CLAVE 3-N · WASHINGTON

El líder demócrata de la Cámara es un «hard yes» a la resolución contra el secretario de Defensa, a quien culpa de una «guerra elegida» en Irán. El republicano Thomas Massie puede presentarla desde este lunes y obliga a votar en dos días. Trump, mientras tanto, dice que EE.UU. dio «un paso gigante hacia atrás».

«I’m a hard yes on the Hegseth resolution». Soy un sí rotundo a la resolución contra Hegseth. Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, lo dijo el domingo 8 de noviembre en This Week, de ABC, y fue más allá: «Pete Hegseth has got to go», Hegseth tiene que irse. Lo acusó de abusar de su autoridad, de debilitar la seguridad nacional y de una «guerra elegida» en Irán que, dijo, subió los precios e hizo al país menos seguro (ABC News).

La resolución no es demócrata. La presenta Thomas Massie, republicano que deja el Congreso, y puede llegar desde el lunes 9. Tiene ocho artículos, entre ellos supuestas violaciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Por ser privilegiada, obliga a los líderes a programar una votación en dos días legislativos. Jeffries dijo que su bancada lo discutirá el martes por la mañana, al volver a Washington, y anticipó un apoyo «increíblemente fuerte» (ABC News).

La aritmética de noviembre

Hay un detalle que importa: la Cámara que votaría esta semana es todavía la saliente, con mayoría republicana hasta el 3 de enero. Para que la resolución prospere necesita votos republicanos además de los demócratas, y, aun aprobada, el juicio lo decide el Senado, donde la destitución exige dos tercios.

Trump y Blanche

Trump, por su parte, escribió el domingo que «America took a giant step back in History with the results of the last Election», que EE.UU. dio un paso gigante hacia atrás con los resultados de la elección, y lo atribuyó a una caída de la bolsa (ABC News). Su fiscal general, Todd Blanche, consultado en CNN sobre si investigará a los demócratas que anuncian pesquisas, respondió: «It depends on what’s said. So, yes, there could be». Depende de lo que se diga, así que sí, podría haberlas. Es la continuación de la orden que Trump dio el sábado por Truth Social.

Mientras tanto, la guerra sigue. El Comando Central creó la Task Force Iron Gate para extender el bloqueo a Irán a las rutas terrestres y al mar Caspio, y el secretario de Estado, Marco Rubio, viaja a la reunión de cancilleres del G7 en París (CBS News).

El juicio político a Hegseth es, antes que nada, un juicio a la guerra con Irán, la que según el propio Vance costó la elección. Que lo impulse un republicano y lo respalde el líder demócrata dice mucho del clima en Washington. Para Venezuela, Hegseth no es un nombre lejano: es el secretario de la operación del 3 de enero y de los ataques en el Caribe. Lo que se juzgue sobre los poderes de guerra también define cuánto margen tendrá la Casa Blanca en la región.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Massie presente la resolución, que la Cámara la vote en el plazo de dos días y que alrededor de cinco republicanos se sumen a los demócratas para alcanzar aproximadamente 218 votos (una estimación con unos 213 demócratas); y, en enero, que el nuevo Senado tenga los dos tercios que no tiene.

Para leer más en INCÍSOS

1. Trump pide al Departamento de Justicia investigar a los demócratas por «extorsión»: Trump contra los demócratas.
2. Massie insiste en el juicio político a Hegseth y Trump lo defiende: el caso.
3. Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana: la guerra y la derrota.
4. Trump admite que su política de deportaciones pudo ser «demasiado dura»: Trump en 60 Minutes.

Fuentes principales: ABC News, sobre Jeffries; ABC News, actualizaciones del 8 de noviembre; CBS News.

VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS

Dinorah Figuera salió de una reunión con Jorge Rodríguez con un anuncio: el Gobierno está «a las puertas» de liberar a otro grupo de presos políticos. No hubo fecha, número ni nombres. La pregunta es si llega antes del miércoles 11, cuando la mesa de negociación vuelve a sentarse.

«Queremos consolidar que salgan todos los presos políticos, es una demanda que está haciendo no solamente la población». Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, salió el domingo 8 de noviembre de una reunión con Jorge Rodríguez con un anuncio: según le dijo el jefe del Parlamento, el Gobierno está «a las puertas» de anunciar otro grupo de excarcelaciones (Infobae).

No hubo fecha, número ni nombres. Figuera contó que los representantes de la oposición pidieron una y otra vez un compromiso concreto para la libertad de todos los presos políticos. Y añadió un detalle que abre otra discusión: trasladó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pedidos de los familiares de presos militares, y algunos de ellos, dijo, quieren salir de Venezuela una vez libres, con España y Alemania como destinos posibles.

Una semana que empezó en El Rodeo

El anuncio cierra una secuencia de tres días. El viernes 6, María Corina Machado leyó frente a El Rodeo I más de 400 nombres. El sábado 7, las familias pudieron abrazar a los presos en una visita de tres horas, cuando antes eran 20 minutos tras un vidrio. El domingo 8, Figuera habló con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez. El miércoles 11 empieza la cuarta ronda de la mesa de negociación, que se extiende hasta el domingo 15.

Las cifras

El Foro Penal cuenta 322 presos políticos: 182 civiles y 140 militares. En agosto, Delcy Rodríguez dijo que 1.046 venezolanos habían recuperado la libertad desde que comenzó el proceso, en enero. La ley de amnistía de febrero alcanzó a más de 8.000 personas, aunque muchas ya estaban fuera de prisión con medidas judiciales. En el campamento de El Rodeo I quedan unos 20 familiares; al principio eran cerca de cien (Infobae). El Gobierno sigue negando que existan presos políticos: sostiene que todos están detenidos por delitos.

Un anuncio de excarcelaciones es una buena noticia a medias hasta que tiene nombres. La experiencia de este año enseña tres cosas. Que excarcelar no es liberar: muchos salen con régimen de presentación, prohibición de salida o de declarar. Que los anuncios se administran al ritmo de la negociación. Y que la frase sobre España y Alemania merece atención: salir del país puede ser un deseo legítimo de quien teme por su vida, pero nunca debe ser la condición de su libertad. La Constitución, en su artículo 50, prohíbe desterrar a un venezolano (Constitución; Inciso).

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el anuncio llegue con nombres, antes del miércoles 11; que las excarcelaciones sean libertades plenas, sin medidas cautelares que mantengan a los liberados en silencio; y que nadie tenga que salir de Venezuela para dejar de estar preso.

Para leer más en INCÍSOS

1. Libertad no es destierro: el Inciso.
2. Los presos de El Rodeo I vuelven a abrazar a sus familias: los abrazos de El Rodeo I.
3. Machado lee frente a El Rodeo más de 400 nombres de presos: los más de 400 nombres.
4. La cuarta ronda del diálogo será del 11 al 15 de noviembre: la cuarta ronda.

Fuentes principales: Infobae; Foro Penal; Constitución de 1999.

VITRINA POLÍTICA · EL NUEVO TSJ

El penalista rechaza la promoción política y los apoyos públicos institucionales a los aspirantes. Exige hojas de vida abiertas al escrutinio, independencia comprobable y claridad sobre cuánto cobra un magistrado.

Alberto Arteaga Sánchez plantea una condición para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia: que la selección no se resuelva por popularidad ni por respaldo político, sino por la conducta, la independencia y la capacidad de quienes aspiran a juzgar. En sus publicaciones en X del 5 al 7 de noviembre, el penalista y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV (perfil) cuestiona tanto la promoción de candidaturas como una renuncia partidista que se quede en el papel.

Su formulación más directa llegó el sábado 7: «No se trata de elegir para el TSJ a los más populares, sino a los más sabios, prudentes y honorables» (X).

Esa noche amplió el reparo. Escribió que no estaba de acuerdo con la promoción o campaña política para integrar el tribunal, ni con los apoyos públicos institucionales, y cerró con una exigencia: «Sencillamente, la comunidad exige transparencia, pulcritud y apego a la Constitución» (X). No identificó a un candidato ni a una institución concretos.

La distinción importa en un proceso en el que los nombres pueden ganar visibilidad antes de que se conozca cómo serán evaluados. El reconocimiento público de un abogado no sustituye el examen de sus credenciales; un respaldo institucional tampoco demuestra, por sí solo, que podrá decidir sin obedecer a quienes lo promovieron.

La independencia no se acredita con una carta

Arteaga Sánchez no reduce el problema a estar inscrito o no en un partido. El 5 de noviembre escribió: «La renuncia a la militancia político-partidista no es un asunto documental. Debe ser acreditada por las actuaciones de los candidatos, cuya hoja de vida debe estar abierta al escrutinio público» (X).

Dos días después insistió en que la renuncia no era una simple formalidad y reclamó una conducta ajena a la «obsecuencia partidista» (X). Su planteamiento desplaza la atención del documento de renuncia hacia el comportamiento del aspirante: qué ha hecho, cómo ha actuado y qué permite comprobar su autonomía.

La ley ya exige renunciar a la militancia político-partidista. El artículo 37 de la Ley Orgánica del TSJ incorpora, además, conducta ética y moral intachables, honorabilidad y competencia (Acceso a la Justicia). La Constitución establece la reconocida honorabilidad y las vías de trayectoria profesional, académica o judicial para acceder al cargo (Constitución). No se trata, por tanto, de reemplazar las credenciales con una impresión personal, sino de evaluar ambas dimensiones: preparación e integridad.

Su rechazo a los apoyos públicos tampoco debe confundirse con una prohibición de que las organizaciones jurídicas presenten candidaturas. El artículo 264 de la Constitución contempla la postulación por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. La objeción del penalista apunta a la promoción política; el mecanismo constitucional de postulación es otra cosa.

Cuánto cobra un magistrado también importa

El jurista incorpora una pregunta menos visible en la discusión sobre los nombres: cuáles son las condiciones materiales del cargo. En varias publicaciones preguntó por el sueldo integral, los bonos, los beneficios socioeconómicos y el personal a disposición de un magistrado. También relató que un candidato le había confesado que desconocía la remuneración (X; X).

No son preguntas accesorias. Conocer cómo se remunera el ejercicio judicial permite discutir si una persona puede asumirlo sin depender de ingresos o vínculos incompatibles con su función. Arteaga reclama, al mismo tiempo, examinar el «tenor de vida» del candidato, su coherencia moral y su comportamiento en la comunidad (X). La transparencia alcanza así tanto las condiciones que ofrece el Estado como la conducta de quien aspira al cargo. Sus mensajes no certifican el salario vigente: son un reclamo de información, no una escala salarial oficial.

La edad y la decisión pendiente

El sábado por la noche planteó también si resultaba sensato optar a una responsabilidad tan alta con más de 85 años, con una comparación con la edad de renuncia de los obispos (X). No señaló a una persona concreta. Es una reflexión suya sobre el desempeño del cargo: ni el artículo 263 de la Constitución ni el artículo 37 de la ley del TSJ fijan una edad máxima para ser magistrado.

Respecto de sí mismo, el 5 de noviembre escribió: «Postularme sería una insensatez y un insensato no puede ser magistrado» (X). Lo hizo dentro de una conversación sobre sueldo, bonos y condiciones del cargo. El mensaje expresa su posición personal; no acredita el retiro de una candidatura inscrita.

Las consideraciones llegan mientras el proceso sigue abierto. De acuerdo con el cronograma tentativo, el cierre de postulaciones está previsto para el 11 de noviembre a las 4:00 p. m., y la publicación de la lista de aspirantes, para el 12 (Acceso a la Justicia; INCÍSOS). La lista no equivale a una designación: la Constitución asigna al Comité de Postulaciones una primera preselección, al Poder Ciudadano una segunda y a la Asamblea Nacional la selección definitiva. También reconoce el derecho de los ciudadanos a formular objeciones fundadas.

Análisis

El punto de fondo no es escoger entre abogados conocidos y desconocidos. Es comprobar si las nuevas designaciones cambiarán la relación del tribunal con el poder político. Para eso, el procedimiento debe permitir examinar actuaciones, contrastar credenciales y responder a objeciones. Sin ese examen público, sustituir los nombres puede dejar intacta la dependencia que se pretende superar.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité publique las hojas de vida completas de los aspirantes, que se conozca la remuneración real de un magistrado y que las objeciones ciudadanas tengan respuesta pública antes de la preselección.

Para leer más en INCÍSOS

1. El primer corte dirá qué TSJ viene: el Inciso.
2. La justicia no se construye en una mesa de negociación, advierte Aguiar: Asdrúbal Aguiar sobre la legitimidad.
3. El baremo del TSJ premia la antigüedad, advierte Acceso a la Justicia: el baremo.

Fuentes principales: Publicaciones de Alberto Arteaga Sánchez en X del 5 al 7 de noviembre de 2026 (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12); Ley Orgánica del TSJ, Acceso a la Justicia; Constitución de 1999; Acceso a la Justicia; perfil profesional.