El lunes 4 de mayo de 2026, la Joint Task Force Southern Spear ejecutó un strike letal contra una embarcación en el Caribe. Dos hombres muertos, identificados por SOUTHCOM como «narcoterroristas». La inteligencia, según el comunicado oficial, evaluó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba operada por «organizaciones terroristas designadas». Ningún personal militar estadounidense resultó herido. El strike se ejecutó por orden directa del General Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM. La operación es ya rutina. Pero conviene leer la rutina con atención.

El acumulado: 188 muertos en ocho meses

Desde el primer strike del 2 de septiembre de 2025 —en el que murieron once personas en una embarcación atribuida a Venezuela— la Operación Southern Spear ha ejecutado al menos 47 ataques contra 48 embarcaciones, según los registros públicos del Departamento de Guerra y la base de datos del New York Times sobre el operativo. La distribución geográfica de los strikes hasta el 25 de marzo: 15 en el Caribe, 31 en el Pacífico Oriental, 2 en ubicación no especificada. El acumulado de muertos al 4 de mayo de 2026 alcanza aproximadamente 188 personas.

El presidente Trump notificó formalmente al Congreso el 1 de octubre de 2025 que Estados Unidos estaba en un «conflicto armado no internacional» con «combatientes ilegales» —los carteles de droga del Caribe—. Esa designación es jurídicamente significativa porque, en derecho internacional armado, un país puede legalmente matar combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza inmediata. La fórmula extiende facultades de uso letal de la fuerza más allá de los marcos tradicionales de aplicación de la ley.

La trayectoria del operativo

Conviene reconstruirla. Mediados de agosto de 2025: Estados Unidos comienza despliegue militar al Caribe en medio de tensiones con Venezuela. 2 de septiembre: primer strike, 11 muertos. Septiembre y octubre: ritmo de aproximadamente un ataque por semana. Mediados de octubre: observadores independientes señalan que el objetivo aparente del operativo se ha desplazado del control narcótico hacia el cambio de régimen en Venezuela. Trump reconoce públicamente la posibilidad de strikes en territorio venezolano.

11 de noviembre: el grupo de portaviones Gerald R. Ford llega a la región del Caribe. 13 de noviembre: Hegseth formaliza el nombre Operation Southern Spear. 20 de noviembre: bombarderos B-52 desde Minot Air Force Base sobrevuelan a pocas millas de la costa de Venezuela en lo que SOUTHCOM describe como «demostración de bombarderos de ataque». A finales de noviembre: la mayor presencia militar estadounidense en la región desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962.

Diciembre: la administración Trump designa al gobierno de Maduro como Organización Terrorista Extranjera y comienza el abordaje y captura de tanqueros petroleros sancionados. Finales de diciembre: primer strike en territorio venezolano. 3 de enero de 2026: la Operación Resolución Absoluta —operativo conjunto de bombardeos en Caracas y otras ubicaciones— culmina con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos.

Con la captura de Maduro, la justificación pública original del operativo —presión sobre el régimen para forzar transición— quedó técnicamente cumplida. Y sin embargo, los strikes siguieron.

El operativo después de Maduro

Cuatro meses después de la captura, los strikes continúan. El del 4 de mayo es solo el más reciente. El registro de SOUTHCOM muestra ataques los días 5 y 9 de febrero, 15 de abril (Pacífico Oriental, tres muertos), 19 de abril (Caribe, dos muertos) y 4 de mayo. El Comando ha mantenido el ritmo aproximado de un ataque por semana, con vacíos breves que SOUTHCOM ha atribuido a una posible reducción del propio tráfico marítimo en respuesta a la operación.

La pregunta que las cifras dejan abierta es cuál es el objetivo actual del operativo. Si la captura de Maduro era el fin estratégico, los strikes deberían haberse desescalado tras el 3 de enero. No se desescalaron. Tres lecturas son posibles. Primera: el operativo ahora opera como mecanismo de presión adicional sobre Delcy Rodríguez para acelerar la transición tutelada hacia un escenario electoral. Segunda: el operativo es genuinamente contranarcótico y se mantendrá mientras existan rutas marítimas funcionales. Tercera: el operativo es ahora un instrumento de presencia militar permanente estadounidense en el Caribe, sin objetivo específico de cierre.

Las tres lecturas pueden ser parcialmente verdaderas a la vez.

Las preguntas de rendición de cuentas

Hay tres preguntas que el sistema multilateral todavía no ha resuelto sobre Southern Spear y que conviene mantener visibles.

Primera: la designación de los muertos. SOUTHCOM identifica a los muertos como «narcoterroristas» pero rara vez ha proporcionado detalles públicos sobre qué carteles específicos están involucrados ni ha identificado nombrando a los presuntos traficantes. La identificación posterior ha sido mínima en la mayoría de los casos.

Segunda: la suerte de los sobrevivientes. En al menos cuatro strikes hasta el 31 de diciembre de 2025, miembros de tripulaciones sobrevivieron al ataque inicial. Dos sobrevivientes del strike del 16 de octubre fueron repatriados a sus países de origen. Otros dos fueron muertos en strikes subsecuentes. Un sobreviviente del strike del 27 de octubre permanece desaparecido y se presume muerto. La Guardia Costera estadounidense suspendió en enero de 2026 la búsqueda de un número desconocido de sobrevivientes del strike del 30 de diciembre.

Tercera: la jurisdicción. El Senado controlado por republicanos rechazó dos veces en 2025 resoluciones que habrían limitado la autoridad de Trump para continuar la acción militar contra Venezuela y los strikes contra embarcaciones. La autorización del Congreso, por tanto, no ha sido revocada ni modificada. La operación opera bajo la interpretación ejecutiva del 1 de octubre de 2025.

El factor diplomático regional

Conviene anotar quién apoya el operativo y quién no. Trinidad y Tobago, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá y Puerto Rico se han identificado como «apoyo activo». Argentina, Ecuador y Paraguay han mostrado «apoyo político». Reino Unido ha proporcionado apoyo logístico. La mayoría del resto de la región —Brasil, Colombia, México, Cuba— ha guardado distancia explícita o crítica.

Para Venezuela bajo Delcy Rodríguez, la persistencia del operativo es complicada de procesar. La captura de Maduro fue presentada como un acuerdo tácito entre la transición tutelada y Washington. La continuidad de los strikes —incluso si están dirigidos formalmente contra carteles, no contra Caracas— funciona como recordatorio constante de la asimetría de la relación bilateral. Es presión que no se nombra como presión, pero opera como presión.

El cierre que conviene retener

Hay 188 personas muertas en ocho meses. La mayoría no ha sido identificada públicamente por SOUTHCOM. La mayoría no ha sido nombrada en sentencias judiciales. La mayoría no ha sido juzgada en un proceso adversarial. Han sido designadas combatientes, atacadas y eliminadas bajo una interpretación ejecutiva de derecho de guerra que el Congreso no ha revocado.

Para los hispanos en Estados Unidos —y para los estados con altos vínculos familiares con la región del Caribe, particularmente Florida, Nueva York, Texas, Massachusetts y Nueva Jersey— el operativo no es lejano. Cada strike puede tocar redes familiares. Cada muerto sin identificar deja un vacío que las familias en países de origen no llenan con respuestas oficiales. Es una operación militar de estado permanente que ha hecho del Caribe un teatro de guerra de baja intensidad. Y mientras los strikes continúen al ritmo actual, ese estado permanente no es excepcional. Es la nueva normal.