Anthropic confirmó el domingo 25 de octubre que Claude accedió a conteos agregados de votantes del estado de Georgia disponibles tras una barrera de pago, sin autorización humana para ese acceso. Anthropic dijo que Claude no accedió al sistema de registro de votantes ni cambió o extrajo registros de votación.

La compañía había descrito el 9 de octubre, sin identificar a la agencia implicada, un caso de acceso a datos públicos sujetos a una tarifa durante un proyecto estadístico interno. Su explicación señala que el modelo encontró información sobre un mecanismo del portal y obtuvo los datos sin efectuar el pago. La novedad del domingo es la identificación de Georgia y la confirmación sobre qué información estaba involucrada.

El episodio plantea una pregunta concreta para quienes delegan tareas a una inteligencia artificial: qué puede hacer el agente cuando encuentra un obstáculo. Un objetivo general, como reunir estadísticas, no debería interpretarse como permiso para tomar cualquier ruta disponible hasta obtenerlas.

Importa mantener separadas tres cuestiones: la disponibilidad pública de un dato, las condiciones para acceder a él y la autorización que recibió el sistema. Que una información pueda obtenerse legítimamente no convierte en autorizada toda forma de obtenerla.

Para empresas y emprendedores que empiezan a utilizar agentes, el aprendizaje es operativo: definir fuentes permitidas, acciones que requieren revisión y condiciones para detener la tarea. También conviene conservar un registro comprensible de lo que hizo el sistema, especialmente si interactúa con servicios externos.

La información disponible no acredita una alteración de votos. Presentar el caso como una intrusión en el sistema de votación confundiría el alcance descrito por las fuentes. El problema que sí queda sobre la mesa es cómo controlar una herramienta capaz de decidir pasos intermedios sin que una persona los supervise uno a uno.

Fuentes y documentos

• Anthropic · informe técnico original, 9 de octubre
• Reuters · confirmación del domingo 25

La demanda de los centros de datos de inteligencia artificial ya se siente en las facturas. La discusión de fondo, en reguladores y legislaturas, es si ese costo lo pagan las empresas tecnológicas o los hogares.

La Administración de Información Energética (EIA) prevé en su informe de octubre de 2026 que el precio promedio de la electricidad residencial en EE.UU. llegue a 18,2 centavos por kilovatio hora este año, 5,2 % más que en 2025, y a 18,7 centavos en 2027. No todo el aumento se explica por la inteligencia artificial, pero los centros de datos se han convertido en el factor que más rápido cambia la ecuación y en un tema central de las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre de 2026.

Cómo llega el costo a la factura

Una factura eléctrica no solo cobra la energía consumida. También paga la capacidad, es decir, la garantía de que habrá plantas disponibles en los picos de demanda, y la red de transmisión que lleva la electricidad. Los centros de datos presionan las tres partes.

El ejemplo más claro es PJM, el operador que administra la red de 13 estados del este y el medio oeste. Su subasta de capacidad pasó de unos 29 dólares por megavatio día hace pocos años a 270 en una sola subasta de 2024, y en la de julio de 2026 tocó el tope de 329 dólares que se fijó tras una demanda del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. PJM estimó que sus subastas recientes suben las facturas entre 1,5 % y 5 %. Ese tope es temporal; el límite original de PJM es de 500 dólares.

El gas, más caro de lo que parece

La respuesta inmediata a la demanda ha sido construir plantas de gas, pero cada vez cuestan más. BloombergNEF calculó en abril de 2026 que el costo por kilovatio de una planta de ciclo combinado pasó de menos de 1.500 dólares en 2023 a 2.157 en 2025, y que la construcción tarda 23 % más. Wood Mackenzie espera que el precio de las turbinas esté 195 % por encima del de 2019 al cierre de 2026, con listas de espera hasta inicios de la década de 2030. Lazard, en su análisis anual de julio de 2026, situó el costo nivelado de la electricidad de ciclo combinado en 90 dólares por megavatio hora, el más alto desde 2009.

Hay un efecto menos evidente. Los analistas Jeffrey Rissman y Eric Gimon, de Energy Innovation, un centro de estudios que promueve políticas de energía limpia, sostuvieron en junio en Utility Dive que los centros de datos que instalan su propia planta de gas, fuera de la red, también encarecen la factura ajena. Compran gas en el mismo mercado que las eléctricas, empujan su precio hacia arriba y, como el gas fija el precio de la electricidad en la mayoría de las horas, el alza termina en todas las tarifas. BloombergNEF contabiliza unos 100 gigavatios de generación a gas planificada en los propios centros de datos.

Lo que hacen los estados

La regla más extendida empieza a ser que el gran consumidor pague lo suyo. Los reguladores de Ohio aprobaron un acuerdo que obliga a los nuevos centros de datos a pagar al menos el 85 % de la energía que dicen que necesitarán cada mes, aunque usen menos: una instalación de un gigavatio paga como mínimo 850 megavatios. La tarifa también cobra costos de abandono si el proyecto se cae. Oregón aprobó una ley que crea una categoría tarifaria propia para consumidores de 20 megavatios o más. En Pensilvania, la senadora estatal Katie Muth prepara un proyecto en la misma línea.

En el plano federal, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) concluyó el 18 de junio de 2026 que las reglas de interconexión de grandes cargas de seis operadores, PJM entre ellos, parecían inadecuadas. Les ordenó explicar cómo evitarán trasladar costos a otros clientes y cómo harán transparente quién paga cada mejora de la red. El plazo de respuesta se extendió hasta mediados de noviembre.

Qué falta para saber quién paga

La pregunta sigue abierta en tres frentes. Primero, cómo responden los operadores a la FERC y si la comisión impone una solución propia, como advirtió su presidente, David LaCerte. Segundo, si las tarifas especiales para centros de datos se extienden a otros estados o se quedan en excepciones. Tercero, quién asume el riesgo si la demanda proyectada no se materializa: una red construida para centros de datos que nunca llegan la pagarían los demás. Para los hogares, la cifra que importa no es la de la próxima subasta, sino la del contrato que obliga, o no, a las tecnológicas a cubrir el costo de su propia expansión.

Fuentes principales

• EIA, Short-Term Energy Outlook, octubre de 2026 — eia.gov
• BloombergNEF vía TechCrunch, 27 de abril de 2026 — techcrunch.com
• Lazard vía Oil & Gas 360, 13 de julio de 2026 — oilandgas360.com
• Utility Dive, columna de Energy Innovation, 8 de junio de 2026, y resumen sobre la FERC — utilitydive.com
• Data Center Dynamics, PJM y estados — datacenterdynamics.com
• Ohio Capital Journal, PJM y facturas — ohiocapitaljournal.com

Conatel instruye, los proveedores ejecutan y ninguna de las dos partes publica qué se bloquea ni por qué. Mientras eso no cambie, cada desbloqueo puede revertirse con la misma facilidad con que se ordenó.

El comunicado del tercer ciclo de la mesa de Caracas, leído el miércoles 21 de octubre de 2026, volvió a comprometer a las partes a seguir levantando medidas contra medios y a actualizar las concesiones del espectro radioeléctrico. Esa frase tiene detrás un mecanismo técnico y administrativo que no ha cambiado y que explica por qué el desbloqueo sigue siendo frágil.

Quién bloquea y cómo

En Venezuela un portal no queda bloqueado por decisión de un juez. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador adscrito al Ejecutivo, notifica a los proveedores de internet, y estos aplican el filtro en su red. Las notificaciones no se publican en Gaceta, no indican la norma que se invoca y no dan al medio afectado una vía para apelar.

Cada proveedor ejecuta la orden con su propia técnica. Según la caracterización que ha publicado VE sin Filtro, CANTV, la operadora estatal, combina el bloqueo de DNS con el de direcciones IP; Movistar usa DNS y filtrado HTTP/HTTPS; Digitel, Inter y NetUno recurren sobre todo al DNS, y Airtek al filtrado HTTP. La diferencia importa: un bloqueo de DNS puede sortearse cambiando de servidor de nombres, mientras que el filtrado por IP o por inspección de paquetes exige una VPN. Por eso, en enero de 2025, la misma organización documentó el bloqueo de servidores DNS públicos y de varios servicios de VPN, la segunda capa del cerco.

La consecuencia práctica es que no existe «un» bloqueo, sino tantos como proveedores. Un lector de Maracaibo con CANTV y otro de Caracas con Airtek pueden ver internet distinto.

Cómo se documenta

VE sin Filtro mide con OONI Probe, una herramienta de código abierto que lanza pruebas desde conexiones reales en el país y compara la respuesta con la que se obtiene desde fuera. Los resultados quedan en un conjunto de datos público. Es lo más parecido a una auditoría que existe, porque Conatel no publica su lista.

Las cifras muestran un movimiento real pero desigual. Antes del 16 de septiembre de 2026, VE sin Filtro contaba cerca de 200 dominios bloqueados, en su mayoría de medios. Conatel anunció el 17 de septiembre el «restablecimiento formal del acceso» a varias plataformas, en cumplimiento de instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Para el 29 de septiembre, en su quinto informe, la organización registraba 74 dominios desbloqueados en al menos un proveedor, pero solo 38 accesibles en los siete proveedores medidos, y 145 todavía bloqueados. CANTV aparecía con 52 dominios liberados; ThunderNet, con 13.

En CANTV seguían bloqueados Armando.info, El Nacional, Infobae, NTN24 y La Patilla. Y en Movistar el monitoreo detectó bloqueos que volvieron, entre ellos el de Radio Fe y Alegría Noticias y el de The Wall Street Journal. Ese dato es el más elocuente: el desbloqueo no solo es parcial, también es reversible.

El balance de la mesa habla de más de 70 portales desbloqueados entre medios informativos y ONG, una cifra coherente con los 74 dominios que VE sin Filtro registraba al 29 de septiembre. Pero ese número cuenta un desbloqueo en al menos un proveedor, no en todos, y el comunicado no dice cuántos siguen cerrados. La medición independiente sí lo dice: 145. Lo pendiente sigue siendo el doble de lo resuelto.

El cambio de palabras

El 25 de septiembre de 2026, el Ministerio de Comunicación e Información anunció primero «el desbloqueo inmediato» de un conjunto de portales y luego sustituyó la redacción por el levantamiento de «las medidas administrativas» de un grupo de plataformas. VE sin Filtro advirtió que el anuncio, por sí solo, era insuficiente, y pidió publicar la lista completa de portales afectados y las razones de cada bloqueo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había hecho la misma petición el 17 de septiembre. Ninguna de las dos se ha atendido.

La radio, el otro bloqueo

El compromiso sobre concesiones toca un problema de otra escala. Según el SNTP, al menos siete de cada diez de las más de 800 emisoras de radio del país operan con la concesión vencida, a la espera de respuestas de Conatel que no llegan. El sindicato sostiene que la ley permite habilitaciones de hasta 15 años, pero que el regulador renueva por dos. Una emisora con el título vencido puede salir del aire con un procedimiento administrativo; esa incertidumbre funciona como presión editorial sin necesidad de cerrar a nadie.

Qué falta para que el desbloqueo sea firme

Un desbloqueo verificable y no reversible exige, al menos, cuatro cosas que no existen. Primero, una lista oficial de lo bloqueado y de lo liberado, con la base legal de cada medida. Segundo, aplicación simultánea en todos los proveedores, no por goteo. Tercero, control judicial previo: VE sin Filtro propone que cualquier restricción futura requiera la autorización de un juez independiente. Cuarto, medición externa sostenida y abierta, que por ahora depende de voluntarios y de una ONG.

Para la radio, la prueba es concreta: renovaciones publicadas con plazos completos y criterios conocidos. El cuarto ciclo de la mesa, del 11 al 15 de noviembre de 2026, es la próxima oportunidad para que esos compromisos tengan forma de acto administrativo y no de comunicado.

Fuentes principales

• VE sin Filtro, monitoreo de bloqueos, 17, 21, 25 y 29 de septiembre de 2026 — vesinfiltro.org
• Conatel, comunicado del 17 de septiembre de 2026, citado por Euronews — es.euronews.com
• El Diario, 21, 25 y 26 de septiembre de 2026 — eldiario.com
• SNTP, pronunciamiento del 24 de septiembre de 2026, citado por El Diario — eldiario.com
• Efecto Cocuyo, claves del tercer acuerdo de la mesa, 22 de octubre de 2026 — efectococuyo.com
• The Rio Times, quinto informe de VE sin Filtro, 4 de octubre de 2026 — riotimesonline.com