Política
El acuerdo sobre el TSJ dice cuatro cosas y el orden importa
El comunicado firmado el 12 de agosto pone la reforma de la Ley Orgánica del TSJ antes del nombramiento de nuevos magistrados. Es exactamente lo que la doctrina jurídica venía reclamando.
El comunicado firmado el 12 de agosto por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera enumera cuatro puntos sobre el sistema de justicia. Pero la clave está en el orden: reforma de la Ley Orgánica del TSJ en primer lugar, y solo después el nombramiento de nuevos magistrados. Es exactamente lo que el constitucionalista Ángel Alberto Bellorín viene reclamando desde hace más de una década.
| QUÉ | Acuerdo para transformar el sistema de justicia mediante reforma de la Ley Orgánica del TSJ, renovación del Comité de Postulaciones, activación de un nuevo proceso de postulación y conformación de un consejo revisor de credenciales. |
| QUIÉN | Delegación del Gobierno Nacional encabezada por Jorge Rodríguez y delegación de la AN 2015 encabezada por Dinorah Figuera. |
| CUÁNDO | Comunicado firmado el 12 de agosto de 2026 en Caracas. Cronograma de ejecución comienza en agosto de 2026. |
| DÓNDE | Mesa de diálogo instalada en Caracas bajo la facilitación del Departamento de Estado de EE.UU. |
| POR QUÉ | Culminación del Primer Ciclo de Conversaciones entre Gobierno Nacional y AN 2015 iniciado el 1 de agosto. |
| CÓMO | Mediante cuatro puntos ordenados con precedencia técnica: primero la ley, después las postulaciones. |
El comunicado firmado el 12 de agosto de 2026 en Caracas por el delegado del gobierno interino Jorge Rodríguez y por la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 Dinorah Figuera cabe en dos páginas. Pero contiene una decisión editorial jurídica que la mayoría de la cobertura del día leyó como enumeración administrativa y que en realidad es la única forma técnicamente correcta de reconstruir un Tribunal Supremo de Justicia sin repetir los errores de origen que han deslegitimado a los tribunales anteriores.
El acuerdo enumera cuatro medidas para el sistema de justicia. Vale la pena leerlas en el orden exacto en que aparecen firmadas.
Primera: reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia.
Segunda: renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales.
Tercera: activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ.
Cuarta: conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.
El orden no es accidental. Reformar la ley antes de constituir el comité, constituir el comité antes de abrir el proceso, abrir el proceso antes de evaluar credenciales. Es una secuencia técnica que responde a un problema que la doctrina constitucional venezolana ha señalado durante más de una década y que ninguna de las composiciones anteriores del Tribunal Supremo ha atendido.
La doctrina que llevaba años esperando
El coronel Ángel Alberto Bellorín, abogado con doctorado en ciencias jurídicas mención derecho constitucional y profesor titular universitario, ha publicado durante los últimos quince años una serie sistemática de análisis sobre por qué las composiciones sucesivas del Tribunal Supremo de Justicia venezolano han estado viciadas desde su origen. Sus textos, publicados regularmente en el portal Curadas y en su cuenta de Facebook, sostienen una tesis única y precisa: el problema no es solo quiénes son los magistrados, sino cómo se seleccionan. Y ese cómo depende de una ley orgánica que, sostiene Bellorín, es inconstitucional en su formulación actual.
En enero de 2025, tras la juramentación del último grupo de magistrados nombrados por la Asamblea Nacional de 2020, Bellorín publicó una pieza titulada «Los juramentos y las promesas» donde formuló el diagnóstico en términos categóricos. La frase clave, que conviene citar textualmente: «El brutal error de nombrar dichos magistrados sin modificar la inconstitucional ley orgánica del TSJ, deslegitimó su origen, al mismo nivel que los nombrados por Diosdado Cabello en Diciembre del 2015». Y añadía: la primera actividad de la asamblea legislativa debió ser cumplir su función principal, que es legislar. Debió reformar en forma urgente la viciada ley, y así le fue solicitado en varias ocasiones como única forma jurídica para restablecer el espíritu, propósito y razón de ser del Comité de Postulaciones Judiciales.
La observación de Bellorín se apoya en tres artículos constitucionales: el 263, el 264 y el 270. El primero establece los requisitos para ser magistrado. El segundo, el procedimiento de postulación. El tercero, la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, que la Constitución define como un comité integrado por representantes de «los diferentes sectores de la sociedad». La Ley Orgánica del TSJ vigente, aprobada por vía habilitante durante el chavismo, alteró esa composición para dar predominio a los diputados, contradiciendo el mandato constitucional de representación amplia de la sociedad civil.
En mayo de 2026, tras la juramentación del actual Comité de Postulaciones Judiciales por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, Bellorín publicó «Hacia un comité de postulaciones sin diputados». El texto, disponible en Curadas, reitera la tesis y actualiza su aplicación: el comité juramentado en 2026 mantiene el vicio de origen porque continúa reflejando la composición viciada de la ley orgánica que no ha sido reformada.
El paralelismo entre lo que Bellorín viene exigiendo hace más de una década y lo que aparece firmado el 12 de agosto es exacto. Reformar primero. Nombrar después. Y hacerlo con un consejo revisor de credenciales que efectivamente evalúe el cumplimiento del baremo constitucional, no solo el cumplimiento formal de requisitos administrativos.
Lo que dice el texto firmado, sin adornos
El acuerdo, en su punto 2 sobre el sistema de justicia, establece literalmente:
«a) Reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia.»
«b) Renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales.»
«c) Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ.»
«d) Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.»
Cuatro puntos. Ordenados. Con un cronograma que, según el mismo comunicado, «comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso».
Lo que el texto firmado no dice
El comunicado, como se detalla en la pieza de reacciones publicada hoy en este medio, no fija fechas concretas para ninguna de las cuatro medidas. Solo señala que el cronograma comienza en agosto de 2026. No indica cuándo se presenta el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ ante la Asamblea Nacional. No indica cuándo se produce la renovación del comité. No indica cuándo se abre el nuevo proceso de postulación. No indica cuánto durará el proceso completo hasta la designación efectiva de los nuevos magistrados.
Esa ausencia de fechas es la primera crítica documentada al acuerdo por parte de sectores independientes de la sociedad civil venezolana. Y es una crítica legítima. Pero conviene distinguirla del contenido técnico del acuerdo mismo. Que las fechas no aparezcan no altera el hecho de que el orden de las medidas es correcto. Ambas cosas pueden y deben decirse.
Cambiar todo el TSJ significa exactamente eso
El punto (c) del acuerdo firmado establece «la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ». No una parte. No los magistrados de una sala específica. No la reposición de vacantes por jubilación. Todos.
Esta es la magnitud real del compromiso firmado, y merece que el lector la procese sin adornos. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano actual tiene 32 magistrados titulares y magistradas titulares, distribuidos en la Sala Plena y en las siete salas de la institución. El acuerdo del 12 de agosto compromete a las dos delegaciones a activar un proceso que remueva y sustituya a los 32.
Ninguna negociación política previa entre gobierno y oposición venezolana, en los al menos dieciocho procesos de diálogo documentados durante los últimos veinte años, había producido un compromiso escrito y firmado con esa magnitud. El acuerdo de Barbados de 2023 estableció mecanismos de revisión de inhabilitaciones y compromisos sobre garantías electorales, pero no comprometió una renovación completa del tribunal máximo. Los diálogos de República Dominicana de 2018 y de Noruega de 2019 tampoco. El diálogo del Vaticano de 2016 llegó a discutir composición del TSJ pero no firmó compromiso sobre renovación total.
La firma del 12 de agosto es, en términos escritos y verificables, la primera vez en la historia reciente venezolana en que una delegación gubernamental acepta poner en la mesa la renovación completa del tribunal máximo. Y lo hace en el orden técnico correcto según la doctrina constitucional independiente.
Qué habría que verificar en los próximos treinta días
El acuerdo compromete que el cronograma comience en agosto. Los próximos treinta días son, por tanto, el primer punto de contraste entre firma y ejecución. Hay al menos tres verificaciones concretas que la sociedad venezolana y este medio podrán hacer.
Primera: si durante agosto se presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del TSJ, con contenido que efectivamente atienda las observaciones constitucionales sobre la composición del Comité de Postulaciones. Si el proyecto no aparece, o si aparece con la misma composición viciada actual, la doctrina Bellorín será violada desde el primer paso.
Segunda: si la renovación del Comité de Postulaciones ocurre después de la reforma de la ley y no antes. El orden importa por razones jurídicas explicadas arriba. Renovar el comité bajo la ley actual solo replicaría el problema.
Tercera: si el consejo revisor de credenciales que el acuerdo compromete conformar efectivamente evalúa el baremo constitucional completo, y no se limita a verificación administrativa de documentos. La expresión textual del acuerdo es «el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación». Ese «baremo de evaluación» es el punto donde el consejo revisor puede volverse ejercicio real de reinstitucionalización, o ejercicio formal sin efecto sustantivo.
Este medio dará seguimiento a las tres verificaciones y las incorporará al especial Verificable que registra las decisiones documentadas del proceso.
Una precisión final sobre lo que este acuerdo es y lo que no es
El texto firmado el 12 de agosto no resuelve la reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano. No podía hacerlo, porque una firma no es una reforma. Lo que hace, y hay que registrarlo con precisión, es comprometer un cronograma que, si se ejecuta técnicamente en el orden correcto, permitiría por primera vez desde 1999 una composición del TSJ construida sobre una ley orgánica constitucional y sobre un Comité de Postulaciones no viciado en su origen.
El acuerdo no garantiza que eso vaya a ocurrir. Depende de la ejecución. Depende de si la reforma legal llega antes del nombramiento. Depende de si el consejo revisor de credenciales opera efectivamente. Depende de si las fechas que hoy no aparecen en el papel se establecen en un cronograma público verificable en las próximas semanas.
Pero el orden está firmado. Y ese orden es exactamente el que la doctrina constitucional independiente venezolana viene reclamando desde hace más de una década sin haber sido escuchada. Ese es el hecho editorial de mayor peso del día, y merece ser leído con la precisión técnica que su firma exige.
Fuentes principales
- Comunicado conjunto firmado el 12 de agosto de 2026 por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, dos páginas, con firmas manuscritas y sellos institucionales.
- Ángel Alberto Bellorín, «Los juramentos y las promesas», Curadas, 15 de enero de 2025.
- Ángel Alberto Bellorín, «Hacia un comité de postulaciones sin diputados», Curadas, 24 de mayo de 2026.
- Ángel Alberto Bellorín, «TSJ Prescripción de la hermenéutica…», Curadas, 8 de marzo de 2026.
- Ángel Alberto Bellorín, «Las complicidades en la telaraña habilitante», Curadas, 23 de diciembre de 2024.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 263, 264 y 270.
- Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente.
- Registros históricos de procesos de diálogo Venezuela: Vaticano 2016, República Dominicana 2018, Noruega 2019, Barbados 2023.
Vinculación
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VITRINA POLÍTICA · EL CANAL DE NITU
El miércoles 11, el día en que se ratificaron 30 años a Caguaripano, la PNB cercó la casa de Perkins Rocha y se alargaron las postulaciones al TSJ, El Canal de Nitu leyó todo como una sola señal. «La casa por cárcel es una medida cautelar y en ninguna parte dice que está prohibida la visita», se dijo allí. Y sobre la prórroga: quien quiere ser magistrado «no puede esperar el último día».
Foto de archivo: Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, agosto de 2010. Fotografía de archivo; no corresponde al proceso de selección de 2026 ni al programa de Nitu. Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. CC BY-SA 3.0 Unported. CC BY-SA 3.0. Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Un análisis del cerco policial a la casa de Perkins Rocha, la condena ratificada a Caguaripano y la prórroga de las postulaciones al TSJ. |
|---|---|
| Quién | Nitu Pérez Osuna y Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS. |
| Cuándo | Miércoles 11 de noviembre de 2026. |
| Dónde | El Canal de Nitu, en YouTube. |
| Por qué | Los tres hechos ocurrieron a dos días de la cuarta ronda de la Mesa de Caracas, que tiene en su agenda el nuevo TSJ. |
| Cómo | En una conversación de unos 50 minutos, con preguntas de la audiencia. |
Alianza editorialINCÍSOS + El Canal de Nitu
«Pura comiquita». Así tituló Nitu Pérez Osuna su programa del miércoles 11 de noviembre en El Canal de Nitu (ver el programa completo). Ese día, una corte de Carabobo ratificó 30 años de cárcel al capitán Juan Carlos Caguaripano, la PNB impidió las visitas a Perkins Rocha sin orden judicial y el Comité de Postulaciones Judiciales alargó una semana el plazo para aspirar al TSJ. Para el editor de INCÍSOS, Alfredo Yánez Mondragón, los tres hechos fueron «una demostración clara de eso que llaman patadas de ahogado».
«Casa por cárcel» no es un penal
Según el relato de la familia, el funcionario de la PNB que nunca se identificó respondió que la restricción era «una orden de la comandancia», y argumentó que, como a Rocha le dieron casa por cárcel, su casa se había convertido en un centro de reclusión. Yánez lo rebatió: «Casa por cárcel es una medida cautelar y en ninguna parte dice que está prohibida la visita». Dijo que lo consultó con varios abogados y que esa prohibición «no existe en ninguna parte».
En el video que se difundió desde el edificio de Rocha se oye el mismo argumento: «La casa de Perkins no es ningún sitio de reclusión. Él está sometido a una medida cautelar de un tribunal que restringe que él pueda salir. Ustedes lo que tienen es un apostamiento policial». Y la petición de María Constanza Cipriani, su esposa, a los vecinos que se concentraron frente al edificio: «No nos abandonen. No nos suelten de la mano». Por la tarde, los funcionarios dejaron entrar al abogado y a una vocera de Vente Venezuela (El Diario).
Nitu recordó que desde el 8 de febrero, cuando Rocha recibió la medida, por su casa ha pasado «un gentío», incluidas Dinorah Figuera y María Corina Machado, y lo comparó con lo que vivió Antonio Ledezma en su arresto domiciliario: los expresidentes del Grupo IDEA quisieron visitarlo y no se lo permitieron. Su lectura fue que el cerco buscaba impedir otras visitas internacionales.
Para Yánez, el mensaje es otro: «Nosotros estamos aquí, nos mantenemos, somos los mismos. Aquí no ha pasado nada. Olvídense del nuevo momento político. El nuevo momento político lo regentamos nosotros». Y fue más lejos: «Esto que hicieron hoy en la casa de Perkins Rocha es el golpe continuado del 4 de febrero de 1992».
Una prórroga sin razón
Sobre el TSJ, Nitu preguntó si la avalancha de aspirantes del último día era una maniobra del Gobierno para justificar la prórroga. Yánez dijo que no lo sabe, pero que la prórroga no se justifica: «Si tú quieres de verdad pertenecer al Tribunal Supremo de Justicia, tú no puedes esperar el último día». Recordó que el 5 de noviembre ya había más de 300 postulados y que la imagen de la fila del último día no la difundió el comité: «¿Por qué no lo vimos el martes, el jueves, el viernes anterior? Ah, no, lo vimos hoy».
Y repitió una exigencia que ya había planteado en este programa: que el país conozca a los aspirantes. «¿Dónde están las credenciales de los otros 390? ¿Por qué eso se ha convertido en un secreto de Estado?». Hasta ahora, solo una decena ha dado la cara.
A pesar de todo, defendió el proceso como un ejercicio de ciudadanía: los aspirantes «van a pasar por ese criterio evaluador de los siete juristas especializados» y por el baremo. Y anticipó qué espera: un TSJ con muchos magistrados afines a quienes hoy tienen el poder, «pero va a ser un Tribunal Supremo de Justicia bastante mejor que el que tenemos hoy».
Lo que no aparece en la mesa
La conversación pasó por otros dos temas. El primero, la ley eléctrica, que ancla las tarifas «en la moneda de mayor valor» en un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares. El segundo, los militares. Nitu destacó la entrevista del general retirado Ovidio Poggioli en Política sin Pasiones, que INCÍSOS reseñó aquí, y anunció que lo invitará. Yánez señaló que los militares también votaron el 28 de julio de 2024 y que muchos ayudaron a llevar las actas: «Ese es el semillero para reestructurar de nuevo a la Fuerza Armada». Recordaron además a los 21 sargentos de Cotiza en huelga de hambre tras cumplir su pena.
Un cerco sin orden judicial, una condena ratificada tras años de aplazamientos y una prórroga sin explicación: los tres hechos del miércoles van en la misma dirección. El poder judicial y policial sigue funcionando con la lógica de antes, mientras la Mesa de Caracas discute cómo cambiarlo. Por eso la prueba del nuevo TSJ no será el número de aspirantes, sino si el país puede conocerlos y si los que lleguen están dispuestos a revisar causas como las de Rocha y Caguaripano.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el juez de la causa deje por escrito que Rocha puede recibir visitas; que se identifique a quien dio la «orden de la comandancia»; que el comité publique la lista completa de aspirantes con sus credenciales; y que la Mesa ponga los nombres de los presos políticos en su agenda.
Para leer más en INCÍSOS
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: Caguaripano y Rocha.
- El comité alarga hasta el 18 las postulaciones al TSJ: la prórroga.
- El país no pide prórroga: el Inciso de hoy.
- Más de 200 aspirantes al TSJ siguen sin rostro para el país: el programa del martes.
Fuentes principales: El Canal de Nitu, programa completo; El Diario.
EE.UU. · INMIGRACIÓN
La pausa administrativa del Noveno Circuito, que impide por ahora devolver el TPS a miles de venezolanos, vence el viernes 20 de noviembre. No es un fallo de fondo, y la reactivación no sería automática. Mientras tanto, los documentos de TPS vencidos no sirven para trabajar ni para viajar.
Foto de archivo: Hugo Londoño / Wikimedia Commons. Foto de archivo: protesta en Caracas, Venezuela, el 26 de octubre de 2016. Hugo Londoño / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0). CC BY-SA 2.0. Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La pausa judicial que mantiene suspendida la restitución del TPS para venezolanos. |
|---|---|
| Quién | La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el Gobierno de Trump, la Alianza Nacional del TPS y los beneficiarios venezolanos. |
| Cuándo | La pausa empezó el 6 de noviembre y vence el 20 de noviembre de 2026. |
| Dónde | EE.UU. |
| Por qué | Un tribunal de distrito ordenó restituir el TPS, el Noveno Circuito rechazó suspender esa orden el 30 de octubre, pero el 3 de noviembre concedió una pausa de 14 días. |
| Cómo | Con una suspensión administrativa que puede acortarse, prorrogarse o sustituirse. |
Miles de venezolanos en EE.UU. tienen una fecha marcada: el viernes 20 de noviembre. Ese día vence la pausa administrativa de 14 días que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le concedió al Gobierno el 3 de noviembre, y que empezó a correr el 6. La pausa impide, por ahora, que se cumpla la orden de un tribunal de distrito de restituir el Estatus de Protección Temporal (La Nación; El Cronista).
Qué es, y qué no es, esa pausa
No es un fallo de fondo. El 30 de octubre, el Noveno Circuito rechazó el pedido del Gobierno de suspender la orden del tribunal de distrito. Días después concedió una pausa corta, que puede acortarse, prorrogarse o sustituirse por otra decisión (La Nación). El Gobierno podría pedir a la Corte Suprema que intervenga, como ya hizo antes en este caso, pero hasta ahora eso no está confirmado.
El litigio se centra en los titulares de la designación de 2023. Para algunos de la de 2021, los reportes difieren. Quienes salieron de EE.UU. no quedarían protegidos, y aunque se levante la pausa, la reactivación no sería automática: habría que esperar la guía del USCIS (La Nación).
Qué hacer mientras tanto
- No usar documentos vencidos: el permiso de trabajo o el aviso de TPS vencido no sirve para trabajar, viajar ni probar estatus.
- Reunir papeles: el formulario I-797, el I-94, el permiso de trabajo y los recibos de USCIS.
- Revisar la página del USCIS a partir del 20 de noviembre, y desconfiar de quien cobre por «reactivar» el TPS antes de que haya guía oficial.
- Si pidió asilo: el trámite sigue, y según el caso se puede pedir o mantener un permiso de trabajo.
- Consultar a un abogado de inmigración o a una organización acreditada antes de tomar decisiones (La Nación).
Los vuelos no paran
Mientras se decide, siguen las deportaciones. El miércoles 11 llegaron a Barcelona, en Anzoátegui, otros 349 migrantes deportados desde EE.UU. (Prensa Latina).
La pausa del Noveno Circuito no decide nada, pero en la vida de quien depende de un permiso de trabajo, catorce días pesan. La Alianza Nacional del TPS insiste en que la única solución duradera es una ley del Congreso que dé residencia permanente. Esa discusión legislativa no ofrece garantías y su resultado no está decidido.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Noveno Circuito decida si levanta la pausa; que el USCIS publique la guía para los beneficiarios; que el Gobierno diga si irá a la Corte Suprema; y que el nuevo Congreso presente una ley que resuelva el estatus de los venezolanos.
Para leer más en INCÍSOS
- El TPS no vuelve el viernes 6; la corte da 14 días: la pausa de 14 días.
- Trump admite que su política de deportaciones pudo ser «demasiado dura»: Trump y las deportaciones.
- Siete millones sin consulado: siete millones sin consulado.
Fuentes principales: La Nación; El Cronista; Prensa Latina.
VITRINA POLÍTICA · PRESOS Y JUSTICIA
Desde este jueves 12, una comisión de la Asamblea Nacional revisará casos de presos con retardo procesal para darles juicio en libertad o beneficios. Arreaza dice que no tiene que ver con las liberaciones que Figuera anunció para la cuarta ronda de la Mesa de Caracas, que empezaría el viernes 13. El cerco a Perkins Rocha cedió en la tarde.
Foto de archivo: Carlos Díaz / Wikimedia Commons. Familiares y sociedad civil durante una visita a presos políticos en Ramo Verde, Venezuela, 26 de julio de 2014. Foto de archivo; no corresponde a los hechos del 12 de noviembre de 2026. Carlos Díaz / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0). CC BY 2.0. Imagen reducida proporcionalmente, sin recorte.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Una comisión para revisar casos de presos con retardo procesal y la agenda de la cuarta ronda de la Mesa de Caracas. |
|---|---|
| Quién | Pedro Infante y Jorge Arreaza, de la AN de 2025; Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora; Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo. |
| Cuándo | La comisión se instala el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m.; la Mesa empezaría, «idealmente», el viernes 13. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | El Gobierno habla de combatir «la criminalización de la pobreza»; la oposición espera una nueva jornada de liberaciones. |
| Cómo | Con juicios en libertad, medidas, redenciones de pena y revisión de casos de salud, excluyendo delitos graves. |
«Se activa entonces a partir de mañana a las 10:00 de la mañana». Con esas palabras, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2025, Pedro Infante, anunció el miércoles 11 una comisión que revisará los casos de presos con retardo procesal, la mayoría de sectores vulnerables. El objetivo, dijo, es «agilizar todo el proceso» y garantizar el debido proceso (El Diario).
El diputado Jorge Arreaza, vocero de la comisión de la ley de amnistía, explicó las prioridades: privilegiar el juicio en libertad, otorgar medidas y beneficios, calcular redenciones de pena, evaluar casos de salud y reducir los centros de detención preventiva. Quedarían fuera los acusados de narcotráfico, asesinato o violación. «Recordemos que la presidenta llamó a combatir la criminalización de la pobreza», dijo (El Diario).
«No tiene nada que ver con eso»
La comisión llega en la víspera de la cuarta ronda de la Mesa de Caracas. Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, dijo el 8 de noviembre que estaban «a las puertas» de una jornada de liberaciones tras un acuerdo con Jorge Rodríguez, y pidió incluir a más militares presos (El Diario). Arreaza negó la relación: «No, no tiene nada que ver con eso» (El Diario).
Las cifras oficiales y las de las ONG no coinciden. Según el Gobierno, la ley de amnistía de febrero benefició a más de 9.000 personas y este año fueron liberadas más de 1.000. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advierte que entre los liberados hay personas que no estaban registradas como presos políticos (El Diario). La Plataforma Unitaria cuenta al menos 393 presos políticos y María Corina Machado presentó una lista de más de 400 tras visitar El Rodeo I (El Diario).
La cuarta ronda
La Mesa debería empezar, «idealmente», el viernes 13, aunque ninguna de las dos asambleas lo había anunciado de forma oficial (El Diario; Infobae/EFE). Es la cuarta jornada desde que se instaló el 12 de agosto. Figuera llegó el miércoles a Maiquetía y el resto de la delegación llegaría el jueves.
En la agenda están la reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, para devolver los partidos judicializados a sus directivas legítimas; el seguimiento de la reforma de la Ley contra el Odio, y la reforma del artículo 105 de la Ley de la Contraloría, que permite las inhabilitaciones políticas. El CNE, que Rubio pidió empezar a discutir, todavía no tiene fecha: la oposición dice que por ahora se concentra en el TSJ (El Diario). Abogados presentaron además solicitudes para más de 52 presos dispuestos a salir del país a cambio de su libertad (El Diario).
Rocha: el cerco cedió por la tarde
Figuera fue el miércoles a la casa de Perkins Rocha, a quien la PNB le había impedido recibir visitas según la denuncia citada. La acompañaron Jorge Millán y Juan Miguel Matheus. Por la tarde, los funcionarios dejaron entrar a su abogado, Omar Mora Tosta, y a Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela. «Estaremos atentos a que no persistan estas tácticas intimidantes para él, su familia, abogados y visitantes», dijo Figuera (El Diario). No está claro si la restricción se levantó por completo.
Revisar el retardo procesal es necesario: en Venezuela hay miles de presos sin juicio, y muchos son pobres sin abogado. Pero una comisión que libera a presos comunes no reemplaza la liberación de los presos políticos. El riesgo es que las cifras se mezclen y que los 9.000 beneficiados de la amnistía y los 1.000 liberados del año tapen los nombres que faltan: Caguaripano, Rocha, los sargentos de Cotiza. Y la libertad a cambio del exilio no es libertad.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la comisión publique cuántos casos revisa, con qué criterios y con qué resultados; que el Foro Penal y la Plataforma Unitaria puedan contrastar las listas; que la Mesa anuncie liberaciones con nombre y apellido; y que nadie tenga que irse del país para salir de la cárcel.
Para leer más en INCÍSOS
- Ratifican 30 años a Caguaripano y cercan la casa de Perkins Rocha: Caguaripano y Rocha.
- Los sargentos de Cotiza, en huelga de hambre tras cumplir su condena: los sargentos de Cotiza.
- El Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, dice Figuera: las liberaciones anunciadas.
- Libertad no es destierro: libertad no es destierro.
Fuentes principales: El Diario, liberaciones; El Diario, negociaciones; El Diario, Figuera y Rocha; Infobae/EFE.
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