INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Un gobernador dice que en su estado nunca se va la luz, dos días después de anunciar cortes. Una presidenta encargada habla de crecimiento con un salario mínimo de 130 bolívares. Un presidente de la Asamblea promete cuatro elecciones sin fecha. El chavismo perdió el control de la cifra, y la cifra no se deja convencer.

«Aquí no se va la luz». Lo dijo Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, a comienzos de octubre de 2026. El 30 de septiembre él mismo había anunciado cortes fraccionados por «falta de megavatios». Cuando le preguntaron por el racionamiento, respondió que eso «es echando broma».

No es un caso aislado. Esta semana pusimos en fila siete frases de dirigentes chavistas y, al lado de cada una, un dato. Delcy Rodríguez habla de crecimiento después del terremoto, con una inflación acumulada de 225,3 % hasta septiembre y un salario mínimo congelado en 130 bolívares. Jorge Rodríguez asegura que «claro que habrá elecciones, habrá cuatro elecciones», y ninguna tiene fecha. Diosdado Cabello defiende la Ley contra el Odio cinco días después de que Jorge Arreaza admitiera que hubo abusos en su aplicación.

El canal y la cifra

Durante dos décadas el chavismo tuvo dos ventajas: controlaba el canal y controlaba la cifra. Decía lo que quería por la televisión del Estado y publicaba, cuando quería, los números que le convenían. Hoy no controla ninguna de las dos por completo.

El Banco Central publica una inflación que contradice el optimismo presidencial. Los vecinos de Valencia graban sus apagones. Los aliados del gobierno discrepan en público. Y la llave del ingreso petrolero ya no está en Caracas: según el economista Asdrúbal Oliveros, el 83 % de los ingresos del país pasa por una cuenta supervisada desde Washington.

Por qué importa ahora

Esto no es un ejercicio de burla. Venezuela entra en una etapa en la que se negocian jueces, leyes y, algún día, una fecha para votar. En esa mesa, la palabra de cada parte vale lo que valen sus datos. Un gobierno que niega lo que la gente vive en su propia casa no puede pedir que le crean cuando promete garantías.

Lo vemos también desde afuera. Desde Columbus, como desde cualquier ciudad donde vive la diáspora, uno llama a la familia y escucha la otra versión: la nevera que se dañó con el apagón, el sueldo que no alcanza para la semana. Esa conversación es el dato que ningún discurso puede editar.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que la palabra oficial vuelva a valer algo? Faltan tres cosas. Que las cifras del Estado se publiquen completas y a tiempo. Que los anuncios lleguen con texto, fecha y responsable. Y que quien gobierna acepte que la realidad no se decreta.

Un gobierno puede comprar canales, nombrar jueces y redactar leyes. Lo que no puede es hacer militar a un dato. El dato no milita. Por eso molesta.

Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: ACN, 30 de septiembre de 2026; El Pitazo y La Patilla, 3 de octubre de 2026; BCV vía Reuters, 3 de octubre de 2026; Bloomberg Línea; El País, 18 de junio de 2026; especial «Palabra contra dato» de INCÍSOS.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Washington llama a este momento «la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido, casi en una generación». Machado dice que hay tiempo suficiente para votar antes de julio de 2027. La Plataforma dice que una estabilidad sin gobierno legítimo es una fantasía. La mesa vuelve el 14 de octubre a discutir jueces y garantías. La fecha sigue sin aparecer.

«La mejor oportunidad que Venezuela ha tenido, casi en una generación». La frase es de Marco Rubio, el viernes 9 de octubre de 2026, con Dinorah Figuera a su lado en el Departamento de Estado. Le prometió «apoyo al 100 %» y el respaldo «más firme posible desde los niveles más altos» de su gobierno. Pidió también «un poco de paciencia».

Creo que Rubio tiene razón en lo primero. Hace un año nadie habría apostado por una mesa en la que se discuten magistrados, leyes y presos políticos. Según el balance oficial, hay más de mil excarcelados y decenas de portales desbloqueados. Y un comité recibe candidaturas para un nuevo Tribunal Supremo. Nada de eso es poco.

Pero una oportunidad sin fecha se parece mucho a una promesa. Y los venezolanos tenemos experiencia en promesas.

Tres relojes

Esta semana corren tres relojes distintos. El de Washington tiene tres fases: estabilización, recuperación y transición. Las elecciones están en la tercera y no tienen fecha. El de la mesa avanza por rondas: el 14 de octubre, jueces y garantías; después, el poder electoral y las leyes. Tampoco tiene fecha para votar. El tercero lo pone María Corina Machado, que dice que hay «más que suficiente tiempo» para votar antes de julio de 2027 y reconoce una diferencia con Washington «en el ritmo, en los plazos».

Roberto Enríquez, de la Plataforma Unitaria, lo dijo sin diplomacia: creer en una Venezuela estable sin un gobierno legítimo «es una fantasía».

Lo que se mueve más rápido

Mientras tanto, otras cosas sí tienen calendario. Los 105 acuerdos petroleros que anunció Delcy Rodríguez avanzan, aunque nadie sabe con quién ni por cuánto. Las sanciones a la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tienen plazo hasta el 7 de abril de 2027. Hasta el diésel ruso tiene fecha de entrega. Lo único que no tiene fecha es el día en que los venezolanos elijan a quién los gobierna.

No es un detalle de procedimiento. Un calendario electoral es lo que convierte una negociación en una transición. Sin él, cada ronda puede terminar con avances reales y con la fecha aplazada a la siguiente. Y cada contrato firmado, cada magistrado nombrado y cada ley reformada se decide sin que los venezolanos hayan votado.

Desde aquí

Desde Columbus, como desde cualquier ciudad donde vive la diáspora, la pregunta es concreta. Millones de venezolanos fuera del país quieren saber si podrán votar, dónde y cuándo. Ninguna ronda de la mesa ha puesto ese tema en su agenda. Y sin registro en el exterior, ni siquiera julio de 2027 alcanza.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que la oportunidad tenga calendario? Faltan tres cosas. Que la ronda del poder electoral tenga fecha de inicio. Que esa ronda incluya el día de la votación y el registro de los venezolanos en el exterior. Y que Washington, que tiene la influencia, ponga en su apoyo «al 100 %» un día marcado en el calendario.

Una oportunidad sin fecha no se pierde de golpe. Se gasta de a poco.

Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Departamento de Estado de EE.UU., 9 de octubre de 2026; Financial Times vía Reuters; EFE, 9 de octubre de 2026; Departamento del Tesoro de EE.UU.; Foro Penal.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Las víctimas de la tortura en Venezuela tocaron todas las puertas: la CIDH, la ONU, la Corte Penal Internacional, un tribunal argentino, cortes civiles de Estados Unidos. Ninguna tenía al acusado. El primer tribunal penal que lo tiene está en Manhattan. Y el mismo viernes, Caracas empieza a escoger a quienes escogerán su nuevo TSJ.

El jueves 8 de octubre de 2026, un tribunal federal de Manhattan hizo pública una acusación que dice, sobre Nicolás Maduro, lo que miles de venezolanos llevan años contando: que autorizó la tortura contra personas concretas y supervisó un sistema para usarla. Descargas eléctricas, asfixia, violaciones, amenazas contra los hijos de los detenidos. Nueve casos detallados. Tres de las víctimas son estadounidenses. Las otras son nuestras.

Es la primera vez que un tribunal penal que tiene a Maduro bajo custodia lo acusa de torturar. Y ese tribunal no está en Caracas.

Las víctimas no esperaron

Sería injusto decir que hizo falta Nueva York para que alguien escuchara. Las víctimas y sus familias llevan años llamando a todas las puertas que encontraron.

Fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió medidas cautelares para presos políticos una y otra vez, y que el 6 de octubre volvió a exigir la liberación de los militares presos. Fueron a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que desde 2020 documentó crímenes de lesa humanidad y cuyo mandato acaba de renovarse hasta 2028. Fueron a la Corte Penal Internacional, que abrió en noviembre de 2021 una investigación sobre Venezuela, la primera en América Latina. Fueron a Argentina, donde un tribunal federal, con la jurisdicción universal, ordenó en septiembre de 2024 la captura de Maduro y de Diosdado Cabello. Y fueron a las cortes civiles de Estados Unidos, donde un tribunal concluyó que la muerte del concejal Fernando Albán fue un «asesinato por encargo», y donde los estadounidenses Osman Khan y Matthew Heath ganaron en mayo un fallo de 300 millones de dólares contra Maduro.

Detrás de cada una de esas instancias hubo madres con fotos, abogados sin cobrar, organizaciones como Foro Penal contando presos uno por uno, y víctimas que repitieron su historia ante desconocidos sabiendo que el acusado nunca iba a comparecer. Esa fue la tragedia de todos esos expedientes: tenían pruebas, tenían testigos, tenían razón. No tenían al acusado.

Por qué Nueva York sí

Lo que cambió el 3 de enero no fue la evidencia. Fue la custodia. La ley federal que usa la Fiscalía permite juzgar la tortura cometida en otro país si el acusado está en Estados Unidos. Maduro está en Brooklyn. Por eso los tres estadounidenses abren la puerta, pero detrás de ella caben los venezolanos: el general Raúl Baduel, muerto bajo custodia; el concejal Albán; Leopoldo López, según la descripción que hace AP de los casos.

No es poca cosa. Pero tampoco es lo que nos debíamos.

El tribunal que no tuvimos

El tribunal que no tuvimos tenía nombre: Tribunal Supremo de Justicia. Su Constitución le ordenaba «asegurar la integridad» de la Carta. En lugar de eso, firmó lo que el poder pedía. Esta misma semana, una exmagistrada de su Sala Político Administrativa, Bárbara César Siero, contó que firmó inhabilitaciones con su familia presa. Y el constitucionalista Ángel Alberto Bellorín repasó en estas páginas cómo llegó a esa Sala, y si cumplía el concurso que exige la ley y los quince años que pide el artículo 263.

Ese es el punto. Las víctimas tuvieron que ir afuera porque adentro el juez era parte del sistema. Cada puerta internacional que tocaron fue la confesión de que la de casa estaba cerrada.

El viernes 9 de octubre

Por eso la otra noticia de esta semana pesa tanto como la de Manhattan. Este viernes, a las 4:00 p. m., cierra la convocatoria para el comité que preseleccionará a los magistrados del nuevo TSJ. El jueves, ante Fedecámaras, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que «la justicia que existe en Venezuela no es buena para nadie». Es la primera vez que lo admite quien formó parte del gobierno que la diseñó.

Desde Columbus, como desde Madrid o Bogotá, muchos venezolanos siguieron la audiencia de Cilia Flores por internet. Es una escena extraña: ver hacer justicia en otro idioma, en otro país, con un juez que no conoce Caracas. Se entiende el alivio. Pero un país no puede tercerizar su justicia para siempre.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para que el próximo tribunal sea el nuestro faltan cuatro cosas. Que el comité publique quiénes aspiran, con qué baremo se les mide y por qué se descarta a cada uno. Que los nuevos magistrados cumplan el artículo 263 tal como está escrito. Que los casos de las víctimas venezolanas, documentados durante años ante la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, se abran también en Venezuela. Y que el Estado venezolano coopere con esas instancias en lugar de expulsarlas.

La justicia que llega de afuera prueba que el crimen existió. Solo la que se hace en casa prueba que terminó.

Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Reuters, AP, CNN y EFE, 8 de octubre de 2026; CIDH, 6 de octubre de 2026; Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 7 de octubre de 2026; Corte Penal Internacional (situación Venezuela I, noviembre de 2021); El Diario, 23 de septiembre de 2024 (orden de captura en Argentina); El Estímulo, 8 de octubre de 2026 (Delcy Rodríguez ante Fedecámaras); Infobae y El Impulso (comité de postulaciones).