COLABORADORES INVITADOS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

Mientras se espera el baremo para evaluar a los aspirantes al TSJ, el constitucionalista propone que los integrantes del consejo de revisión designados por la delegación opositora publiquen sus credenciales, como ejemplo para el resto.

«El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta: en ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta los candidatos, y el Legislativo escoge los individuos que han de componer los Tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserve en toda su pureza la salvaguardia de los derechos individuales».Simón Bolívar, discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, 25 de mayo de 1826

Mientras esperamos el baremo

Un baremo no es más que un instrumento para medir en forma integral el mérito individual dentro de un grupo de personas sometidas a la evaluación que exige dicho baremo. Esa evaluación debe generar un orden de precedencia de ese mérito: un primero y un último en ese escalafón.

Quien aplica el baremo debe estar, por lo menos, al nivel que será exigido en dicho instrumento valorativo.

Todo mediocre aborrece la evaluación transparente; todo tramposo buscará la forma de evadir los baremos y sentirá temor de hacer públicas sus evaluaciones y credenciales. Es así, y recordemos que la pretendida modestia fue inventada por los que nada tienen que mostrar.

El problema

Ese breve relato lo estamos viendo en vivo y en directo con el Comité de Postulaciones Judiciales y la sobrevenida comisión para evaluar las credenciales de los aspirantes al TSJ.

Un comité de postulaciones secuestrado por la Asamblea Legislativa mediante una descarada usurpación de 11 diputados, cuasi analfabetas funcionales en su mayoría, que serán los encargados de nombrar a 12 ciudadanos que, según su criterio, representarán a la sociedad civil.

Sabemos que la sociedad civil en realidad existe antes que tales diputados, que son elegidos por el ejercicio indirecto de la soberanía mediante el sufragio. La soberanía reside en el pueblo y no en la Asamblea Legislativa.

Una sociedad civil que ejerce en forma directa la soberanía popular mediante los comités de postulaciones no necesita que el poder constituido, en este caso el Poder Legislativo, nombre a quienes la representarán en ese ejercicio, ya que sabemos también que tal ejercicio de soberanía es intransferible (artículo 5 de la Constitución).

El verdadero problema es que ellos, los diputados, ya están allí, contaminando de inconstitucionalidad el proceso, y serán los encargados de seleccionar a los máximos representantes del Poder Judicial de Venezuela.

A este írrito Comité de Postulaciones, nulo desde antes de que se conocieran los nombres de sus integrantes, se le suma una fulana «comisión evaluadora de credenciales», conformada por siete ciudadanos ya con nombres y apellidos, de los que no sabemos los criterios usados para designarlos, aunque en realidad, en estos momentos, eso poco importa.

Con todo este infame contexto argumental, debo plantear las siguientes interrogantes a la recién nombrada comisión evaluadora:

¿Debemos presumir que en verdad existen las credenciales de los tres chavistas que revisarán las credenciales de los futuros magistrados?

¿También debemos creer que esas credenciales, que nunca han mostrado, son superiores a las que deben exigir?

¿Es cuestión de fe o de derecho?

Ahora sí, mi propuesta

Ante tal duda generalizada, propongo que la señora Dinorah Figuera abra una cuenta de acceso público para que las cuatro personas seleccionadas por su equipo den el ejemplo ciudadano de publicar en ella sus títulos académicos y las demás credenciales que sabemos que poseen y que respaldan su designación.

Estoy convencido de que esas cuatro personas no tendrían temor al escrutinio público.

Es solo un contundente mensaje al bando contrario.

Ante tal publicación, sería interesante ver la respuesta de los señores Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y Silio Sánchez.

¿Se atreverán? No lo creo.

La sociedad civil debe hacerse sentir, y esta no es una propuesta absurda ni indecente. Creo que es necesaria.

Caracas, 28 de septiembre de 2026

Dr. Ángel Alberto Bellorín Abogado. Especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional. Profesor del doctorado de la Universidad Central de Venezuela.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de INCÍSOS.

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Fuentes principales: Texto enviado por el autor, 28 de septiembre de 2026.

COLABORADORES INVITADOS · VLADIMIR PETIT · EN VOZ ALTA

Treinta y ocho preguntas sobre el origen, la sangre, el voto, el saqueo, el narcotráfico y los pactos del poder en Venezuela. El punto de partida del especial En voz alta, en su versión ampliada, gracias a las preguntas enviadas por seguidores del autor en X.

Este texto fue publicado originalmente por su autor en X y se reproduce con su autorización. Es el punto de partida del especial En voz alta, que lleva el registro de cuánto se puede responder hoy de cada una de estas preguntas. Versión ampliada el 29 de septiembre de 2026: a las treinta preguntas iniciales el autor sumó ocho, surgidas de sugerencias de sus lectores.

Ninguna transición seria ha prescindido de la verdad. Argentina, Chile y Sudáfrica abrieron archivos antes de pasar la página. Venezuela no será la excepción. Estas son las preguntas que el poder todavía no permite hacer en voz alta:

El origen

1. ¿Quién guarda la renuncia firmada por Hugo Chávez?

2. ¿Cuándo murió Chávez realmente?

3. ¿Dónde nació de verdad Nicolás Maduro?

La sangre

4. ¿Quién ordenó la masacre del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno? ¿Quiénes eran los francotiradores, a quién obedecían y quién armó el guion para culpar a la Policía Metropolitana?

5. ¿Quién mató a Danilo Anderson?

6. ¿Quién urdió la maniobra del famoso testigo estrella?

7. ¿Quiénes eran, desde el régimen, los cómplices de Edmundo Chirinos?

8. ¿Quién ordenó el asesinato de Olga Fonseca, encargada de negocios en Kenia?

9. ¿Quién ordenó ejecutar a sangre fría a Óscar Pérez cuando intentaba rendirse, y quién apretó el gatillo?

10. ¿Quién ordenó el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, y quién lo llevaba sometido por el cuello el día que se lo llevaron?

11. ¿Cuántas y cuáles son las casas de tortura en Venezuela?

El voto secuestrado

12. ¿De quién fue la idea de crear Smartmatic y diseñar un software para la trampa electoral?

13. ¿Quién volteó el revocatorio de 2004? Según relató César Gaviria, a medianoche, cuando entró a la sala de totalización, ganaba la oposición; a las tres de la madrugada, con Francisco Carrasquero al frente del CNE, perdía.

14. ¿Quién derribó el avión en que viajaban varios fundadores de Smartmatic, y por qué?

15. ¿Quién escribió los números falsos de la servilleta que leyó Elvis Amoroso la noche del 28J?

El saqueo

16. ¿Para quién eran los dólares del maletín de Antonini Wilson?

17. ¿Quién se robó el dinero del Tren Chino?

18. ¿Quiénes recibieron el dinero de Odebrecht, y cuánto le tocó a cada uno?

19. ¿Cuánto se robaron en Monómeros?

20. ¿Dónde está la plata de Tarek El Aissami y por qué cayó en desgracia?

21. ¿A cuánto asciende la fortuna de Tarek William Saab?

22. ¿Dónde están las caletas del tipo del Mazo?

23. ¿Qué había en las 40 maletas que Delcy bajó en España, para quiénes eran y cuánto repartió con la administración Sánchez y con Zapatero?

24. ¿Cuánto le debe realmente Cuba a Venezuela?

25. ¿Cuánto debe realmente la República, cuál es el monto verdadero de la deuda externa y quién autorizó cada préstamo?

26. ¿Quién impuso, en el nuevo esquema con EE.UU., a la misma gente que desfalcó el dinero destinado a resolver la crisis eléctrica?

El narcoestado

27. ¿Quién fue el arquitecto de la cartelización de la FANB?

28. ¿Quién es el verdadero jefe del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua?

29. ¿Quién mandó las maletas de cocaína en aquel vuelo de Air France?

30. ¿Cuánto dinero, y a quiénes de la oposición, financiaba el Pollo Carvajal?

31. ¿Qué demócratas estadounidenses impulsaron la liberación de los sobrinos de Cilia?

Los pactos

32. ¿Quién estuvo detrás de los drones contra Maduro?

33. ¿Quién adelantó el golpe del 30 de abril?

34. ¿Cuándo pactaron los hermanos siniestros la entrega de Maduro?

35. ¿Quién recluta a los alacranes y cuánto cobran cada vez que reaparecen en temporada electoral?

36. ¿Quién es «el hombre del maletín», el que orquesta los tratos entre alacranes, Gorrín y el régimen? ¿Es el mismo que hoy controla una facción dentro del interinato de Delcy?

37. ¿Quién decide qué partidos se les arrebatan a sus jefes para entregárselos a los acólitos, y quién autoriza la creación de otros nuevos?

Y finalmente

38. ¿Quién impide realmente el regreso de María Corina Machado a Venezuela?

Una transición no se mide por los cambios de nombre en Miraflores, sino por lo que el país puede preguntar sin miedo. Venezuela estará realmente en transición el día en que estos temas se puedan investigar libremente. Antes de eso, lo que existe es una administración del silencio.

Vladimir Petit

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor.

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Fuentes principales: Publicación original de Vladimir Petit en X, septiembre de 2026.

COLABORADORES INVITADOS · VLADIMIR PETIT

Una carta abierta a integrantes del Consejo de Revisión de Credenciales sobre los títulos, cátedras y cargos que, a juicio del autor, no deben valer por sí solos para llegar al TSJ.

Sres. miembros de la Comisión revisora de credenciales para aspirantes a magistrados del TSJ: @bpulidom @funeda @charitobernardoni

Saludos.

La tarea que se les ha encomendado no admite ingenuidad. Toca corregir la manera en que hasta ahora se han evaluado las credenciales para los altos cargos de la República. Eso es oportunidad para hacer historia.

El artículo 263 de la Constitución abre tres vías para llegar al TSJ: el ejercicio profesional con postgrado, la docencia universitaria como titular y la carrera judicial. En estos años el chavismo pervirtió las tres. Por eso les pido que razonen sobre los siguientes puntos.

1. Los doctorados. Cualquier postgrado y, en especial, los doctorados, otorgados por la Universidad Católica Santa Rosa, sean honoris causa o supuestamente cursados, no pueden valer per se. Por esa casa pasó buena parte de la nomenklatura del régimen, y alrededor de ella se denunció el llamado «cartel de las togas». Es una universidad de, para y por el chavismo. Un título obtenido por acuerdo o como gracia, no puede considerarse credencial para concursar, y así son los títulos de la universidad del cartel.

2. La docencia universitaria. El chavismo conformó un subsistema especial de educación superior de factura política partidista: la Bolivariana, UNES, UNEFA y tantas otras. Allí no hubo rigor académico ni en los concursos de ingreso ni en los ascensos dentro del escalafón. Ser «profesor» en esas instituciones no acredita lo que la Constitución le exige a un profesor titular: conocimiento, rigor académico, investigación y constancia.

3. La magistratura y el Ministerio Público. La carrera judicial fue cooptada casi desde la Constituyente del 99. Si el cargo se toma como credencial en sí mismo, quedará despejado el camino para jueces de mala reputación y pobre formación jurídica que entraron por la vía política y montaron su propia alcabala. Además, la gran mayoría de quienes hoy ocupan tribunales y fiscalías llegó allí por su filiación chavista. Cuidado con esto, porque es la única puerta que le queda al chavismo. La mejor prueba es que alguien de esa tipología ya se sienta en esa misma comisión.

4. El conocimiento jurídico. En nuestra historia ningún régimen se caracterizó por menos rigor profesional que este. Hasta Gómez y Pérez Jiménez procuraron rodearse de gente competente. Aquí los buenos abogados, los de verdad, escasean, y por eso tuvieron que fabricar credenciales ficticias que hoy no deben ser tomadas en cuenta. Recuerden que la cadena de empeoramiento que puso en marcha la mediocridad profesional del chavismo consagró rectores que nunca fueron doctores, magistrados que jamás supieron derecho, profesores con errores ortográficos y altos funcionarios que en ninguna otra etapa de nuestra historia republicana hubiesen sido designados como tales.

Hay, además, requisitos para ser magistrado que un funcionario chavista no podría cumplir: reconocida honorabilidad, reconocida competencia, buena reputación y renuncia a toda militancia partidista. Ojo con esto último. La militancia no se agota con el carnet del partido. También la configura la participación en un movimiento ideológico, incluidas las confesiones públicas de fe revolucionaria. Por último, les toca generar garantías para que excelentes juristas del TSJ en el exilio puedan concursar in pari causa.

Si aceptan las credenciales aquí referidas sin examinarlas, le harán un flaco servicio a la República. Si las examinan con rigor, le harán un gran servicio a la patria y darán ejemplo a los muchachos que hoy estudian en las universidades serias: el mérito vale, los estudios rigurosos valen, una carrera judicial limpia vale, la independencia de criterio vale, hacer bien el trabajo tiene premio. Si no lo hacen, la gente quedará con la impresión de otra rebatiña con alcabalas partidistas, como ya ocurrió antes con el CNE, el TSJ y tantos otros. Finalmente, recuerden que el ejemplo que den cascadeará para futuros concursos como el del próximo CNE.

Suerte.

Vladimir Petit

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor.

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Fuentes principales: Texto enviado por el autor para la edición del 27 de septiembre de 2026.