Hay un capítulo de la transición venezolana que se está escribiendo principalmente en oficinas de Houston, en escritorios de Miraflores, y en despachos del Departamento del Tesoro estadounidense. No se ve en cámaras. No se discute en plazas. Pero está definiendo, con más impacto que casi cualquier otra negociación visible, el futuro económico de Venezuela. Es el capítulo del petróleo. Y se ha movido aceleradamente durante los últimos cuatro meses.

El 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) emitió licencias generales que autorizan a cinco empresas extranjeras a operar campos petroleros venezolanos: Chevron (Estados Unidos), BP (Reino Unido), Eni (Italia), Shell (Reino Unido y Países Bajos) y Repsol (España). El 14 de marzo, OFAC emitió la Licencia 41A, ampliando el marco operativo. El 1 de abril, OFAC removió a Delcy Rodríguez, presidenta encargada del rodrigato, de la Lista de Nacionales Especialmente Designados, levantando las sanciones individuales que pesaban sobre ella. Y el 14 de abril, Chevron y PDVSA firmaron en Miraflores el acuerdo más importante de la era post-rodrigato: la concesión del campo Loran de la Faja del Orinoco con condiciones operativas y financieras nuevas. Lo que se está negociando es soberanía petrolera. Y la negociación tiene cláusulas que conviene examinar.

La cronología que conviene fijar

El 13 de febrero, cuarenta días después de la captura de Maduro, OFAC emitió un paquete de licencias generales que autorizan operación petrolera de cinco empresas extranjeras en Venezuela. Las licencias específicas:

– Chevron: ampliación de la GL 41 (existente desde noviembre 2022) a operación plena en Faja del Orinoco y refinerías de la costa. – BP: nueva licencia para operación en proyectos de gas natural en el norte de Monagas. – Eni: nueva licencia para reactivar el proyecto Cardón IV. – Shell: nueva licencia para reactivar proyectos en la costa oriental. – Repsol: ampliación de licencia previa a operación en Cardón III.

El 14 de marzo, OFAC emitió la Licencia 41A, que amplía el marco operativo permitiendo a Chevron exportar crudo venezolano directamente a Estados Unidos sin necesidad de triangulación a través de terceros mercados. La medida eliminó las restricciones más onerosas del régimen previo y permitió un aumento sostenido de las exportaciones de Chevron desde Venezuela durante el primer trimestre de 2026, según reportes de Argus Media y S&P Global Platts. Las exportaciones alimentan directamente refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo (Texas y Luisiana).

El 1 de abril, OFAC removió a Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Las sanciones individuales sobre Delcy databan de septiembre de 2017 y le habían impedido durante casi nueve años operar internacionalmente con activos financieros. La remoción es decisión administrativa específica que solo OFAC puede tomar, y refleja una evaluación política de que su rol en el rodrigato amerita el levantamiento de las sanciones personales.

El 14 de abril, en Miraflores, Chevron y PDVSA firmaron el acuerdo sobre el campo Loran de la Faja del Orinoco. El acto fue público, con cobertura de prensa internacional. Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, firmó en representación venezolana. Mike Wirth, CEO de Chevron, voló a Caracas para firmar en persona. Delcy Rodríguez encabezó la comitiva del gobierno venezolano. La fotografía del acto fue distribuida oficialmente por los dos lados, y muestra lo que parece improbable: el CEO de la empresa petrolera más grande de Estados Unidos firmando contrato con la presidenta encargada del régimen sucesor de Maduro, bajo el retrato de Bolívar, en el principal palacio presidencial venezolano.

Las cláusulas que no se subrayan

El acuerdo Chevron-PDVSA tiene cláusulas que merecen examen. Lo que ni el rodrigato ni Chevron destacaron en sus comunicaciones oficiales, pero que el texto del acuerdo contiene, según reportes de Argus Media y S&P Global Platts:

Primera cláusula: jurisdicción estadounidense para disputas. Las controversias contractuales se resuelven bajo ley estadounidense en tribunales estadounidenses, no bajo ley venezolana en tribunales venezolanos. Esta cláusula es estándar en contratos petroleros internacionales modernos, pero implica que la soberanía jurídica sobre operaciones que ocurren en suelo venezolano queda parcialmente externalizada.

Segunda cláusula: pagos administrados a través del Tesoro de EE.UU. Los pagos que Chevron debe hacer a PDVSA por concepto de operación de Loran se depositan en cuentas administradas con supervisión del Tesoro estadounidense. Una porción de esos pagos se libera al rodrigato según un calendario y condiciones que el Tesoro estadounidense administra. Otra porción se retiene como contribución a un fondo de reparación a víctimas del régimen anterior, fondo cuya gobernanza tampoco está bajo control venezolano exclusivo.

Tercera cláusula: derechos preferentes de Chevron sobre futuras concesiones. El acuerdo otorga a Chevron derechos preferentes sobre futuras concesiones en la Faja del Orinoco durante los próximos diez años. Otras empresas pueden operar, pero Chevron tiene primer derecho de aceptación en cualquier nuevo proyecto.

Cuarta cláusula: arbitraje obligatorio en disputas operativas. Las disputas técnicas o financieras se someten a arbitraje obligatorio en La Haya, no a procedimientos judiciales venezolanos.

Estas cláusulas no son inusuales en contratos petroleros modernos. Pero leídas en conjunto y aplicadas a un país que durante 25 años defendió un discurso de «soberanía petrolera plena», representan un cambio cualitativo. La gestión de los recursos petroleros venezolanos está siendo, en parte significativa, externalizada.

Las críticas que se están emitiendo

Hay dos críticas principales al acuerdo, desde extremos opuestos del espectro venezolano.

Desde el chavismo radical, Mario Silva (durante años conductor de La Hojilla, programa emblemático del chavismo), publicó el 16 de abril un análisis donde calificó el acuerdo Chevron-PDVSA como «la entrega completa de la soberanía petrolera que el comandante Chávez recuperó con tanto esfuerzo». Silva, que mantiene comunicación con sectores del PSUV histórico, sostiene que las cláusulas operativas representan retroceso a la «época pre-nacionalización» y exigen «intervención inmediata del pueblo venezolano organizado para defender el patrimonio nacional». La crítica refleja el malestar de un sector del chavismo que considera que la transición ha capitulado en el punto donde había definido históricamente la identidad bolivariana.

Desde la oposición pura, sectores cercanos a María Corina Machado han señalado que los acuerdos son negociaciones «sin legitimidad democrática», dado que el rodrigato no es gobierno electo. Vente Venezuela ha planteado en comunicados que cualquier acuerdo petrolero firmado antes de las nuevas elecciones presidenciales debería ser sometido a revisión por el gobierno emergente de esa elección. La posición es coherente con su rechazo a normalizar la transición administrada externamente, pero choca con la realidad operacional: el rodrigato necesita ingresos petroleros ahora, no después de la elección.

El cálculo del rodrigato

¿Por qué el rodrigato acepta cláusulas que extreman la dependencia estructural de Venezuela respecto a Estados Unidos? La respuesta es mixta y compleja.

Primero, supervivencia inmediata. El rodrigato necesita generar ingresos en moneda fuerte para sostener servicios mínimos del Estado, pagar nóminas, importar alimentos y medicinas. Sin operación petrolera, la operación de Estado entra en colapso en cuestión de meses. Cualquier acuerdo, aún con cláusulas cuestionables, es mejor que el escenario sin acuerdo.

Segundo, posicionamiento ante la transición. El rodrigato sabe que su período es limitado por la dinámica de la nueva elección. Pero también sabe que los acuerdos firmados ahora son contratos vinculantes que sobrevivirán cualquier cambio de gobierno. Al firmar con Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol, el rodrigato fija parcialmente las condiciones operativas que el gobierno emergente de la elección tendrá que respetar. Es decir, está dejando huella institucional que sobrevivirá.

Tercero, alianza con Washington. La administración Trump necesita demostrar que la transición venezolana produce beneficios económicos visibles. Cada barril que Chevron exporta es prueba operativa de esa narrativa. El rodrigato, al facilitar esa narrativa, gana protección política mientras dura. La protección es valiosa frente a presiones de sectores que querrían acelerar la transición hacia gobierno opositor pleno.

El cierre práctico

La realidad del petróleo venezolano hoy es esta. Las exportaciones suben. Las refinerías estadounidenses procesan crudo venezolano otra vez. Las empresas internacionales operan con menos fricción. La diáspora venezolana ve, por primera vez en una década, posibilidad de recuperación económica del país. Pero las condiciones operativas bajo las cuales se está reconstruyendo el sector contienen elementos de externalización de la gestión que el discurso oficial omite.

Para el lector venezolano que quiere entender lo que está pasando, sin caer ni en la negación chavista ni en el triunfalismo opositor, conviene tener presentes los datos concretos: cinco empresas operando con licencias OFAC, acuerdos con cláusulas de jurisdicción estadounidense, pagos administrados con supervisión del Tesoro de EE.UU., y una presidenta encargada sin sanciones que firma contratos con CEO estadounidenses en Miraflores. Esto no es ni soberanía plena ni dictadura económica externa. Es una arquitectura híbrida que producirá ingresos, generará empleos, mejorará servicios, y dejará marcas estructurales en el sistema económico venezolano por décadas. Saber leerla con precisión es la condición previa para opinarla con seriedad.