cierra su primera versión con las voces documentadas hasta hoy. Y es especial vivo. Habrá segunda, tercera, cuarta ronda. Habrá voces de la iglesia que aún no aparecen. Habrá voces político-partidistas mayores todavía por incorporar. Habrá análisis técnico especializado que se sumará. Habrá voces ciudadanas organizadas que articularán sus lecturas cuando sea el momento. Y cada nueva voz se sumará bajo la misma condición editorial. La articulación tiene que sostenerse con rigor propio. Puede ser análisis técnico, testimonio biográfico, línea partidista declarada, humor caraqueño con lectura geopolítica. Lo que no puede ser es afirmación sin fundamento, ataque personal sin argumento, o repetición mecánica de línea sin elaboración propia.

Esa condición no es limitante. Es lo que permite que el especial funcione como archivo público. Cada voz documentada aporta al mapa exactamente lo que sostiene. Y el lector puede evaluar por sí mismo si esa lectura le convence, le informa, le desafía o le confronta. La evaluación queda del lado del lector, no del editor.

Este especial cierra la cobertura editorial del primer ciclo del proceso venezolano hasta el 13 de agosto de 2026. Los seis días entre el 8 y el 13 quedaron documentados con detalle. El acuerdo firmado, sus contenidos específicos, sus alcances técnicos, sus ausencias notorias, las reacciones más consistentes de la sociedad civil venezolana, y las lecturas articuladas de las voces que aceptaron su lugar en el mapa.

Abre lo que sigue. Y lo que sigue es la ejecución del acuerdo o el incumplimiento del acuerdo. Ambas posibilidades son reales. La primera abre la puerta a un proceso de reinstitucionalización que Venezuela lleva décadas esperando. La segunda repite el patrón de los 18 diálogos previos fallidos.

La diferencia entre una y otra no la determinarán las voces del debate público, aunque el debate público influya. La diferencia la determinará la presión sostenida sobre las partes firmantes para que ejecuten lo que se comprometieron a ejecutar.

Esa presión sostenida es exactamente lo que la suma de las participaciones documentadas permite construir. Cada voz cumple su función. Ninguna sustituye a las otras. Y el proceso, sometido a esa presión plural, tiene la oportunidad de convertirse en algo distinto a los procesos anteriores. Puede no lograrlo. Pero por primera vez en años tiene la oportunidad. Y esa oportunidad merece ser trabajada con la seriedad que amerita.

Cierro con la formulación que este especial demuestra, y que quiero dejar dicha con la mayor precisión posible.

El país que viene tiene que ser la suma de todos los que lo estén pensando. No la suma de los que coinciden. La suma de los que participan con rigor propio en el debate público, cada uno desde el ángulo que le corresponde, cada uno con la exigencia que su lugar en el proceso le impone.

Ninguna voz sola alcanza. La suma sí puede.

Y esa suma, si va a ser real, va a ser exactamente lo que este especial es. Participación plural documentada, sin unanimidades artificiales, sin cancelaciones recíprocas, sin protagonismos individuales. Un país construyéndose en el debate público que se toma en serio a sí mismo.

Eso es lo que este especial deja dicho.

Sobre el autor

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista venezolano radicado en Columbus, Ohio. Autor de más de veinte libros publicados en Amazon.

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Inciso

La firma que faltaba

Hoy la duda tiene documento. Ningún diálogo previo había producido un compromiso firmado de renovación completa del TSJ. Esto no es entre ellos y nosotros: es entre lo que se firma y lo que se ejecuta.

Published

3 días ago

12 de agosto de 2026

La redacción

Hoy la duda tiene documento. Ningún diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana había producido un compromiso firmado de renovación completa del Tribunal Supremo. Esto no es entre ellos y nosotros. Es entre lo que se firma y lo que se ejecuta. Un Inciso de Alfredo Yánez Mondragón.

El primer día del proceso, cuando esto empezó a moverse, escribí en este medio sobre el beneficio de la duda. Sostuve entonces que la desconfianza acumulada en dieciocho procesos de diálogo fallidos no debía convertirse en un veto anticipado a cualquier intento nuevo. Que el escepticismo era razonable como reflejo, pero que como método no producía resultados. Y que si un proceso lograba producir hechos verificables, había que juzgarlo por esos hechos, no por los antecedentes de quienes lo firmaban.

Hoy, catorce días después, mantengo esa posición. Y quiero explicar por qué la mantengo con más convicción, no menos, ahora que sabemos qué firmaron Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera el 12 de agosto de 2026 en Caracas.

Empiezo por lo que no es este texto. No es una celebración del acuerdo. Los acuerdos no se celebran hasta que se cumplen. No es una defensa de Jorge Rodríguez ni una idealización de Dinorah Figuera. No es un llamado a la fe ni a la paciencia infinita. Y no es, sobre todo, un texto contra las voces críticas que hoy están señalando lo que faltó, lo que sobró y lo que nadie fechó en el documento firmado. Esas voces tienen razón en lo que reclaman. La cobertura editorial de este medio, publicada hoy en pieza separada, documenta con precisión cada una de esas críticas y les da el peso que merecen.

Este texto es sobre por qué, precisamente por respeto a esas críticas, el marco general con el que leemos este momento importa.

Contra la falsa polaridad

Hay una tentación intelectual que atraviesa la conversación pública venezolana de las últimas horas y que conviene nombrar sin adornos. La tentación de leer este acuerdo, y por extensión todo el proceso, como una división entre dos bandos: los que respaldan y los que critican, los que ceden y los que resisten, los que dialogan y los que denuncian. Ellos y nosotros. Ingenuos y lúcidos. Vendidos y firmes.

Esa lectura es falsa. Y es peligrosa. Es falsa porque no describe la realidad de las posiciones que se están tomando; es peligrosa porque nos incapacita para entender lo que efectivamente está pasando.

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, dirigente histórico de Primero Justicia, preso político hasta hace un año, respalda el acuerdo. Y en el mismo pronunciamiento en el que lo respalda, sostiene que el TSJ actual ha sido «el ministerio de asuntos jurídicos de la dictadura», y exige que los nuevos magistrados sean «independientes, competentes y comprometidos con la Constitución». No hay contradicción en su posición. Hay una lectura técnica que reconoce el paso dado sin renunciar a la exigencia sobre cómo se ejecuta.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, líder principal de las fuerzas democráticas venezolanas, no participa del proceso, ha planteado condiciones estrictas para respaldarlo, y ha declarado con toda claridad que no se convertirá en obstáculo para iniciativas que produzcan avances verificables. No hay contradicción en su posición tampoco. Hay una distinción entre no ser parte del diálogo y no bloquear sus posibles resultados.

Ángel Alberto Bellorín, coronel, abogado constitucionalista, ha señalado durante años que ningún nombramiento de magistrados del TSJ es válido sin reforma previa de la Ley Orgánica que rige el proceso de selección. Su exigencia técnica lleva más de una década sin ser atendida por ninguna administración. El acuerdo del 12 de agosto pone la reforma de la ley en el primer lugar, antes del nombramiento. No es coincidencia. Es respuesta a una doctrina jurídica independiente que finalmente encontró eco en un documento firmado.

Y José Rafael González Martínez, ingeniero civil, ciudadano común, publica en su cuenta de X que «para decir esas dos pendejadas se necesitaron días de arduas y sesudas discusiones» y concluye «estamos jodíos». Su frustración es legítima. Representa a un sector amplio y sostenible de venezolanos que han visto tantos anuncios sin resultados que ya no distinguen entre uno más y algo genuinamente nuevo.

Las cuatro voces coexisten. No se cancelan entre sí. Están describiendo aspectos distintos de un mismo hecho. Y quien pretenda que hay que elegir entre respaldar a Guanipa y respaldar a Machado, entre creer a Bellorín y entender a González Martínez, no está leyendo el momento con la seriedad que exige.

Lo que efectivamente está en el documento

Voy a decir lo que rara vez se dice, porque hay que decirlo con precisión editorial: en ningún proceso de diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana durante los últimos veinte años se había firmado un compromiso escrito para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia. En ninguno. Ni el Vaticano en 2016, ni República Dominicana en 2018, ni Noruega en 2019, ni Barbados en 2023.

El acuerdo firmado el 12 de agosto establece cuatro puntos concretos sobre justicia. El primero es reformar la Ley Orgánica del TSJ. El segundo es renovar el Comité de Postulaciones. El tercero es activar un nuevo proceso para designar a todos los magistrados. El cuarto es conformar un consejo de revisión de credenciales. En ese orden.

El orden no es adorno. Es la única secuencia técnicamente correcta según la doctrina constitucional independiente venezolana. Y es exactamente lo que Bellorín ha reclamado durante quince años sin haber sido escuchado hasta ahora.

Además, y esto también hay que decirlo, la mesa técnica número 2 del proceso está denominada «Fortalecimiento de la Democracia, Poder Judicial y Poder Electoral». El TSJ y el CNE están explícitamente en la denominación firmada. No en el discurso: en el papel. Con firma de dos delegaciones. Con una tercera pata que hay que nombrar sin eufemismos: el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya facilitación operativa a cargo de Michael Kozak y John Barrett ha sido la diferencia entre este proceso y los diecisiete anteriores.

Ninguno de los procesos previos tuvo esa tercera pata operativa con el peso que hoy tiene. El diálogo de Barbados en 2023 tuvo respaldo internacional, pero no tuvo un actor estadounidense operando activamente en la mesa. El de Noruega en 2019 tuvo facilitación europea, pero sin capacidad de generar presión estructural. La diferencia entre este momento y los anteriores no es solo lo que se firma; es también quién sostiene el proceso desde afuera para que no se descarrile en las primeras semanas.

Contra la ingenuidad y contra el cinismo

Hay dos posiciones equivalentemente ingenuas en la conversación pública actual. La primera es asumir que el acuerdo se cumplirá porque está firmado. La segunda es asumir que el acuerdo no se cumplirá porque nada previo se ha cumplido.

Las dos son perezosas. Las dos evitan el trabajo intelectual de leer lo que efectivamente cambió y lo que efectivamente no cambió.

Lo que cambió es que por primera vez hay un compromiso firmado con contenido técnico correcto sobre la renovación completa del tribunal máximo, y hay una facilitación externa con capacidad de sostener el proceso. Lo que no cambió es que las mismas partes que firman hoy son las que en el pasado firmaron otros documentos que no se ejecutaron, y que la ausencia de fechas concretas en el documento actual es una debilidad estructural real que la cobertura crítica de este medio documentó con precisión.

La lectura editorial responsable no es elegir entre las dos observaciones. Es sostener ambas simultáneamente. Reconocer que este acuerdo es sustantivamente distinto a los anteriores en lo que compromete. Y exigir sin descanso, en las próximas semanas, que se cumplan las condiciones que hacen la diferencia entre acuerdo firmado y proceso ejecutado.

Ese es el trabajo del periodismo serio en este momento. Y es el trabajo que este medio va a hacer, con seguimiento sistemático de cada uno de los puntos comprometidos, con cobertura documentada de cada retraso o cumplimiento, con voces independientes que verifiquen técnicamente los pasos que se den, y con la memoria activa del especial Verificable que registra cada decisión con su fecha y su fuente primaria.

Sobre los presos políticos, que no aparecen

Hay que decir con toda claridad una cosa que puede parecer contradictoria con lo anterior: el hecho de que los presos políticos no aparezcan en el acuerdo firmado es una ausencia grave. No es un detalle secundario. No es un tema que pueda posponerse indefinidamente a la espera de que otras cosas avancen. Hay 382 personas privadas de libertad por motivos políticos según Foro Penal, hay 49 muertes documentadas de presos comunes entre abril y julio según el Observatorio Venezolano de Prisiones, y hay familias enteras que llevan años esperando información básica sobre el estado de sus detenidos.

La ausencia de este tema en la mesa técnica actual no puede convertirse en normalización. Cada semana que pasa sin que aparezca en el proceso es una semana en la que 382 vidas están dependiendo de decisiones que no se están tomando. Y ese hecho, que documenta hoy en cobertura separada este medio, debe seguir presente en cada análisis del proceso hasta que se resuelva.

El beneficio de la duda que defiendo sobre el marco general del diálogo no se extiende a la ausencia de presos políticos en la agenda. Ahí no hay duda que dar. Hay urgencia que exigir.

El costo de leer mal este momento

Termino con lo que más me preocupa como observador del ecosistema informativo venezolano. Si la conversación pública se polariza entre «los que respaldan el diálogo» y «los que lo denuncian», perdemos la capacidad de hacer lo único que puede efectivamente empujar el proceso hacia resultados: sostener presión pública informada sobre cada punto pendiente.

El diálogo no se cae porque los críticos critiquen. Se cae porque los que firmaron dejan de sentir costo político por incumplir. Y el costo político por incumplir solo se sostiene si la sociedad venezolana se mantiene atenta a lo que se firma, exigente sobre lo que se ejecuta, y unificada en la demanda de resultados verificables independientemente de qué actor específico está en cada momento en la mesa.

Machado tiene razón en las condiciones que plantea. Guanipa tiene razón en los criterios que exige. Bellorín tiene razón en la secuencia técnica que reclama. González Martínez tiene razón en la frustración que expresa. Y el acuerdo firmado el 12 de agosto tiene razón en el orden en que colocó las cosas.

Las razones no se cancelan entre sí. Se acumulan. Y la responsabilidad del periodismo, y de cada ciudadano venezolano informado, es preservar todas esas razones simultáneamente para que ninguna se pierda en el ruido de las próximas semanas.

Ese es el beneficio de la duda que defiendo. No es fe. Es método. Y es probablemente la única forma en que un proceso que ninguno de nosotros diseñó, y sobre el cual ninguno de nosotros tiene control completo, pueda efectivamente terminar produciendo lo que llevamos veinte años esperando.

Hoy hay una firma que faltaba. Falta muchísimo más. Y lo que falta se consigue exigiéndolo, no denunciando por anticipado que no llegará.

Vinculación

Sobre el autor

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista venezolano con más de veinte años de experiencia en medios, radicado en Columbus, Ohio. Autor de más de veinte libros publicados en Amazon.