VITRINA POLÍTICA · EL NUEVO TSJ

El penalista rechaza la promoción política y los apoyos públicos institucionales a los aspirantes. Exige hojas de vida abiertas al escrutinio, independencia comprobable y claridad sobre cuánto cobra un magistrado.

Alberto Arteaga Sánchez plantea una condición para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia: que la selección no se resuelva por popularidad ni por respaldo político, sino por la conducta, la independencia y la capacidad de quienes aspiran a juzgar. En sus publicaciones en X del 5 al 7 de noviembre, el penalista y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV (perfil) cuestiona tanto la promoción de candidaturas como una renuncia partidista que se quede en el papel.

Su formulación más directa llegó el sábado 7: «No se trata de elegir para el TSJ a los más populares, sino a los más sabios, prudentes y honorables» (X).

Esa noche amplió el reparo. Escribió que no estaba de acuerdo con la promoción o campaña política para integrar el tribunal, ni con los apoyos públicos institucionales, y cerró con una exigencia: «Sencillamente, la comunidad exige transparencia, pulcritud y apego a la Constitución» (X). No identificó a un candidato ni a una institución concretos.

La distinción importa en un proceso en el que los nombres pueden ganar visibilidad antes de que se conozca cómo serán evaluados. El reconocimiento público de un abogado no sustituye el examen de sus credenciales; un respaldo institucional tampoco demuestra, por sí solo, que podrá decidir sin obedecer a quienes lo promovieron.

La independencia no se acredita con una carta

Arteaga Sánchez no reduce el problema a estar inscrito o no en un partido. El 5 de noviembre escribió: «La renuncia a la militancia político-partidista no es un asunto documental. Debe ser acreditada por las actuaciones de los candidatos, cuya hoja de vida debe estar abierta al escrutinio público» (X).

Dos días después insistió en que la renuncia no era una simple formalidad y reclamó una conducta ajena a la «obsecuencia partidista» (X). Su planteamiento desplaza la atención del documento de renuncia hacia el comportamiento del aspirante: qué ha hecho, cómo ha actuado y qué permite comprobar su autonomía.

La ley ya exige renunciar a la militancia político-partidista. El artículo 37 de la Ley Orgánica del TSJ incorpora, además, conducta ética y moral intachables, honorabilidad y competencia (Acceso a la Justicia). La Constitución establece la reconocida honorabilidad y las vías de trayectoria profesional, académica o judicial para acceder al cargo (Constitución). No se trata, por tanto, de reemplazar las credenciales con una impresión personal, sino de evaluar ambas dimensiones: preparación e integridad.

Su rechazo a los apoyos públicos tampoco debe confundirse con una prohibición de que las organizaciones jurídicas presenten candidaturas. El artículo 264 de la Constitución contempla la postulación por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. La objeción del penalista apunta a la promoción política; el mecanismo constitucional de postulación es otra cosa.

Cuánto cobra un magistrado también importa

El jurista incorpora una pregunta menos visible en la discusión sobre los nombres: cuáles son las condiciones materiales del cargo. En varias publicaciones preguntó por el sueldo integral, los bonos, los beneficios socioeconómicos y el personal a disposición de un magistrado. También relató que un candidato le había confesado que desconocía la remuneración (X; X).

No son preguntas accesorias. Conocer cómo se remunera el ejercicio judicial permite discutir si una persona puede asumirlo sin depender de ingresos o vínculos incompatibles con su función. Arteaga reclama, al mismo tiempo, examinar el «tenor de vida» del candidato, su coherencia moral y su comportamiento en la comunidad (X). La transparencia alcanza así tanto las condiciones que ofrece el Estado como la conducta de quien aspira al cargo. Sus mensajes no certifican el salario vigente: son un reclamo de información, no una escala salarial oficial.

La edad y la decisión pendiente

El sábado por la noche planteó también si resultaba sensato optar a una responsabilidad tan alta con más de 85 años, con una comparación con la edad de renuncia de los obispos (X). No señaló a una persona concreta. Es una reflexión suya sobre el desempeño del cargo: ni el artículo 263 de la Constitución ni el artículo 37 de la ley del TSJ fijan una edad máxima para ser magistrado.

Respecto de sí mismo, el 5 de noviembre escribió: «Postularme sería una insensatez y un insensato no puede ser magistrado» (X). Lo hizo dentro de una conversación sobre sueldo, bonos y condiciones del cargo. El mensaje expresa su posición personal; no acredita el retiro de una candidatura inscrita.

Las consideraciones llegan mientras el proceso sigue abierto. De acuerdo con el cronograma tentativo, el cierre de postulaciones está previsto para el 11 de noviembre a las 4:00 p. m., y la publicación de la lista de aspirantes, para el 12 (Acceso a la Justicia; INCÍSOS). La lista no equivale a una designación: la Constitución asigna al Comité de Postulaciones una primera preselección, al Poder Ciudadano una segunda y a la Asamblea Nacional la selección definitiva. También reconoce el derecho de los ciudadanos a formular objeciones fundadas.

Análisis

El punto de fondo no es escoger entre abogados conocidos y desconocidos. Es comprobar si las nuevas designaciones cambiarán la relación del tribunal con el poder político. Para eso, el procedimiento debe permitir examinar actuaciones, contrastar credenciales y responder a objeciones. Sin ese examen público, sustituir los nombres puede dejar intacta la dependencia que se pretende superar.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité publique las hojas de vida completas de los aspirantes, que se conozca la remuneración real de un magistrado y que las objeciones ciudadanas tengan respuesta pública antes de la preselección.

Para leer más en INCÍSOS

1. El primer corte dirá qué TSJ viene: el Inciso.
2. La justicia no se construye en una mesa de negociación, advierte Aguiar: Asdrúbal Aguiar sobre la legitimidad.
3. El baremo del TSJ premia la antigüedad, advierte Acceso a la Justicia: el baremo.

Fuentes principales: Publicaciones de Alberto Arteaga Sánchez en X del 5 al 7 de noviembre de 2026 (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12); Ley Orgánica del TSJ, Acceso a la Justicia; Constitución de 1999; Acceso a la Justicia; perfil profesional.

EN PANTALLA · EL NUEVO TSJ

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, no se postulará al TSJ. En El Canal de Nitu explicó por qué: un tribunal necesita legitimidad, y la legitimidad, sostiene, solo la da el voto. El tribunal que salga de este proceso, advirtió, «no crea que es para toda la vida».

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INCÍSOS + El Canal de Nitu

Una periodista le preguntó a Asdrúbal Aguiar, la mañana del viernes 6 de noviembre, si se postularía al Tribunal Supremo de Justicia. Le dijo que «medio país» se lo pedía. Esa misma tarde, en El Canal de Nitu, contó su respuesta: ve a sus discípulos «lanzándose en esa suerte de refriega», pero él no irá, porque «la justicia no se construye sobre una mesa de negociación».

Aguiar, exministro de Relaciones Interiores, exgobernador de Caracas, exjuez de la Corte Interamericana y secretario general del Grupo IDEA, que reúne a expresidentes de España y América Latina, explicó la idea: la justicia necesita «la institución invisible de la confianza», la «ejemplaridad del maestro» y la legitimidad, «que no es la legalidad».

«No hay constitución»

Su diagnóstico es duro. «En Venezuela hay una desmaterialización constitucional absoluta, total. No hay constitución». Y desde ahí planteó una pregunta a los futuros magistrados. El artículo 1 de la Constitución de 1999 funda los valores de la República en la doctrina de Simón Bolívar. «¿Con cuál Bolívar se quedan?», preguntó. ¿Con el de Angostura, en 1819, que proponía un Senado hereditario? ¿Con el de Cartagena, en 1812, que dudaba de que el pueblo estuviera preparado para la libertad? ¿O con el de la Constitución boliviana de 1826, con un presidente vitalicio que escoge a su sucesor, «como lo hizo Hugo Chávez»?

Aguiar no pide una constituyente como la de 1999, que Nitu Pérez Osuna recordó como la que «tiró al país». Habla de una «fórmula constituyente», como la del Congreso que en 1961 redactó la Constitución de la democracia civil. Pero tiene una certeza: «Uno no puede sostener hacia el futuro una experiencia democrática con la Constitución de 1999» (Constitución).

Primero el voto

Para Aguiar, el orden importa. «¿Cómo se construye confianza y legitimidad? A través de la vía electoral. No hay otra, por lo pronto». Por eso, dijo, la convocatoria a elecciones «no puede dilatarse». Y añadió una advertencia para el proceso en curso: el poder electoral transitorio y el tribunal que se están armando no deben creer que son para toda la vida, «porque vendrá un proceso de relegitimación de todos los poderes públicos».

Recordó también el caso boliviano de principios de los años ochenta, cuando los militares terminaron por entregar el poder a Hernán Siles Zuazo, el presidente que habían impedido asumir tras ganar las elecciones. Para Aguiar, el equivalente venezolano es Edmundo González, «el custodio de la voluntad popular». Nitu le preguntó por la posibilidad de una junta de gobierno con González, algo que, según dijo ella sin precisar la fuente, se conversa en el Departamento de Estado. Aguiar respondió: «Puede ser una junta, puede ser un presidente».

Tuvo también una crítica para la oposición: el estatuto de transición de 2019 ordenaba al presidente encargado convocar elecciones, y el interinato terminó «gobernando en paralelo».

Análisis

Aguiar describe el problema con precisión: un tribunal nombrado por actores sin legitimidad hereda esa falta. Pero la alternativa que propone, primero elecciones y después los poderes, choca con la secuencia que firmaron Machado y González en Madrid, que pone el nuevo TSJ y el nuevo CNE antes del voto (INCÍSOS). Las dos posturas pueden convivir si el tribunal que salga de este proceso se asume como transitorio y si su selección es tan pública que se gane la confianza que hoy no tiene. Eso se empieza a medir el jueves 12, fecha prevista para la primera lista según el cronograma tentativo (Inciso).

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el acuerdo que nombre al nuevo TSJ diga por escrito cuánto durará, que su selección se pueda auditar paso a paso y que la fecha electoral deje de ser un año para convertirse en un día.

Para leer más en INCÍSOS

1. El primer corte dirá qué TSJ viene: el Inciso.
2. Arteaga Sánchez pide elegir al TSJ por sabiduría, no por popularidad: lo que pide Alberto Arteaga Sánchez.
3. Apitz, Raffalli y Casal se postulan al TSJ sin criterios de entrevista: los postulados.
4. Expresidentes iberoamericanos premian a Machado en Miami el martes 10: el foro de los expresidentes en Miami.

Fuentes principales: Entrevista de Nitu Pérez Osuna a Asdrúbal Aguiar en El Canal de Nitu, 6 de noviembre de 2026; Constitución de 1999.

VITRINA POLÍTICA · EE.UU. DESPUÉS DEL 3-N

Cuatro días después de perder las dos cámaras, Trump ordenó en Truth Social investigar a los demócratas que hablan de juicios políticos contra su fiscal general y su secretario de Defensa. Lo llamó «extorsión al más alto nivel» y apuntó a la senadora Elissa Slotkin. No presentó pruebas. La pelea por los próximos dos años ya empezó.

«This is extortion at the highest level, and they should be held accountable for this». Esto es extorsión al más alto nivel, escribió Donald Trump el sábado 7 de noviembre en Truth Social. Y siguió: «By copy of this statement, I am ordering the Department of Justice to look into this criminal act, immediately!». Por copia de este comunicado, ordeno al Departamento de Justicia investigar este acto criminal, de inmediato (Newsweek).

El «acto criminal» al que se refiere es, según su mensaje, que los demócratas andan «amenazando a mucha gente», entre ellos al fiscal general, Todd Blanche, con juicios políticos, y a donantes republicanos con cárcel. Trump negó que Blanche u otros funcionarios hayan cometido actos que justifiquen un juicio político y pidió que «estos EXTORSIONISTAS» vayan presos (Fox 9). No presentó pruebas (Al Jazeera). Al cierre, el Departamento de Justicia no había confirmado la apertura de una investigación.

A quién apunta

El único nombre propio del mensaje es el de Elissa Slotkin, senadora por Michigan y exanalista de la CIA. Trump la acusó de querer ir contra «todos los jóvenes que creen en los valores republicanos». Lo que Slotkin dijo, el 13 de octubre en la Universidad de Chicago, fue que quiere llevar adelante «casos emblemáticos» contra Trump y «la gente que lo habilitó», para enviar un «mensaje de disuasión» a quien piense en sumarse a su gobierno. A comienzos de año, el propio Departamento de Justicia la investigó, con otros legisladores, por un video que recordaba a los militares que pueden negarse a órdenes ilegales; un gran jurado se negó a acusarlos (Newsweek).

Las amenazas de las que habla Trump son, en realidad, anuncios de control parlamentario. Jamie Raskin, que podría presidir el Comité Judicial de la Cámara, dijo esta semana que Blanche podría enfrentar audiencias de juicio político y llamó al Departamento de Justicia «Departamento de Injusticia». Hank Johnson pidió destituir a Blanche; Deborah Ross prefiere empezar por Hegseth. Robert Garcia, probable presidente del Comité de Supervisión, resumió el ánimo demócrata con dos palabras: «LAWYER UP», consigan abogado (Fox 9; Al Jazeera). Y no son solo demócratas: el republicano Thomas Massie volverá a presentar artículos de juicio político contra Hegseth.

Lo que se viene en enero

Desde enero, los demócratas podrán pedir documentos, citar a funcionarios y abrir audiencias. Han dicho que investigarán las finanzas de la familia Trump, al ICE, a Hegseth y a Blanche. Trump responde en el terreno que mejor conoce: convertir el control político en persecución. No es la primera vez que pide investigar a adversarios; ya lo hizo con el exdirector del FBI James Comey y con la fiscal general de Nueva York, Letitia James (Al Jazeera). La diferencia es que ahora lo hace con un Congreso que ya no controla y con Stephen Miller recién llegado a la jefatura de gabinete.

Análisis

Un juicio político es un procedimiento constitucional; llamarlo extorsión no lo convierte en delito. Lo preocupante del mensaje del sábado no es el tono, al que Trump tiene acostumbrado a su país, sino el método: un presidente que ordena por redes sociales a su Departamento de Justicia investigar a los legisladores que lo van a investigar a él. Para los venezolanos, la escena tiene algo conocido. La diferencia, y no es menor, es que en EE.UU. un gran jurado ya le dijo que no una vez, y en enero habrá un Congreso con poder para pedir cuentas.

Para la diáspora, la pelea tiene consecuencias concretas: el ICE está en la lista de lo que los demócratas quieren investigar, y el TPS de los venezolanos sigue en los tribunales.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Departamento de Justicia diga si abrió o no una investigación y con qué base legal, que Slotkin y los demócratas respondan sin escalar, y que en enero las investigaciones del Congreso se apoyen en documentos y no en consignas.

Para leer más en INCÍSOS

1. Stephen Miller reemplaza a Susie Wiles como jefe de gabinete de Trump: Miller en la Casa Blanca.
2. Massie insiste en el juicio político a Hegseth y Trump lo defiende: el caso Hegseth.
3. La diáspora venezolana, entre un Congreso aliado y Miller: la diáspora ante el nuevo Congreso.
4. El TPS no vuelve el viernes 6; la corte da 14 días: el TPS en los tribunales.

Fuentes principales: Newsweek; Fox 9; Al Jazeera.