Hoy la duda tiene documento. Ningún diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana había producido un compromiso firmado de renovación completa del Tribunal Supremo. Esto no es entre ellos y nosotros. Es entre lo que se firma y lo que se ejecuta. Un Inciso de Alfredo Yánez Mondragón.

El primer día del proceso, cuando esto empezó a moverse, escribí en este medio sobre el beneficio de la duda. Sostuve entonces que la desconfianza acumulada en dieciocho procesos de diálogo fallidos no debía convertirse en un veto anticipado a cualquier intento nuevo. Que el escepticismo era razonable como reflejo, pero que como método no producía resultados. Y que si un proceso lograba producir hechos verificables, había que juzgarlo por esos hechos, no por los antecedentes de quienes lo firmaban.

Hoy, catorce días después, mantengo esa posición. Y quiero explicar por qué la mantengo con más convicción, no menos, ahora que sabemos qué firmaron Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera el 12 de agosto de 2026 en Caracas.

Empiezo por lo que no es este texto. No es una celebración del acuerdo. Los acuerdos no se celebran hasta que se cumplen. No es una defensa de Jorge Rodríguez ni una idealización de Dinorah Figuera. No es un llamado a la fe ni a la paciencia infinita. Y no es, sobre todo, un texto contra las voces críticas que hoy están señalando lo que faltó, lo que sobró y lo que nadie fechó en el documento firmado. Esas voces tienen razón en lo que reclaman. La cobertura editorial de este medio, publicada hoy en pieza separada, documenta con precisión cada una de esas críticas y les da el peso que merecen.

Este texto es sobre por qué, precisamente por respeto a esas críticas, el marco general con el que leemos este momento importa.

Contra la falsa polaridad

Hay una tentación intelectual que atraviesa la conversación pública venezolana de las últimas horas y que conviene nombrar sin adornos. La tentación de leer este acuerdo, y por extensión todo el proceso, como una división entre dos bandos: los que respaldan y los que critican, los que ceden y los que resisten, los que dialogan y los que denuncian. Ellos y nosotros. Ingenuos y lúcidos. Vendidos y firmes.

Esa lectura es falsa. Y es peligrosa. Es falsa porque no describe la realidad de las posiciones que se están tomando; es peligrosa porque nos incapacita para entender lo que efectivamente está pasando.

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, dirigente histórico de Primero Justicia, preso político hasta hace un año, respalda el acuerdo. Y en el mismo pronunciamiento en el que lo respalda, sostiene que el TSJ actual ha sido «el ministerio de asuntos jurídicos de la dictadura», y exige que los nuevos magistrados sean «independientes, competentes y comprometidos con la Constitución». No hay contradicción en su posición. Hay una lectura técnica que reconoce el paso dado sin renunciar a la exigencia sobre cómo se ejecuta.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, líder principal de las fuerzas democráticas venezolanas, no participa del proceso, ha planteado condiciones estrictas para respaldarlo, y ha declarado con toda claridad que no se convertirá en obstáculo para iniciativas que produzcan avances verificables. No hay contradicción en su posición tampoco. Hay una distinción entre no ser parte del diálogo y no bloquear sus posibles resultados.

Ángel Alberto Bellorín, coronel, abogado constitucionalista, ha señalado durante años que ningún nombramiento de magistrados del TSJ es válido sin reforma previa de la Ley Orgánica que rige el proceso de selección. Su exigencia técnica lleva más de una década sin ser atendida por ninguna administración. El acuerdo del 12 de agosto pone la reforma de la ley en el primer lugar, antes del nombramiento. No es coincidencia. Es respuesta a una doctrina jurídica independiente que finalmente encontró eco en un documento firmado.

Y José Rafael González Martínez, ingeniero civil, ciudadano común, publica en su cuenta de X que «para decir esas dos pendejadas se necesitaron días de arduas y sesudas discusiones» y concluye «estamos jodíos». Su frustración es legítima. Representa a un sector amplio y sostenible de venezolanos que han visto tantos anuncios sin resultados que ya no distinguen entre uno más y algo genuinamente nuevo.

Las cuatro voces coexisten. No se cancelan entre sí. Están describiendo aspectos distintos de un mismo hecho. Y quien pretenda que hay que elegir entre respaldar a Guanipa y respaldar a Machado, entre creer a Bellorín y entender a González Martínez, no está leyendo el momento con la seriedad que exige.

Lo que efectivamente está en el documento

Voy a decir lo que rara vez se dice, porque hay que decirlo con precisión editorial: en ningún proceso de diálogo previo entre gobierno y oposición venezolana durante los últimos veinte años se había firmado un compromiso escrito para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia. En ninguno. Ni el Vaticano en 2016, ni República Dominicana en 2018, ni Noruega en 2019, ni Barbados en 2023.

El acuerdo firmado el 12 de agosto establece cuatro puntos concretos sobre justicia. El primero es reformar la Ley Orgánica del TSJ. El segundo es renovar el Comité de Postulaciones. El tercero es activar un nuevo proceso para designar a todos los magistrados. El cuarto es conformar un consejo de revisión de credenciales. En ese orden.

El orden no es adorno. Es la única secuencia técnicamente correcta según la doctrina constitucional independiente venezolana. Y es exactamente lo que Bellorín ha reclamado durante quince años sin haber sido escuchado hasta ahora.

Además, y esto también hay que decirlo, la mesa técnica número 2 del proceso está denominada «Fortalecimiento de la Democracia, Poder Judicial y Poder Electoral». El TSJ y el CNE están explícitamente en la denominación firmada. No en el discurso: en el papel. Con firma de dos delegaciones. Con una tercera pata que hay que nombrar sin eufemismos: el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya facilitación operativa a cargo de Michael Kozak y John Barrett ha sido la diferencia entre este proceso y los diecisiete anteriores.

Ninguno de los procesos previos tuvo esa tercera pata operativa con el peso que hoy tiene. El diálogo de Barbados en 2023 tuvo respaldo internacional, pero no tuvo un actor estadounidense operando activamente en la mesa. El de Noruega en 2019 tuvo facilitación europea, pero sin capacidad de generar presión estructural. La diferencia entre este momento y los anteriores no es solo lo que se firma; es también quién sostiene el proceso desde afuera para que no se descarrile en las primeras semanas.

Contra la ingenuidad y contra el cinismo

Hay dos posiciones equivalentemente ingenuas en la conversación pública actual. La primera es asumir que el acuerdo se cumplirá porque está firmado. La segunda es asumir que el acuerdo no se cumplirá porque nada previo se ha cumplido.

Las dos son perezosas. Las dos evitan el trabajo intelectual de leer lo que efectivamente cambió y lo que efectivamente no cambió.

Lo que cambió es que por primera vez hay un compromiso firmado con contenido técnico correcto sobre la renovación completa del tribunal máximo, y hay una facilitación externa con capacidad de sostener el proceso. Lo que no cambió es que las mismas partes que firman hoy son las que en el pasado firmaron otros documentos que no se ejecutaron, y que la ausencia de fechas concretas en el documento actual es una debilidad estructural real que la cobertura crítica de este medio documentó con precisión.

La lectura editorial responsable no es elegir entre las dos observaciones. Es sostener ambas simultáneamente. Reconocer que este acuerdo es sustantivamente distinto a los anteriores en lo que compromete. Y exigir sin descanso, en las próximas semanas, que se cumplan las condiciones que hacen la diferencia entre acuerdo firmado y proceso ejecutado.

Ese es el trabajo del periodismo serio en este momento. Y es el trabajo que este medio va a hacer, con seguimiento sistemático de cada uno de los puntos comprometidos, con cobertura documentada de cada retraso o cumplimiento, con voces independientes que verifiquen técnicamente los pasos que se den, y con la memoria activa del especial Verificable que registra cada decisión con su fecha y su fuente primaria.

Sobre los presos políticos, que no aparecen

Hay que decir con toda claridad una cosa que puede parecer contradictoria con lo anterior: el hecho de que los presos políticos no aparezcan en el acuerdo firmado es una ausencia grave. No es un detalle secundario. No es un tema que pueda posponerse indefinidamente a la espera de que otras cosas avancen. Hay 382 personas privadas de libertad por motivos políticos según Foro Penal, hay 49 muertes documentadas de presos comunes entre abril y julio según el Observatorio Venezolano de Prisiones, y hay familias enteras que llevan años esperando información básica sobre el estado de sus detenidos.

La ausencia de este tema en la mesa técnica actual no puede convertirse en normalización. Cada semana que pasa sin que aparezca en el proceso es una semana en la que 382 vidas están dependiendo de decisiones que no se están tomando. Y ese hecho, que documenta hoy en cobertura separada este medio, debe seguir presente en cada análisis del proceso hasta que se resuelva.

El beneficio de la duda que defiendo sobre el marco general del diálogo no se extiende a la ausencia de presos políticos en la agenda. Ahí no hay duda que dar. Hay urgencia que exigir.

El costo de leer mal este momento

Termino con lo que más me preocupa como observador del ecosistema informativo venezolano. Si la conversación pública se polariza entre «los que respaldan el diálogo» y «los que lo denuncian», perdemos la capacidad de hacer lo único que puede efectivamente empujar el proceso hacia resultados: sostener presión pública informada sobre cada punto pendiente.

El diálogo no se cae porque los críticos critiquen. Se cae porque los que firmaron dejan de sentir costo político por incumplir. Y el costo político por incumplir solo se sostiene si la sociedad venezolana se mantiene atenta a lo que se firma, exigente sobre lo que se ejecuta, y unificada en la demanda de resultados verificables independientemente de qué actor específico está en cada momento en la mesa.

Machado tiene razón en las condiciones que plantea. Guanipa tiene razón en los criterios que exige. Bellorín tiene razón en la secuencia técnica que reclama. González Martínez tiene razón en la frustración que expresa. Y el acuerdo firmado el 12 de agosto tiene razón en el orden en que colocó las cosas.

Las razones no se cancelan entre sí. Se acumulan. Y la responsabilidad del periodismo, y de cada ciudadano venezolano informado, es preservar todas esas razones simultáneamente para que ninguna se pierda en el ruido de las próximas semanas.

Ese es el beneficio de la duda que defiendo. No es fe. Es método. Y es probablemente la única forma en que un proceso que ninguno de nosotros diseñó, y sobre el cual ninguno de nosotros tiene control completo, pueda efectivamente terminar produciendo lo que llevamos veinte años esperando.

Hoy hay una firma que faltaba. Falta muchísimo más. Y lo que falta se consigue exigiéndolo, no denunciando por anticipado que no llegará.

Vinculación

• Especial Verificable · Decisiones documentadas del proceso de diálogo
• Nota del día · El acuerdo del TSJ y la doctrina Bellorín
• Nota del día · El oro con trazabilidad
• Nota del día · Reacciones al acuerdo del 12 de agosto
• Nota del día · Impsa firma con el gobierno de Delcy
• Nota del día · Inflación de julio: 19,9 por ciento y contando

Sobre el autor

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista venezolano con más de veinte años de experiencia en medios, radicado en Columbus, Ohio. Autor de más de veinte libros publicados en Amazon.