Imagen de archivo: Fotografía de archivo. Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, fotografiada en agosto de 2010. Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Fuente · CC BY-SA 3.0.

VITRINA POLÍTICA · EL NUEVO TSJ

Las postulaciones al TSJ cierran hoy, miércoles 11, a las 4:00 p. m. Unos 260 abogados han consignado sus recaudos, pero solo un puñado ha anunciado su candidatura en público. Estos son seis de ellos, lo que han dicho y lo que proponen.

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, recibe hasta hoy, miércoles 11 de noviembre, a las 4:00 p. m., las postulaciones para 32 magistrados principales con sus suplentes. Según Infobae, unos 260 abogados han consignado sus recaudos (Infobae; Tony Frangie). Un Consejo de Revisión de Credenciales de siete juristas, creado en los acuerdos auspiciados por EE.UU., verificará que cumplan los requisitos de la Constitución (Infobae).

De todos ellos, solo unos pocos han anunciado su aspiración en público. Estos son seis.

Jesús María Casal

Constitucionalista, exdecano de Derecho de la UCAB, presidió la Comisión Nacional de Primaria de 2023 y fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional de 2015. Anunció su postulación el 3 de noviembre: «No debemos esperar a las condiciones ideales para fajarnos; hay que hacerlo ahora, con buena fe y buena disposición». Propone reconstruir el Poder Judicial como condición de cualquier transición, erradicar la corrupción, crear una carrera judicial transparente, dar seguridad jurídica y garantizar reparación y no repetición a las víctimas. Pidió que el mérito prevalezca sobre las cuotas partidistas (El Nacional; INCÍSOS).

Juan Manuel Raffalli

Constitucionalista. Confirmó el 5 de noviembre que presentó su nombre, «como lo hice en mayo», antes de que existieran el baremo y el comité actuales. Habló de buscar «gente independiente y proba» y de que «es crucial recomponer el estado de Derecho». Y añadió: «No importa quién quede, o quién no» (Noticiero Digital).

Juan Carlos Apitz

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Fue magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de la que fue destituido en 2003 (Infobae). «Si algo está mal en Venezuela es el Poder Judicial», dijo al anunciar su aspiración. Quiere un tribunal que enfrente «los abusos del poder». Sobre la reforma de la Ley contra el Odio, pidió liberar de inmediato a los procesados con la ley vigente (Confirmado).

Magaly Vásquez

Abogada, doctora en Derecho y profesora de la UCAB por más de 30 años. Ha sido escribiente, secretaria y juez, y redactora de leyes. La respaldan la Federación de Colegios de Abogados, los colegios de Caracas, Miranda, Bolívar y Sucre, y las facultades de Derecho de la UCAB y la Universidad Santa María. «No pertenezco a ninguna cuota. No soy política», dijo el 10 de noviembre. Propone reestructurar el Poder Judicial con concursos de oposición y una justicia transicional con rendición de cuentas: «No podemos ver las cosas blanco o negro. Hay grises» (Noticiero Digital).

Joel García

Penalista, con maestría en Derecho Penal y doctorado en Ciencias de la Educación, profesor universitario y vicepresidente de la Fundación para los Derechos Civiles y Ciudadanos (Fundeci). Aspira a la Sala de Casación Penal. Nunca ha sido juez: su carrera ha estado en la defensa de presos políticos, entre ellos Fernando Albán, Juan Requesens, Roberto Marrero, Roland Carreño y Rocío San Miguel. La CIDH le otorgó medidas cautelares en mayo de 2024 (Runrunes).

Tamara Adrián

Abogada, doctora en Derecho Comercial por la Universidad París II Panthéon-Assas y profesora. En 2015 fue la primera mujer trans electa diputada a la Asamblea Nacional. Dice que quiere «contribuir al adecentamiento y la transformación del sistema de justicia en Venezuela» (Primera Edición).

Lo que sigue

Cerradas las postulaciones, el Consejo de Revisión de Credenciales y el Comité deberán decidir quiénes pasan el primer corte. El baremo de 100 puntos pondera formación académica, docencia, trayectoria profesional y una entrevista final (Tony Frangie). Rubio dijo que el nuevo TSJ estaría en funciones a mediados de diciembre.

Los seis tienen algo en común: dieron la cara. Dijeron por qué quieren el cargo y qué harían con él. Es lo mínimo que debería exigirse a los 260. Pero conocer seis nombres no es conocer el tribunal: serán 64 magistrados, y la calidad del TSJ dependerá tanto de los que el país ya conoce como de los que aún no se han presentado. La lista completa, con credenciales y puntajes, debe ser pública.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité publique la lista de los que pasan el primer corte con sus puntajes; que las entrevistas se transmitan; y que la Asamblea explique cada designación antes de juramentar a los magistrados.

Para leer más en INCÍSOS

1. Más de 200 aspirantes al TSJ siguen sin rostro para el país: los que nadie conoce.
2. Apitz, Raffalli y Casal se postulan al TSJ sin criterios de entrevista: Apitz, Raffalli y Casal.
3. Arteaga Sánchez pide elegir al TSJ por sabiduría, no por popularidad: Arteaga Sánchez.
4. El baremo del TSJ premia la antigüedad, advierte Acceso a la Justicia: el baremo.

Fuentes principales: Infobae; Tony Frangie; El Nacional; Noticiero Digital, Raffalli; Confirmado; Noticiero Digital, Vásquez; Runrunes; Primera Edición.

Imagen de archivo: Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, agosto de 2010. Fotografía de archivo; no corresponde al proceso de selección de 2026. Guillermo Ramos Flamerich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. CC BY-SA 3.0 Unported — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Fuente · CC BY-SA 3.0.

VITRINA POLÍTICA · EL CANAL DE NITU

Hoy, miércoles 11 de noviembre, cierran las postulaciones al TSJ. El país conoce a unos diez candidatos; los aspirantes se cuentan por cientos y se elegirán 32 magistrados principales y 32 suplentes. En El Canal de Nitu, el editor de INCÍSOS pidió no enamorarse de los nombres conocidos y mirar a los que nadie ha visto.

INCÍSOS+Alianza editorial
INCÍSOS + El Canal de Nitu

Hoy, miércoles 11 de noviembre, a las 4:00 p. m., se cierran las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia (Tony Frangie). Para entonces, el país habrá oído hablar de unos diez aspirantes: los que han dado entrevistas, tienen una cátedra visible o un cargo conocido. Del resto, que se cuenta por cientos, casi nadie sabe nada. Ese fue el centro de la conversación del martes 10 en El Canal de Nitu.

«Me asustan los que no se han expuesto, porque esos son los que quieren pasar como gato por liebre», dijo Nitu Pérez Osuna. Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS, lo planteó en números: «Estamos buscando 32 magistrados principales» y sus 32 suplentes. Y advirtió sobre el efecto de los nombres que entusiasman: «De esos 10, cuatro se van a quedar fuera, y la discusión no van a ser los 54 que pasaron por debajo de la mesa. Va a ser por qué no nombraste a estos cuatro».

Un debate que no hubo en 27 años

Yánez reconoció que el proceso, con todos sus problemas, abrió algo nuevo: un debate público sobre quién debe juzgar. Recordó que nada de eso ocurrió en diciembre de 2015, con los llamados «magistrados exprés». Esta vez hay un baremo público, que Acceso a la Justicia ha cuestionado, un comité con representantes de la sociedad civil y un consejo paralelo que revisa credenciales. Citó los puntos que el penalista Alberto Arteaga Sánchez publicó en X sobre la militancia partidista y lo que vale renunciar a un partido a última hora; Arteaga ya había pedido elegir por sabiduría, no por popularidad. Puso como ejemplo a Ernesto Villegas, que renunció a su partido para aspirar a defensor del pueblo, una candidatura que «murió al nacer».

Criticó también la figura del «postdoctorado» que aparece en el baremo: «Esa cosa del mercadeo que llaman posdoctorado ni siquiera conduce a un título».

Por qué el TSJ importa tanto

Para explicar lo que está en juego, Yánez recorrió dos episodios. En diciembre de 2015, la Sala Electoral suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas que había hecho la junta regional electoral, y con eso la oposición perdió la mayoría calificada de la Asamblea que había ganado. Y, tras las elecciones de julio de 2024, cuando millones de venezolanos votaron y presentaron las actas emitidas por las máquinas del propio CNE, la Sala Electoral validó el 22 de agosto el resultado anunciado por Elvis Amoroso. Recordó, además, que solo 69.189 venezolanos en el exterior estaban habilitados para votar, un tema que INCÍSOS abordó en el Inciso «Siete millones sin consulado».

Nitu Pérez Osuna mostró un video del exdirigente chavista Juan Barreto, en el que afirma que en 2024 sabía quién había ganado con el 42 % de las actas, y pidió una comisión de la verdad: «Todos estos tipos que se prestaron, al menos como cómplices, de alguna manera tienen que pagar». Yánez lo extendió a los otros candidatos presidenciales de 2024 que acudieron al TSJ sin actas propias; mencionó a Enrique Márquez, que denunció irregularidades en la sala de totalización y luego estuvo preso, y dijo que debe contarle al país qué pasó el 28 de julio.

Doce años, en duda

La conversación tocó un punto que no está en el baremo: el período. Los magistrados se eligen por 12 años. «Yo lo de los 12 años lo pongo en duda», dijo Yánez. «Lo primero que ellos deberían aceptar es que son temporales, hasta tanto no haya en Venezuela una reinstitucionalización de los principales poderes».

También pidió a los aspirantes que nadie conoce que se presenten: «Las redes sociales hoy en día están abiertas, prestas y hambrientas para que ellos mismos, motu proprio, digan aquí estoy yo, conózcanme».

El país de la mesa del comedor

Antes de cerrar, Yánez advirtió contra una dirigencia que repite «una campaña electoral eterna de 1978». «La realidad del país todavía se está midiendo en la mesa del comedor», dijo, y recordó a los pensionados que terminan debiéndole al banco. Mencionó una publicación del profesor universitario Benjamín Scharifker en X: «Hoy recibí en mi cuenta de nómina de la Universidad 1.560,52 por concepto de pago de la primera quincena de este mes. El banco me descontó 1.370,00 por emisión del estado de cuenta. Me queda un saldo favorable de 190,52, equivalente a $ 0,21 al cambio oficial. No sé cómo gastarlo» (@bscharifker). La Sudeban ratificó la prohibición de cobrar comisiones en las cuentas nómina de pensionados mediante la Circular n.º 08748, fechada el 30 de octubre de 2026, según informó El Pitazo el martes 10 de noviembre.

Rubio dijo que el nuevo TSJ estaría en funciones a mediados de diciembre. Si es así, el país tendrá unas cinco semanas para conocer a los que van a juzgar durante, quizá, 12 años. Los nombres conocidos ayudan a creer en el proceso, pero el tribunal no lo formarán diez personas sino 64. La presión ciudadana tiene que ir hacia la lista completa: quiénes pasan el primer corte, con qué puntaje y por qué.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Comité de Postulaciones publique la lista completa de aspirantes con sus credenciales; que el Consejo de Revisión de Credenciales explique cada exclusión; y que las entrevistas sean públicas.

Para leer más en INCÍSOS

1. Quiénes son los aspirantes al TSJ que ya dieron la cara: los que ya dieron la cara.
2. Arteaga Sánchez pide elegir al TSJ por sabiduría, no por popularidad: Arteaga Sánchez sobre el TSJ.
3. El primer corte dirá qué TSJ viene: el primer corte.
4. Rubio pone fecha al nuevo TSJ, mediados de diciembre: el calendario de Rubio.

Fuentes principales: Conversación de Nitu Pérez Osuna con Alfredo Yánez Mondragón en El Canal de Nitu, 10 de noviembre de 2026; Tony Frangie; Benjamín Scharifker en X.

Ilustración conceptual generada con IA para INCÍSOS; no es una fotografía documental.

VITRINA POLÍTICA · PRESOS POLÍTICOS

Veintiún sargentos de la Guardia Nacional presos por el caso Cotiza se declararon el lunes en huelga de hambre indefinida en Ramo Verde. Dicen que cumplieron su condena de 7 años y 9 meses el 24 de octubre y que, en lugar de soltarlos, se pretende trasladar su causa a un tribunal de terrorismo. A la protesta se sumaron militares de otros casos.

«Cumplieron la totalidad de la pena el 24 de octubre de 2026». Luis Guillermo Martínez Natera lo dice de su hermano, el sargento mayor Geomar Martínez Natera, uno de los presos del caso Cotiza. Dieciséis días después, siguen en Ramo Verde. El lunes 9 de noviembre, 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana se declararon en huelga de hambre indefinida en el Centro Nacional de Procesados Militares (El Diario; El Nacional).

No están solos. A la protesta se sumaron cuatro militares de la Aviación del caso «Sukhoi», dos sargentos del Ejército detenidos por el caso de la refinería El Palito y uno del caso Paramacay, según los familiares (Aporrea). «Ya van más de 10 días y nada», dijo Elitza Castillo Méndez, hermana del sargento Nomar Salcedo Méndez, de 27 años, nacido en Papelón, Portuguesa. Lo describió como «una huelga de hambre pacífica e indefinida».

Quiénes son los sargentos de Cotiza

El 21 de enero de 2019, un grupo de sargentos de la GNB desconoció a Nicolás Maduro desde un comando en Cotiza, en el oeste de Caracas, e invitó a la gente a protestar. Los vecinos salieron a la calle y fueron reprimidos; las protestas se extendieron a otras zonas de Caracas y luego al resto del país. Fue uno de los detonantes de las jornadas de enero de 2019. Las detenciones vinculadas al alzamiento comenzaron en enero de 2019 (El Diario; El Pitazo).

En junio de 2022, un tribunal militar condenó a 24 de ellos: el sargento Luis Bandrés recibió 15 años y 9 meses por motín e instigación, y el resto, 7 años y 9 meses. Alfredo Romero, del Foro Penal, denunció entonces que la audiencia terminó a las cuatro de la madrugada y que «graves torturas denunciadas no fueron consideradas ni investigadas» (El Diario).

El cambio de tribunal

Lo que denuncian ahora es más grave que un retraso. Según un comunicado de los detenidos recibido por El Nacional, el magistrado Maikel Moreno ordenó anular el juicio militar para trasladar la causa a un tribunal con competencia en terrorismo. «Entonces le quieren imputar ahora el cargo de terrorismo», dijo Kely Rico Arrieta, que tiene cuatro años sin ver a su hermano, el sargento Jorge Rico Arrieta. «En el juicio original no le pusieron ese delito» (El Nacional).

Los huelguistas piden la boleta de excarcelación, que se respeten sus derechos y que funcionarios del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz vayan al penal. Responsabilizan por su vida al general Luis Ojeda Araujo, director de los centros penitenciarios militares (El Nacional). Hasta el cierre de esta nota no había respuesta oficial.

Una cifra, dos realidades

La huelga coincide con el anuncio de Dinorah Figuera de que el Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, con la petición expresa de incluir a los militares. Según el Foro Penal, 140 de los 322 presos políticos son militares (El Diario). La Plataforma Unitaria cuenta al menos 393 personas detenidas por razones políticas y calificó de «insuficiente» el ritmo de liberaciones (TalCual).

Un preso que cumplió su pena y sigue preso no es un caso de retardo procesal: es una detención sin base legal. Y reabrir una causa ya juzgada para buscar un delito nuevo, terrorismo, cuando la condena terminó, es la clase de práctica que un TSJ renovado tendrá que desmontar. Esta huelga pone a prueba el «nuevo momento político» con una pregunta sencilla: si no se libera a quien ya cumplió, ¿con qué criterio se liberará al resto? Una huelga de hambre, además, es una emergencia de salud, no un gesto simbólico.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que los tribunales emitan las boletas de excarcelación de quienes cumplieron su condena el 24 de octubre; que se desista de trasladar la causa a la jurisdicción de terrorismo; que el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz visite Ramo Verde; y que los militares presos entren, con nombre propio, en el próximo anuncio de excarcelaciones.

Para leer más en INCÍSOS

1. El Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, dice Figuera: las excarcelaciones anunciadas.
2. Las familias levantan el campamento de El Rodeo I tras 300 días: el campamento de El Rodeo I.
3. Libertad no es destierro: libertad no es destierro.
4. Rubio pone fecha al nuevo TSJ, mediados de diciembre: la ruta de Rubio.

Fuentes principales: El Diario; El Nacional; Aporrea; NTN24; El Diario, 2022; TalCual; Foro Penal.