El Tribunal Supremo de Justicia decidió en enero que Delcy Rodríguez asumiera como encargada bajo el artículo 234 —faltas temporales—, no bajo el 233 —faltas absolutas—. Esa diferencia jurídica determina si hay 30 días para convocar elecciones o si la transición puede prolongarse seis meses o más. Cuatro meses después, el debate constitucional es la trinchera donde se libra la batalla por el calendario.

El derecho constitucional venezolano contiene dos artículos que definen el destino político del país en el escenario abierto el 3 de enero. El artículo 233 establece las faltas absolutas del Presidente y obliga a convocar elecciones dentro de los 30 días siguientes. El artículo 234 establece las faltas temporales y permite que el Vicepresidente Ejecutivo asuma hasta por 90 días, prorrogables otros 90 por decisión de la Asamblea Nacional. La distinción entre uno y otro artículo es la frontera entre dos países diferentes. Y, cuatro meses después de la captura de Maduro, la frontera todavía no se ha definido oficialmente.

LO QUE DICE EL ARTÍCULO 233

El texto constitucional es preciso. Las faltas absolutas del Presidente son seis: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional, y revocación popular del mandato mediante referéndum. Si la falta absoluta se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, debe procederse a una nueva elección dentro de los 30 días siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo se encarga de la Presidencia.

La captura de un Presidente por una potencia extranjera no figura entre las seis causales. El constitucionalista venezolano Allan Brewer-Carías ha documentado en sus trabajos que el constituyente de 1999 no previó este escenario, lo cual explica el vacío. Pero ese vacío no es legalmente vacío. El derecho constitucional comparado y la propia jurisprudencia del TSJ ofrecen herramientas interpretativas para resolverlo.

LO QUE HIZO EL TSJ EL 4 DE ENERO

La Sala Constitucional del TSJ, presidida por magistrados designados durante la administración Maduro, emitió el sábado 4 de enero —apenas un día después de la captura— una sentencia cautelar. El texto declaró que existían «elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del Presidente, contemplada genéricamente en el artículo 234». Sobre esa base, ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera «todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela» en condición de encargada.

El movimiento jurídico fue sutil pero decisivo. El TSJ no calificó formalmente la falta como absoluta ni como temporal. Dijo que estaba dictando una «medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación» sin decidir sobre la calificación jurídica definitiva. Pero al aplicar la solución prevista en el artículo 234 —encargaduría de la vicepresidenta— en la práctica adoptó el régimen de faltas temporales sin declararlo abiertamente.

Ese movimiento tiene una consecuencia clave. Si la falta es temporal, los plazos de elección no aplican. Si la falta es absoluta, deben convocarse elecciones en 30 días. El TSJ dejó la calificación pendiente. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, tampoco se ha pronunciado.

EL PLAZO DE LOS 90 DÍAS Y SU VENCIMIENTO

El artículo 234 establece que las faltas temporales pueden suplirse hasta por 90 días, prorrogables otros 90 por decisión de la Asamblea Nacional. Contando desde el 5 de enero —fecha en que Rodríguez asumió formalmente—, los primeros 90 días vencieron el 4 de abril. El segundo plazo de 90 días, si la Asamblea aprobase la prórroga, vencería el 3 de julio.

Pero la Asamblea Nacional no se ha pronunciado. La organización Acceso a la Justicia ha advertido que el silencio del Parlamento es, en sí mismo, una omisión inconstitucional. El artículo 234 también establece que si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional debe decidir por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Esa decisión no es facultativa. Es una responsabilidad constitucional.

El silencio parlamentario, por tanto, mantiene a la transición en un limbo jurídico. La encargaduría no es formalmente temporal porque venció el plazo de 90 días. No es formalmente absoluta porque la AN no la declaró así. Es una tercera figura sin nombre constitucional: una encargaduría indefinida bajo cobertura del TSJ.

LA INTERPRETACIÓN DE VENTE VENEZUELA

El movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ha sostenido desde abril una interpretación distinta. Para Vente, el plazo constitucional venció el 4 de abril sin pronunciamiento de la AN, lo cual obliga a declarar la falta absoluta y convocar elecciones dentro de los 30 días siguientes. Bajo esa lectura, el plazo para convocar comicios habría vencido a inicios de mayo. Las elecciones ya deberían estar en curso.

El argumento de Vente tiene fundamento jurídico. La doctrina constitucional venezolana ha establecido en distintas sentencias que la inactividad parlamentaria no puede convertirse en una vía para mantener indefinidamente situaciones que la Constitución prevé como transitorias. Cuando los plazos vencen y los órganos competentes no actúan, los derechos políticos de los ciudadanos —en este caso, el derecho al voto— no pueden quedar en suspenso por omisión.

El argumento es jurídicamente sólido. Pero su efectividad depende de su capacidad de generar presión política suficiente para forzar al gobierno encargado o a la Asamblea Nacional a actuar. Hasta ahora, la presión interna ha sido insuficiente.

LA POSICIÓN DE LA PLATAFORMA UNITARIA

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa al conjunto de la oposición democrática, ha planteado una posición más matizada. La PUD sostiene que una eventual transición electoral debe ser el resultado de un proceso previo que incluya restitución de garantías democráticas, fortalecimiento de las instituciones y apertura de condiciones políticas que permitan comicios libres, competitivos y verificables. Esa lectura no rechaza la convocatoria a elecciones. Pero condiciona su utilidad democrática a la existencia de un piso institucional mínimo.

El argumento de la PUD también tiene base. Convocar elecciones bajo el actual sistema —con el Consejo Nacional Electoral subordinado al Ejecutivo, con organizaciones políticas inhabilitadas, y con buena parte del Registro Electoral desactualizado— produciría un proceso cuya legitimidad sería cuestionable. Por eso la PUD prefiere negociar las condiciones antes que exigir el cumplimiento del calendario.

Las dos posiciones —Vente y PUD— no son contradictorias en términos políticos finales, pero sí divergen en términos tácticos. Vente apuesta por presionar el calendario constitucional. La PUD apuesta por negociar las condiciones materiales. La administración Trump, en este escenario, parece operar más cerca de la lógica de la PUD: privilegiar acuerdos institucionales sobre cumplimiento estricto de plazos.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El debate constitucional venezolano no es académico. Es la trinchera donde se libra la batalla por el calendario de la transición. Si prevalece la interpretación del TSJ, Delcy Rodríguez puede gobernar indefinidamente bajo el régimen de «medida cautelar» hasta que las condiciones políticas obliguen a una definición. Si prevalece la interpretación de Vente, las elecciones ya están vencidas y deben convocarse de inmediato. Si prevalece la posición de la PUD, las elecciones se condicionan a reformas previas que pueden tomar meses o años.

Entre las tres lecturas, el gobierno encargado tiene una ventaja estructural. Controla el TSJ, controla la Asamblea Nacional, controla el Consejo Nacional Electoral. La decisión sobre cuándo convocar elecciones, en términos prácticos, depende del propio Ejecutivo. Y por eso la respuesta de Delcy Rodríguez al periodista Tyler Pager del New York Times el 1 de mayo —»no sé, algún día»— es jurídicamente coherente con la posición que ocupa. Cuando la propia Constitución se ha vuelto materia interpretativa, decir «no sé» es decir lo único que conviene decir.

QUÉ SIGNIFICA PARA LA DIÁSPORA

Para los venezolanos en Estados Unidos, el debate constitucional importa porque define el horizonte temporal de cualquier decisión personal. Un escenario de elecciones forzadas en plazo constitucional implicaría comicios antes de fin de año. Un escenario de transición negociada con la PUD implica calendario abierto que puede extenderse hasta 2027 o más. Un escenario de continuidad indefinida bajo cobertura del TSJ implica que la encargaduría de Rodríguez se mantenga sin definición.

Cada uno de esos escenarios tiene consecuencias prácticas para la diáspora. Inversiones, retornos, reunificación familiar, planificación educativa de los hijos, decisiones sobre vivienda en Estados Unidos: todo depende del calendario político venezolano. Y ese calendario, hoy, se decide en una pelea sobre cómo interpretar dos artículos consecutivos de la Constitución de 1999.