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De un vuelo

Lo que ocurrió este 30 de abril no es un regreso. Es una fisura. Una grieta pequeña en una pared muy gruesa que se construyó con sanciones, ruptura diplomática y miedo logístico. Que el AA3599 haya despegado significa que esa pared, por primera vez en mucho tiempo, dejó pasar luz. No significa que la pared cayó.

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American Airlines airplane taking off from an airport runway at sunset with Miami skyline in the background

El AA3599 entre Miami y Caracas no celebra una reconexión: desbloquea un nivel en la larga lista de absurdos que aún persisten en la relación de Venezuela con el mundo.

El vuelo AA3599 despegó de Miami a las 10:16 de la mañana de este 30 de abril, con destino a Caracas, después de siete años en los que la única forma de cruzar ese cielo era pagar dos boletos, dormir en un aeropuerto en Panamá o Bogotá y rezar para que la conexión no se cayera. Es la primera vez desde marzo de 2019 que un avión comercial estadounidense aterriza en Maiquetía. La cobertura ha sido amplia, con razón. Pero conviene tomar distancia antes de aplaudir.

Lo que ocurrió hoy no es un regreso. Es una fisura. Una grieta pequeña en una pared muy gruesa que se construyó con sanciones, ruptura diplomática, control político del aeropuerto y miedo logístico. Que el AA3599 haya despegado significa que esa pared, por primera vez en mucho tiempo, dejó pasar luz. No significa que la pared cayó.

Para entender la dimensión real, hay que mirar quién se subió al avión. La mayoría no eran venezolanos cualquiera: eran personas con pasaporte vigente, recursos para pagar entre mil y dos mil setecientos dólares por un boleto de ida y vuelta, y la tranquilidad jurídica de poder ir y volver sin que el viaje complique su estatus migratorio en Estados Unidos. Esa es una mínima parte de la diáspora. Una porción muy pequeña del millón de venezolanos que viven en este país. Para los demás —los del pasaporte vencido, los del TPS, los del proceso abierto, los que mandan remesas pero no tienen ahorros para un boleto, los que llevan diez años sin ver a su madre— el avión despegó sin ellos.

Por eso la conversación pública se ha quedado corta. Se ha hablado mucho de regreso, también de autodeportación. Se ha hablado poco —casi nada— de los arraigos. De los nuevos. De los viejos. De la mujer que en Houston tiene tres hijos nacidos en Texas, una hipoteca a treinta años y una rutina que ya no negocia. Del señor que en Doral montó un negocio que ahora emplea a otros venezolanos. De la muchacha que llegó a Orlando a los doce años y a los veintiséis no sabe muy bien qué significa la palabra volver. La pregunta de si regresar o no regresar suena bonita en titulares, pero para la mayoría de los que viven aquí no es una pregunta abierta. Es una vida ya construida que no se desarma con un anuncio del Departamento de Transporte.

Lo que sí cambia, y por eso esto importa, es el costo de visitar. La diferencia entre un boleto directo de tres horas y una odisea de doce horas con escalas no es estética: es la diferencia entre poder enterrar a un padre y no poder. Entre llevar a un nieto a conocer a su abuela y tener que mandar fotos por WhatsApp. Entre asistir a un grado y no asistir. Esa es la fisura que vale. No es la geopolítica. Es la logística íntima de las familias partidas.

Y aquí conviene no engañarse. La reanudación coincide con leyes venezolanas que abren la inversión extranjera en hidrocarburos y minería, con funcionarios estadounidenses a bordo del primer vuelo y con un gobierno de transición en Caracas que necesita normalizar su imagen tanto como Washington necesita asegurar el flujo. El avión despega por razones que no son las nuestras. Pero pasa por encima de nuestros techos. Y a veces, en política, lo que importa es por dónde pasa, no por qué pasa.

La esperanza razonable es que esta fisura se haga grieta. Que la grieta se haga puerta. Que la puerta permita, en algún momento, ir y venir sin pedir permiso, sin pagar peaje político, sin que cada viaje sea una pequeña hazaña. Quizá sea mucho pedirle a un primer vuelo. Pero como se trata de andar por el aire, uno se permite volar también en la imaginación. Después tocará aterrizar y conseguirse, otra vez, con los actores políticos intentando sacar rédito de un hecho que en cualquier otra parte del mundo sería rutinario.

Más que celebrar, esto es desbloquear un nivel. Uno solo. Quedan varios.

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La soga en la casa del ahorcado

La nueva estrategia de contraterrorismo nombra a Venezuela como pieza central. La soga sigue ahí.

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A dark, dilapidated room with a hanging noose, a burning candle, an open book, and a skull on the floor.

Hay frases que uno aprende temprano en la vida y vuelve a entender tarde. La de hablar de la soga en la casa del ahorcado es una de esas. La cita se usa para advertir contra la imprudencia de mencionar lo evidente donde más duele. Pero también significa otra cosa, menos comentada: a veces la soga se nombra porque sigue colgando.

El miércoles 6 de mayo, la Casa Blanca publicó la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos para 2026. La sección que abre el bloque por regiones se titula Counterterrorism by Region · Our Hemisphere. Antes de Indo-Pacífico, antes de Medio Oriente, antes de África, está nuestro hemisferio. La decisión de orden importa. Por primera vez en décadas, América Latina aparece como prioridad uno en un documento oficial de contraterrorismo estadounidense. Y dentro de la sección, Venezuela ocupa el espacio que la cobertura global venía intuyendo: el de pieza central.

El documento describe a Nicolás Maduro como cartel boss in league with terror-sponsor Iran and its terror proxy Hezbollah. Eso ya no es retórica de campaña. Es lenguaje codificado en política de Estado.

La pregunta que me hago, escribiendo desde Columbus para los venezolanos estén donde estén, no es si la advertencia es exagerada. La pregunta es por qué se hace ahora.

Venezuela está bajo tutela. Maduro y Cilia Flores están presos en territorio estadounidense. Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada en Miraflores. Las relaciones diplomáticas se restablecieron en marzo. Laura Dogu llegó a Caracas el 31 de enero como encargada de negocios; el secretario de Energía Chris Wright el 11 de febrero; el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, el 18 de febrero; el secretario de Interior Doug Burgum el 4 de marzo; una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 19 de marzo; John Barrett llegó el 24 de abril. El martes 5 de mayo, Trump se reunió en la Casa Blanca con Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips para discutir la entrada de las majors a Venezuela. La normalización avanza.

Y sin embargo, el documento del 6 de mayo nombra a la soga.

Hay tres lecturas posibles. La primera es la institucional: Estados Unidos formaliza por escrito que la transición venezolana sigue siendo, hasta nuevo aviso, un asunto de seguridad antes que de diplomacia. La segunda es la disuasiva: el documento es advertencia hacia adentro de Caracas, hacia los actores del antiguo régimen que aún ocupan ministerios, hacia los socios externos que pudieran tentarse a recomponer la red. La tercera, la más incómoda, es la del recordatorio: el papel describe el peligro porque el peligro no se ha ido.

Hay otros peligros, sí. El Cartel de los Soles, aunque la acusación revisada del Departamento de Justicia haya matizado tratarlo como organización formal, sigue describiendo una red de corrupción militar enquistada que no se desmonta con un comunicado. La presencia iraní en infraestructura, en logística aérea y en negocios opacos, documentada durante años, no desaparece porque cambien los rostros visibles del poder. Hezbollah opera en la región desde hace décadas con apoyo logístico que precede y va a sobrevivir al gobierno actual de Caracas.

Cómo se combate eso se va a definir, leído con cuidado, dentro del marco que el documento codifica: con designaciones FTO, con cooperación interagencial, con presencia militar disuasiva, con condicionamiento económico, con accountability sostenida. No con una operación. Con persistencia.

Para los venezolanos, la advertencia no es alarma. Es alerta. La diferencia es importante. Una alarma pide reacción inmediata; una alerta pide vigilancia sostenida. Lo que el documento del 6 de mayo le dice al venezolano que vive afuera y al que sigue dentro del país es que la transición tutelada no es punto de llegada. Es etapa. Y como toda etapa, tiene la posibilidad de avanzar y la posibilidad de retroceder.

Hablar de la soga en la casa del ahorcado, leído así, no es imprudencia. Es honestidad. La soga sigue ahí. Reconocerla es la primera condición para retirarla.

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La paciencia de Washington

Hoy 5 de mayo, mientras Venezuela presentaba sus argumentos sobre el Esequibo en La Haya, ocurrieron en Estados Unidos cuatro hechos que parecen aislados pero no lo son. Christopher Landau pidió paciencia. La OFAC firmó la licencia 58. Marco Rubio se hizo fotografiar frente a un mapa de Cuba. Y dijo que sobre Diosdado Cabello la política no ha cambiado. Cuatro piezas, un mismo movimiento.

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Mucho ruido y pocas nueces, ¡Ah!, pero qué nueces. Si uno se queda en los grandes titulares —Project Freedom en Ormuz, primarias en Ohio, el silencio del Cinco de Mayo en la Casa Blanca— se pierde lo importante: cuatro decisiones que, vistas juntas, dibujan con precisión el plan que Estados Unidos tiene para Venezuela en los próximos meses.

La primera la pronunció Christopher Landau, subsecretario de Estado, en una entrevista con NTN24. No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia, dijo. Landau no es cualquier funcionario hablando de Venezuela. Su padre, George Walter Landau, fue embajador estadounidense en Caracas entre 1982 y 1985. Su tesis de Harvard se llamó El ascenso y la caída del petroliberalismo: las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. Cuando Landau pide paciencia, no improvisa. Habla con cuarenta años de archivo familiar acumulado y una tesis universitaria que él mismo redactó sobre cómo termina y cómo comienza el petróleo venezolano cuando Washington toma una decisión.

La segunda la firmó Bradley T. Smith, director de OFAC, hoy mismo, sobre escritorio del Tesoro. Se llama General License No. 58 y autoriza —por primera vez desde que comenzó este enredo de sanciones— que despachos legales, asesores financieros y consultoras estadounidenses trabajen con el Gobierno de Venezuela en la reestructuración potencial de su deuda. PDVSA incluida. La licencia no autoriza ejecutar la reestructuración. Solo autoriza prepararla. Es decir: que hoy mismo, en oficinas de Washington, Nueva York y Londres, equipos de abogados y banqueros pueden empezar a sentarse con representantes de Caracas para diseñar cómo se renegocian aproximadamente ciento cincuenta mil millones de dólares de deuda acumulada. Eso no es paciencia. Eso es trabajo.

La tercera la fotografió SOUTHCOM. Marco Rubio, secretario de Estado y simultáneamente Asesor de Seguridad Nacional —doble cargo que solo Henry Kissinger había acumulado antes—, posó con el general Francis Donovan en la sede del Comando Sur en Doral. Detrás de los dos, un mapa enorme. No de Venezuela. De Cuba. La fotografía circuló por el sistema oficial de prensa militar estadounidense. La conferencia se llama Peace Through Strength. Es lema reaganiano. La traducción simbólica es directa: el frente que se abre ahora es el cubano. Y el frente cubano, si uno entiende la geografía petrolera del Caribe y la dependencia energética de la isla, es la prolongación natural del frente venezolano.

La cuarta la dijo el mismo Rubio, horas después, en rueda de prensa en la Casa Blanca. Le preguntaron por la recompensa de veinticinco millones de dólares vigente sobre Diosdado Cabello. Respondió en español, con esa parquedad calculada que le sale bien: La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y cuando cambie te lo dejaremos saber. Cabello sigue siendo, en el portal del Departamento de Estado, prófugo buscado. Y al mismo tiempo es Ministro del Interior bajo Delcy Rodríguez. Las dos cosas, simultáneamente, durante cuatro meses.

Si uno conecta los cuatro hechos, dibujan un plan que tiene su lógica interna. Landau pone el marco filosófico: paciencia, no impaciencia. La GL 58 pone el andamiaje técnico-legal: que los privados estadounidenses empiecen a hacer la tarea aburrida pero esencial de preparar la reestructuración. La foto de Rubio frente al mapa de Cuba pone el cerco regional: La Habana queda excluida del nuevo perímetro económico —de hecho, GL 58 lo dice explícitamente, cualquier transacción con cubanos queda fuera. Y la respuesta de Rubio sobre Cabello pone el límite: hay venezolanos con los que se negocia y hay venezolanos con los que no. Por ahora.

Lo que estamos viendo no es indecisión. Es secuencia. Washington está construyendo, pieza por pieza, una arquitectura para la transición venezolana donde lo económico va por delante de lo político. Como dice Landau: la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. Por eso la GL 58 sale antes que cualquier acuerdo electoral o cronograma de transición. Por eso Cuba se enfría antes de que Venezuela se caliente. Por eso Cabello se mantiene en la lista mientras Delcy se mantiene en Miraflores. Cada movimiento ocupa su casillero.

Para el venezolano que nos lee desde Doral, desde Houston, desde Madrid, desde Bogotá, esto significa una cosa concreta: no habrá big bang. No habrá foto del retorno. No habrá día épico. Habrá meses. Habrá expedientes. Habrá term sheets que nadie leerá sino los abogados. Habrá, quizás —si todo sale como Landau parece tener planeado—, un escenario de transición con elecciones, con Cabello negociando su salida, con CITGO restituida, con Citgo Petroleum operando bajo nueva propiedad legal, con bonistas cobrando una fracción de lo prometido y con un PIB venezolano que arranca a crecer desde el sótano.

O habrá, también, otro escenario. Aquel donde la paciencia se acaba antes que la transición. Donde Cabello calcula que su salida vale más por la fuerza que por la negociación. Donde el Esequibo se vuelve detonante. Donde Cuba arrastra a Venezuela. Donde el petróleo se vuelve a politizar.

Pero por hoy, 5 de mayo de 2026, ese segundo escenario no es el que está sobre la mesa de OFAC. El que está sobre la mesa es el primero. Y los hispanos en Estados Unidos —especialmente quienes salieron de Venezuela buscando estabilidad y trabajo, quienes mandan plata mensualmente a la familia que se quedó, quienes tienen un primo médico en Maracaibo o un hermano contratista en Maturín— necesitan entender que la paciencia de Washington no es indecisión. Es estrategia. Y esa estrategia está siendo escrita hoy, no en un comunicado dramático del Departamento de Estado, sino en una licencia OFAC de dos páginas firmada por Bradley T. Smith.

A veces el ruido, a veces las nueces.

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El reloj de las 40 semanas

María Corina Machado dice que faltan 40 semanas para tener listas las elecciones en Venezuela. Delcy Rodríguez dice «no sé, algún día». Entre las dos respuestas hay un país entero que necesita un reloj para volver a contar el tiempo. Y la diáspora que somos también.

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Imagen fotográfica editorial para la nota ED de Incisos

Cuarenta semanas. María Corina Machado, en una entrevista con el Financial Times, calculó que en cuarenta semanas se podían tener listos todos los aspectos técnicos para celebrar elecciones en Venezuela. Diez meses. Una gestación humana entera. La cifra tiene una poesía involuntaria. El país tendría que construir, durante el tiempo exacto que tarda un embarazo, las condiciones para parir su democracia. La metáfora se ofrece sola y casi pide perdón por ser tan obvia.

Pero ahí está. Cuarenta semanas, dijo Machado.

Cuatro días antes, Delcy Rodríguez había respondido al periodista Tyler Pager del New York Times la misma pregunta —cuándo— con tres palabras y dieciséis letras. «No sé, algún día». Cuatro meses sin cronograma, contó Pager. La presidenta encargada se retiró sin decir más.

Y ahí están los dos relojes que el venezolano carga adentro hoy. El de Machado, que es preciso, técnico, calculado en semanas. El de Delcy, que no marca hora porque le quitaron las manecillas. Cualquier venezolano que se pregunte hoy desde Caracas, Valencia, Maracaibo, Doral, Houston, Madrid, Buenos Aires o Columbus cuándo va a poder votar otra vez está intentando, en realidad, decidir cuál de los dos relojes le da la hora que necesita.

Habría sido más fácil que Machado hubiera dicho «pronto». Habría sido más fácil que Delcy hubiera dicho «el año que viene». Cualquiera de las dos respuestas, vagas y por eso cómodas, habría dejado a la gente más tranquila. Cuarenta semanas es incómodo precisamente porque es preciso. Diez meses no son mañana ni el año que viene. Son una unidad de tiempo que obliga a hacer cuentas. ¿Aguanta el bolsillo del migrante en Doral diez meses más? ¿Aguanta la madre en San Cristóbal diez meses más? ¿Aguanta el proyecto familiar en Houston, en Lima, en Bogotá, en Madrid, diez meses más antes de tomar decisiones que ya no se puedan deshacer?

El plan de Machado tiene componentes específicos. Reforma del Consejo Nacional Electoral, hoy bajo control del chavismo. Depuración del registro electoral. Registro de los millones de venezolanos en el exterior, que han sido durante años los grandes excluidos del voto. Observación internacional. Cuarenta semanas para construir todo eso, dijo. Y el detalle más interesante: «Esto se puede empezar mañana mismo».

El «mañana mismo» es, técnicamente, lo que queda al otro lado del «no sé, algún día» de Delcy. Si el delcismo decidiera mañana arrancar el reloj de Machado, en febrero o marzo de 2027 Venezuela podría votar. La hipótesis es real. Pero requiere que el delcismo decida, y por eso volvemos a la primera frase. Las cuarenta semanas son tiempo técnico. El «no sé» es decisión política. Lo que separa al uno del otro no es un calendario. Son ganas.

Hay que decir también, con honestidad, que el plan de las cuarenta semanas no está libre de cuestionamientos. Periodistas y analistas serios han preguntado, con razón, cómo se construye un registro biométrico paralelo al CNE actual sin caer en los mismos vicios que el chavismo construyó durante veinte años. La Lista de Tascón. El Carnet de la Patria. Las arquitecturas de datos que terminan controlando vidas. La diferencia entre un registro que sirve a la democracia y uno que la condiciona se mide en garantías técnicas, auditorías externas, transparencia institucional. La oposición venezolana tiene la obligación de responder esas preguntas con la misma severidad con la que las hicimos cuando el chavismo construyó las suyas. Lo escribo con respeto y con la convicción de que ese debate hace más fuerte a la transición, no más débil.

Pero el debate no anula el reloj. Y el reloj, hoy, es lo único que hay.

Mientras Machado calcula y Delcy evade, Maduro y Cilia Flores siguen en Brooklyn. Sus abogados pidieron ayer que la próxima audiencia se aplace dos meses, que se pase a julio o agosto, para tener tiempo de revisar la evidencia y preparar mociones. Otro reloj. Más ralentizado. El reloj judicial estadounidense también marca tiempos largos. Y el venezolano de a pie tiene que aprender a escuchar simultáneamente los tres relojes —el de Machado, el de Delcy, el de Hellerstein— para hacerse una idea de cuándo el país que recordaba va a aparecer otra vez.

Hoy, mientras escribo este Inciso, en Ohio se está votando. Primarias del 5 de mayo. Otra elección, otro país, otro calendario que sí funciona. Mañana se sabrá quiénes son los candidatos demócratas y republicanos para gobernador, para senador estatal, para Congreso, para juntas escolares. Habrá ganadores, habrá perdedores, habrá conteos certificados. Los relojes electorales de Estados Unidos funcionan con la regularidad mecánica que el reloj venezolano dejó de tener hace veintisiete años. Ahí también hay una metáfora que el venezolano que vive aquí carga adentro todos los días. Saber que la democracia funciona porque uno la ve funcionando, mientras se pregunta cuándo la propia volverá a hacerlo.

Cuarenta semanas, dijo Machado.

Mi instinto editorial me dice que esa cifra es la primera respuesta concreta que la oposición venezolana ha dado en mucho tiempo a la pregunta del cuándo. Que no es tarde para empezar a contar. Que diez meses son menos de lo que ya llevamos esperando, varias veces. Y que, frente al «no sé, algún día» del poder, cualquier respuesta concreta —incluso una que requiera más debate técnico, más exigencia ciudadana, más auditoría— es preferible al silencio.

Mi instinto humano me dice otra cosa. Me dice que la diáspora venezolana en Estados Unidos lleva años escuchando relojes que después no marcan. Que cuarenta semanas también puede ser una cifra que se diluya si no la sostiene la presión, la prensa, la organización ciudadana, la presencia internacional. Que la única diferencia entre un plan y un deseo es lo que pase entre la primera y la cuadragésima semana.

Lo único que sé es que ninguna familia venezolana en Doral, en Houston, en Madrid, en Buenos Aires, en Columbus, va a vivir las próximas cuarenta semanas como vivió las anteriores. Si el reloj de Machado se vuelve real, cada decisión —vivienda, trabajo, escuelas para los hijos, ahorros, regreso— se va a recalibrar contra ese reloj. Si se evapora, las cuarenta semanas serán otra promesa que se suma a la lista. Pero algo cambia desde el momento en que la cifra se pronuncia. Y ese algo es lo que conviene proteger.

Hoy es 5 de mayo. La fiesta cultural mexicano-estadounidense más visible del calendario hispano. Las margaritas, las taquerías, los mariachis, las banderas tricolores de México sobre las calles de Hialeah, Houston, Los Ángeles, Columbus. Y, debajo de todo eso, las primarias de Ohio decidiendo quién compite en noviembre por el voto hispano de un estado que nadie da por descontado. Y, debajo de eso, en otra hora del mundo, un reloj que apenas empezó a contar. Cuarenta semanas. La primera ya empezó.

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