VENEZUELA · LOS TERREMOTOS DE JUNIO

María Corina Machado recorrió San Bernardino, una de las parroquias de Caracas más golpeadas por el doblete sísmico de junio, y fue a misa en la iglesia San Bernardino de Siena. Es su segunda visita a los damnificados desde que volvió al país, después de La Guaira.

«¡Gracias por volver, Dios nos escuchó!». Así recibieron los vecinos de San Bernardino a María Corina Machado el domingo 8 de noviembre, según videos publicados por Vente Venezuela. Machado recorrió la parroquia, una de las más afectadas de Caracas por los terremotos del 24 de junio, escuchó a familias que perdieron parientes y viviendas, y luego fue a la misa dominical en la iglesia San Bernardino de Siena (El Diario).

El Diario recuerda que el doblete sísmico dejó más de 6.000 muertos (El Diario). Los terremotos también sacaron del sistema eléctrico 800 megavatios en segundos, según admitió Jorge Rodríguez.

La segunda visita

Es la segunda vez que Machado se reúne con damnificados desde que volvió a Venezuela, el 25 de octubre. La primera fue el 28 de octubre en La Guaira, donde recorrió Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda. Allí los vecinos denunciaron la falta de apoyo del Gobierno, y ella les dijo: «Ustedes son lo mejor de Venezuela» y «Los venezolanos nos tenemos unos a otros» (El Diario).

Su agenda de la última semana dibuja un método: El Rodeo I el viernes, un mensaje a Barquisimeto el sábado, San Bernardino el domingo. Presos, regiones y damnificados.

Los terremotos de junio son la tragedia que el debate político casi olvidó. Hay familias que siguen sin vivienda y edificios que nadie ha demolido ni reconstruido, mientras la discusión pública se concentra en el TSJ, el CNE y la fecha electoral. Que una líder política vaya a escucharlas es valioso; que el Estado responda es obligatorio. La reconstrucción también es una agenda de la transición, y merece un plan público con cifras, plazos y responsables.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Gobierno publique el censo de damnificados y de viviendas afectadas, que diga cuánto se ha invertido en la reconstrucción y que la mesa de negociación incluya la atención a las víctimas de los sismos.

Para leer más en INCÍSOS

1. La AN abrirá la electricidad a privados tras admitir un «tremendo problema»: los 800 megavatios.
2. Los presos de El Rodeo I vuelven a abrazar a sus familias: El Rodeo y Barquisimeto.
3. El Gobierno está «a las puertas» de nuevas excarcelaciones, dice Figuera: las nuevas excarcelaciones.

Fuentes principales: El Diario, con videos de Vente Venezuela.

VENEZUELA · CARACAS

Una casa se derrumbó en el sector La Seca de Antímano, en Caracas. Murieron tres niños de 15, 3 y 2 años, y otros dos, de 14 y 10, quedaron heridos. Los familiares los llevaron al hospital antes de que llegaran los bomberos.

Cinco niños estaban en tres habitaciones de una casa del sector La Seca, en Antímano, cuando un deslizamiento de tierra la derrumbó. Tres murieron: tenían 15, 3 y 2 años. Los otros dos, de 14 y 10, quedaron heridos, según informó el sábado 7 de noviembre el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios (El Diario).

Los familiares sacaron a los niños y los llevaron al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño antes de que llegaran los bomberos. Los tres fallecidos llegaron sin signos vitales. Los dos heridos quedaron en diagnóstico reservado.

Una ciudad construida en las laderas

Antímano, en el oeste de Caracas, es una de las parroquias donde miles de familias viven en casas levantadas sobre laderas, muchas sin estudios de suelo ni muros de contención. Cada temporada de lluvias trae el mismo riesgo, y Venezuela tiene una memoria larga de tragedias por deslizamientos, de Vargas en 1999 a Las Tejerías en 2022.

Análisis

La muerte de tres niños en su propia casa no es una fatalidad del clima. La prevención exige planes de vivienda segura, mapas de riesgo publicados y obras de contención en los barrios que más las necesitan.

¿Qué falta, exactamente, para que no pase? Que la Alcaldía de Caracas y Protección Civil publiquen el mapa de riesgo de las laderas de la ciudad, que inspeccionen las casas vecinas de La Seca y que las familias en zonas de riesgo tengan una alternativa real de vivienda antes de la próxima lluvia.

Fuentes principales: El Diario, con información del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Donald Trump prometió pagar US$1 millón a quien reporte fraude electoral en comicios pasados o en las elecciones intermedias de 2026, siempre que el reporte conduzca al arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude. El anuncio fue publicado el 26 de octubre en su cuenta de Truth Social y, horas después, el presidente lo reiteró ante periodistas.

La cifra llama la atención; la condición importa más. No es una oferta por presentar una denuncia ni un programa de recompensas con reglas públicas. El mensaje condiciona el eventual pago a una cadena completa: reporte, arresto y condena. Hasta ahora no se conocen la fuente de los fondos, la agencia que administraría el mecanismo, el canal específico para postular casos ni los criterios para decidir quién recibiría el dinero.

“Anybody reporting Voter Fraud in the past Elections, or the upcoming 2026 Midterm Election, will be paid $1,000,000 upon the arrest and conviction of those that created the Fraud!”

Donald J. Trump, publicación en Truth Social, 26 de octubre de 2026

La promesa y el mecanismo que no aparece

La formulación de Trump deja preguntas básicas sin respuesta. No dice si el millón corresponde a cada denunciante, a cada caso o a un monto total; tampoco precisa qué elecciones previas abarca, qué entiende por fraude ni cómo se establecería que un reporte fue la causa de una condena. La Casa Blanca remitió a la publicación de Trump cuando fue consultada por NBC News y no aportó detalles adicionales.

La diferencia entre una promesa pública y un mecanismo ejecutable es especialmente relevante porque el dinero del Tesoro federal solo puede salir mediante asignaciones aprobadas por ley. Esa regla no permite concluir, por sí sola, que la propuesta sea ilegal: podría existir una fuente o una autoridad que no haya sido explicada. Pero hasta ahora no se ha identificado una partida, un reglamento, una agencia responsable ni un proceso de pago.

Una semana antes de las intermedias

El anuncio llegó una semana antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Trump lo insertó en una agenda más amplia de presión sobre la integridad electoral y de intervenciones federales en asuntos que administran principalmente los estados. El dato verificable es la promesa y su condición de arresto y condena; no hay evidencia de que exista una recompensa federal operativa que cualquier persona pueda solicitar.

Los canales oficiales para reportar posibles delitos electorales ya existen. El FBI remite a tips.fbi.gov, al teléfono 1-800-CALL-FBI y a sus oficinas locales, y señala que las autoridades estatales administran las elecciones y las infracciones locales. La publicación de Trump no creó un canal paralelo ni vinculó el pago anunciado con esas vías.

El problema de prometer una cifra sin reglas

La promesa transforma una discusión sobre vigilancia electoral en una promesa económica de alto impacto. También desplaza el foco hacia la ejecución: quién recibiría los reportes, cómo se verifican, quién relaciona un aviso con una investigación, y qué ocurriría si varias personas aportan información sobre el mismo caso.

Esas preguntas no son accesorias. Sin ellas, la recompensa sigue siendo una declaración política y no una política pública verificable. El desenlace no dependerá solo de la cifra anunciada, sino de si aparecen fondos, reglas, una autoridad responsable y un procedimiento que convierta la oferta en algo que pueda exigirse y auditarse.

Fuentes y documentos

• Donald J. Trump · publicación en Truth Social, 26 de octubre de 2026
• NBC News · detalles disponibles y ausencia de mecanismo público
• Constitución anotada de Estados Unidos · cláusula de asignaciones
• FBI · delitos y seguridad electoral