Durante casi una década, el cielo venezolano estuvo, en términos prácticos, cerrado para las aerolíneas estadounidenses. United Airlines suspendió su ruta Houston-Caracas en junio de 2017, por motivos comerciales y de seguridad propios, antes incluso de cualquier prohibición federal. American Airlines mantenía operación a Caracas cuando, en mayo de 2019, la administración Trump emitió la orden que prohibió a las aerolíneas estadounidenses operar hacia o desde Venezuela. La justificación oficial fue la incapacidad del gobierno venezolano de garantizar condiciones de seguridad aeronáutica. La justificación operativa, ampliamente reconocida en círculos diplomáticos, fue presionar al régimen de Maduro mediante el aislamiento.

La medida se mantuvo durante la administración Biden, que la heredó sin modificarla. Y cayó, finalmente, durante el segundo mandato de Trump, cuando la nueva configuración política venezolana —con Maduro capturado el 3 de enero de 2026 y Delcy Rodríguez como presidenta interina— hizo posible una reordenación bilateral. El 29 de enero de 2026, Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales en términos inusualmente directos: «Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial.» La respuesta de Delcy Rodríguez fue igual de explícita: «Que vengan todas las aerolíneas, las que tengan que venir. Que vengan los inversionistas, los que tengan que venir.»

El 1 de abril, Washington retiró a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de OFAC. El 30 de abril, American Airlines voló por primera vez Miami-Caracas tras casi siete años. El 12 de mayo, United Airlines anunció que reactiva Houston-Caracas a partir del 11 de agosto. En menos de seis meses, la decisión política de enero se tradujo en infraestructura comercial reabierta.

Lo que voló el 30 de abril

El primer vuelo de American Airlines Miami-Caracas tuvo dimensiones que la cobertura comercial habitual subestimó. La aeronave, un Boeing 737-800, fue pintada en librea especial conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La elección no fue casual. El primer vuelo de la era post-Maduro a Caracas no se hizo en avión estándar sino en avión que simboliza explícitamente la presencia estadounidense.

A bordo, además de los pasajeros comerciales habituales, viajó una delegación oficial estadounidense compuesta por funcionarios del Departamento de Transporte y de otras carteras de la Casa Blanca. El simbolismo era inequívoco: el primer vuelo no era solo turístico ni familiar. Era acto inaugural de una nueva fase de relaciones bilaterales con dimensión económica y diplomática explícita.

American operará Miami-Caracas con frecuencia diaria. Desde el 21 de mayo, sumará una segunda frecuencia diaria. Y ha confirmado, además, planes para volar a Maracaibo, la segunda ciudad del país. En menos de un mes, lo que era cero conexión se convertirá en cuatro vuelos diarios de una sola aerolínea estadounidense, más una segunda ciudad servida.

Lo que despega el 11 de agosto

United Airlines reanudará el servicio Houston-Caracas el 11 de agosto de 2026, con frecuencia diaria desde el primer día, operado con Boeing 737 MAX 8. La operación es comercialmente menos simbólica que la de American pero estructuralmente más reveladora. Houston es el centro de operaciones del sector energético estadounidense, y la ruta facilita el flujo de ejecutivos petroleros entre las dos ciudades. Los boletos ya están a la venta.

La cita más reveladora del anuncio no vino de United sino del Secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy: «Este vuelo será crítico para transportar trabajadores del sector petrolero al país a medida que Estados Unidos y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas.» No hay metáfora aquí. La función explícita de la ruta, declarada por el funcionario que la autorizó, es mover trabajadores del petróleo. Las familias venezolanas en Houston aprovecharán el vuelo, sin duda. Pero la razón por la que el vuelo existe es otra.

Laser Airlines, aerolínea venezolana, inició su propia ruta directa Miami-Caracas el 1 de mayo de 2026. Es el otro flanco de la reapertura: aerolíneas venezolanas que vuelven a Estados Unidos. Conviasa, sin embargo, sigue bajo sanciones estadounidenses y no opera la ruta. Cualquier eventual normalización en ese frente requeriría levantar esas sanciones, lo cual no parece estar en agenda inmediata.

Tres temas que conviene observar

Primero, la categoría aeronáutica. La FAA mantiene a Venezuela en Categoría 2 desde 2017, lo cual significa que las aerolíneas venezolanas, en general, no pueden operar libremente a Estados Unidos. La normalización completa requeriría devolver a Venezuela a Categoría 1, decisión que la FAA aún no ha tomado.

Segundo, los precios. Las tarifas iniciales reflejan la novedad de la operación: vuelos redeye, demanda concentrada de diáspora y sector energético, oferta limitada a dos rutas. La normalización plena requiere descenso de tarifas, lo cual depende del crecimiento de la oferta y de la competencia entre operadores.

Tercero, los plazos. El plan trifásico que el Secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso el 7 de enero de 2026 —estabilización, recuperación, transición— sigue sin fechas explícitas de cierre de fase. La conectividad aérea es uno de los indicadores más visibles de la fase de estabilización, pero no sustituye los otros componentes que la fase requiere.

El cierre práctico

La reanudación de vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela es, sin matices, buena noticia para la diáspora. Las familias separadas durante casi una década pueden ahora reunirse con menos costo y menos complicaciones. Las visitas familiares programadas pueden ejecutarse con tarifas más razonables a medida que crezca la oferta. El comercio entre ambos países, particularmente para empresas hispanas que operan entre las dos geografías, gana fluidez operativa.

Lo que conviene no perder de vista es que esa noticia es subproducto de una decisión política, no simplemente comercial. El cielo se abrió porque Washington decidió abrirlo. Y Washington decidió abrirlo en el contexto de una transición venezolana administrada activamente por la propia Casa Blanca. Las facilidades que la diáspora gana no son concesión humanitaria. Son función de una geopolítica que sigue moviéndose. Lo que se reabre con relativa facilidad puede, en otras circunstancias, volver a cerrarse. La conectividad recuperada es real, pero su sostenibilidad depende de variables que la diáspora no controla.

Por ahora, aprovechemos. Que cada visita familiar sea posible. Que cada empresa pequeña encuentre menos fricción para operar. Y que cada vuelo entre Miami o Houston y Maiquetía recuerde que, debajo de toda la complejidad geopolítica, hay personas reales que llevan demasiado tiempo extrañando a los suyos.

Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, los aranceles fueron la herramienta dominante de política exterior estadounidense. Aranceles a China hasta del 140%. Aranceles a Brasil. Aranceles a India. Aranceles a México y Canadá. Aranceles a Venezuela como castigo por sostener al gobierno de Maduro. La justificación legal del régimen arancelario era una interpretación expansiva de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, que faculta al presidente a actuar comercialmente contra países que representen «amenaza emergente» a la seguridad o economía nacional.

El argumento de la administración Trump era que los déficits comerciales sostenidos con países como China y México constituían tal amenaza, y por tanto autorizaban los aranceles «recíprocos». El 20 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó ese argumento. La decisión fue 6-3, escrita por el Presidente del Tribunal John Roberts, y consolidó dos casos previos: Learning Resources Inc. v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections. La consecuencia práctica fue la mayor derrota institucional que la administración Trump ha sufrido en sus cinco años acumulados de gobierno.

La lógica jurídica de Roberts

La opinión mayoritaria firmada por John Roberts es notablemente breve para una decisión de esta magnitud: 42 páginas, contra 78 de la disidencia. La brevedad es deliberada y revela la lógica subyacente. Roberts no entró en el debate sobre si los aranceles eran o no buena política. Tampoco entró en el debate sobre el déficit comercial. Se limitó a una pregunta jurídica precisa: ¿la IEEPA autoriza al presidente a imponer aranceles «recíprocos» generalizados? La respuesta fue: no.

El argumento es esencialmente este. La IEEPA, según texto de la ley, faculta al presidente a «regular, congelar, prohibir o invalidar» transacciones con países o personas designadas como amenaza. No autoriza explícitamente la imposición de aranceles. Los aranceles, históricamente, han sido herramienta del Congreso bajo el artículo I sección 8 de la Constitución, que faculta al Congreso «a fijar y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y aranceles». El Congreso puede delegar al Ejecutivo la facultad de modificar aranceles en circunstancias específicas (como en la Trade Expansion Act de 1962 o la Trade Act de 1974), pero esa delegación tiene que ser explícita y limitada. La IEEPA, según la mayoría, no contiene esa delegación.

La doctrina aplicada por Roberts es la llamada «doctrina de cuestiones mayores» (major questions doctrine), desarrollada por la Corte en los últimos cinco años. La doctrina sostiene que cuando una agencia federal o el Ejecutivo intentan ejercer autoridad sobre temas de «vasta importancia económica y política», los tribunales deben exigir clara autorización congresional. La imposición de aranceles «recíprocos» generalizados que afectan trillones de dólares de comercio internacional, según Roberts, califica como cuestión mayor. Y la IEEPA, escrita en 1977 sin referencia explícita a aranceles, no provee esa autorización clara.

La disidencia de Alito y lo que está en juego

La disidencia escrita por Samuel Alito, en la que coinciden Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, es notablemente fuerte. Alito argumenta que la lectura de la mayoría es excesivamente restrictiva de las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad económica. Cita precedentes desde la administración Carter en 1979 (la crisis de los rehenes en Irán) y la administración Reagan en 1985 (sanciones a Nicaragua) donde el Ejecutivo usó la IEEPA con interpretación amplia y sin desafío judicial significativo.

La disidencia advierte que la decisión mayoritaria «deja a Estados Unidos vulnerable frente a amenazas económicas que requieren respuesta rápida y flexible del Ejecutivo». Y predice que el Congreso «no tendrá ni la capacidad institucional ni la voluntad política para legislar las respuestas necesarias cuando estas se requieran».

La fuerza de la disidencia refleja la profundidad del debate institucional que la decisión ha abierto. No se trata de una cuestión técnica menor. Se trata de cómo se distribuye el poder entre Ejecutivo y Legislativo en política comercial, y por extensión, en política exterior.

Las consecuencias prácticas inmediatas

Tres consecuencias inmediatas se han registrado desde febrero.

Primero, la suspensión efectiva de los aranceles «recíprocos» sobre China, Brasil, México y otros países afectados. Las tarifas aduaneras volvieron a los niveles vigentes antes de las órdenes ejecutivas de Trump. Los importadores estadounidenses, que durante un año tuvieron que pagar aranceles entre 60% y 140% sobre bienes chinos, vieron caer sus costos drásticamente desde marzo.

Segundo, la apertura de demandas de reembolso por parte de importadores. Las empresas que pagaron aranceles bajo el régimen ahora declarado inconstitucional están exigiendo devolución. Las estimaciones más conservadoras hablan de 200 mil millones de dólares cobrados durante 2025 que podrían ser reclamados. La administración Trump ha resistido los reembolsos argumentando que la decisión opera hacia adelante, no retroactivamente. La cuestión está en litigio.

Tercero, el rediseño de la política comercial bajo herramientas legales más limitadas. La administración Trump ha comenzado a usar la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que sí autoriza al presidente a imponer aranceles temporales por hasta 150 días en caso de déficit comercial «serio». Pero la limitación de 150 días impide construir política sostenida. La Sección 232 de la Trade Expansion Act, que autoriza aranceles por razones de seguridad nacional, se ha usado más intensamente. Y la Sección 301 de la Trade Act, que permite responder a «prácticas comerciales injustas», también ha sido reactivada.

Lo que esto significa para Venezuela

Hay una dimensión venezolana de la decisión que merece atención. Los aranceles sobre productos venezolanos, aplicados por Trump en febrero de 2025 como castigo por la negativa de Maduro a aceptar deportaciones, fueron parte del régimen IEEPA invalidado. La caída de esos aranceles, sumada a la captura de Maduro el 3 de enero y la instalación del rodrigato, ha producido una reconfiguración significativa del comercio bilateral con Venezuela.

Hoy, los productos petroleros venezolanos exportados a Estados Unidos bajo licencias OFAC operan con condiciones más favorables que las que tenían bajo Maduro. Los productos agrícolas y de manufactura ligera venezolanos también han ganado fluidez en el mercado estadounidense. Y el rodrigato puede negociar acuerdos comerciales bilaterales sin enfrentar la herramienta arancelaria como espada de Damocles.

Para la diáspora venezolana en Columbus y otras ciudades del Medio Oeste, esto significa, en términos prácticos, que productos venezolanos pueden volver a circular comercialmente con menos fricción. Las pequeñas tiendas que importan harina precocida, café, dulces típicos y otros productos pueden hacerlo con costos menores. Y los emprendimientos en sentido inverso —productos elaborados por la diáspora con materias primas venezolanas— ganan también flexibilidad.

El cierre estratégico

La derrota de la administración Trump en la Suprema Corte no es solo derrota judicial. Es derrota arquitectónica. La doctrina trumpista de política exterior se construyó sobre la premisa de que el presidente puede operar comercialmente con autonomía amplia, sin tener que negociar con el Congreso para cada acción específica. Esa premisa quedó debilitada. Los próximos cuatro años de la administración van a operar bajo el modelo donde cada decisión arancelaria significativa requiere o autorización congresional explícita, o herramientas legales más limitadas, o ambas.

El presidente sigue teniendo poder en política comercial. Pero su poder está más constreñido que el 19 de febrero. Y los actores internacionales con los que Trump negocia —China en primer lugar, pero también la Unión Europea, México, Brasil, y eventualmente Venezuela— lo saben. Esa diferencia de información es lo que se está viendo aplicado en Beijing esta semana. Y es lo que va a marcar las negociaciones bilaterales del segundo mandato durante los próximos años. El que llega a Beijing no es el Trump de 2025. Es un Trump al que la Corte le quitó la herramienta principal.

El lunes 11 de mayo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, inició una gira de tres días por Asia. El recorrido incluye Tokio, Seúl y Pekín, y funciona como antesala diplomática de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping del 13 al 15 de mayo en la capital china. Será la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017, durante el primer mandato del propio Trump.

La cumbre se anunció oficialmente el domingo 10 de mayo por la Cancillería china. La portavoz del Ministerio de Exteriores publicó el comunicado en redes sociales con la fórmula protocolaria habitual: «Por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo». La confirmación llegó con solo dos días de anticipación, lo cual es habitual para visitas de Estado en China.

El recorrido de Bessent

La gira de Bessent tiene escalas funcionales claras. El martes 12 de mayo, el secretario llega a Tokio para reunirse con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, con la ministra de Finanzas Satsuki Katayma, y con otros miembros del gobierno japonés. El objetivo declarado son las relaciones económicas Estados Unidos-Japón, especialmente importantes en un contexto de redistribución de cadenas de suministro asiáticas tras la guerra de Irán.

El miércoles 13 de mayo, Bessent hace escala en Seúl para encontrarse con He Lifeng, viceprimer ministro de China y figura central en las negociaciones comerciales bilaterales. El encuentro Bessent-He Lifeng no es protocolario. Es la última coordinación técnica antes de la llegada de Trump a Pekín.

«La seguridad económica es seguridad nacional, y espero que esta serie de encuentros sea productiva, mientras trabajamos para impulsar la agenda económica America First del presidente Trump», señaló Bessent en mensaje publicado en redes sociales antes de partir.

La agenda de la cumbre

Cuatro temas concentran la atención.

Primero, los aranceles. La tregua comercial pactada en octubre 2025 en Busan, Corea del Sur, alivió parcialmente la guerra arancelaria que había llegado a configurar un embargo de facto entre las dos mayores economías del mundo. La cumbre busca avanzar hacia un marco más estable. No hay expectativa de tratado integral, sí de calendario de reducción de aranceles específicos en sectores manufactureros y agrícolas.

Segundo, Taiwán. Marco Rubio, secretario de Estado, confirmó que el tema estará en la agenda. Para Pekín, Taiwán es asunto de soberanía nacional. Para Washington, es compromiso de seguridad regional asumido durante décadas. La cumbre no va a resolver la disputa estructural, pero puede establecer protocolos de comunicación que reduzcan el riesgo de incidentes militares.

Tercero, Irán. La guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero, y el cierre del estrecho de Ormuz que siguió, afectan a China directamente. Pekín importa una porción significativa de su energía a través de esa ruta. El embajador chino ante la ONU, Fu Cong, advirtió recientemente que si Ormuz sigue cerrado durante la visita de Trump, ese asunto estará «inevitablemente en el centro» de las conversaciones. El canciller iraní Abás Araqchí visitó China la semana pasada y se reunió con Wang Yi.

Cuarto, inteligencia artificial y semiconductores. La delegación que acompaña a Trump incluye CEOs de Boeing, Mastercard y otras grandes corporaciones tecnológicas. La agenda incluye control de exportaciones de chips, propiedad intelectual en IA, y coordinación de estándares regulatorios.

Lo que importa para hispanos en EE.UU.

Cuatro variables concretas se mueven con esta cumbre.

Una. Precio del galón. Si Irán reabre Ormuz parcialmente como gesto durante la visita, el precio del petróleo baja. Si no, las decisiones que tome China sobre suministros propios y rutas alternativas afectan al precio internacional. El galón en Texas, California, Florida, Illinois y Nueva York se mueve con esa cadena.

Dos. Costo de productos manufacturados. Los aranceles que se reduzcan o mantengan en la cumbre afectan precios de electrónica, electrodomésticos, juguetes, y partes de automóviles. Una familia hispana de ingresos medios gasta significativamente en productos importados de China.

Tres. Tasas de interés. La Reserva Federal toma decisiones de política monetaria considerando estabilidad geopolítica. Una cumbre exitosa reduce incertidumbre y permite a la Fed mantener trayectoria de bajada de tasas. Eso afecta directamente costos hipotecarios y tarjetas de crédito.

Cuatro. Remesas. El corredor financiero entre Estados Unidos y América Latina pasa por bancos con exposición significativa a China. Estabilidad económica bilateral mejora condiciones de transferencia. Tensiones aumentan costos.

La sombra de Venezuela

Aunque la agenda oficial no incluye Venezuela, la sombra de la transición tutelada está presente. China fue durante años socio comercial significativo de la Venezuela de Maduro y de Chávez antes que él. El reordenamiento del sector petrolero venezolano hacia empresas estadounidenses excluyó explícitamente a China, Rusia e Irán, según los términos de las licencias OFAC. Cómo gestione Trump esa exclusión en sus conversaciones con Xi puede determinar la temperatura del resto de la cumbre.

Lo que sigue

INCÍSOS hará seguimiento durante la semana. El miércoles 13 de mayo arranca la cumbre formal. El jueves 14 incluye ceremonia de bienvenida, reunión bilateral, visita al Templo del Cielo y banquete de Estado. El viernes 15 concluye con declaraciones finales.

Por ahora, Bessent en Tokio el martes. Bessent y He Lifeng en Seúl el miércoles. Trump aterriza en Pekín el miércoles por la noche. La diplomacia económica más importante del año arranca este lunes.

• Ministerio de Exteriores de China · anuncio oficial · 10 mayo 2026
• Scott Bessent · mensaje en redes sociales · 11 mayo 2026
• Infobae · ‘China anuncia que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo’ · 10 mayo 2026
• La Jornada · ‘China confirma visita de Donald Trump del 13 al 15 de mayo’ · 10 mayo 2026
• RPP · ‘Donald Trump visitará China entre el 13 y 15 de mayo, confirma Pekín’ · 10 mayo 2026
• ABC Color · ‘China confirma que Trump visitará el país de miércoles 13 a viernes 15’ · 11 mayo 2026
• La Hora Guatemala · ‘Trump visitará China de miércoles 13 a viernes 15 de mayo’ · 10 mayo 2026