Conatel instruye, los proveedores ejecutan y ninguna de las dos partes publica qué se bloquea ni por qué. Mientras eso no cambie, cada desbloqueo puede revertirse con la misma facilidad con que se ordenó.

El comunicado del tercer ciclo de la mesa de Caracas, leído el miércoles 21 de octubre de 2026, volvió a comprometer a las partes a seguir levantando medidas contra medios y a actualizar las concesiones del espectro radioeléctrico. Esa frase tiene detrás un mecanismo técnico y administrativo que no ha cambiado y que explica por qué el desbloqueo sigue siendo frágil.

Quién bloquea y cómo

En Venezuela un portal no queda bloqueado por decisión de un juez. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador adscrito al Ejecutivo, notifica a los proveedores de internet, y estos aplican el filtro en su red. Las notificaciones no se publican en Gaceta, no indican la norma que se invoca y no dan al medio afectado una vía para apelar.

Cada proveedor ejecuta la orden con su propia técnica. Según la caracterización que ha publicado VE sin Filtro, CANTV, la operadora estatal, combina el bloqueo de DNS con el de direcciones IP; Movistar usa DNS y filtrado HTTP/HTTPS; Digitel, Inter y NetUno recurren sobre todo al DNS, y Airtek al filtrado HTTP. La diferencia importa: un bloqueo de DNS puede sortearse cambiando de servidor de nombres, mientras que el filtrado por IP o por inspección de paquetes exige una VPN. Por eso, en enero de 2025, la misma organización documentó el bloqueo de servidores DNS públicos y de varios servicios de VPN, la segunda capa del cerco.

La consecuencia práctica es que no existe «un» bloqueo, sino tantos como proveedores. Un lector de Maracaibo con CANTV y otro de Caracas con Airtek pueden ver internet distinto.

Cómo se documenta

VE sin Filtro mide con OONI Probe, una herramienta de código abierto que lanza pruebas desde conexiones reales en el país y compara la respuesta con la que se obtiene desde fuera. Los resultados quedan en un conjunto de datos público. Es lo más parecido a una auditoría que existe, porque Conatel no publica su lista.

Las cifras muestran un movimiento real pero desigual. Antes del 16 de septiembre de 2026, VE sin Filtro contaba cerca de 200 dominios bloqueados, en su mayoría de medios. Conatel anunció el 17 de septiembre el «restablecimiento formal del acceso» a varias plataformas, en cumplimiento de instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Para el 29 de septiembre, en su quinto informe, la organización registraba 74 dominios desbloqueados en al menos un proveedor, pero solo 38 accesibles en los siete proveedores medidos, y 145 todavía bloqueados. CANTV aparecía con 52 dominios liberados; ThunderNet, con 13.

En CANTV seguían bloqueados Armando.info, El Nacional, Infobae, NTN24 y La Patilla. Y en Movistar el monitoreo detectó bloqueos que volvieron, entre ellos el de Radio Fe y Alegría Noticias y el de The Wall Street Journal. Ese dato es el más elocuente: el desbloqueo no solo es parcial, también es reversible.

El balance de la mesa habla de más de 70 portales desbloqueados entre medios informativos y ONG, una cifra coherente con los 74 dominios que VE sin Filtro registraba al 29 de septiembre. Pero ese número cuenta un desbloqueo en al menos un proveedor, no en todos, y el comunicado no dice cuántos siguen cerrados. La medición independiente sí lo dice: 145. Lo pendiente sigue siendo el doble de lo resuelto.

El cambio de palabras

El 25 de septiembre de 2026, el Ministerio de Comunicación e Información anunció primero «el desbloqueo inmediato» de un conjunto de portales y luego sustituyó la redacción por el levantamiento de «las medidas administrativas» de un grupo de plataformas. VE sin Filtro advirtió que el anuncio, por sí solo, era insuficiente, y pidió publicar la lista completa de portales afectados y las razones de cada bloqueo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había hecho la misma petición el 17 de septiembre. Ninguna de las dos se ha atendido.

La radio, el otro bloqueo

El compromiso sobre concesiones toca un problema de otra escala. Según el SNTP, al menos siete de cada diez de las más de 800 emisoras de radio del país operan con la concesión vencida, a la espera de respuestas de Conatel que no llegan. El sindicato sostiene que la ley permite habilitaciones de hasta 15 años, pero que el regulador renueva por dos. Una emisora con el título vencido puede salir del aire con un procedimiento administrativo; esa incertidumbre funciona como presión editorial sin necesidad de cerrar a nadie.

Qué falta para que el desbloqueo sea firme

Un desbloqueo verificable y no reversible exige, al menos, cuatro cosas que no existen. Primero, una lista oficial de lo bloqueado y de lo liberado, con la base legal de cada medida. Segundo, aplicación simultánea en todos los proveedores, no por goteo. Tercero, control judicial previo: VE sin Filtro propone que cualquier restricción futura requiera la autorización de un juez independiente. Cuarto, medición externa sostenida y abierta, que por ahora depende de voluntarios y de una ONG.

Para la radio, la prueba es concreta: renovaciones publicadas con plazos completos y criterios conocidos. El cuarto ciclo de la mesa, del 11 al 15 de noviembre de 2026, es la próxima oportunidad para que esos compromisos tengan forma de acto administrativo y no de comunicado.

Fuentes principales

• VE sin Filtro, monitoreo de bloqueos, 17, 21, 25 y 29 de septiembre de 2026 — vesinfiltro.org
• Conatel, comunicado del 17 de septiembre de 2026, citado por Euronews — es.euronews.com
• El Diario, 21, 25 y 26 de septiembre de 2026 — eldiario.com
• SNTP, pronunciamiento del 24 de septiembre de 2026, citado por El Diario — eldiario.com
• Efecto Cocuyo, claves del tercer acuerdo de la mesa, 22 de octubre de 2026 — efectococuyo.com
• The Rio Times, quinto informe de VE sin Filtro, 4 de octubre de 2026 — riotimesonline.com

El Startup Venezuela Summit reúne en Caracas a 25 fondos de inversión y más de 35 empresas de base tecnológica. El interés es real; la ruta para convertirlo en capital, todavía no.

Cuando la comunidad del Startup Venezuela Summit hizo su primera edición, en 2023, llegaron diez invitados internacionales y unos cuatro eran inversores. En la sexta, que cierra el viernes 23 de octubre de 2026 en Caracas, los organizadores hablan de 40 invitados internacionales, 100 ponentes y 25 fondos. El salto mide un cambio de clima, no necesariamente de condiciones.

Lo que existe

El ecosistema venezolano no parte de cero. Tiene una base de usuarios acostumbrada a pagar por el teléfono, una infraestructura de pagos interbancarios inmediata como Pago Móvil y sectores con muy poca competencia, porque durante años casi nadie invirtió en ellos.

El caso que todos citan es Cashea, la fintech fundada en Caracas en 2022 que permite comprar en cuotas sin intereses en tiendas físicas y en línea. En 2026 levantó 100 millones de dólares en dos tramos, una serie A de 40 millones cerrada en marzo y una serie B de 60 millones en junio, con FinSight Ventures y Spice Expeditions como líderes, y la participación de Endeavor Catalyst, Plug and Play y la Universidad Católica Andrés Bello. La empresa dice tener más de diez millones de cuentas y unos 40.000 comercios afiliados. Es la ronda más grande de una startup venezolana y prueba que el capital internacional puede entrar cuando hay tracción medible.

El organizador, Esteban Torbar, estima que unas 40 startups han recibido financiamiento o mentoría gracias a la comunidad y que el tiempo para captar capital se ha reducido al menos a la mitad. Son cifras del propio organizador, sin desglose de montos ni de rondas, y así deben leerse. Lo mismo vale para su comparación de que la intermediación financiera pesa menos de 5 % del PIB frente a cerca de 50 % en la región: Bloomberg Línea advirtió que no citó una fuente.

Lo que frena

El primer obstáculo es jurídico. Desde abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido licencias generales que autorizan negociaciones comerciales y servicios financieros con algunos bancos públicos venezolanos. Pero esas licencias tienen condiciones, y varias operaciones siguen necesitando autorización específica. Para un fondo con inversionistas institucionales en EE.UU. o Europa, la incertidumbre regulatoria pesa tanto como el riesgo de mercado. Torbar mencionó que un fondo participante tiene autorización para incluir a Venezuela en su tesis de inversión, sin decir cuál ni en qué términos.

El segundo es la infraestructura. Las fallas eléctricas aparecen en el diagnóstico de los propios organizadores como un límite que los emprendedores no pueden resolver por su cuenta. Una empresa de software puede operar con planta propia; una de logística o de salud digital depende de la red.

El tercero es la falta de capital corporativo. Empresas como Empresas Polar, Farmatodo y Santa Teresa aparecen en las conversaciones sobre innovación, pero ninguna tiene una unidad dedicada a invertir en startups. En los ecosistemas que maduraron rápido, como el colombiano o el chileno, ese capital corporativo y local fue el que dio las primeras rondas, antes de que llegaran los fondos extranjeros.

El cuarto es la escasez de proyectos. Los propios inversores notan que hay pocos emprendimientos en condiciones de recibir capital institucional. Diez años de emigración se llevaron a buena parte de los fundadores y del talento técnico. La reconexión con la diáspora, que los organizadores destacan, puede revertirlo, pero exige que quien regrese, invierta o asesore encuentre reglas estables.

Qué falta para que el interés se vuelva capital

La agenda del summit muestra hacia dónde mira el ecosistema: pagos, remesas, logística, salud, educación, energía y consumo masivo. Varios de esos sectores no tienen un problema de producto, sino de regulación o de infraestructura.

La proyección del organizador es que en cinco años Venezuela podría tener uno de los ecosistemas más dinámicos de América Latina. Para que eso ocurra se necesitan, como mínimo, tres cosas verificables: un marco claro sobre lo que las licencias de la OFAC permiten a un fondo extranjero; garantías jurídicas internas sobre propiedad, repatriación de capital y resolución de disputas, y un puñado de rondas más allá de Cashea que demuestren que el primer caso no fue la excepción. El ganador de la clasificatoria nacional de la Startup World Cup irá a la final de San Francisco, donde competirá por una inversión de un millón de dólares. Es una vitrina útil. Lo decisivo, sin embargo, se juega en las reglas, no en los escenarios.

Fuentes principales

• Bloomberg Línea, 19 de octubre de 2026 — bloomberglinea.com
• Ecosistema Startup, Startup Venezuela Summit 2026 — ecosistemastartup.com
• Valora Analitik, Cashea, 29 de julio de 2026 — valoraanalitik.com
• Descubre.vc, Cashea, 16 de septiembre de 2026 — descubre.vc
• Thompson Hine, licencias generales 56 y 57 de la OFAC, abril de 2026 — thompsonhinesmartrade.com

Un análisis de la Information Technology and Innovation Foundation sostiene que EE.UU. forma a los mejores científicos e ingenieros del mundo y luego encarece su permanencia. Para miles de estudiantes latinoamericanos, el debate es sobre su primer empleo.

El documento que la Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), un centro de estudios de Washington dedicado a política tecnológica y de innovación, publicó el jueves 22 de octubre de 2026 tiene un título que funciona como tesis: EE.UU. forma al mejor talento STEM del mundo, ¿por qué obligarlo a irse? No es una norma ni un anuncio oficial. Es un argumento contra una propuesta concreta que todavía puede cambiar.

Qué está en juego

La Práctica Profesional Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) permite a los estudiantes con visa F-1 trabajar en su campo al terminar los estudios: hasta 12 meses en general y 24 meses adicionales para graduados de carreras STEM elegibles. En la práctica, es el puente entre el título y una visa de trabajo como la H-1B. Según el informe Open Doors 2025 del Instituto de Educación Internacional (IIE), en el año académico 2024-2025 había 294.253 personas en OPT, 21 % más que el año anterior, sobre un total de 1,18 millones de estudiantes internacionales. El 57 % estudiaba carreras STEM.

El 8 de octubre de 2026, el DHS propuso que las universidades paguen 70.000 dólares por cada estudiante que pida el OPT inicial y 30.000 por cada extensión. El Departamento presentó la medida como respuesta al fraude y calificó el programa como una vía de «mano de obra extranjera barata». La regla tiene un período de comentarios de 60 días antes de que pueda finalizarse, y abogados y asociaciones educativas anticipan demandas.

El argumento de la ITIF

La autora, Trelysa Long, apoya su caso en datos de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF): en 2024, los titulares de visas temporales obtuvieron el 58 % de los doctorados en informática y el 51 % de los de ingeniería otorgados en EE.UU. Si esos doctores se van, el país habrá pagado su formación y otros cosecharán el resultado.

El informe no niega el fraude. Cita que el DHS identificó a más de 10.000 participantes del OPT vinculados con empleadores muy sospechosos, y un caso de 2020 en el que una empresaria fue condenada por emitir documentos falsos de empleo a cerca de 2.700 extranjeros. Su punto es que una tarifa general castiga a todos para atrapar a unos pocos. Propone, en cambio, retirar la tarifa, auditar a los empleadores con un número inusual de participantes o con direcciones no verificables, exigir registro empresarial comprobable y cruzar datos de inmigración, impuestos y nómina para detectar empleos que solo existen en el papel.

El texto añade el contexto de competencia: Canadá destinó 1.700 millones de dólares canadienses, Francia 100 millones de euros y la Comisión Europea 500 millones de euros para atraer investigadores, y China creó una visa K para jóvenes profesionales de ciencia y tecnología. La conclusión es que los países ya tratan el talento técnico como un recurso estratégico.

Qué significa para estudiantes latinoamericanos

Brasil, con 17.277 estudiantes, México, con 15.652, Colombia, con 10.213, y Perú, con 5.667, estaban entre los 25 principales países de origen en 2024-2025. Colombia y Perú alcanzaron sus cifras más altas. Para muchos de ellos, la decisión de estudiar en EE.UU. se calcula contando con el OPT: el salario de esos meses ayuda a pagar préstamos y la experiencia abre la puerta a un empleo estable.

Si la tarifa entra en vigor, el costo no recae formalmente en el estudiante, sino en la universidad. Pero pocas instituciones podrán absorber 70.000 dólares por graduado, y lo previsible es que limiten las autorizaciones, trasladen el costo o dejen de recomendar el OPT. El efecto se sentiría primero en las universidades públicas y regionales, con menos fondos. El Consejo Americano de Educación (ACE) ya reportó una caída de 17 % en la matrícula internacional nueva el otoño pasado.

Hay además un efecto anticipado. Quien en octubre de 2026 evalúa una maestría para 2027 no sabe si podrá trabajar al terminarla, y esa incertidumbre empuja a mirar a Canadá, Europa o Australia.

Qué falta para que se decida

La propuesta no es definitiva. Debe cerrar el período de comentarios, el DHS tiene que responderlos y publicar la regla final, y es probable que los tribunales intervengan. Un antecedente pesa: un exasesor del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recordó que la justicia frenó la tarifa de 100.000 dólares a la H-1B. Por ahora, el OPT funciona con sus reglas actuales. Quien esté en el programa o próximo a solicitarlo debe consultar con la oficina internacional de su universidad antes de tomar decisiones.

Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal ni migratoria. Para casos particulares, consulte a un abogado de inmigración o a la oficina de estudiantes internacionales de su institución.

Fuentes principales

• ITIF, Trelysa Long, 22 de octubre de 2026 — itif.org
• AP, propuesta del DHS, 8 de octubre de 2026 (vía Fox19) — fox19.com
• IIE, Open Doors 2025 — iie.org · opendoorsdata.org