En el baloncesto, un tiempo muerto no es un descanso. Es lo contrario. El reloj se detiene, sí, pero adentro del corrillo pasa todo: el entrenador dibuja la próxima jugada, corrige lo que falló, decide quién entra y quién sale. Los que se sientan a mirar el marcador durante ese minuto son los que están en la tribuna. Los que van a jugar, se paran, escuchan y hablan.

Venezuela está en uno de esos minutos.

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El primer ciclo de la mesa de Caracas cerró, y el siguiente está pautado para septiembre. En el medio hay un compás que muchos ya bautizaron como tiempo muerto, con ese tono de fastidio que se le pone a las esperas. Pero de muerto no tiene nada. Es, si acaso, el intervalo más vivo de todo el proceso, porque es el único en el que todavía no hay nada decidido y sí hay tiempo para influir en lo que se decida.

La tentación de la tribuna es comprensible. Después de veinte años y dieciocho diálogos fallidos, uno aprende a protegerse: que hagan ellos, que avisen cuando terminen, y ya veremos si aplaudimos o pateamos. Es una forma del cansancio, y el cansancio venezolano está más que ganado. Pero es también, con perdón, una forma de la comodidad. Porque delegar del todo tiene una ventaja secreta: si sale mal, la culpa fue de otro. Uno se reserva el derecho a la indignación futura a cambio de renunciar al trabajo presente.

Nosotros proponemos lo contrario, y lo proponemos sin ingenuidad.

Este es el momento de ir al detalle. De confiar y desconfiar a la vez —que no son actitudes opuestas, sino las dos manos con las que se sostiene cualquier proceso serio—. Se confía lo suficiente para participar; se desconfía lo suficiente para revisar. Quien solo confía, firma en blanco. Quien solo desconfía, se queda afuera gritando. El criterio vive en la tensión entre las dos cosas, y esa tensión hay que aguantarla despiertos.

Es el momento, también, de hacerse mil preguntas. Pero no las preguntas retóricas que se lanzan al aire para lucir escepticismo, sino las que tienen respuesta si uno se molesta en buscarla. ¿Cuántos días exige la ley para designar un árbitro electoral? ¿En qué orden manda la Constitución reformar y nombrar? ¿Cuál de las dos asambleas es la que menciona el artículo que ordena designar magistrados? ¿Qué pasa con los actos de un poder que se considera usurpado? Ninguna de esas preguntas es un misterio metafísico. Todas están en un texto que se puede leer. Y hacérselas antes de que las respuestas se conviertan en Gaceta Oficial es la diferencia entre un ciudadano y un espectador.

Porque ahí está el punto que de verdad importa. La reinstitucionalización de un país no se recibe por correo. No es un paquete que llega armado, con su cronograma y su lazo, para que uno lo acepte o lo devuelva. Se construye entre muchos, o no se sostiene. Un sistema de justicia que se rehace a espaldas de la gente que va a ser juzgada por él nace sin legitimidad, por impecable que sea su redacción. Un árbitro electoral designado en una sesión sin testigos es un árbitro que empieza debiéndole una explicación al país. La participación no es un adorno democrático: es el pegamento que evita que todo esto haya que rehacerlo dentro de cinco años.

No se trata de que ellos hagan y nosotros acatemos. Se trata de que todos hagamos, revisemos y acordemos. Y para eso hace falta una cosa nada romántica: estudiar. Leer el borrador antes de que sea ley. Comparar lo que se propone con lo que la norma exige. Señalar lo que falta. Proponer de vuelta, aunque nadie nos haya pedido la propuesta. Un país que solo espera el resultado se queda con el resultado que le den. Uno que participa en el proceso se gana el derecho a reclamarlo.

Por eso esta semana publicamos dos especiales, Quién cuenta y Quién juzga, que abren pieza por pieza —con la Constitución y las leyes en la mano— el Poder Electoral y el sistema de justicia que ahora mismo se renegocian en dos mesas técnicas. No los hicimos para que usted tenga una opinión más rápida. Los hicimos para que tenga una mejor fundada. Son, si se quiere, la libreta que uno lleva al tiempo muerto: lo que hay que mirar, escrito antes de que ocurra, para que después nadie pueda decir que la vara se movió.

Que quede claro lo que no estamos diciendo. No pedimos romper el proceso ni boicotearlo; sería irresponsable, y sería regalarle el partido al que juega a que nos cansemos. Tampoco pedimos entusiasmo automático, que es la otra forma de la pereza. Pedimos algo más incómodo y más barato: que la gente que tiene algo que aportar —juristas, gremios, académicos, ciudadanos que se leyeron la ley— lo aporte ahora, en voz alta, mientras todavía se puede escribir distinto.

El reloj está detenido. No el nuestro.

Un tiempo muerto se gana o se pierde según lo que uno haga con él. Si lo pasamos mirando el marcador, volveremos a la cancha exactamente igual de perdidos que salimos. Si lo pasamos parados, escuchando y hablando, quizá entremos con una jugada. No hay garantía de que funcione. La hay, y total, de que sin ella no funciona.

Así que no lo llamemos tiempo muerto. Llamémoslo por lo que es: el rato que tenemos para no dejar que la cosa se muera de abandono. Es poco. Es ahora. Y es nuestro.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta columna expresa la opinión de su autor.

Se presentó una cosa llamada Pacto por Venezuela. Y no la presentó cualquiera.

La presentó el hombre que puede dar fe, con testigo propio, de que el acta que proclamó ganador a Nicolás Maduro nunca se imprimió donde la ley manda imprimirla.

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Ese mismo hombre habló durante una hora del futuro venezolano sin nombrar el 28 de julio de 2024.

Conviene recordar quién es, porque el reproche solo se entiende si se sabe con quién estamos hablando.

Enrique Márquez no es un actor sobrevenido. Fue rector del Consejo Nacional Electoral, su vicepresidente entre 2021 y 2023. Conoce por dentro la maquinaria que después lo defraudó.

Estuvo en las conversaciones de aquel año difícil, cuando inhabilitaron a María Corina Machado, cuando el sistema del propio organismo no dejó inscribir a Corina Yoris y cuando Edmundo González Urrutia fue inscrito, en principio, para no perder la tarjeta. La Plataforma Unitaria terminó decantándose por González. Márquez compitió por su cuenta.

Después vino la elección. Y después vino lo que todos sabemos: unas actas que salieron de las máquinas, una contraloría ciudadana que las fotografió, las grabó y las publicó, y un organismo electoral que alegó un ataque cibernético y nunca mostró los resultados desagregados.

Ahora la parte que le hace justicia, porque sin ella este texto sería injusto.

El 2 de agosto de 2024, cuando la Sala Electoral citó a los diez candidatos, Márquez fue. También fueron otros siete. El único que no acudió a ninguna fase fue el presidente electo.

Pero Márquez fue e hizo tres cosas que conviene tener presentes.

No firmó. Ocho candidatos suscribieron el documento que los comprometía a acatar el fallo de la Sala Electoral. Él se negó.

No entregó material. La propia sentencia deja constancia de que no consignó los instrumentos electorales requeridos.

Y exigió lo contrario de lo que le pedían. Al salir dijo que ni siquiera sabía en qué consistía el recurso, y pidió transparencia y publicación de los resultados.

Es decir: entró en la boca del lobo y no le dio la firma. Eso tiene mérito y hay que decirlo.

También hay que decir lo otro. Márquez fue el primero en sostener públicamente que el acta de totalización no se imprimió en la Sala de Totalización, como ordena la ley. Que los testigos acreditados para estar allí no pudieron entrar. Que él tenía a alguien adentro y por eso puede dar fe.

No es una opinión suya. Es un testimonio con testigo.

Y por eso lo metieron preso. El 7 de enero de 2025, tres días antes de la fecha en que debía juramentarse un presidente, se lo llevaron acusado de planear un golpe de Estado. Estuvo más de un año en El Helicoide.

Pagó con su libertad por sostener un hecho.

Entonces mi pregunta es sencilla.

Si el hombre que documentó el fraude, que se negó a convalidarlo ante el tribunal que lo certificó, y que pasó un año encerrado por decirlo, se para hoy ante el país a proponer una ruta hacia el futuro, ¿cómo es que el 28 de julio no aparece?

No hablo de rencor. No pido que abra el expediente ni que exija juicios antes de sentarse a conversar.

Hablo de nombrarlo. De decir: esto pasó, esto sabemos, y desde aquí construimos.

Porque cuando el que más sabe calla precisamente sobre lo que más sabe, el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer otra cosa.

Hay algo más, y es el punto de fondo.

Se ha instalado la idea de que los hechos anteriores estorban. Que mirar hacia atrás es quedarse anclado. Que hay que romper el retrovisor, como él mismo dijo en febrero.

Esa idea es falsa, y basta mirar la mesa de Caracas para comprobarlo.

¿Por qué está Dinorah Figuera sentada allí? No por sus méritos personales, que no discuto. Está sentada allí porque en 2019 se constituyó un gobierno interino, porque ese gobierno se abrogó atribuciones que ningún venezolano votó —entre ellas la custodia de los activos de la República en el exterior—, y porque ella recibió ese testigo cuando Juan Guaidó lo soltó.

Quítele usted esos hechos a esa señora y no queda nada. No hay delegación, no hay reconocimiento del Departamento de Estado, no hay oro en Londres que administrar.

Está donde está por lo que ocurrió antes.

Lo mismo vale para todos. El usurpador está preso en Nueva York por una acumulación de hechos. Delcy Rodríguez despacha porque era vicepresidenta designada por él. Estados Unidos tutela porque el 3 de enero entró en Caracas.

Nadie está donde está por generación espontánea. Estamos aquí pagando las consecuencias, buenas y malas, de lo que se hizo antes en política.

Por eso no se puede saltar del 27 de julio de 2024 al 29.

Y mucho menos del 27 de julio de 2024 al 3 de enero de 2026.

En el medio hubo una elección que el Centro Carter dictaminó que no cumplió estándares internacionales de integridad y que no puede considerarse democrática. Hubo actas que la gente resguardó con el teléfono en la mano. Hubo siete países que reconocieron un resultado distinto al proclamado. Hubo detenidos, muertos y exiliados. Hubo un año de Márquez en El Helicoide.

Todo eso ocurrió. Y no se despacha.

Sospecho, y lo digo como sospecha y no como hecho, que en el cálculo de esta presentación pesó más el protagonismo que la memoria. Un pacto con nombre, sitio web y rueda de prensa en un hotel de El Rosal circula bien por las redes. Nombrar el 28 de julio, en cambio, obliga a decir quién hizo qué, y eso incomoda a la mesa de la que uno quiere formar parte.

Puedo estar equivocado en el motivo. No lo estoy en la ausencia.

Que quede claro lo que no estoy diciendo. No estoy pidiendo que se rompa el proceso. No estoy del lado de quienes quieren boicotearlo, y en eso coincido con él.

Estoy pidiendo algo más barato y más difícil: que quien tiene el conocimiento lo ponga sobre la mesa.

Márquez tiene una autoridad que ningún otro dirigente venezolano tiene sobre este asunto. No la tiene por su cargo, ni por su candidatura, ni por su invitación al Capitolio. La tiene porque estuvo, porque vio, porque no firmó y porque pagó.

Esa autoridad no se ejerce proponiendo pactos. Se ejerce diciendo lo que uno sabe.

Y él sabe qué pasó el 28 de julio.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta columna expresa la opinión de su autor.