VITRINA POLÍTICA · LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En la consulta pública del viernes 13 en la UCV, el periodista Ayrton Monsalve le dijo a Jorge Arreaza que la reforma de la Ley contra el Odio es «el resultado de la falta de voluntad política»: cambia la cárcel por sanciones administrativas que «asfixian» a medios, periodistas y ciudadanos. El mismo día, el Colegio Nacional de Periodistas exigió derogarla y llamó al proyecto una «mutación del castigo».

«Un país no se pacifica con miedo, con terror, con armas y con un marco legal represivo». Con esa frase, el periodista Ayrton Monsalve, director de TV Calle, le respondió a la comisión de la Asamblea Nacional de 2025 que reforma la Ley contra el Odio, durante la consulta pública celebrada el viernes 13 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela. Frente al diputado Jorge Arreaza, sostuvo que el proyecto «es el resultado de la falta de voluntad política que aún se sigue teniendo en Venezuela» (Ciudad CCS; Nitu Pérez Osuna en X).

«No más maquillaje»

Monsalve reconoció que la reforma elimina la cárcel, pero advirtió que «impone medidas administrativas que asfixian a medios de comunicación, a periodistas y a ciudadanos». Enumeró lo que, a su juicio, sigue afectando: el espectro radioeléctrico, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el derecho de asociación. «Esto sigue siendo sinónimo de la ley del odio, porque sí es del odio, porque fue diseñada desde las entrañas del poder para perseguir, criminalizar y encarcelar a la disidencia política», dijo.

Imagen destacada: Foto de archivo: QuinteroP / Wikimedia Commons · Fuente y ficha de la imagen · CC BY-SA 4.0 · Adaptación de tamaño para web.

Y cuestionó que desde la mesa se defendiera la ley original como un instrumento para darle paz al país, cuando, según dijo, hoy todavía pone en duda «si lo que yo estoy haciendo hoy acá me puede imputar o no delitos». Cerró con un pedido: «No más maquillaje, sí a los derechos humanos, sí al respeto de los derechos civiles y políticos, y sobre todo a la voluntad política de reconocer que este país cambió».

El Plan de Rabat, en su contra

El argumento central de Monsalve fue técnico. Arreaza había dicho que la comisión evalúa incorporar los seis criterios del Plan de Acción de Rabat, el estándar de la ONU para distinguir la incitación al odio de la expresión protegida: el contexto, la posición del hablante, la intención, el contenido, el alcance y la probabilidad de daño (MundoUR/EFE). Monsalve le respondió que ese plan desarrolla los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en Venezuela tiene rango constitucional según el artículo 23 de la Constitución (Constitución). Por eso, dijo, una ley de «convivencia» sería «simplemente un adorno», y propuso usar el Plan de Rabat como base de un proyecto de derogación, no de reforma: «El plan de acción Rabat no comulga con las leyes sancionatorias que se siguen imponiendo en este proyecto de ley».

Qué propone la reforma

La Asamblea Nacional de 2025 aprobó la reforma en primera discusión el 4 de noviembre, a pedido de la presidenta encargada, que el 29 de septiembre habló de «avanzar en la despenalización de los tipos penales» (El Estímulo). El proyecto deroga los cinco artículos que establecen penas de prisión y los sustituye por sanciones administrativas; según El Estímulo, las multas podrían llegar a 10.000 euros. La comisión propone además cambiar el nombre por «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto», y llevar la consulta a los 24 estados (AVN; Ciudad CCS).

Arreaza defendió que la reforma es «profunda», reconoció «excesos y abusos» en la aplicación de la ley y habló incluso de «disculpas públicas» como sanción. Pero sostuvo que «el odio en la política existe» (MundoUR/EFE). Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, había dicho: «Ojalá llegue el punto y el momento en que esta ley sea absolutamente inaplicable» (El Estímulo).

Los periodistas piden derogarla

El mismo viernes, el Colegio Nacional de Periodistas exigió la derogatoria total. Su presidente, Tinedo Guía, calificó el proyecto como una «mutación del castigo»: elimina la prisión, pero mantiene conceptos amplios, multas desproporcionadas, el bloqueo de portales, el retiro de contenidos y la revocatoria de concesiones. El gremio pidió también liberar a los periodistas y ciudadanos presos por la ley, sobreseer sus causas y borrar sus antecedentes (La Verdad de Vargas). El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha documentado desde 2020 la judicialización de al menos 27 trabajadores de prensa con el artículo 20 de la ley (El Estímulo).

Criterio INCÍSOS

La reforma reconoce lo que durante años se negó: que la Ley contra el Odio sirvió para encarcelar. Pero cambiar la cárcel por multas en euros y bloqueos de portales no cambia la lógica: quien decide qué es «odio» sigue siendo el poder, con definiciones amplias. Si el Gobierno encargado cree de verdad en el Plan de Rabat, como dijo Arreaza, el camino coherente es el que propuso Monsalve: derogar la ley, aplicar el Código Penal a la incitación real a la violencia y reparar a las víctimas.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la comisión publique el texto completo del proyecto y las propuestas recibidas en la consulta; que explique por qué no opta por la derogación; que libere a quienes siguen procesados por esta ley y anule sus causas; y que la Mesa de Caracas, que tiene la ley en su agenda, ponga la derogación sobre la mesa.

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3. ¿Quién manda en mi casa?: el Inciso de hoy.

Fuentes principales: Ciudad CCS; Nitu Pérez Osuna en X; MundoUR/EFE; El Estímulo; AVN; La Verdad de Vargas, CNP; Constitución.

VITRINA POLÍTICA · CABILDO DE VENEZUELA

El hemiciclo digital ya suma 2.620 ciudadanos verificados, más del doble que hace un mes. Sus participantes votaron enviar informes semanales a María Corina Machado, desconfían de los futuros magistrados y piden un Banco Central independiente. La novedad no es solo el crecimiento: es el intento de convertir la deliberación en agenda. Los resultados describen a quienes votan en la plataforma, no a toda Venezuela.

El Cabildo de Venezuela empieza a discutir qué hacer con lo que decide. Una consulta cerrada el 10 de noviembre respaldó elaborar informes semanales con las propuestas aprobadas y las estadísticas de participación, para hacérselos llegar a María Corina Machado. Votaron 248 butacas: 93,1 % a favor, 2,4 % en contra y 4,4 % de abstención, según el resultado que publicó la plataforma (Cabildo en X).

Ese acuerdo encierra un cambio de propósito. La comunidad ya no se pregunta solo qué piensa sobre una noticia; también quiere decidir cómo llevar sus demandas a un liderazgo político. Aprobar el envío de informes, sin embargo, no equivale a que se hayan entregado ni a que la destinataria haya asumido sus propuestas. Lo comprobable, por ahora, es la voluntad expresada en esa consulta.

La agenda va más allá de lo electoral. En los últimos días hubo votaciones sobre la calidad y la imparcialidad de los futuros magistrados, la independencia del Banco Central, la gestión privada de la electricidad, el costo de los pasaportes y las condiciones para liberar a los presos políticos militares. Son asuntos distintos, con una exigencia común: que las instituciones respondan al ciudadano y no solo a quien controla el poder.

Y el proyecto creció mientras esa agenda se ampliaba. El panel público mostraba el 13 de noviembre, hacia la 1:00 p. m. de Venezuela, 2.620 butacas ocupadas y 50.290 votos acumulados (Cabildo, estadísticas). La serie que publican sus operadores registraba 1.132 butacas el 12 de octubre: más del doble en un mes (Cabildo, lanzamiento de la versión 2). Los votos acumulados no son personas distintas: una misma butaca puede participar en muchas consultas.

El TSJ, desconfianza sin unanimidad

El cierre más reciente desmiente la idea de que en el Cabildo todo se resuelve con un sí masivo. La pregunta era si los ciudadanos confiaban en que los magistrados que se elegirán en diciembre estén realmente preparados y sin parcialidad política. Entre 123 butacas, 49,6 % votó no, 37,4 % sí y 13 % se abstuvo (Cabildo en X).

El no fue la opción más votada, pero no llegó a la mitad. La diferencia importa: el resultado muestra una desconfianza predominante, no una mayoría absoluta ni un rechazo unánime. Además, la pregunta juntaba dos cosas distintas, preparación e independencia, así que no permite saber cuál de las dos preocupaciones pesó más.

La consulta coincide con una advertencia que el constitucionalista Ángel Alberto Bellorín hizo a INCÍSOS: que haya más postulaciones no garantiza un Tribunal Supremo de calidad (la advertencia de Bellorín). Un conteo, por sí solo, no responde lo que importa: las credenciales, el método de evaluación y las garantías de independencia de quienes terminen designados.

La luz y la moneda

En una consulta sobre privatizar el servicio eléctrico, publicada el 10 de noviembre, participaron 424 butacas: 90,8 % votó a favor, 5 % en contra y 4,2 % se abstuvo (Cabildo en X). No se votaba el articulado de la reforma de la ley eléctrica ni un contrato de concesión, sino una pregunta general sobre la orientación del servicio.

Esa precisión evita exagerar el alcance del respaldo. Querer inversión o gerencia privada no es aprobar un esquema de tarifas, un regulador, garantías de acceso o reglas de competencia. La consulta señala una preferencia; una propuesta completa tendría que explicar cómo se recupera el sistema y cómo se protege a quien no puede pagar un servicio más caro.

La independencia del Banco Central tuvo un apoyo todavía mayor: 95,6 % de 114 butacas, frente a 0,9 % por el no y 3,5 % de abstención. La pregunta vinculaba autonomía, límites a la emisión de dinero sin respaldo, inflación y recuperación del valor de la moneda (Cabildo en X). Con el dólar oficial en 904,45 bolívares el 12 de noviembre, el reclamo tiene contexto: que la política monetaria tenga reglas y límites frente a las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Pasaportes, derechos políticos y libertad sin condiciones

La diáspora llevó al hemiciclo un problema cotidiano: simplificar los trámites consulares y bajar el costo de los pasaportes. La propuesta de impulsar una protesta mediática para exigirlo obtuvo 96 % de apoyo entre 174 butacas, con 4 % de abstención y ningún voto en contra (Cabildo en X). Es un respaldo a una acción ciudadana, no una rebaja ya conseguida. El tema tiene rostro esta semana: el exdiputado Vladimir Petit Medina anunció que se presentaría ante la DGCIM por una «obstrucción» que, según su relato, le impedía tramitar su pasaporte.

Sobre derechos políticos, 177 butacas se pronunciaron sobre levantar formalmente, antes de fin de año, cualquier inhabilitación de María Corina Machado y aclarar que pueda ser candidata. El sí llegó a 98,9 % y la abstención a 1,1 % (Cabildo en X). Es una demanda de quienes votaron; no cambia por sí sola la situación jurídica de la dirigente.

También se votó si se aceptaría el destierro como condición para liberar a presos políticos militares. Lo rechazó 69,4 % de 281 butacas, frente a 22,8 % a favor y 7,8 % de abstención (Cabildo en X). La pregunta planteaba una hipótesis: citarla no demuestra que esa fórmula sea un acuerdo oficial. En un contexto relacionado, abogados citados por El Diario han presentado solicitudes para más de 52 presos dispuestos a salir del país a cambio de su libertad.

Otra consulta, sobre impulsar la juramentación de Edmundo González Urrutia y la designación posterior de Machado como vicepresidenta, reunió 257 butacas: 76,3 % sí, 15,6 % no y 8,2 % de abstención (Cabildo en X). Es una propuesta respaldada dentro del Cabildo, no una secuencia institucional en marcha.

Sin partido no es sin preferencia

Una votación del 11 de noviembre preguntó si los participantes militan en algún partido. De 239 butacas, 71,1 % respondió que no, 24,3 % que sí y 4,6 % se abstuvo (Cabildo en X). El dato describe a quienes contestaron, no a la población.

Tampoco hay que confundir independencia partidista con neutralidad. El respaldo a enviar informes a Machado y la votación sobre sus derechos electorales muestran una afinidad clara. Se puede no tener carnet y tener una preferencia fuerte por un liderazgo. El reto del Cabildo es ofrecer deliberación también a quienes disienten, no solo sumar el respaldo de quienes llegan con posiciones cercanas.

Más exigencia para proponer, más formas de organizarse

La interfaz fija ahora una regla concreta: cada propuesta tiene 48 horas para conseguir 80 apoyos. Si lo logra, pasa a revisión para entrar al hemiciclo (Cabildo, propuestas). Conseguir apoyos no es aprobarla: el apoyo inicial, la revisión y la votación son pasos distintos. La cobertura de octubre había descrito un umbral de 50 apoyos (INCÍSOS, octubre); la web no precisa cuándo cambió.

Los bloques, por su parte, ensayan una organización más estable que la reacción aislada. El sitio mostraba 22 grupos y un simulador para conocer cómo funcionan sin unirse a uno. Cada butaca puede pertenecer a un solo bloque a la vez y, si lo abandona, no puede volver a ese mismo bloque durante 30 días (Cabildo, bloques).

Los anfitriones de cada bloque aceptan otro régimen de identificación: su nombre y su foto pueden ser públicos. Así se sabe quién conduce un grupo, pero esa regla impide extender a todos la misma promesa de anonimato. La formación cívica reúne once lecciones, y el ranking mide la participación, no la opción elegida en cada voto; cada usuario puede excluirse de su exhibición pública (Cabildo, aprende).

Una aplicación propuesta y una confianza pendiente

La comunidad también votó sobre su propia herramienta. El 13 de noviembre, 336 butacas se pronunciaron sobre convertir el Cabildo en una aplicación descargable para Apple y Android, de uso venezolano y financiada con patrocinadores: 83 % sí, 8,9 % no y 8 % de abstención (Cabildo en X). La pregunta reunía tres decisiones en una, la aplicación, su público y su financiamiento, y el resultado no permite anunciar que la aplicación ya esté disponible. Si llega, las reglas sobre recursos, publicidad y datos tendrán que explicarse con el mismo rigor que las del voto.

La plataforma dice que guarda el registro de que una butaca votó, pero no su elección. Y reconoce el alcance de esa promesa en su política de privacidad: «Esa garantía depende de nuestro código y de nuestra buena fe, no de una prueba matemática» (Cabildo, privacidad). Eso no invalida el espacio. Define qué confianza se pide: en las reglas y en la operación del sistema, no un anonimato absoluto ni una auditoría independiente. Y verificar que cada butaca sea una persona real tampoco hace representativa a una comunidad que decide por sí misma entrar y votar (Cabildo, términos).

Qué ocurre después de votar

El Cabildo no sustituye elecciones, tribunales ni decisiones públicas vinculantes. Su valor está en otro lugar: que el ciudadano pueda proponer, discutir, votar y pedir cuentas entre una elección y otra. Esta actualización muestra una comunidad más grande y una agenda más concreta, y también una comunidad con preferencias políticas claras. Para que sus votos pesen fuera de la plataforma, tendrá que demostrar qué pasa después de contarlos.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que los informes semanales se envíen y se publiquen, con las propuestas que contienen y la respuesta que reciban; que las preguntas separen las decisiones que hoy mezclan; que se expliquen las posibilidades de revisión técnica independiente; y que el Cabildo favorezca una participación más plural, para que el hemiciclo sea un lugar de deliberación y no solo de respaldo.

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Fuentes principales: Cabildo de Venezuela en X: informes, TSJ, electricidad, Banco Central, pasaportes, presos militares, Machado, González Urrutia, partidos, aplicación; Cabildo, estadísticas; Cabildo, lanzamiento de la versión 2; Cabildo, propuestas; Cabildo, bloques; Cabildo, aprende; Cabildo, privacidad; Cabildo, términos.

Logotipo: Cabildo de Venezuela / CabildoOS. Imagen oficial ofrecida en su sala de prensa.

VITRINA POLÍTICA · REGRESO DEL EXILIO

El exdiputado Vladimir Petit Medina se presentó este viernes 13 en la DGCIM para pedir que anularan una orden de aprehensión sin respaldo judicial y la traba que desde 2017 le impide obtener pasaporte. Horas después, el canciller Oliver Blanco lo llamó para decirle que la alerta, la orden y el bloqueo en el SAIME se levantaban en minutos. El lunes tiene cita para el pasaporte.

Foto: cortesía de Vladimir Petit Medina.

Vladimir Petit Medina hizo lo que había anunciado. Este viernes 13 de noviembre se presentó en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para pedir dos cosas: que se anulara «la orden de aprehensión sin respaldo judicial que aparece en el sistema policial de Maiquetía» y que se levantara «la traba» que por nueve años ha bloqueado cualquier solicitud de pasaporte para él, su esposa y su hijo menor (Vladimir Petit Medina en X).

Él mismo describió el riesgo de su decisión: «Aunque el trato fue muy amable, la lógica de aparecerme allí fue un movimiento agresivo y riesgoso: o me hacían preso o tenían que arreglarme el problema». La DGCIM recibió su escrito, lo selló y prometió responder en una semana (Vladimir Petit Medina en X).

Un acompañante y una llamada

Petit Medina pensaba ir solo, pero el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas lo esperó en las adyacencias de la DGCIM para acompañarlo; Petit le agradeció «tomar el riesgo y el gesto solidario». Una abogada lo ayudó a redactar la solicitud (Vladimir Petit Medina en X).

La respuesta no tardó una semana. A la salida, según su relato, recibió llamadas de amigos que le transmitían un mensaje del Gobierno: estaban dispuestos a levantar las medidas «ante la falta de sustentación jurídica de las mismas». Poco después lo llamó el canciller Oliver Blanco para informarle de que la anulación de la alerta y de la orden de arresto en el sistema de Maiquetía, y el desbloqueo de sus trámites en el SAIME, «se estarían haciendo en pocos minutos». Petit Medina agradeció el gesto «porque puso fin a un ciclo terrible de 9 años sin derecho a pasaporte venezolano» (Vladimir Petit Medina en X).

Nueve años sin documento

La historia empezó el 22 de mayo de 2017, cuando las autoridades migratorias le retuvieron el pasaporte en Maiquetía, al llegar de Miami, con un acta que hablaba de un pasaporte anulado por «error en sistema» (Nitu Pérez Osuna en X). Volvió al país el miércoles 11, con el periodista Orlando Avendaño (El Estímulo), y al intentar tramitar un pasaporte nuevo le hablaron de una «obstrucción» de la DGCIM.

El lunes tendrá cita para el pasaporte, escribió, «apenas consiga quien me cambie de dólares a bolívares en una tarjeta del Banco de Venezuela y cese el apagón q ya tiene 4 horas». Pero advirtió que el caso no se cierra: «La responsabilidad de quienes nos convirtieron en apátridas desde 2017 no prescribe y no habrá lugar del mundo donde la justicia no los pueda alcanzar» (Vladimir Petit Medina en X).

Quién es

Abogado egresado de la UCAB y doctor en Ciencias Sociales por la UCV, con maestrías en Harvard, el IESA y Tulane, Petit Medina fue diputado al Congreso de la República por Coro entre 1988 y 1998. Integró las comisiones de Finanzas y Defensa, presidió la Comisión de Juventud y fue uno de los principales impulsores de la eliminación del reclutamiento forzoso. Colabora con INCÍSOS en el especial «En Voz Alta».

Criterio INCÍSOS

El desenlace es una buena noticia, pero también una confesión. Si una orden de aprehensión y un bloqueo de nueve años se pueden levantar en minutos, con una llamada, es porque nunca tuvieron sustento jurídico, como reconoció el propio mensaje del Gobierno. Y el mismo canciller que esta semana negó haber ordenado el cerco a Perkins Rocha es el que ahora resuelve el caso de Petit Medina. Que sea él quien lo resuelva dice mucho de cómo se toman hoy las decisiones: por gestión personal, no por procedimiento.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que la DGCIM responda por escrito y deje constancia de que no hay ninguna orden contra Petit Medina; que el SAIME le entregue el lunes el pasaporte a él y a su familia; que el Gobierno encargado revise de oficio todos los pasaportes anulados y las alertas migratorias sin orden judicial, para que nadie dependa de una llamada; y que se investigue quién las ordenó.

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Actualizada el 13 de noviembre por la tarde con el resultado de la presentación ante la DGCIM.

Fuentes principales: Vladimir Petit Medina en X; Nitu Pérez Osuna en X; El Estímulo; Biografía de Vladimir Petit Medina.