Política
Christopher Landau pidió paciencia a los venezolanos
El subsecretario de Estado de Estados Unidos —el «número dos» de Marco Rubio— concedió este martes 5 de mayo una entrevista exclusiva a NTN24 en la que articuló por primera vez de forma pública la doctrina con que Washington maneja la transición venezolana. Sus frases: «momento sumamente delicado», «la transición comenzó apenas hace cuatro meses», «la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión». Su credencial: padre embajador en Caracas entre 1982 y 1985, tesis de Harvard sobre las relaciones petroleras Estados Unidos-Venezuela. Cuando Landau habla de Venezuela, no improvisa.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, concedió el martes 5 de mayo de 2026 una entrevista exclusiva a la cadena NTN24 en la que articuló con precisión, por primera vez en formato extenso, la doctrina con que la administración Trump maneja la transición tutelada venezolana. Las declaraciones merecen lectura cuidadosa porque marcan el marco filosófico de las próximas decisiones de Washington sobre Caracas.
Las frases clave
Landau resumió la posición con cuatro elementos articulados. El primero, sobre el momento: «Es un momento sumamente delicado». El segundo, sobre el tiempo transcurrido: «La transición comenzó apenas hace cuatro meses». El tercero, una conclusión que destaca por su sintaxis: «No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia». El cuarto, sobre el desafío económico: «Venezuela es un desastre económico después de más de 20 años de mal gobierno».
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Conseguir en Amazon →A esas cuatro frases agregó tres elementos operativos. Sobre la inversión: «Los inversores van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir. La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión». Sobre el trabajo conjunto: «Estamos trabajando con las autoridades venezolanas para incentivar el desarrollo económico». Sobre el alcance: confirmó que las reformas se trabajan «con Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen».
Y un séptimo elemento, posiblemente el más significativo desde el punto de vista del control financiero: «Estamos en contacto constante con las autoridades venezolanas para asegurarnos de que esos fondos sean usados para usos legítimos y que no sean desviados hacia otros tipos de asuntos». La declaración confirma vigilancia activa estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos durante la transición.
El linaje familiar que pesa en cada palabra
Christopher Landau no es un funcionario cualquiera hablando de Venezuela. Su padre, George Walter Landau, fue embajador de Estados Unidos en Caracas entre 1982 y 1985, durante la administración del presidente Ronald Reagan. Christopher pasó parte de su juventud en el país sudamericano. Cuando ingresó a Harvard como estudiante, eligió como tema de su tesis universitaria una pregunta que solo se hace alguien con relación personal con Venezuela: cómo nace, se desarrolla y termina el modelo de relaciones petroleras entre Caracas y Washington. Su tesis se tituló El ascenso y la caída del petroliberalismo: las relaciones de Estados Unidos y Venezuela.
Esa formación tiene consecuencias prácticas. Cuando Landau pide paciencia hacia la transición venezolana, lo hace con cuarenta años de archivo familiar acumulado y con una comprensión técnica del ciclo histórico de las relaciones bilaterales que pocos funcionarios estadounidenses tienen. Su designación como subsecretario de Estado por Donald Trump en diciembre de 2024 no fue casual. La administración necesitaba un interlocutor técnicamente preparado para el caso venezolano, con conocimiento operativo previo de México —Landau fue embajador estadounidense en México entre 2019 y 2021 durante el primer mandato de Trump— y con sensibilidad política para negociar con actores hispanoamericanos.
La conexión con el resto del 5 de mayo
Conviene leer las declaraciones de Landau a NTN24 en conexión con tres hechos del mismo día.
Primero, la firma de la General License No. 58 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. La GL 58 autoriza por primera vez —desde el régimen de sanciones iniciado en 2019— que despachos legales, asesores financieros y consultoras estadounidenses provean servicios al Gobierno de Venezuela en conexión con la reestructuración potencial de su deuda. Cuando Landau dice «la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión», está describiendo lo que la GL 58 hace operativamente: reducir la incertidumbre regulatoria que impedía a los privados estadounidenses preparar la reestructuración de la deuda venezolana.
Segundo, la conferencia de Jefes de Misión convocada por SOUTHCOM en Doral, Florida, donde el secretario de Estado Marco Rubio se fotografió con el general Francis Donovan frente a un mapa de Cuba. Cuando Landau dice «momento sumamente delicado», una de las dimensiones de la delicadeza es regional: el cerco que Washington construye sobre La Habana en paralelo a la transición venezolana, para evitar que Cuba contagie regresión a Caracas.
Tercero, la rueda de prensa de Rubio en la Casa Blanca, donde el secretario de Estado afirmó sobre Diosdado Cabello que «la política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado». Cuando Landau dice «trabajar con Delcy Rodríguez», precisa el alcance: hay venezolanos con los que se negocia y hay venezolanos con los que no. La doctrina no es ingenua. Tiene perímetro.
La doctrina de la paciencia frente a la presión por aceleración
La declaración de Landau llega en un contexto de presión interna y externa para que la transición venezolana avance más rápido. Sectores de la oposición venezolana en el exilio han cuestionado por qué, cuatro meses después de la captura de Maduro, no hay calendario electoral firme. Voces dentro del propio Partido Republicano —particularmente la vertiente que prioriza la pureza ideológica sobre la diplomacia— han pedido aceleración del cambio de régimen efectivo. Analistas políticos en Estados Unidos y América Latina han preguntado si la administración Trump está perdiendo iniciativa.
La respuesta de Landau es articulada y consistente. Los plazos importan. Cuatro meses no son tiempo prolongado en términos de transición política comparativa. La aceleración prematura compromete la sostenibilidad económica del proceso. La incertidumbre regulatoria mata la inversión. Y la inversión es el combustible que cualquier transición venezolana necesita para sobrevivir más allá de los primeros doce meses post-Maduro.
Hay también una segunda capa en la doctrina, no explicitada pero implícita: la administración Trump no quiere repetir Irak ni Afganistán. En entrevista anterior con el podcast Triggered de Donald Trump Jr. en agosto de 2025, Landau lo dijo en términos directos: «No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo». La libertad venezolana, según esta doctrina, debe surgir desde la propia ciudadanía con apoyo externo selectivo, no por imposición militar directa. La captura de Maduro fue acción extraordinaria, no plantilla replicable.
Lo que significa para el lector hispano en Estados Unidos
Para los aproximadamente 700.000 venezolanos residentes en Estados Unidos, las declaraciones de Landau tienen tres implicaciones concretas en horizonte de los próximos meses.
Primera: no habrá calendario electoral venezolano firme en el corto plazo. La transición continuará bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, con vigilancia activa estadounidense sobre los ingresos petroleros y reformas económicas paralelas. Las decisiones sobre retorno familiar, recuperación de propiedades, regularización migratoria de venezolanos en EE.UU., dependerán del ritmo que Washington considere sostenible.
Segunda: la inversión privada estadounidense empezará a ingresar a Venezuela en sectores específicos —petróleo, electricidad, minería, servicios bancarios— durante los próximos doce meses. Quienes tengan capacidad técnica o profesional vinculada con esos sectores podrán capturar oportunidades laborales y comerciales nuevas. Los venezolanos en Texas, Florida y Luisiana con perfiles petroleros particularmente.
Tercera: el debate público sobre la transición debe ajustarse a los plazos reales. Las críticas que demanden aceleración inmediata enfrentarán resistencia institucional desde el propio Departamento de Estado. La doctrina Landau no es flexible. Es el marco con que la administración Trump opera, y operará, hasta que se demuestre que la paciencia ha agotado su utilidad estratégica.
El cierre que conviene retener
Hay momentos en que un funcionario habla y lo que dice se convierte en doctrina del Estado al que pertenece. La entrevista de Landau con NTN24 el 5 de mayo de 2026 es uno de esos momentos. Cuando un subsecretario de Estado con cuarenta años de archivo familiar venezolano y tesis de Harvard sobre el ciclo del petroliberalismo articula una posición pública sobre la transición, no es opinión personal. Es la posición de Washington. Y la posición de Washington —hoy por hoy, 5 de mayo de 2026— es paciencia operativa con vigilancia activa de los ingresos petroleros y trabajo conjunto con la administración interina sobre reformas económicas concretas.
Los próximos meses dirán si esa doctrina sostiene el peso de los hechos.
Alfredo Yánez
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Política
La oposición se reunió sin Figuera y emitió un comunicado que no decide nada
La Plataforma Unitaria emitió un comunicado que reafirma lo ya sabido y calla lo decisivo. El canal Figuera-Rodríguez avanza sin que la coalición lo controle.
Un comunicado que dice lo seguro y calla lo decisivo
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) sostuvo su reunión ordinaria semanal y emitió un comunicado que, leído con atención, llama por lo que no dice. El texto ratifica la disposición de la coalición a «contribuir a los esfuerzos» para una transición «pacífica y ordenada» en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Afirma que se hizo un «profundo análisis de la situación nacional», que se evaluó la situación de los presos políticos y que Venezuela «demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro».
Todo eso ya se sabía. Lo que el comunicado no resuelve es la pregunta que tiene en vilo a la oposición: cuál es su posición frente al canal de negociación que Dinorah Figuera abrió directamente con el chavismo, con respaldo de Washington y sin que la coalición lo coordinara. Sobre ese punto —el único que de verdad estaba en juego— el pronunciamiento guarda silencio. Reafirma el rumbo general y elude la decisión concreta.
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El silencio se entiende mejor con un dato que un dirigente de la propia coalición hizo público. Freddy Superlano reconoció que el regreso de Figuera «generó sorpresa dentro de la oposición». No fue una operación coordinada con la Plataforma: fue una iniciativa diseñada por el Departamento de Estado, que desde abril invitó a Figuera a encabezar el acercamiento, y que la coalición conoció sobre la marcha.
Esa es la incomodidad de fondo. La reunión del 23 de junio se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de Figuera, que para entonces ya había viajado fuera del país tras su encuentro con Jorge Rodríguez. Una parte central de la estrategia opositora —el diálogo con el poder real— está siendo conducida por una dirigente que no estaba en la mesa donde el resto de la coalición discutía justamente ese diálogo. El comunicado vago es el resultado de esa desconexión: no se puede decidir en grupo lo que ya se está decidiendo por fuera del grupo.
Superlano abre una ventana: que vuelva Machado
Dentro de esa misma discusión, Superlano planteó lo que muchos en la coalición piensan: que María Corina Machado, la dirigente con mayor respaldo en la opinión pública, debe formar parte de las conversaciones. «Hay una oportunidad allí, se abre una ventana», dijo, y pidió que la propuesta de Figuera se amplíe a más actores de la Plataforma Unitaria y a la propia Machado, «porque dejar a la persona que lidera en este momento la opinión pública en el país» sería un error de cálculo.
El planteamiento revela la verdadera tensión. No es solo quién se sienta a negociar, sino con qué legitimidad. Figuera aporta un cargo institucional reconocido por Washington; Machado aporta el respaldo popular que ningún cargo otorga. La coalición intuye que una negociación sin Machado puede carecer de la fuerza social que la haga vinculante, pero tampoco controla el canal que ya está abierto.
Lo que esta indefinición significa
Para el venezolano en la diáspora, la jornada deja una lectura sin adornos. La transición avanza por un carril que la oposición organizada no conduce. El comunicado de la Plataforma Unitaria, más que una hoja de ruta, es la constancia de que la coalición va detrás de los hechos, ratificando un plan que otros ejecutan y pidiendo que se incluya a su principal líder en una mesa que no armó.
Un analista lo resumió con precisión al advertir que el canal Figuera-Rodríguez «ya opera como mecanismo político», pero que su utilidad dependerá de que produzca resultados verificables; de lo contrario, podría terminar favoreciendo una «normalización sin transición democrática». Esa es la apuesta y el riesgo. La oposición sabe que el tren se mueve. Lo que el comunicado del 24 de junio no aclara es si ella va conduciendo o simplemente subida.
Política
Figuera es de Primero Justicia y eso explica más de lo que parece
Dinorah Figuera milita en Primero Justicia, una de las tarjetas que el chavismo arrebató a la oposición. Su rol revela qué partidos sobreviven a la transición y cuáles no.
Una militancia que no es un dato menor
Cuando se habla de Dinorah Figuera suele subrayarse su cargo: presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la institución que Washington reconoce como último poder legítimamente electo. Pero hay otro dato que explica buena parte de la jugada y que se menciona menos: Figuera milita en Primero Justicia, uno de los partidos tradicionales de la oposición venezolana. No negocia solo como titular de un Parlamento; lo hace también como cuadro de una organización política concreta, con intereses concretos.
Eso importa porque Primero Justicia es, además, uno de los partidos que el chavismo intervino judicialmente. Desde 2020, mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el oficialismo arrebató las tarjetas electorales de varias organizaciones opositoras —Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular y el propio Primero Justicia— y las entregó a dirigentes afines a Miraflores. A Primero Justicia, según la cobertura del proceso, lo dejaron en una situación de limbo legal. La restitución de esas tarjetas es hoy uno de los puntos centrales de la negociación.
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No es solo cruzar. Es todo lo que viene después.
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Aquí está la cuestión que el episodio destapa. La transición no solo debe resolver quién gobierna y cuándo hay elecciones. Debe resolver con qué partidos se compite, porque sin tarjetas restituidas, sin estructuras legales reconocidas, la oposición llegaría a cualquier elección desarmada. Y la composición misma de la mesa técnica revela quiénes están mejor posicionados para esa restitución.
Según la cobertura del proceso, la mesa técnica que el chavismo y Figuera acordaron instalar tendría representantes de Primero Justicia —entre ellos la propia Figuera— y de Voluntad Popular. Es decir, los dos partidos que colocan negociadores en la mesa son justamente dos de los que necesitan recuperar su tarjeta. No es coincidencia: quien se sienta a negociar las reglas tiene más posibilidades de que esas reglas lo favorezcan. Los partidos que no están en la mesa observan desde afuera cómo se decide su propio futuro.
Un sistema de partidos en reconstrucción
El trasfondo es la supervivencia de todo un sistema. Años de inhabilitaciones, intervenciones y persecución dejaron a los partidos opositores debilitados, divididos entre las estructuras originales y las «tarjetas» controladas por dirigentes afines al oficialismo. Reconstruir ese sistema es condición para que una elección futura sea algo más que un trámite.
Pero la reconstrucción no será neutral. Dependerá de quién negocie, con qué respaldo y con qué prioridades. Un partido con un negociador en la mesa técnica defiende su restitución de primera mano; uno sin representación queda a merced de lo que otros acuerden. La transición, en este plano, no reparte por igual: privilegia a quienes lograron un asiento en la conversación.
Por qué esto le importa al lector hispano
Para el venezolano en la diáspora que aspira a votar algún día por una oposición real, este es un punto que conviene seguir de cerca. La calidad de una futura elección dependerá de que los partidos opositores recuperen su capacidad de competir en igualdad de condiciones. Y eso se está decidiendo ahora, en una mesa técnica donde no todos los partidos tienen silla.
La militancia de Figuera en Primero Justicia no es, entonces, un detalle biográfico. Es una pieza que ayuda a entender por qué ciertos partidos están adentro y otros afuera, y por qué la pregunta sobre la supervivencia de las organizaciones opositoras es, en el fondo, la pregunta sobre qué tan libre y plural será la Venezuela que salga de esta transición.
Política
Reconstruir el país desde 2015 abre una caja de preguntas sin respuesta
Retomar la institucionalidad desde la Asamblea de 2015 obliga a decidir qué se hace con la Constituyente de 2017 y con el TSJ designado en el exilio. Un nudo sin resolver.
Una legitimidad que arranca en 2015
La arquitectura de la transición tiene un punto de partida claro: la Asamblea Nacional electa en 2015, la última que Washington reconoce como legítimamente electa, presidida hoy por Dinorah Figuera. Sobre esa base se quiere reconstruir la institucionalidad democrática del país. Hasta ahí, el relato es ordenado. El problema empieza cuando se mira todo lo que se construyó —o se destruyó— después de 2015, y que ahora queda en un limbo.
Porque entre 2015 y 2026 pasaron muchas cosas con consecuencias jurídicas. La más grande: la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, un órgano que el chavismo creó para sortear al Parlamento opositor y que se arrogó poderes plenos, aprobando leyes y decisiones durante años. Si la legitimidad se reconstruye desde 2015, ¿qué pasa con todo lo que hizo esa Constituyente? ¿Se anula? ¿Se convalida? ¿Se revisa caso por caso? Nadie lo ha dicho.
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Conseguir en Amazon →El TSJ del exilio y el TSJ de Caracas
El segundo nudo es el Poder Judicial. En 2017, el Parlamento de 2015 designó un Tribunal Supremo de Justicia alterno, cuyos magistrados terminaron operando desde el exilio porque el chavismo los persiguió. Durante años existieron, de hecho, dos Tribunales Supremos: el oficial en Caracas y el nombrado por la oposición fuera del país. Si la institucionalidad revive desde 2015, la pregunta es inevitable: ¿revive también ese TSJ del exilio? ¿Sus magistrados regresan y asumen? ¿O se negocia un tribunal nuevo?
La cuestión no es teórica. Entre los temas centrales de la negociación figura la renovación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, clave para validar cualquier elección futura. Definir quién integra esa Sala —y con qué legitimidad de origen— es decidir quién tendrá la última palabra sobre los resultados electorales. No es un detalle técnico: es el árbitro del partido.
Lo que la negociación tendrá que desenredar
El acuerdo entre Figuera y Jorge Rodríguez contempla una mesa técnica para abordar la reconstrucción institucional. Esa mesa enfrenta un rompecabezas de legitimidades superpuestas: la Asamblea de 2015 cuyo período constitucional venció hace años pero que mantiene continuidad a través de su comisión delegada; la Constituyente de 2017 que el chavismo considera válida y la oposición espuria; los dos Tribunales Supremos; las tarjetas de partidos intervenidas. Cada una de esas piezas tiene defensores y detractores, y ninguna se resuelve sin que alguien ceda.
La dificultad es que no existe una hoja en blanco. No se trata de construir instituciones desde cero, sino de decidir cuáles de las que ya existen —muchas en conflicto entre sí— se reconocen, cuáles se anulan y cuáles se reforman. Y cada decisión redistribuye poder.
Por qué importa, más allá del tecnicismo
Para el lector hispano que sigue el proceso, este nudo institucional explica por qué la transición no avanza más rápido. No basta con la voluntad política o el respaldo de Washington: hay un entramado jurídico contradictorio que debe desenredarse para que las elecciones futuras tengan piso legal sólido. Saltarse ese paso produciría una transición frágil, impugnable, reversible.
La promesa de «reconstruir desde 2015» suena a punto de partida limpio, pero esconde una caja de preguntas que la negociación tendrá que abrir tarde o temprano. Qué pasa con la Constituyente, con el TSJ del exilio, con once años de actos jurídicos en disputa. Mientras esas preguntas no tengan respuesta pública, la institucionalidad que se promete seguirá siendo, más que una realidad, un proyecto en obra.
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