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Economía

El gobierno de Delcy Rodríguez firma con Impsa para atender la crisis eléctrica

La empresa argentina Impsa firmó el 12 de agosto un acuerdo con el gobierno venezolano para intervenir en la crisis eléctrica. Es decisión unilateral del rodrigato, en paralelo al proceso de diálogo.

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La empresa argentina Impsa, especializada en tecnología hidroeléctrica y energía, firmó el 12 de agosto de 2026 un acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez para intervenir en la crisis eléctrica venezolana. Es decisión unilateral del gobierno actual, en paralelo al proceso de diálogo con la AN 2015 y no parte de él.

QUÉ Firma de acuerdo entre el gobierno venezolano y la empresa argentina Impsa para intervenir en la crisis eléctrica.
QUIÉN Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, e Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA).
CUÁNDO 12 de agosto de 2026, en el mismo día que se firmó el acuerdo de la mesa de diálogo.
DÓNDE Venezuela, con impacto proyectado sobre generación y distribución eléctrica nacional.
POR QUÉ Crisis eléctrica estructural que precede al doble terremoto del 24 de junio y se ha agravado en los últimos meses.
CÓMO Mediante acuerdo firmado con la empresa argentina, cuyos detalles técnicos específicos requieren verificación con documento oficial.

El mismo día que las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional electa en 2015 firmaron el acuerdo de la mesa de diálogo, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció por vía separada la firma de un acuerdo con la empresa argentina Impsa para atender la crisis eléctrica venezolana.

La distinción es importante y merece ser establecida desde el inicio: el acuerdo con Impsa no forma parte del proceso de diálogo con la AN 2015. Es una decisión unilateral del gobierno actual, tomada por sus propios canales ejecutivos y anunciada en paralelo al comunicado conjunto de la mesa. Los dos hechos ocurrieron el mismo día pero pertenecen a lógicas políticas distintas.

Este medio dará seguimiento al acuerdo específico con Impsa a medida que aparezcan los detalles técnicos y económicos oficiales. Al momento del cierre de esta nota, la información disponible es la del anuncio inicial. Este medio publicará actualización con el comunicado oficial completo y con las respuestas del sector eléctrico venezolano cuando esos elementos estén disponibles con la verificación que el especial Verificable exige.

Qué es Impsa

Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) es una empresa argentina fundada en 1907 y con sede principal en Mendoza, dedicada a la fabricación de equipos para generación de energía. Su especialización histórica es la tecnología hidroeléctrica: turbinas, generadores, componentes electromecánicos para centrales hidroeléctricas. También produce equipos para energía eólica y, en las últimas dos décadas, ha diversificado hacia servicios de ingeniería para el sector energético en general.

La empresa tiene antecedentes de relación comercial con Venezuela. Durante la primera década del chavismo, Impsa participó en proyectos hidroeléctricos venezolanos con contratos de suministro de equipos para diversas centrales. La empresa atravesó una crisis financiera significativa en la última década y fue reestructurada, pasando en 2021 a control mayoritario del Estado argentino a través del fondo Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Esta condición particular de Impsa —empresa con participación estatal argentina significativa— añade una dimensión que merecerá seguimiento: el acuerdo firmado no es solo un contrato comercial bilateral entre gobierno venezolano y empresa privada. Involucra, aunque sea indirectamente, la estructura empresarial de otro Estado.

La crisis eléctrica que precede al terremoto

El acuerdo con Impsa se firma en un contexto donde la crisis eléctrica venezolana no es solo consecuencia del doble terremoto del 24 de junio de 2026, aunque los sismos agravaron significativamente la situación. La crisis es estructural y precede al terremoto por al menos una década y media.

El portal LaPatilla publicó el 5 de agosto una nota titulada «El último que apague la luz: 17 años de excusas, apagones y promesas incumplidas por el chavismo» que documenta los principales eventos de colapso del sistema eléctrico venezolano desde el mega apagón de marzo de 2019. La cobertura reciente documenta protestas activas por apagones en distintos estados: vecinos de Don Samuel cerraron la Troncal 5 en Mirí de Barinas el 5 de agosto, maestros jubilados protestaron en Mérida el mismo día, y comunidades de varios estados han venido reportando racionamientos que exceden las 12 horas diarias en algunas zonas.

Las causas técnicas de la crisis, según sectores gremiales del sector eléctrico organizados en el pasado bajo denominaciones como Fedeindustria Eléctrica, incluyen falta de mantenimiento del sistema Guri (que provee cerca del 70 por ciento de la electricidad nacional), descapitalización del sistema de transmisión y distribución, salida masiva de personal técnico calificado durante la última década, y contratación insuficiente de reemplazos con formación equivalente.

Ninguno de estos elementos estructurales se resuelve con la firma de un acuerdo con una empresa argentina. Impsa puede aportar tecnología y componentes, pero la crisis eléctrica venezolana requiere una combinación de inversión en infraestructura, recuperación del personal técnico, mantenimiento sistemático y reforma tarifaria que va más allá del alcance de un contrato con un proveedor externo.

Lo que este medio verificará en las próximas semanas

Cuatro puntos concretos serán verificables una vez que se publiquen los detalles oficiales del acuerdo con Impsa. Este medio los cubrirá:

Uno: monto total del acuerdo, moneda de pago y fuente de financiamiento. Es especialmente relevante en un contexto donde la inflación de julio 2026 alcanzó el 19,9 por ciento mensual según cifras del BCV publicadas hoy (cubiertas en nota aparte en este medio), lo que plantea preguntas sobre la capacidad presupuestaria del Estado venezolano para asumir compromisos comerciales de esta magnitud.

Dos: alcance técnico específico. ¿El acuerdo cubre suministro de equipos nuevos, servicios de mantenimiento a infraestructura existente, o consultoría de reingeniería del sistema? Cada opción tiene implicaciones muy distintas sobre la eficacia probable en la reducción de apagones.

Tres: calendario de ejecución. Como ocurre con el acuerdo de la mesa de diálogo publicado hoy, un compromiso sin fechas concretas queda sujeto a la voluntad política sostenida. En un contexto de crisis estructural, las fechas son la diferencia entre solución y anuncio.

Cuatro: articulación con Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional). El acuerdo debe traducirse en instrumentos ejecutables por el operador estatal del sistema eléctrico. Sin esa articulación, cualquier compromiso queda en el papel.

Una cuestión editorial pendiente

Este medio cubre las decisiones del gobierno actual de Delcy Rodríguez con el mismo criterio que aplica al resto de actores del proceso venezolano: fuente primaria verificable, contraste con antecedentes, respeto por la posición editorial del medio que no reconoce a las autoridades del rodrigato como electas legítimamente.

En este caso específico, la nota informa sobre un hecho ejecutivo del gobierno actual (firma de un acuerdo con una empresa extranjera para atender una crisis estructural que afecta a millones de venezolanos) sin que esa cobertura implique validación ni deslegitimación política. Es información de utilidad pública sobre una decisión que afecta directamente a la vida cotidiana de la población venezolana, independientemente de la posición que este medio mantiene sobre el estatus político del gobierno que la firmó.

Cuando aparezcan los detalles oficiales completos del acuerdo, esta nota será actualizada. Y las voces del sector eléctrico venezolano, cuando emerjan con respuestas técnicas concretas, serán incorporadas en cobertura subsecuente.

Fuentes principales

  • Anuncio del gobierno de Delcy Rodríguez sobre firma con Impsa el 12 de agosto de 2026 (documento oficial completo pendiente de publicación).
  • Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), información institucional pública disponible en su sitio web y en registros comerciales argentinos.
  • LaPatilla, «El último que apague la luz: 17 años de excusas, apagones y promesas incumplidas por el chavismo», 5 de agosto de 2026.
  • Cobertura de protestas por apagones en distintos estados venezolanos, agosto de 2026.
  • Antecedentes contractuales de Impsa con Venezuela durante la última década y media.
  • Registros públicos sobre la crisis eléctrica venezolana y el sistema Guri.

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Economía

El riesgo país cayó a la mitad y Venezuela sigue en default

De 12.671 a 6.037 puntos básicos. Una caída que refleja apuestas sobre la recuperación de los bonos, no la capacidad de pago del país.

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ECONOMÍA · DEUDA · MERCADOS

El índice de riesgo de JPMorgan para Venezuela bajó 52% en 2026. No significa que el país pueda financiarse: sigue en cesación de pagos desde 2017 y su deuda duplicaría el tamaño de la economía. El mercado compra expectativa, no solvencia.

Las 6W · INCÍSOS

QuéEl EMBI de Venezuela cayó 52% en 2026, de 12.671 a 6.037 puntos básicos.
QuiénTenedores de bonos venezolanos y de PDVSA, JPMorgan y el gobierno encargado.
CuándoEntre el 2 de enero y el 3 de septiembre de 2026.
DóndeMercados internacionales de deuda.
Por quéLas licencias petroleras y los acuerdos de inversión mejoraron las expectativas de recuperación.
CómoPor la subida de precio de bonos en default en el mercado secundario.

El índice de riesgo país que calcula JPMorgan para Venezuela pasó de 12.671 puntos básicos el 2 de enero de 2026 a 6.037 el 3 de septiembre: una caída de 52%. Solo entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre bajó 556 puntos, impulsado por anuncios como el de Chevron.

Contexto: un indicador distinto al de otros países

En la mayoría de los países, un riesgo país más bajo significa que el Estado puede endeudarse más barato. En Venezuela no. El país está en cesación de pagos desde 2017, no ha completado la reestructuración de su deuda y no tiene acceso normal a los mercados. Como advirtió Jonathan Fortun, economista del Institute of International Finance, el indicador refleja el valor que el mercado asigna a los bonos existentes y lo que espera recuperar, no el costo al que Venezuela podría financiarse.

Análisis: cuánto se debe

La cifra que decidirá todo es la de la deuda. Reportes financieros citados por El Nacional hablan de unos 240.000 millones de dólares que Caracas se prepararía a reconocer, equivalentes a más del doble de un PIB estimado en 111.300 millones para 2026. Aun con una cifra menor, la carga seguiría siendo desproporcionada para una economía con infraestructura deteriorada y servicios precarios.

Criterio: expectativa no es solvencia

La caída del riesgo país es una apuesta sobre la reestructuración futura, alimentada por el petróleo y por la tutela de Washington. Para quien tiene bonos venezolanos o piensa comprarlos, la pregunta no es cuánto bajó el índice, sino en qué términos se negociará la deuda: qué quita se aplicará, qué acreedores tendrán prioridad y con qué ingresos se pagará. Mientras esos términos no existan, el precio de los bonos refleja optimismo, no garantías.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión.


Fuentes principales: Bloomberg Línea, septiembre de 2026; Globovisión, septiembre de 2026; El Nacional, columna «Vitrina», septiembre de 2026.

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Economía

Seiscientos cincuenta ejecutivos y pocos compromisos firmes en Caracas

Entradas agotadas, lista de espera y memorandos. La distancia entre el interés y la inversión en el petróleo venezolano.

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Campo petrolero e infraestructura industrial como recurso editorial para analizar el cambio de operadores extranjeros.

ECONOMÍA · PETRÓLEO · INVERSIÓN

La Cumbre Internacional de Petróleo y Gas agotó sus entradas. Pero la producción sigue en 1,2 millones de barriles diarios, muchas empresas solo han firmado memorandos y un inversionista acusa a PDVSA de no tener «ninguna sensación de urgencia».

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela reúne a unos 650 ejecutivos y funcionarios.
QuiénEmpresas petroleras y de servicios, PDVSA, el gobierno encargado y diplomáticos.
Cuándo29 y 30 de septiembre de 2026.
DóndeCaracas.
Por quéEs el mayor intento hasta ahora de convertir el interés en inversión.
CómoCon paneles, reuniones y negociaciones bajo las licencias de la OFAC.

La Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela empieza el martes 29 de septiembre de 2026 con unos 650 asistentes y más de 150 en lista de espera, según Bloomberg. Es la señal más visible del interés que despierta el crudo venezolano mientras la guerra con Irán restringe los suministros de Oriente Medio.

Contexto: el punto de partida

Venezuela produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, frente a más de 3 millones en los años noventa. El anuncio más grande del año es de Chevron: más de 7.000 millones de dólares en cinco años para llevar su producción cerca de 600.000 barriles diarios. Muchas otras empresas han firmado acuerdos preliminares con PDVSA, pero pocas han asumido compromisos firmes.

Análisis: lo que frena la inversión

Tres obstáculos aparecen en todas las conversaciones:

  • Las sanciones. Las licencias de la OFAC permiten negociar, pero cada inversión grande necesita una autorización específica.
  • La propia PDVSA. Farhad Moshiri, de Amos Global Energy, exjefe de operaciones de Chevron en América Latina, dijo a Reuters que no hay «ningún proceso, ninguna sensación de urgencia» en la estatal para cerrar acuerdos.
  • La infraestructura. Los apagones interrumpen la producción, y algunas empresas evalúan generar su propia electricidad en los campos.

Criterio: qué medir al cierre

El éxito de la cumbre no se mide por la asistencia, sino por lo que quede firmado y sea ejecutable. Al cierre conviene contar tres cosas: cuántos contratos pasan de memorando a compromiso con montos y plazos, cuántos solicitan licencias específicas a la OFAC y si alguno incluye inversión en electricidad, el cuello de botella que afecta tanto a los pozos como a los hogares.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión.


Fuentes principales: Bloomberg vía Bloomberg Línea y Bitácora Económica, 28 de septiembre de 2026; Reuters vía Costa del Sol FM, septiembre de 2026; Bloomberg Línea, septiembre de 2026 (anuncio de Chevron).

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Economía

La OFAC deja negociar en Venezuela, pero no invertir sin permiso

Tres licencias nuevas y una regla constante: Washington decide caso por caso. Lo que cambió el 28 de septiembre y lo que no.

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ECONOMÍA · SANCIONES · PETRÓLEO

El Tesoro renovó tres licencias para operar con petróleo venezolano, suministrar bienes y servicios y negociar inversiones. La letra pequeña es la que manda: los contratos quedan en suspenso hasta una autorización posterior y los pagos pasan por cuentas controladas.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa OFAC renovó las licencias generales 46E, 48D y 49B para Venezuela.
QuiénEl Departamento del Tesoro, empresas estadounidenses, el gobierno venezolano y PDVSA.
CuándoLunes 28 de septiembre de 2026.
DóndeWashington, con efectos sobre el sector energético venezolano.
Por quéMantener las operaciones autorizadas y evitar la parálisis por exceso de cautela de las empresas.
CómoSustituyendo las versiones 46D, 48C y 49A por nuevas licencias con condiciones.

El lunes 28 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense emitió tres licencias generales que sustituyen a las anteriores: la 46E, que autoriza operaciones con petróleo y petroquímicos venezolanos; la 48D, para suministrar bienes y servicios al país; y la 49B, que permite negociar y firmar contratos contingentes de inversión en petróleo, gas, petroquímica y electricidad.

Contexto: una renovación cada pocas semanas

Las 46D y 48C eran del 27 de agosto; la 49A, del 13 de marzo. Desde enero de 2026, Washington ha ido abriendo el régimen de sanciones licencia por licencia, sin levantarlo. La del lunes busca, según Bitácora Económica, evitar la parálisis que produce el exceso de cautela de bancos y empresas.

Análisis: negociar no es invertir

La licencia 49B es la más citada y la más malinterpretable. Permite negociar y firmar contratos, pero esos contratos quedan sujetos a una autorización posterior de la OFAC para poder ejecutarse, como precisó Bloomberg Línea. En la práctica, una empresa puede cerrar un acuerdo con PDVSA y aun así no poder mover un dólar de inversión hasta que Washington diga que sí.

Además, los pagos a entidades bloqueadas deben canalizarse a los fondos de depósito de gobiernos extranjeros bajo control del Tesoro, y se mantiene la prohibición de operar con el petro, la criptomoneda venezolana.

Criterio: el poder sigue en Washington

El resultado es una apertura con llave. Cada gran inversión en Venezuela pasa por una autorización específica, y cada licencia se renueva por períodos cortos. Eso da a Washington un control fino sobre el ritmo de la recuperación petrolera, y a los inversionistas una incertidumbre que se refleja en la distancia entre los memorandos firmados y los compromisos firmes. La cumbre petrolera del 29 y 30 de septiembre en Caracas mostrará cuánto pesa esa llave.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni recomendación de inversión.


Fuentes principales: OFAC, licencias generales 46E, 48D y 49B, 28 de septiembre de 2026; Bloomberg Línea y Efecto Cocuyo, 28 de septiembre de 2026; Bitácora Económica, 28 de septiembre de 2026.

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