Inciso
El país que viene
El país que viene tiene que ser la suma de las participaciones. No la suma de las coincidencias. Inciso de cierre del especial Ángulos: Primer Ciclo por Alfredo Yánez Mondragón.
ESPECIAL INCÍSOS · ÁNGULOS: PRIMER CICLO
Este especial documentó voces distintas leyendo el mismo acuerdo. Ninguna coincide completamente con las otras. Todas se sostienen con rigor. Y esa coexistencia es exactamente lo que este texto quiere decir. Inciso de cierre firmado por Alfredo Yánez Mondragón.
Cierro un especial donde otros escribieron. Ese dato importa nombrarlo desde el inicio porque explica por qué este texto no puede ser un resumen. Un resumen presume que el editor procesó el debate y lo devuelve destilado, con las asperezas suavizadas y las contradicciones resueltas. Este texto no puede hacer eso. Y no debe.
Lo que puede hacer es formular una lectura sobre lo que el conjunto del especial demuestra. Y esa lectura tiene una sola tesis, breve, que defiendo con brevedad. El país que viene tiene que ser exactamente lo que este especial es. Voces distintas. Lecturas que no se cancelan. Un coro documentado que crece.
Y esa formulación no es retórica. Es diagnóstico específico sobre el momento venezolano.
Cuando el diagnóstico histórico del rol del TSJ convive con la distinción categorial entre entregables y acuerdos, y con el análisis matizado que reconoce la magnitud potencial sin celebrar a priori, y con la pedagogía política del avance, y con la lectura afirmativa desde la sobrevivencia, y con el escepticismo geopolítico articulado como método, y con la doctrina jurídica que abre la posibilidad de responsabilización específica, y con la comparación con la transición española, y con el análisis semántico del documento firmado, y con la lectura territorial desde los caseríos, y con el contrapunto duro sobre los presos políticos, y con la voz que llega desde el propio chavismo perdido, y con la voz internacional cualificada, y con las que se sumarán en próximas rondas del especial, ninguna se equivoca. Cada voz está viendo con precisión una dimensión distinta del mismo objeto.
Y la sociedad venezolana necesita todas las dimensiones simultáneamente para poder empujar el proceso hacia su ejecución sustantiva.
Esa afirmación es el corazón de este cierre. No es concesión pluralista. No es tibieza editorial. Es diagnóstico específico sobre cómo funcionan los procesos políticos complejos. Se sostienen no por la unanimidad de sus impulsores sino por la coherencia interna de cada una de las líneas de análisis que los observan con rigor. Cuando esas líneas se cancelan entre sí, el proceso se debilita. Cuando esas líneas se suman, el proceso se fortalece.
Hay que decir esto en este momento particular de la historia venezolana por dos razones.
La primera es que Venezuela viene de veinte años de polarización estructural en los que la conversación pública se organizó predominantemente en registro binario. Ese registro tuvo función durante muchos años pero también tuvo costo. Empobreció la capacidad de análisis matizado. El proceso que se abre con el primer ciclo requiere exactamente la capacidad opuesta. Ser capaces de sostener simultáneamente afirmaciones que en registro binario parecerían contradictorias. El acuerdo del 12 de agosto compromete cambios sustantivos. Y no atiende a los presos políticos. Y establece un orden técnicamente correcto para la renovación del TSJ. Y no fija fechas concretas. Y tiene una pata operativa que no tuvo ningún diálogo anterior. Y depende de la ejecución para no repetir los 18 fracasos previos. Las seis afirmaciones son ciertas simultáneamente. Un análisis serio del proceso las sostiene todas.
La segunda razón es que la tarea que sigue al acuerdo no es una tarea que pueda hacer un solo actor. La renovación del TSJ requiere reforma legal, presión pública, verificación técnica, exigencia sobre credenciales, seguimiento de cronograma, evaluación de resultados. Ninguno de esos elementos lo puede aportar una sola voz.
La reforma legal la trabajan los constitucionalistas independientes. La presión pública la sostienen las organizaciones de la sociedad civil. La verificación técnica la requiere el análisis politólogo. La exigencia sobre credenciales la formulan quienes negocian desde adentro. El seguimiento de cronograma lo demandan las voces de la línea dura. La evaluación de resultados la ejerce el periodismo independiente. La pedagogía política que explica al ciudadano común por qué esto importa la asume la política responsable. La lectura afirmativa desde la sobrevivencia la ofrece quien pagó personalmente el costo del régimen. La comprensión geopolítica del contexto la aporta el análisis internacional. La lectura territorial la aporta el trabajo en las zonas de abandono. El contrapunto duro sobre presos políticos lo sostienen las organizaciones de derechos humanos. La voz desde el propio chavismo perdido registra la ruptura interna del bloque que hasta ayer se creía inamovible.
Cada una de esas funciones es necesaria. Ninguna es suficiente. Y cuando una función pretende sustituir a las otras, el proceso pierde precisamente la infraestructura plural que necesita para materializarse.
El país que viene tiene que ser la suma de las participaciones. No la suma de las coincidencias. La suma de las participaciones. Y esa distinción es importante.
La suma de las coincidencias produce consenso artificial. Se identifica lo que todos los actores comparten y se construye desde ahí. El problema es que produce mínimos comunes que rara vez son suficientes para enfrentar problemas complejos. Cuando los actores del debate coinciden solo en las formulaciones más generales, el proceso queda entregado a la ejecución específica que nadie supervisa.
La suma de las participaciones es distinta. Cada actor mantiene su lectura específica, con sus énfasis propios, sus exigencias particulares, sus advertencias singulares. Y el proceso avanza porque cada uno cumple con su función editorial específica. Ninguno cede su lugar. Todos cumplen su función. Y el proceso, sometido a esa presión plural, se ejecuta mejor.
Esta metodología no es venezolana. Es característica de las democracias que funcionan. Las transiciones exitosas de los últimos cincuenta años no fueron producto de acuerdos unánimes de fuerzas convergentes. Fueron producto de procesos en los que cada actor cumplió su función específica y en los que el resultado emergió de la interacción documentada de esas funciones. Chile a partir de 1988, España a partir de 1975, Sudáfrica a partir de 1990, Polonia a partir de 1989. Todos fueron procesos con actores en conflicto explícito entre sí, no procesos armoniosos. Y todos fueron procesos que funcionaron precisamente por eso.
Este especial cierra su primera versión con las voces documentadas hasta hoy. Y es especial vivo. Habrá segunda, tercera, cuarta ronda. Habrá voces de la iglesia que aún no aparecen. Habrá voces político-partidistas mayores todavía por incorporar. Habrá análisis técnico especializado que se sumará. Habrá voces ciudadanas organizadas que articularán sus lecturas cuando sea el momento. Y cada nueva voz se sumará bajo la misma condición editorial. La articulación tiene que sostenerse con rigor propio. Puede ser análisis técnico, testimonio biográfico, línea partidista declarada, humor caraqueño con lectura geopolítica. Lo que no puede ser es afirmación sin fundamento, ataque personal sin argumento, o repetición mecánica de línea sin elaboración propia.
Esa condición no es limitante. Es lo que permite que el especial funcione como archivo público. Cada voz documentada aporta al mapa exactamente lo que sostiene. Y el lector puede evaluar por sí mismo si esa lectura le convence, le informa, le desafía o le confronta. La evaluación queda del lado del lector, no del editor.
Este especial cierra la cobertura editorial del primer ciclo del proceso venezolano hasta el 13 de agosto de 2026. Los seis días entre el 8 y el 13 quedaron documentados con detalle. El acuerdo firmado, sus contenidos específicos, sus alcances técnicos, sus ausencias notorias, las reacciones más consistentes de la sociedad civil venezolana, y las lecturas articuladas de las voces que aceptaron su lugar en el mapa.
Abre lo que sigue. Y lo que sigue es la ejecución del acuerdo o el incumplimiento del acuerdo. Ambas posibilidades son reales. La primera abre la puerta a un proceso de reinstitucionalización que Venezuela lleva décadas esperando. La segunda repite el patrón de los 18 diálogos previos fallidos.
La diferencia entre una y otra no la determinarán las voces del debate público, aunque el debate público influya. La diferencia la determinará la presión sostenida sobre las partes firmantes para que ejecuten lo que se comprometieron a ejecutar.
Esa presión sostenida es exactamente lo que la suma de las participaciones documentadas permite construir. Cada voz cumple su función. Ninguna sustituye a las otras. Y el proceso, sometido a esa presión plural, tiene la oportunidad de convertirse en algo distinto a los procesos anteriores. Puede no lograrlo. Pero por primera vez en años tiene la oportunidad. Y esa oportunidad merece ser trabajada con la seriedad que amerita.
Cierro con la formulación que este especial demuestra, y que quiero dejar dicha con la mayor precisión posible.
El país que viene tiene que ser la suma de todos los que lo estén pensando. No la suma de los que coinciden. La suma de los que participan con rigor propio en el debate público, cada uno desde el ángulo que le corresponde, cada uno con la exigencia que su lugar en el proceso le impone.
Ninguna voz sola alcanza. La suma sí puede.
Y esa suma, si va a ser real, va a ser exactamente lo que este especial es. Participación plural documentada, sin unanimidades artificiales, sin cancelaciones recíprocas, sin protagonismos individuales. Un país construyéndose en el debate público que se toma en serio a sí mismo.
Eso es lo que este especial deja dicho.
Sobre el autor
Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS. Periodista venezolano radicado en Columbus, Ohio. Autor de más de veinte libros publicados en Amazon.
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Imagen de archivo: Edificio PDVSA CVP en Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela; propuesta documental de archivo, no fotografía de protesta del 10 de noviembre. Guaiquerí / Wikimedia Commons. CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Fuente · CC0 1.0.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Por una cuenta del Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares venezolanos en nueve meses. Casi todos volvieron para sostener el bolívar. Ese mismo martes, los jubilados petroleros se encadenaron a PDVSA y la Sudeban tuvo que repetir que no se cobra comisión a una pensión de 130 bolívares.
El martes 10 de noviembre pasaron tres cosas que conviene leer juntas.
En la mañana, unos jubilados de PDVSA se encadenaron a los portones de La Campiña. Cobran 350 dólares, se les van en medicinas y piden, como adelanto de una deuda de 720 millones, 6.000 dólares para pasar la Navidad. «Aquí nos estamos muriendo, todas las semanas se mueren jubilados», dijo uno (La Patilla).
Al mediodía se conoció que la Sudeban tuvo que repetir, por quinta vez desde 2010, que los bancos no pueden cobrar mantenimiento en la cuenta de un pensionado (El Nacional). El salario mínimo legal es de 130 bolívares: unos 14 centavos de dólar a la tasa oficial del 11 de noviembre.
Y por la tarde, The New York Times reveló el informe de KPMG: por la cuenta de custodia que controla Washington pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre enero y septiembre. Volvieron al país 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar en las subastas de divisas (Infobae/EFE).
La cuenta y la mesa
Hay que reconocer lo bueno. Por primera vez en muchos años, el dinero del petróleo pasa por una cuenta que alguien audita. No se lo llevaron a Andorra ni lo prestaron a cambio de comisiones. Volvió. Eso, en la historia de PDVSA, no es poco.
Pero volvió para sostener una moneda, no para pagar una deuda con los jubilados. Volvió para que el dólar oficial suba un poco más despacio, no para que la pensión sirva para algo. Once mil setecientos millones de dólares se fueron, sobre todo, a las subastas, y mientras tanto el bolívar siguió subiendo: de 897,5383 bolívares por dólar el 9 de noviembre a 901,6175 el 11 de noviembre.
No digo que defender la moneda sea un error; una devaluación sin freno castiga primero a los más pobres. Digo que es una decisión, y que esa decisión se tomó sin que nadie la discutiera en público. Ni la Asamblea, ni los sindicatos, ni los jubilados supieron, hasta este martes, cuánto entraba ni adónde iba. Lo supimos por una filtración a un periódico extranjero.
Las prioridades se ven en los números
Si 12.260 millones pasan por una cuenta y los jubilados petroleros tienen que encadenarse para pedir un adelanto, el problema no es la falta de dinero; es el orden de prioridades. Y ese orden hoy lo deciden el BCV, el Departamento de Estado y el Tesoro, con un informe confidencial de por medio.
La transición que se discute en París y en Caracas tiene fecha para el TSJ y una promesa de elecciones. También necesita algo más inmediato: que el país sepa cuánto gana con su petróleo y en qué lo gasta. Una pensión de 130 bolívares en un país que mueve 12.000 millones en nueve meses no es pobreza: es una decisión.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el informe de KPMG se publique completo; que la cuenta de custodia rinda informes mensuales públicos; que una parte de esos ingresos se destine, por norma, a pagar la deuda con los fondos de pensiones; y que la pensión deje de estar atada a un salario mínimo de 130 bolívares.
— Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Infobae/EFE, informe de KPMG citado por The New York Times; La Patilla; El Nacional; Finanzas Digital.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Rubio dijo en París lo que la diáspora repite desde hace años: para votar, hacen falta consulados abiertos. En 2024, de más de siete millones de venezolanos fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar. Si diciembre trae un nuevo CNE, la primera prueba de que es nuevo estará en el extranjero.
Hay una frase de Marco Rubio que se perdió entre las fechas. El lunes, en París, después de poner al nuevo TSJ a mediados de diciembre, el secretario de Estado dijo: «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos».
Lo dijo un funcionario de Washington. Lo sabíamos todos.
Las cifras de 2024
En las presidenciales del 28 de julio de 2024, de más de 7,7 millones de venezolanos que viven fuera del país, solo 69.189 estaban habilitados para votar en el exterior. Es alrededor del 1,5 % del registro. En el operativo de inscripción de ese año, apenas 6.528 lograron inscribirse o actualizar sus datos, según el estudio de Mi Voto Cuenta (El Diario).
Los obstáculos tenían nombre. La ley exige que el elector en el exterior «posea residencia», y los consulados la interpretaron como residencia permanente y pidieron documentos que la ley no exige. La CIDH lo cuestionó, porque millones de venezolanos no tienen visa de residencia (El Diario). En EE.UU., el problema era anterior: no había, y no hay, dónde inscribirse.
Un país que vota afuera
La diáspora no es un apéndice del país. Es casi uno de cada cuatro venezolanos. Manda remesas, sostiene familias, tiene hijos estudiando en Columbus, en Doral, en Madrid o en Bogotá. Y en un año electoral en EE.UU. aprendió cuánto pesa su voto donde puede ejercerlo. Lo que no tiene es la posibilidad de votar en su propio país.
Si el nuevo CNE llega, como dice Rubio, muy poco después de que el nuevo TSJ quede constituido a mediados de diciembre, su primera prueba no estará en Caracas. Estará en un consulado de Houston, de Miami o de Madrid, el día que un venezolano con pasaporte vencido y sin residencia permanente pueda inscribirse sin humillaciones.
Lo que no debería esperar
Hay cosas que no dependen de un TSJ nuevo. Abrir consulados en EE.UU. depende de dos gobiernos que hoy, según su propio presidente, «se llevan muy bien». Aceptar el pasaporte vencido como documento de identidad para votar depende de una decisión administrativa. Interpretar la residencia como el lugar donde uno vive, y no como una visa, depende de voluntad.
Un calendario electoral que empieza en Caracas y se olvida de los siete millones de afuera no es una transición. Es una elección para los que se quedaron, decidida también por los que se fueron.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Caracas y Washington acuerden la reapertura de los consulados venezolanos en EE.UU.; que el nuevo CNE abra un operativo de inscripción en el exterior con pasaporte vencido y sin exigir residencia permanente; y que ese operativo empiece antes de que se convoquen las elecciones, no después.
— Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: El Diario, declaraciones de Rubio; El Diario, obstáculos del voto en el exterior, 2024.
INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN
Se anuncian nuevas excarcelaciones y, con ellas, aparece una palabra que creíamos de otra época: algunos presos saldrían rumbo a España o Alemania. ¿Qué es eso? En un «nuevo momento político», la libertad tiene que poder vivirse en Venezuela.
La semana empieza con la expectativa en alta. El viernes, María Corina Machado leyó frente a El Rodeo I más de 400 nombres. El sábado, las familias pudieron abrazar a los suyos sin un vidrio de por medio. El domingo, Dinorah Figuera habló con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez, y salió con un anuncio: el Gobierno está «a las puertas» de liberar a otro grupo de presos políticos. Falta saber si el anuncio llega antes del miércoles, cuando las partes vuelvan a sentarse frente a frente en la cuarta ronda de la mesa de Caracas.
Pero en esa misma conversación apareció un detalle que no puede pasar de largo. Según Figuera, algunos presos militares quieren salir de Venezuela una vez libres. España y Alemania, dijo, son destinos posibles (Infobae).
¿Qué es eso?
Una palabra vieja
Lo hemos visto antes, y no tan lejos. En 2010, la dictadura cubana liberó a los presos de la Primavera Negra con un boleto a Madrid bajo el brazo. En 2023, el régimen de Daniel Ortega subió a 222 presos políticos nicaragüenses a un avión rumbo a Washington y, de paso, les quitó la nacionalidad. Y los venezolanos tenemos nuestra propia memoria de excarcelaciones que terminaron en un aeropuerto, con el país como precio de la libertad.
Ese mecanismo tiene nombre: destierro. Es la forma en que un poder se libra de un preso incómodo sin admitir que lo era. El preso sale de la celda y la celda se vuelve el mapa. Deja de ser un problema en el penal y pasa a ser un exiliado más, lejos, sin voz en la plaza donde su ausencia pesaba.
Lo que dice la Constitución
La Constitución de 1999, esa que todos invocan y pocos cumplen, lo dice en su artículo 50: ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas (Constitución). No es un detalle jurídico. Es la frontera entre una libertad y un trueque.
Hay que ser justos. Un hombre que pasó años preso, que fue torturado o que teme por su familia tiene todo el derecho a irse, y nadie puede reprochárselo. Querer salir puede ser una decisión legítima, y tantas veces lo ha sido. El problema empieza cuando la salida deja de ser una elección y se convierte en una condición. Cuando el mensaje es: te soltamos, pero lejos.
El «nuevo momento político»
Se supone que vivimos un «nuevo momento político». Hay una mesa, hay un plan con fases, hay un Comité de Postulaciones y una fecha para el primer corte del TSJ. Si de verdad hay un momento nuevo, se tiene que notar en esto: en que un preso político liberado pueda caminar por su ciudad, volver a su casa, hablar en una plaza, y que nadie le indique la puerta de embarque.
Un país que libera a sus presos para exportarlos no ha cambiado; ha cambiado el método. Un país que los libera para que se queden empieza a ser otro.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que las excarcelaciones que se anuncien sean libertades plenas, sin régimen de presentación ni prohibición de declarar; que ninguna incluya la salida del país como condición, escrita o tácita; y que quien decida irse lo haga por su voluntad, con su pasaporte y con el derecho a volver.
— Alfredo Yánez Mondragón
Fuentes principales: Infobae; Constitución de 1999, artículo 50.
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