El artículo 234 de la Constitución fija 180 días como plazo máximo para una suplencia presidencial. Ese plazo venció el 3 de julio de 2026. Quien firma hoy las leyes y los decretos venezolanos arrastra dos problemas distintos de legitimidad, y las instituciones con las que negocia arrastran uno cada una.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. El 5 de enero, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada.

Han pasado 221 días.

El artículo 234 de la Constitución venezolana establece que las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más. El plazo máximo de una suplencia presidencial es, por tanto, de 180 días continuos.

Ese plazo se agotó el 3 de julio de 2026.

Desde entonces han transcurrido cuarenta días. En ese lapso se promulgó una ley de arrendamientos, se declaró un estado de emergencia económica, se firmó un mecanismo consular con Israel, se avanzó en la apertura petrolera y se instaló una mesa de negociación con la oposición.

Todo eso lo firmó alguien cuyo título constitucional había expirado.

Las tres capas

Conviene separar tres cuestiones que la discusión pública suele mezclar, porque cada una falla por razones distintas.

Primera: nadie la eligió. La vicepresidencia ejecutiva venezolana no es un cargo electivo. Es de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República. Quien la ocupa no comparece ante el electorado, no encabeza una boleta y no recibe un mandato. Su autoridad es enteramente derivada de quien la designó.

Segunda: quien la designó nunca demostró su victoria. Maduro no exhibió jamás, acta por acta, el resultado que le habría dado el triunfo en julio de 2024. Las actas emitidas por las máquinas del propio Consejo Nacional Electoral, recogidas por testigos y evaluadas por un panel internacional, respaldan la victoria de Edmundo González Urrutia. Si la fuente de la designación carece de título, la designación no puede producir uno más sólido que el suyo.

Tercera: el plazo venció. Aun aceptando las dos capas anteriores, la Constitución impone un límite temporal. Ese límite se cumplió hace cuarenta días.

Cada capa por separado admite discusión. Las tres juntas describen algo distinto de una presidencia interina: describen un ejercicio de hecho.

Cómo se construyó el andamiaje

La operación jurídica que sostiene el arreglo es precisa y conviene entenderla, porque explica por qué no hubo elecciones.

El artículo 233 enumera las causales de falta absoluta del presidente: muerte, renuncia, destitución por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional, y revocatoria popular. Si la falta absoluta ocurre en los primeros cuatro años del período, el vicepresidente debe convocar elecciones dentro de los treinta días siguientes.

La captura por una potencia extranjera no figura en esa lista.

La Sala Constitucional del TSJ lo reconoció expresamente: lo ocurrido no coincide con ninguno de los supuestos de falta absoluta. Y en lugar de resolver la calificación, la eludió. Ordenó una «interpretación sistemática y teleológica» de los artículos 234 y 239 —faltas temporales y atribuciones del vicepresidente— para garantizar «la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación» ante lo que describió como una imposibilidad material y temporal del presidente para ejercer sus funciones.

El propio fallo aclaró que se trataba de una medida cautelar urgente y preventiva, «sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)».

Es decir: el tribunal declaró que no estaba decidiendo. Y esa indecisión es exactamente lo que ha permitido que el arreglo dure.

Mientras la falta no se califique como absoluta, no corre el reloj de los treinta días para convocar elecciones. Y mientras el chavismo sostenga que Maduro sigue siendo el presidente —la diputada Iris Varela lo formuló sin rodeos: «le estamos cuidando la silla con Delcy, que es la única que se puede sentar allí»—, la ausencia se mantiene encuadrada como temporal.

El costo de esa arquitectura es que también venció. La organización Acceso a la Justicia sostiene que desde el 3 de julio Venezuela «entra en un terreno de abierta e inédita inconstitucionalidad», y que lo jurídicamente insostenible es pretender que, porque la causa específica de la ausencia no esté textualmente en la Constitución, esta deje de aplicarse. La Carta Magna, argumenta, fue diseñada con límites precisos para evitar que una situación provisional se convierta en continuidad administrativa al margen del Estado de Derecho.

José Ignacio Hernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, ha señalado que la permanencia indefinida de un vicepresidente como encargado no está contemplada en el texto constitucional.

Lo que cambió el 3 de agosto

Hay un dato menor en apariencia y revelador en el fondo.

Durante siete meses, el oficialismo empleó la fórmula «presidenta encargada». A comienzos de agosto dejó de hacerlo.

La Gaceta Oficial N.° 7.065 Extraordinario, del 7 de agosto de 2026, que contiene la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, lleva al pie una firma: «Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela». Sin calificativo. Los medios estatales han adoptado la misma fórmula.

El adjetivo que sostenía la constitucionalidad del arreglo desapareció justo cuando el plazo que ese adjetivo justificaba había expirado.

Washington, mientras tanto, la llama «interina». La oposición y buena parte de la sociedad civil también.

Por qué conviene que siga

La explicación más económica de la permanencia no es jurídica.

El plan de tres fases formulado por Marco Rubio ante el Congreso el 7 de enero de 2026 —estabilización, recuperación, transición— requiere un interlocutor que firme. Alguien que autorice licencias petroleras, reciba delegaciones del Tesoro, permita el ingreso de técnicos del Departamento de Energía al Guri, promulgue leyes que abran el mercado inmobiliario y designe una delegación para negociar.

Un vacío de poder habría obligado a rehacer el aparato burocrático completo. Un gobierno de facto que coopera cuesta menos y avanza más rápido que una transición formal disputada.

La secuencia lo respalda. El 9 de enero, seis días después de la captura, se anunció el proceso exploratorio con Estados Unidos. Después: apertura petrolera, diagnóstico eléctrico, mesa de negociación, canal con Israel. Cada paso requirió una firma venezolana, y siempre fue la misma.

El argumento del otro lado

Sería deshonesto presentar esto como si la alternativa fuera obvia.

Aplicar el artículo 233 en enero de 2026 habría significado convocar elecciones en treinta días con un Consejo Nacional Electoral subordinado al Ejecutivo, con partidos y candidatos inhabilitados y con el registro electoral desactualizado. El resultado habría tenido una legitimidad tan cuestionable como la del proceso que se pretendía corregir. Esa es, precisamente, la razón por la cual la propia Plataforma Unitaria Democrática ha preferido negociar condiciones antes que exigir el cumplimiento del calendario.

Existe además un principio jurídico ampliamente reconocido según el cual los actos de un funcionario de hecho conservan validez frente a terceros de buena fe, para proteger la continuidad del Estado. Sin él, cada contrato petrolero, cada acta de nacimiento y cada sentencia dictada desde enero quedarían en el aire. El argumento del TSJ sobre la continuidad administrativa no es una excusa inventada: es una doctrina real.

Y hay una consecuencia incómoda que casi nadie enuncia. Si la falta se hubiese declarado absoluta, la vía constitucionalmente coherente no era una elección apresurada: era la juramentación del presidente electo en 2024. Nadie la impulsó. Ni Washington, ni la mesa, ni la mayoría de la dirigencia opositora. Edmundo González Urrutia no aparece en el diseño institucional de la transición que se negocia hoy en Caracas.

La pregunta que esto deja sobre la mesa

El 6 de agosto se instaló en Caracas una negociación para recomponer el Consejo Nacional Electoral y reinstitucionalizar el Tribunal Supremo de Justicia.

De un lado se sienta una Asamblea Nacional electa en 2015 con origen reconocido y permanencia sostenida por prórrogas sucesivas desde 2021. Del otro, un gobierno cuya cabeza fue designada por quien nunca demostró su victoria y cuyo plazo constitucional expiró hace cuarenta días. La ley de alquileres promulgada la semana pasada la sancionó una Asamblea Nacional de 2025 cuyo origen electoral no es verificable.

Las dos asambleas tienen un problema cada una: la de 2015, de permanencia; la de 2025, de origen. Quien firma los decretos tiene los dos.

Nada de esto significa que la negociación sea inútil. Significa que ninguna de las partes puede invocar un título limpio, y que el árbitro electoral que salga de esa mesa deberá sostenerse sobre el consentimiento de quienes lo acepten, no sobre la legitimidad de quienes lo firmen.

Es la razón por la cual la pregunta del semestre no es cuándo hay elecciones. Es quién reconocerá el resultado.

INCÍSOS emplea la denominación «presidenta encargada» como descripción del cargo ejercido, no como reconocimiento de su legitimidad constitucional.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 233, 234, 235 y 239 · TSJ, Sala Constitucional, decisión de enero de 2026 · Acceso a la Justicia, análisis del 3 de julio de 2026 · Infobae (3 de julio y 3 de agosto de 2026) · France 24 (5 de enero de 2026) · José Ignacio Hernández, Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, blog IConnect · Gaceta Oficial N.° 7.065 Extraordinario (7 de agosto de 2026).