Economía
La nueva ley de alquileres deja fuera a los inquilinos actuales
Venezuela liberó el precio de los alquileres nuevos catorce años después de congelarlos. La protección del inquilino antiguo no viaja con la persona: se queda en la vivienda.
La ley publicada el 7 de agosto de 2026 libera el precio del alquiler y acorta los plazos del desalojo. Solo aplica a contratos firmados desde esa fecha. Quien ya alquila conserva la protección anterior únicamente mientras no se mude.
| QUÉ | Entró en vigencia un régimen que libera el canon de alquiler y agiliza los procedimientos de desalojo. |
| QUIÉN | Propietarios e inquilinos venezolanos. La Asamblea Nacional de 2025 la sancionó por unanimidad. |
| CUÁNDO | Sancionada el 31 de julio de 2026. Publicada en Gaceta Oficial el viernes 7 de agosto. |
| DÓNDE | Todo el territorio venezolano, con mayor impacto en las zonas golpeadas por el terremoto. |
| POR QUÉ | El doble sismo del 24 de junio destruyó vivienda en un mercado de alquiler ya deprimido. |
| CÓMO | Mediante un régimen paralelo que convive con las leyes de 2011, sin derogarlas. |
La Gaceta Oficial número 7.065 Extraordinario, fechada en Caracas el viernes 7 de agosto de 2026, contiene veintisiete artículos que cambian las reglas del alquiler residencial venezolano por primera vez en catorce años.
El artículo 12 es el que altera el paisaje: el monto del canon será acordado entre las partes, sin más limitaciones que las establecidas en esa misma ley. Desde 2011, ese monto lo calculaba la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda con una fórmula basada en el valor del inmueble y una tasa de rentabilidad fijada por reglamento. Y desde abril de 2003, tras el paro petrolero, los cánones habían estado sujetos a congelación por decreto.
Veintitrés años después, el precio del alquiler vuelve a ser un acuerdo entre dos personas.
Pero solo para algunas.
El artículo que divide el país en dos
El artículo 2 establece que las disposiciones de la ley solo serán aplicables a las relaciones de arrendamiento que se acuerden o formalicen luego de su entrada en vigencia.
Y excluye expresamente, en su primer numeral, los inmuebles destinados a vivienda que se encuentren en posesión del arrendatario a la fecha de entrada en vigencia, mientras persista esa posesión.
Las relaciones vigentes continúan reguladas por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda.
El resultado es un país con dos regímenes de alquiler funcionando en paralelo sobre el mismo mercado.
Buena parte de la cobertura ha leído esto como un desamparo del inquilino actual. Es una lectura equivocada, y conviene decirlo con precisión: el inquilino que ya está en su vivienda conserva íntegras las protecciones del régimen anterior. No pierde nada mientras se quede donde está.
El problema es la frase final del numeral: mientras persista esa posesión.
La protección se queda en la vivienda, no en la persona
Un inquilino amparado por el régimen de 2011 que decida mudarse —porque cambió de trabajo, porque le nació un hijo, porque el edificio quedó con etiqueta amarilla después del terremoto— firmará su próximo contrato bajo la ley nueva.
Al hacerlo, dejará atrás el canon regulado, el trámite administrativo previo al desalojo y la exigencia de que el Estado garantice refugio antes de ejecutarlo. Entrará en un mercado de precio libre donde tres meses de impago habilitan la demanda de resolución.
No hay portabilidad. La protección no acompaña al arrendatario: está atada al inmueble que ocupa.
Eso produce un incentivo poderoso a no moverse, en un país donde el terremoto del 24 de junio de 2026 dañó 41.624 hogares y dejó sin vivienda a cerca de 18.000 personas. Buena parte de quienes más necesitan mudarse son exactamente quienes más pierden al hacerlo.
Y hay una asimetría adicional que conviene nombrar: el inquilino antiguo conserva su protección mientras el propietario no logre recuperar el inmueble por las vías del régimen anterior. Una vez desocupada la vivienda, esa vivienda entra al mercado nuevo. El régimen de 2011 no se derogó, pero está diseñado para vaciarse solo, contrato a contrato.
Qué gana el propietario
La ley responde a un diagnóstico que el propio chavismo terminó admitiendo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la normativa vigente de «muy regresiva» y afirmó que hay unas 200.000 viviendas vacías por temor de sus propietarios a alquilarlas.
El temor tenía fundamento documentado. Bajo el régimen de 2011, recuperar un inmueble exigía un procedimiento previo ante la Superintendencia, un juicio posterior y un trámite final ante el Ministerio de Vivienda para obtener el oficio de reubicación del inquilino. La Ley Contra el Desalojo estableció que no se procedería a la ejecución forzosa sin garantizar antes el destino habitacional de la parte afectada. En la práctica, propietarios con sentencia favorable no lograban ejecutarla.
La ley nueva desmonta ese andamiaje para los contratos que regula:
- Canon libre y ajustable en cada prórroga o renovación (artículos 12 y 13).
- Depósito de hasta tres meses o póliza de seguro equivalente, a reintegrar dentro de los quince días siguientes al término del contrato (artículos 16 y 18).
- Siete causales de terminación anticipada (artículo 23), entre ellas tres períodos consecutivos de impago del canon, tres meses de impago de servicios, subarriendo no autorizado, deterioros mayores y abandono del inmueble.
- Desalojo por tribunal de municipio, bajo el procedimiento breve del Código de Procedimiento Civil e independientemente de la cuantía, o por tribunal arbitral (artículos 25 y 27).
- Contratos en divisas reconocidos, con derecho del inquilino a pagar el equivalente en bolívares a la tasa del Banco Central del día del pago (artículo 14).
Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, valoró positivamente los avances del texto. El gremio venía señalando desde hace más de una década que la oferta formal de alquiler era prácticamente inexistente.
Las tres trampas del texto
Un régimen que devuelve la negociación a las partes traslada el peso a lo que cada contrato diga. Ahí aparecen tres asimetrías que el articulado no resuelve.
Primera: el tope de ajuste solo aplica a los contratos en bolívares. El artículo 13 establece que cuando el canon esté establecido en bolívares, el porcentaje de ajuste no podrá superar la variación del índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central durante la vigencia del contrato. La ley no fija un límite equivalente para los cánones pactados en divisas.
Dado que el artículo 14 reconoce expresamente los contratos en moneda distinta al bolívar, el incentivo es transparente: denominar el canon en dólares deja el ajuste fuera del único techo que la ley contempla. En un mercado donde el dólar oficial pasó de 748,78 bolívares el 3 de agosto a 752,09 el 4, y donde comercios formales ya cobran aplicando la tasa del euro en lugar de la del dólar, esa diferencia no es teórica.
Segunda: el desalojo puede salir de un tribunal privado. El artículo 27 establece que la orden de desalojo podrá ser acordada por un tribunal de municipio o por un tribunal arbitral constituido conforme a la ley. Cuando la orden esté contenida en un laudo arbitral, se presenta ante el tribunal competente para su ejecución.
El arbitraje es un mecanismo legítimo y suele ser más rápido que la vía judicial. También suele ser más costoso de iniciar, exige asistencia profesional para litigar en condiciones y opera fuera del sistema de defensa pública. Un inquilino que firme un contrato con cláusula arbitral sin reparar en ella habrá elegido, sin saberlo, el terreno donde se defenderá si algún día lo demandan.
Tercera: la indemnización por irse antes. El artículo 24 reconoce al inquilino el derecho de terminar el contrato unilateralmente en cualquier momento —un derecho real y valioso—, pero permite que las partes acuerden una indemnización de hasta dos meses de canon. Es previsible que esa cláusula aparezca en la mayoría de los contratos.
Sumada al depósito de tres meses del artículo 16, la barrera de entrada y salida del mercado formal se ubica en torno a cinco meses de canon.
Lo que la ley sí protege
Sería incompleto presentar el texto solo por sus asimetrías. Hay disposiciones que mejoran de forma verificable la posición del inquilino frente a la práctica informal que llenó el vacío de la última década:
- El tope de tres meses de depósito pone límite a una práctica extendida de exigir hasta doce meses por adelantado.
- El artículo 10 prohíbe arrendar inmuebles en zonas declaradas de alto riesgo, construidos con materiales inadecuados o perecederos, o producto de demoliciones y construcciones no culminadas. En un país que acaba de sufrir dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, no es una cláusula decorativa.
- El artículo 20 otorga preferencia de compra al inquilino solvente con más de dos años de posesión, con quince días para responder por escrito y obligación del propietario de volver a ofrecerle el inmueble si baja el precio o mejora las condiciones.
- El artículo 11 establece que si no hay plazo escrito, el contrato se entiende por un año, y que si ninguna parte manifiesta voluntad de terminarlo al vencimiento, continúa en los mismos términos.
- El artículo 18 obliga a reintegrar el depósito dentro de los quince días continuos siguientes al término de la relación, previa revisión del inmueble.
El contexto que explica la urgencia
La ley se sancionó el viernes 31 de julio, en una sesión celebrada en una base militar de Caracas porque el Palacio Federal Legislativo quedó dañado por el terremoto.
Ese detalle resume la situación. El doble sismo del 24 de junio dañó 41.624 hogares y dejó 2.654 estructuras gravemente comprometidas o destruidas. La meta oficial de reconstrucción es de 4.000 viviendas antes del 31 de diciembre, sobre una necesidad estimada de 25.000. Al 9 de agosto se habían entregado 287.
Sobre ese cuadro se superpone un déficit estructural que Provea estimó en dos millones de viviendas en su informe anual de 2025.
Liberar el precio del alquiler cuando la oferta acaba de sufrir un choque destructivo tiene un efecto aritmético previsible en el corto plazo: los cánones de los contratos nuevos subirán. El argumento oficial es que precios más altos incorporarán al mercado las viviendas hoy cerradas, y que esa oferta adicional terminará moderándolos.
Es un argumento razonable y es exactamente lo que la ley apuesta. También es una apuesta cuyo resultado depende de cuántas de esas 200.000 viviendas vacías salgan efectivamente al mercado, y de cuánto tarden en hacerlo. Entre el aumento de precios y la respuesta de la oferta hay un intervalo, y ese intervalo lo pagan quienes necesitan alquilar ahora.
Quién firmó
El texto lo promulgó Delcy Rodríguez el 7 de agosto de 2026 en el Palacio de Miraflores.
En la Gaceta, la firma aparece bajo la fórmula «Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela». No «presidenta encargada», que es el cargo que le atribuye el esquema de transición vigente desde enero de 2026, ni el que emplea este medio para designarla.
La distinción no es protocolar. La ley se sancionó por unanimidad en la Asamblea Nacional electa en 2025 —el cuerpo cuya legitimidad de origen sigue en discusión— y se promulgó el 7 de agosto, un día después de que se instalara en Caracas la mesa de negociación que discute precisamente la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la recomposición del Consejo Nacional Electoral.
Mientras se negocia cómo se reconstruyen las instituciones, se legisla en régimen de propiedad y vivienda con las instituciones actuales. Lo que se apruebe ahora seguirá vigente cuando la mesa termine.
Esta nota describe el contenido de una norma publicada y no constituye asesoría legal. Antes de firmar un contrato de arrendamiento, consulte con un abogado.
Fuentes principales: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 7.065 Extraordinario (7 de agosto de 2026) · Asamblea Nacional, nota de sanción (31 de julio de 2026) · Infobae (1 de agosto de 2026) · Últimas Noticias, declaraciones de Rigel Sergent y Pablo González (agosto de 2026) · El Estímulo (12 de julio de 2026) · Provea, informe anual 2025 · Banco Central de Venezuela, tipo de cambio oficial (3 y 4 de agosto de 2026).
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Imagen de archivo: Foto de archivo: el petrolero Navig8 Tanzanite en el puerto de Nueva York, el 19 de enero de 2018. No documenta un embarque venezolano ni las operaciones de 2026. Foto: Paul Harrison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Copia de la versión de 3840 px distribuida por Commons, sin ediciones adicionales. Aprobación editorial pendiente. CC BY-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ — atribuir autor y fuente, enlazar licencia, indicar cambios; las adaptaciones deben conservar licencia compatible.. Fuente · CC BY-SA 4.0.
ECONOMÍA · LA CUENTA DEL PETRÓLEO
Un informe confidencial de KPMG, obtenido por The New York Times, dice que por la cuenta de custodia que controla el Tesoro de EE.UU. pasaron 12.260 millones de dólares de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos entre el 3 de enero y el 30 de septiembre. Volvieron a Venezuela 11.700 millones, sobre todo para sostener el bolívar.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Las cifras de la cuenta de custodia de los ingresos petroleros venezolanos controlada por EE.UU. |
|---|---|
| Quién | KPMG, por encargo del Gobierno de EE.UU.; The New York Times; el Departamento de Estado y el Tesoro; el BCV. |
| Cuándo | Del 3 de enero al 30 de septiembre de 2026; publicado el 10 de noviembre. |
| Dónde | Una cuenta creada por el Tesoro de EE.UU. y controlada por ese país. |
| Por qué | Ofrece, según el NYT, la radiografía más detallada hasta ahora del control financiero estadounidense desde la captura de Maduro. |
| Cómo | Las ventas se depositan en la cuenta y el BCV solicita fondos, que se liberan tras verificar criterios de integridad financiera. |
Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026 entraron unos 12.260 millones de dólares en la «Cuenta de custodia de Venezuela», una cuenta controlada por el Tesoro de EE.UU. donde se depositan los ingresos por ventas de petróleo, minerales y fertilizantes venezolanos. Lo dice un informe confidencial de la firma KPMG, preparado para el Gobierno de EE.UU., que obtuvo The New York Times y que difundió EFE el martes 10 de noviembre (Infobae/EFE).
Adónde fue el dinero
- Unos 11.700 millones volvieron a Venezuela en poco tiempo, sobre todo para sostener el bolívar mediante las subastas de divisas de la banca comercial.
- Unos 130 millones pagaron deuda externa, principalmente con otros gobiernos y organismos internacionales.
- Quedaban unos 170 millones al cierre del informe, y la cuenta había generado unos 12 millones en intereses.
- Trafigura y Vitol, que adquirieron derechos para vender el crudo venezolano, aportaron el 61 % de los ingresos (Infobae/EFE).
El BCV solicita los fondos, que se liberan cuando funcionarios de EE.UU. confirman que se cumplen criterios de integridad financiera. Todas las transacciones deben ser aprobadas por el Departamento de Estado y el Tesoro, según EFE, que cita al NYT (Infobae/EFE).
Las cifras resumidas por EFE no permiten conciliar todo el total: los fondos devueltos, el pago de deuda y el saldo suman 12.000 millones, 260 millones menos que las entradas citadas, sin contar los intereses. Sin el informe completo no se puede explicar esa diferencia.
La cifra frente a la frase
El lunes, Trump dijo que EE.UU. está recibiendo «miles de millones y miles de millones de dólares al día». El informe de KPMG da otra escala: 12.260 millones en 271 días son unos 45 millones de dólares diarios, y casi todo ese dinero volvió a Venezuela. Está en el mismo orden de magnitud que nuestra valoración hipotética de las importaciones de agosto registradas por la EIA al Brent de 94 dólares del lunes: unos 61 millones diarios, no ingresos auditados de la cuenta ni ganancias estadounidenses. Ambas escalas están muy lejos de «miles de millones al día».
Lo que no se sabe con la información publicada
La información publicada por EFE no detalla el gasto final de los 11.700 millones más allá de las subastas cambiarias, ni cuánto llegó a salarios, hospitales o electricidad. Tampoco precisa cuánto recibieron Trafigura y Vitol por su intermediación. Sin el informe completo de KPMG, no se puede afirmar que el documento omita esos datos. El dólar oficial pasó de 897,54 a 901,62 bolívares en dos días (Finanzas Digital): las subastas sostienen el bolívar, pero no lo detienen.
La información conocida ahora ofrece, según el NYT, la radiografía más detallada hasta el momento del control financiero estadounidense desde el 3 de enero. Dos conclusiones. La primera: la frase de Trump no tenía sustento. La segunda: casi todo el dinero volvió, pero la mayor parte se utilizó para sostener el tipo de cambio, mientras los jubilados petroleros se encadenan por su pensión y los pensionados pagan comisiones. Que el dinero pase por una cuenta supervisada evita el saqueo de otros tiempos, pero no reemplaza el control de la Asamblea ni la rendición de cuentas al país. Un informe tan importante no debería conocerse por una filtración.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el Tesoro de EE.UU. y el BCV publiquen el informe de KPMG completo; que se informe cada mes qué entra en la cuenta y en qué se gasta; y que la Asamblea Nacional revise esos flujos.
Para leer más en INCÍSOS
- Los «miles de millones al día» de Trump no cuadran: las cuentas de los «miles de millones».
- Jubilados petroleros se encadenan en PDVSA para cobrar 720 millones: los jubilados de PDVSA.
- Doce mil millones y una pensión de 130 bolívares: el Inciso.
- Exxon vuelve con Delcy Rodríguez, que la acusó en 2025: Exxon.
Fuentes principales: Infobae/EFE, con información de The New York Times; El Carabobeño; Finanzas Digital.
Economía
NABEP dice que cambió 1.149 kilómetros de tuberías en el Lago
Tuberías nuevas, cifras de parte.
Imagen de archivo: Estaciones de perforación de petróleo en el Lago de Maracaibo, fotografía de archivo de 2014. Dennysalberto7 / Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Fuente · CC BY-SA 3.0.
ECONOMÍA · PETRÓLEO
NABEP, la empresa que opera campos petroleros en el Lago de Maracaibo y en la Faja del Orinoco por el acuerdo con EE.UU., informó que ha instalado 1.149 kilómetros de tubería flexible en la Costa Oriental del Lago para reducir las fugas. Por la tubería nueva salen unos 52.000 barriles diarios. Son cifras de la propia empresa.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El reemplazo de líneas de flujo y gas en campos petroleros del Lago de Maracaibo y la reactivación de un horno en el Orinoco. |
|---|---|
| Quién | North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por Alejandro Betancourt; PDVSA. |
| Cuándo | Comunicados del 3 y el 9 de noviembre de 2026. |
| Dónde | Campos Bachaquero y Ceuta, en la Costa Oriental del Lago, Zulia; planta de Zuata 2 (Petrocedeño), en la Faja del Orinoco. |
| Por qué | Las tuberías de acero de unos 50 años son una fuente de derrames que han dañado el Lago durante décadas. |
| Cómo | Con tubería flexible, que tiene menos uniones, y el reemplazo completo de la red de cada pozo. |
«Décadas de abandono han dejado petróleo en las costas del Lago de Maracaibo». Así empieza el comunicado que North American Blue Energy Partners (NABEP) difundió el lunes 9 de noviembre. La empresa dice que ha instalado 1.149 kilómetros de tubería flexible en la Costa Oriental del Lago desde que empezó a operar en la zona en 2024, en los campos Bachaquero y Ceuta, para reemplazar líneas de acero que describe como «una de las principales fuentes de fugas que han dañado el Lago durante décadas» (La Verdad).
Las cifras de NABEP
- Tubería flexible instalada: 1.149 km; hay 176 km en almacén, 791 km en tránsito y unos 3.400 km más previstos.
- Acero nuevo: casi 4 km este año, para reparar tramos críticos de troncales de 12 pulgadas.
- Pozos: líneas nuevas en 435 pozos; 301 ya producen por la tubería nueva, con unos 52.000 barriles diarios.
- Compresión: 144 pozos se conectarán a la planta compresora Bachaquero 3 (La Verdad).
La empresa explica que la tubería flexible «presenta menos uniones, que es donde suelen originarse las fugas», y que reemplaza la red completa de cada pozo en vez de hacer reparaciones parciales. En el lago hay unos 25.000 kilómetros de tuberías submarinas, muchas de unos 50 años. Su director, Alejandro Betancourt, habló de «reemplazar, una a una, las líneas corroídas que heredamos» (La Verdad).
También en el Orinoco
El 31 de octubre, NABEP reactivó un horno de la planta Zuata 2 (Petrocedeño), en la Faja del Orinoco, que llevaba cinco años parado. Calienta el crudo extrapesado para separarlo del agua, de modo que cumpla el máximo de 2 % de agua para la venta. La empresa espera sumar entre 8.000 y 10.000 barriles diarios. Dice que su producción pasó de unos 18.000 a más de 200.000 barriles diarios en dos años, con una inversión propia de unos 1.000 millones de dólares, y que llegó a 223.509 barriles equivalentes diarios el 19 de octubre (PR Newswire; Descifrado).
El 23 de octubre, Betancourt recorrió instalaciones en el Lago con funcionarios del Departamento de Estado y con John Barrett, encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela. «Este gran acuerdo está cambiando el escenario de la energía, no solamente en Venezuela», dijo Barrett (El Regional del Zulia).
Quién es NABEP
Según las afirmaciones de NABEP difundidas por PR Newswire y El Regional del Zulia, la empresa opera en el marco del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas y tiene derechos para comercializar o explotar una parte importante de las reservas venezolanas; los términos íntegros del acuerdo no están publicados en las fuentes consultadas. Su director, Alejandro Betancourt López, es un empresario cuyo nombre ha aparecido en investigaciones internacionales sobre corrupción, sobreprecios y lavado de dinero, según Descifrado (Descifrado). El nuevo Congreso de EE.UU. anunció que pondrá la lupa sobre el acuerdo.
Cambiar tuberías corroídas en el Lago de Maracaibo es una buena noticia para un ecosistema castigado durante décadas y para los pescadores que viven de él. Pero todas estas cifras vienen de comunicados de la propia empresa. No hay auditoría independiente de los kilómetros instalados, de los derrames evitados ni de la inversión. Con un operador cuyo director tiene antecedentes cuestionados y un acuerdo que el Congreso de EE.UU. va a revisar, la verificación externa no es un lujo.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que una autoridad ambiental o una auditoría independiente verifique las cifras de NABEP; que se publique un registro de derrames en el Lago antes y después del reemplazo; y que se conozcan los términos del acuerdo bajo el que opera.
Para leer más en INCÍSOS
- El nuevo Congreso pondrá la lupa sobre el acuerdo con NABEP: el Congreso y NABEP.
- EE.UU. manejó 12.260 millones del petróleo venezolano, según KPMG: la cuenta de custodia.
- Exxon vuelve con Delcy Rodríguez, que la acusó en 2025: Exxon.
Fuentes principales: La Verdad (comunicado de NABEP); PR Newswire; Descifrado; El Regional del Zulia.
Imagen de archivo: Refinería de Amuay, Venezuela. Foto de archivo de 2014; no corresponde al acto de firma ExxonMobil-PDVSA. Génesis García / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Fuente · CC BY-SA 3.0.
ECONOMÍA · PETRÓLEO
En marzo de 2025, Delcy Rodríguez acusó a ExxonMobil de conspirar contra Venezuela. Esta semana firmó con su jefe de exploración y producción, Dan Ammann, el memorando para evaluar su regreso. La Embajada de EE.UU. lo presentó como «un paso más» del plan de tres fases de Trump y Rubio. Chevron, que nunca se fue, prepara 7.000 millones de dólares.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La segunda lectura del memorando entre ExxonMobil y PDVSA: quién firmó, qué cubre y qué significa frente a Chevron. |
|---|---|
| Quién | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez; Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream; la Embajada de EE.UU.; Chevron. |
| Cuándo | Anunciado el 9 de noviembre de 2026; la Embajada lo difundió el 10. |
| Dónde | Caracas. |
| Por qué | EE.UU. impulsa el regreso de sus petroleras como parte de su plan para Venezuela. |
| Cómo | Con un memorando que cubre campos maduros y nuevos y que no obliga a invertir. |
En marzo de 2025, cuando era vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez acusó a ExxonMobil de conspirar contra Venezuela. Esta semana, ya como presidenta encargada, le dio la bienvenida de vuelta. El memorando con PDVSA, anunciado el lunes, se firmó en Caracas durante un acto liderado por Delcy Rodríguez, con la presencia de Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream. Según teleSUR, los firmantes fueron Andrés Acosta, por ExxonMobil, y Héctor Obregón, por PDVSA (Infobae; teleSUR).
Qué cubre
Según Rodríguez, el memorando abarca «campos marrones y verdes», es decir, campos ya explotados y campos por desarrollar, con «miles de millones de barriles de reserva». No se han dicho nombres de campos ni volúmenes. Rodríguez habló de «meses de negociaciones para un regreso efectivo» y dijo que Exxon tiene «la capacidad, la tecnología y la inversión necesaria». Ammann, a través de un intérprete, habló de «capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país» (Descifrado; Infobae).
La Embajada de EE.UU. en Venezuela lo presentó el martes como «un paso más» del «plan de tres fases» del presidente Trump y del secretario Rubio (Descifrado). Desde abril, el Gobierno se ha reunido con Exxon y ConocoPhillips, tras la reforma de la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera (Infobae).
Chevron va más rápido
Chevron, que nunca salió de Venezuela, ya tiene un plan. Prevé invertir más de 7.000 millones de dólares en cinco años y podría más que duplicar su producción, hasta unos 600.000 barriles diarios. En septiembre cerró acuerdos con mejores términos fiscales, comerciales y legales y sumó áreas en la Faja del Orinoco. Exxon, en cambio, ha dicho que «no tiene prisa»: le expropiaron activos en Venezuela dos veces, la última en 2007, y tiene otras prioridades, como Guyana y la cuenca del Pérmico en EE.UU. (The Motley Fool; MarineLink/Reuters).
El laudo y Guyana
Dos temas no aparecieron en los discursos. El primero es la deuda: en 2014, el CIADI reconoció a Exxon 1.600 millones de dólares más intereses por la expropiación, y la disputa sigue abierta (MarineLink/Reuters). El segundo es Guyana: Exxon opera el bloque Stabroek en aguas que Venezuela reclama como parte de la Zona en Reclamación del Esequibo. Fue en ese contexto que Rodríguez la acusó en 2025.
El cambio de tono es enorme y merece explicación: la misma funcionaria que llamó conspiradora a Exxon la invita a volver sin decir qué cambió, salvo el poder en Washington. Para el país, lo importante no es la foto sino los términos. ¿Se negociará el laudo con barriles? ¿Qué pasa con la reclamación del Esequibo si Exxon es socia en los dos lados? ¿Quién supervisará los contratos? Si el regreso de Exxon es parte de un plan de EE.UU., los venezolanos tienen derecho a conocer los términos antes de la firma definitiva, no después.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el memorando se convierta en un contrato con campos, montos y plazos publicados; que se aclare el destino del laudo del CIADI; que el Gobierno explique su posición sobre el Esequibo frente a la presencia de Exxon en Guyana; y que la Asamblea revise los términos.
Para leer más en INCÍSOS
- Exxon firma un primer paso para volver a Venezuela: el primer paso de Exxon.
- EE.UU. manejó 12.260 millones del petróleo venezolano, según KPMG: los 12.260 millones.
- NABEP dice que cambió 1.149 kilómetros de tuberías en el Lago: NABEP en el Lago.
- Los «miles de millones al día» de Trump no cuadran: las cuentas del petróleo.
Fuentes principales: Infobae; Descifrado; The Motley Fool; MarineLink/Reuters; Bloomberg.
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