Durante casi una década, el cielo venezolano estuvo, en términos prácticos, cerrado para las aerolíneas estadounidenses. United Airlines suspendió su ruta Houston-Caracas en junio de 2017, por motivos comerciales y de seguridad propios, antes incluso de cualquier prohibición federal. American Airlines mantenía operación a Caracas cuando, en mayo de 2019, la administración Trump emitió la orden que prohibió a las aerolíneas estadounidenses operar hacia o desde Venezuela. La justificación oficial fue la incapacidad del gobierno venezolano de garantizar condiciones de seguridad aeronáutica. La justificación operativa, ampliamente reconocida en círculos diplomáticos, fue presionar al régimen de Maduro mediante el aislamiento.

La medida se mantuvo durante la administración Biden, que la heredó sin modificarla. Y cayó, finalmente, durante el segundo mandato de Trump, cuando la nueva configuración política venezolana —con Maduro capturado el 3 de enero de 2026 y Delcy Rodríguez como presidenta interina— hizo posible una reordenación bilateral. El 29 de enero de 2026, Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales en términos inusualmente directos: «Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial.» La respuesta de Delcy Rodríguez fue igual de explícita: «Que vengan todas las aerolíneas, las que tengan que venir. Que vengan los inversionistas, los que tengan que venir.»

El 1 de abril, Washington retiró a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de OFAC. El 30 de abril, American Airlines voló por primera vez Miami-Caracas tras casi siete años. El 12 de mayo, United Airlines anunció que reactiva Houston-Caracas a partir del 11 de agosto. En menos de seis meses, la decisión política de enero se tradujo en infraestructura comercial reabierta.

Lo que voló el 30 de abril

El primer vuelo de American Airlines Miami-Caracas tuvo dimensiones que la cobertura comercial habitual subestimó. La aeronave, un Boeing 737-800, fue pintada en librea especial conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La elección no fue casual. El primer vuelo de la era post-Maduro a Caracas no se hizo en avión estándar sino en avión que simboliza explícitamente la presencia estadounidense.

A bordo, además de los pasajeros comerciales habituales, viajó una delegación oficial estadounidense compuesta por funcionarios del Departamento de Transporte y de otras carteras de la Casa Blanca. El simbolismo era inequívoco: el primer vuelo no era solo turístico ni familiar. Era acto inaugural de una nueva fase de relaciones bilaterales con dimensión económica y diplomática explícita.

American operará Miami-Caracas con frecuencia diaria. Desde el 21 de mayo, sumará una segunda frecuencia diaria. Y ha confirmado, además, planes para volar a Maracaibo, la segunda ciudad del país. En menos de un mes, lo que era cero conexión se convertirá en cuatro vuelos diarios de una sola aerolínea estadounidense, más una segunda ciudad servida.

Lo que despega el 11 de agosto

United Airlines reanudará el servicio Houston-Caracas el 11 de agosto de 2026, con frecuencia diaria desde el primer día, operado con Boeing 737 MAX 8. La operación es comercialmente menos simbólica que la de American pero estructuralmente más reveladora. Houston es el centro de operaciones del sector energético estadounidense, y la ruta facilita el flujo de ejecutivos petroleros entre las dos ciudades. Los boletos ya están a la venta.

La cita más reveladora del anuncio no vino de United sino del Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy: «Este vuelo será crítico para transportar trabajadores del sector petrolero al país a medida que Estados Unidos y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas.» No hay metáfora aquí. La función explícita de la ruta, declarada por el funcionario que la autorizó, es mover trabajadores del petróleo. Las familias venezolanas en Houston aprovecharán el vuelo, sin duda. Pero la razón por la que el vuelo existe es otra.

Laser Airlines, aerolínea venezolana, inició su propia ruta directa Miami-Caracas el 1 de mayo de 2026. Es el otro flanco de la reapertura: aerolíneas venezolanas que vuelven a Estados Unidos. Conviasa, sin embargo, sigue bajo sanciones estadounidenses y no opera la ruta. Cualquier eventual normalización en ese frente requeriría levantar esas sanciones, lo cual no parece estar en agenda inmediata.

Tres temas que conviene observar

Primero, la categoría aeronáutica. La FAA mantiene a Venezuela en Categoría 2 desde 2017, lo cual significa que las aerolíneas venezolanas, en general, no pueden operar libremente a Estados Unidos. La normalización completa requeriría devolver a Venezuela a Categoría 1, decisión que la FAA aún no ha tomado.

Segundo, los precios. Las tarifas iniciales reflejan la novedad de la operación: vuelos redeye, demanda concentrada de diáspora y sector energético, oferta limitada a dos rutas. La normalización plena requiere descenso de tarifas, lo cual depende del crecimiento de la oferta y de la competencia entre operadores.

Tercero, los plazos. El plan trifásico que el Secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso el 7 de enero de 2026 —estabilización, recuperación, transición— sigue sin fechas explícitas de cierre de fase. La conectividad aérea es uno de los indicadores más visibles de la fase de estabilización, pero no sustituye los otros componentes que la fase requiere.

El cierre práctico

La reanudación de vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela es, sin matices, buena noticia para la diáspora. Las familias separadas durante casi una década pueden ahora reunirse con menos costo y menos complicaciones. Las visitas familiares programadas pueden ejecutarse con tarifas más razonables a medida que crezca la oferta. El comercio entre ambos países, particularmente para empresas hispanas que operan entre las dos geografías, gana fluidez operativa.

Lo que conviene no perder de vista es que esa noticia es subproducto de una decisión política, no simplemente comercial. El cielo se abrió porque Washington decidió abrirlo. Y Washington decidió abrirlo en el contexto de una transición venezolana administrada activamente por la propia Casa Blanca. Las facilidades que la diáspora gana no son concesión humanitaria. Son función de una geopolítica que sigue moviéndose. Lo que se reabre con relativa facilidad puede, en otras circunstancias, volver a cerrarse. La conectividad recuperada es real, pero su sostenibilidad depende de variables que la diáspora no controla.

Por ahora, aprovechemos. Que cada visita familiar sea posible. Que cada empresa pequeña encuentre menos fricción para operar. Y que cada vuelo entre Miami o Houston y Maiquetía recuerde que, debajo de toda la complejidad geopolítica, hay personas reales que llevan demasiado tiempo extrañando a los suyos.

Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, los aranceles fueron la herramienta dominante de política exterior estadounidense. Aranceles a China hasta del 140%. Aranceles a Brasil. Aranceles a India. Aranceles a México y Canadá. Aranceles a Venezuela como castigo por sostener al gobierno de Maduro. La justificación legal del régimen arancelario era una interpretación expansiva de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, que faculta al presidente a actuar comercialmente contra países que representen «amenaza emergente» a la seguridad o economía nacional.

El argumento de la administración Trump era que los déficits comerciales sostenidos con países como China y México constituían tal amenaza, y por tanto autorizaban los aranceles «recíprocos». El 20 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó ese argumento. La decisión fue 6-3, escrita por el Presidente del Tribunal John Roberts, y consolidó dos casos previos: Learning Resources Inc. v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections. La consecuencia práctica fue la mayor derrota institucional que la administración Trump ha sufrido en sus cinco años acumulados de gobierno.

La lógica jurídica de Roberts

La opinión mayoritaria firmada por John Roberts es notablemente breve para una decisión de esta magnitud: 42 páginas, contra 78 de la disidencia. La brevedad es deliberada y revela la lógica subyacente. Roberts no entró en el debate sobre si los aranceles eran o no buena política. Tampoco entró en el debate sobre el déficit comercial. Se limitó a una pregunta jurídica precisa: ¿la IEEPA autoriza al presidente a imponer aranceles «recíprocos» generalizados? La respuesta fue: no.

El argumento es esencialmente este. La IEEPA, según texto de la ley, faculta al presidente a «regular, congelar, prohibir o invalidar» transacciones con países o personas designadas como amenaza. No autoriza explícitamente la imposición de aranceles. Los aranceles, históricamente, han sido herramienta del Congreso bajo el artículo I sección 8 de la Constitución, que faculta al Congreso «a fijar y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y aranceles». El Congreso puede delegar al Ejecutivo la facultad de modificar aranceles en circunstancias específicas (como en la Trade Expansion Act de 1962 o la Trade Act de 1974), pero esa delegación tiene que ser explícita y limitada. La IEEPA, según la mayoría, no contiene esa delegación.

La doctrina aplicada por Roberts es la llamada «doctrina de cuestiones mayores» (major questions doctrine), desarrollada por la Corte en los últimos cinco años. La doctrina sostiene que cuando una agencia federal o el Ejecutivo intentan ejercer autoridad sobre temas de «vasta importancia económica y política», los tribunales deben exigir clara autorización congresional. La imposición de aranceles «recíprocos» generalizados que afectan trillones de dólares de comercio internacional, según Roberts, califica como cuestión mayor. Y la IEEPA, escrita en 1977 sin referencia explícita a aranceles, no provee esa autorización clara.

La disidencia de Alito y lo que está en juego

La disidencia escrita por Samuel Alito, en la que coinciden Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, es notablemente fuerte. Alito argumenta que la lectura de la mayoría es excesivamente restrictiva de las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad económica. Cita precedentes desde la administración Carter en 1979 (la crisis de los rehenes en Irán) y la administración Reagan en 1985 (sanciones a Nicaragua) donde el Ejecutivo usó la IEEPA con interpretación amplia y sin desafío judicial significativo.

La disidencia advierte que la decisión mayoritaria «deja a Estados Unidos vulnerable frente a amenazas económicas que requieren respuesta rápida y flexible del Ejecutivo». Y predice que el Congreso «no tendrá ni la capacidad institucional ni la voluntad política para legislar las respuestas necesarias cuando estas se requieran».

La fuerza de la disidencia refleja la profundidad del debate institucional que la decisión ha abierto. No se trata de una cuestión técnica menor. Se trata de cómo se distribuye el poder entre Ejecutivo y Legislativo en política comercial, y por extensión, en política exterior.

Las consecuencias prácticas inmediatas

Tres consecuencias inmediatas se han registrado desde febrero.

Primero, la suspensión efectiva de los aranceles «recíprocos» sobre China, Brasil, México y otros países afectados. Las tarifas aduaneras volvieron a los niveles vigentes antes de las órdenes ejecutivas de Trump. Los importadores estadounidenses, que durante un año tuvieron que pagar aranceles entre 60% y 140% sobre bienes chinos, vieron caer sus costos drásticamente desde marzo.

Segundo, la apertura de demandas de reembolso por parte de importadores. Las empresas que pagaron aranceles bajo el régimen ahora declarado inconstitucional están exigiendo devolución. Las estimaciones más conservadoras hablan de 200 mil millones de dólares cobrados durante 2025 que podrían ser reclamados. La administración Trump ha resistido los reembolsos argumentando que la decisión opera hacia adelante, no retroactivamente. La cuestión está en litigio.

Tercero, el rediseño de la política comercial bajo herramientas legales más limitadas. La administración Trump ha comenzado a usar la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que sí autoriza al presidente a imponer aranceles temporales por hasta 150 días en caso de déficit comercial «serio». Pero la limitación de 150 días impide construir política sostenida. La Sección 232 de la Trade Expansion Act, que autoriza aranceles por razones de seguridad nacional, se ha usado más intensamente. Y la Sección 301 de la Trade Act, que permite responder a «prácticas comerciales injustas», también ha sido reactivada.

Lo que esto significa para Venezuela

Hay una dimensión venezolana de la decisión que merece atención. Los aranceles sobre productos venezolanos, aplicados por Trump en febrero de 2025 como castigo por la negativa de Maduro a aceptar deportaciones, fueron parte del régimen IEEPA invalidado. La caída de esos aranceles, sumada a la captura de Maduro el 3 de enero y la instalación del rodrigato, ha producido una reconfiguración significativa del comercio bilateral con Venezuela.

Hoy, los productos petroleros venezolanos exportados a Estados Unidos bajo licencias OFAC operan con condiciones más favorables que las que tenían bajo Maduro. Los productos agrícolas y de manufactura ligera venezolanos también han ganado fluidez en el mercado estadounidense. Y el rodrigato puede negociar acuerdos comerciales bilaterales sin enfrentar la herramienta arancelaria como espada de Damocles.

Para la diáspora venezolana en Columbus y otras ciudades del Medio Oeste, esto significa, en términos prácticos, que productos venezolanos pueden volver a circular comercialmente con menos fricción. Las pequeñas tiendas que importan harina precocida, café, dulces típicos y otros productos pueden hacerlo con costos menores. Y los emprendimientos en sentido inverso —productos elaborados por la diáspora con materias primas venezolanas— ganan también flexibilidad.

El cierre estratégico

La derrota de la administración Trump en la Suprema Corte no es solo derrota judicial. Es derrota arquitectónica. La doctrina trumpista de política exterior se construyó sobre la premisa de que el presidente puede operar comercialmente con autonomía amplia, sin tener que negociar con el Congreso para cada acción específica. Esa premisa quedó debilitada. Los próximos cuatro años de la administración van a operar bajo el modelo donde cada decisión arancelaria significativa requiere o autorización congresional explícita, o herramientas legales más limitadas, o ambas.

El presidente sigue teniendo poder en política comercial. Pero su poder está más constreñido que el 19 de febrero. Y los actores internacionales con los que Trump negocia —China en primer lugar, pero también la Unión Europea, México, Brasil, y eventualmente Venezuela— lo saben. Esa diferencia de información es lo que se está viendo aplicado en Beijing esta semana. Y es lo que va a marcar las negociaciones bilaterales del segundo mandato durante los próximos años. El que llega a Beijing no es el Trump de 2025. Es un Trump al que la Corte le quitó la herramienta principal.

Hay un capítulo de la transición venezolana que se está escribiendo principalmente en oficinas de Houston, en escritorios de Miraflores, y en despachos del Departamento del Tesoro estadounidense. No se ve en cámaras. No se discute en plazas. Pero está definiendo, con más impacto que casi cualquier otra negociación visible, el futuro económico de Venezuela. Es el capítulo del petróleo. Y se ha movido aceleradamente durante los últimos cuatro meses.

El 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) emitió licencias generales que autorizan a cinco empresas extranjeras a operar campos petroleros venezolanos: Chevron (Estados Unidos), BP (Reino Unido), Eni (Italia), Shell (Reino Unido y Países Bajos) y Repsol (España). El 14 de marzo, OFAC emitió la Licencia 41A, ampliando el marco operativo. El 1 de abril, OFAC removió a Delcy Rodríguez, presidenta encargada del rodrigato, de la Lista de Nacionales Especialmente Designados, levantando las sanciones individuales que pesaban sobre ella. Y el 14 de abril, Chevron y PDVSA firmaron en Miraflores el acuerdo más importante de la era post-rodrigato: la concesión del campo Loran de la Faja del Orinoco con condiciones operativas y financieras nuevas. Lo que se está negociando es soberanía petrolera. Y la negociación tiene cláusulas que conviene examinar.

La cronología que conviene fijar

El 13 de febrero, cuarenta días después de la captura de Maduro, OFAC emitió un paquete de licencias generales que autorizan operación petrolera de cinco empresas extranjeras en Venezuela. Las licencias específicas:

– Chevron: ampliación de la GL 41 (existente desde noviembre 2022) a operación plena en Faja del Orinoco y refinerías de la costa. – BP: nueva licencia para operación en proyectos de gas natural en el norte de Monagas. – Eni: nueva licencia para reactivar el proyecto Cardón IV. – Shell: nueva licencia para reactivar proyectos en la costa oriental. – Repsol: ampliación de licencia previa a operación en Cardón III.

El 14 de marzo, OFAC emitió la Licencia 41A, que amplía el marco operativo permitiendo a Chevron exportar crudo venezolano directamente a Estados Unidos sin necesidad de triangulación a través de terceros mercados. La medida eliminó las restricciones más onerosas del régimen previo y permitió un aumento sostenido de las exportaciones de Chevron desde Venezuela durante el primer trimestre de 2026, según reportes de Argus Media y S&P Global Platts. Las exportaciones alimentan directamente refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo (Texas y Luisiana).

El 1 de abril, OFAC removió a Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Las sanciones individuales sobre Delcy databan de septiembre de 2017 y le habían impedido durante casi nueve años operar internacionalmente con activos financieros. La remoción es decisión administrativa específica que solo OFAC puede tomar, y refleja una evaluación política de que su rol en el rodrigato amerita el levantamiento de las sanciones personales.

El 14 de abril, en Miraflores, Chevron y PDVSA firmaron el acuerdo sobre el campo Loran de la Faja del Orinoco. El acto fue público, con cobertura de prensa internacional. Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, firmó en representación venezolana. Mike Wirth, CEO de Chevron, voló a Caracas para firmar en persona. Delcy Rodríguez encabezó la comitiva del gobierno venezolano. La fotografía del acto fue distribuida oficialmente por los dos lados, y muestra lo que parece improbable: el CEO de la empresa petrolera más grande de Estados Unidos firmando contrato con la presidenta encargada del régimen sucesor de Maduro, bajo el retrato de Bolívar, en el principal palacio presidencial venezolano.

Las cláusulas que no se subrayan

El acuerdo Chevron-PDVSA tiene cláusulas que merecen examen. Lo que ni el rodrigato ni Chevron destacaron en sus comunicaciones oficiales, pero que el texto del acuerdo contiene, según reportes de Argus Media y S&P Global Platts:

Primera cláusula: jurisdicción estadounidense para disputas. Las controversias contractuales se resuelven bajo ley estadounidense en tribunales estadounidenses, no bajo ley venezolana en tribunales venezolanos. Esta cláusula es estándar en contratos petroleros internacionales modernos, pero implica que la soberanía jurídica sobre operaciones que ocurren en suelo venezolano queda parcialmente externalizada.

Segunda cláusula: pagos administrados a través del Tesoro de EE.UU. Los pagos que Chevron debe hacer a PDVSA por concepto de operación de Loran se depositan en cuentas administradas con supervisión del Tesoro estadounidense. Una porción de esos pagos se libera al rodrigato según un calendario y condiciones que el Tesoro estadounidense administra. Otra porción se retiene como contribución a un fondo de reparación a víctimas del régimen anterior, fondo cuya gobernanza tampoco está bajo control venezolano exclusivo.

Tercera cláusula: derechos preferentes de Chevron sobre futuras concesiones. El acuerdo otorga a Chevron derechos preferentes sobre futuras concesiones en la Faja del Orinoco durante los próximos diez años. Otras empresas pueden operar, pero Chevron tiene primer derecho de aceptación en cualquier nuevo proyecto.

Cuarta cláusula: arbitraje obligatorio en disputas operativas. Las disputas técnicas o financieras se someten a arbitraje obligatorio en La Haya, no a procedimientos judiciales venezolanos.

Estas cláusulas no son inusuales en contratos petroleros modernos. Pero leídas en conjunto y aplicadas a un país que durante 25 años defendió un discurso de «soberanía petrolera plena», representan un cambio cualitativo. La gestión de los recursos petroleros venezolanos está siendo, en parte significativa, externalizada.

Las críticas que se están emitiendo

Hay dos críticas principales al acuerdo, desde extremos opuestos del espectro venezolano.

Desde el chavismo radical, Mario Silva (durante años conductor de La Hojilla, programa emblemático del chavismo), publicó el 16 de abril un análisis donde calificó el acuerdo Chevron-PDVSA como «la entrega completa de la soberanía petrolera que el comandante Chávez recuperó con tanto esfuerzo». Silva, que mantiene comunicación con sectores del PSUV histórico, sostiene que las cláusulas operativas representan retroceso a la «época pre-nacionalización» y exigen «intervención inmediata del pueblo venezolano organizado para defender el patrimonio nacional». La crítica refleja el malestar de un sector del chavismo que considera que la transición ha capitulado en el punto donde había definido históricamente la identidad bolivariana.

Desde la oposición pura, sectores cercanos a María Corina Machado han señalado que los acuerdos son negociaciones «sin legitimidad democrática», dado que el rodrigato no es gobierno electo. Vente Venezuela ha planteado en comunicados que cualquier acuerdo petrolero firmado antes de las nuevas elecciones presidenciales debería ser sometido a revisión por el gobierno emergente de esa elección. La posición es coherente con su rechazo a normalizar la transición administrada externamente, pero choca con la realidad operacional: el rodrigato necesita ingresos petroleros ahora, no después de la elección.

El cálculo del rodrigato

¿Por qué el rodrigato acepta cláusulas que extreman la dependencia estructural de Venezuela respecto a Estados Unidos? La respuesta es mixta y compleja.

Primero, supervivencia inmediata. El rodrigato necesita generar ingresos en moneda fuerte para sostener servicios mínimos del Estado, pagar nóminas, importar alimentos y medicinas. Sin operación petrolera, la operación de Estado entra en colapso en cuestión de meses. Cualquier acuerdo, aún con cláusulas cuestionables, es mejor que el escenario sin acuerdo.

Segundo, posicionamiento ante la transición. El rodrigato sabe que su período es limitado por la dinámica de la nueva elección. Pero también sabe que los acuerdos firmados ahora son contratos vinculantes que sobrevivirán cualquier cambio de gobierno. Al firmar con Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol, el rodrigato fija parcialmente las condiciones operativas que el gobierno emergente de la elección tendrá que respetar. Es decir, está dejando huella institucional que sobrevivirá.

Tercero, alianza con Washington. La administración Trump necesita demostrar que la transición venezolana produce beneficios económicos visibles. Cada barril que Chevron exporta es prueba operativa de esa narrativa. El rodrigato, al facilitar esa narrativa, gana protección política mientras dura. La protección es valiosa frente a presiones de sectores que querrían acelerar la transición hacia gobierno opositor pleno.

El cierre práctico

La realidad del petróleo venezolano hoy es esta. Las exportaciones suben. Las refinerías estadounidenses procesan crudo venezolano otra vez. Las empresas internacionales operan con menos fricción. La diáspora venezolana ve, por primera vez en una década, posibilidad de recuperación económica del país. Pero las condiciones operativas bajo las cuales se está reconstruyendo el sector contienen elementos de externalización de la gestión que el discurso oficial omite.

Para el lector venezolano que quiere entender lo que está pasando, sin caer ni en la negación chavista ni en el triunfalismo opositor, conviene tener presentes los datos concretos: cinco empresas operando con licencias OFAC, acuerdos con cláusulas de jurisdicción estadounidense, pagos administrados con supervisión del Tesoro de EE.UU., y una presidenta encargada sin sanciones que firma contratos con CEO estadounidenses en Miraflores. Esto no es ni soberanía plena ni dictadura económica externa. Es una arquitectura híbrida que producirá ingresos, generará empleos, mejorará servicios, y dejará marcas estructurales en el sistema económico venezolano por décadas. Saber leerla con precisión es la condición previa para opinarla con seriedad.