POLÍTICA · EL EXPEDIENTE

Una sola fuente anónima, citada por David Alandete en ABC, dice que el coconspirador número uno del caso de torturas contra Maduro es Diosdado Cabello. Si es cierto, el ministro de Interior de Delcy Rodríguez sería a la vez acusado sin nombre, presunto colaborador de Washington y candidato a una salida en avión hacia Turquía o Catar. Una segunda fuente explica por qué Washington no tiene prisa por las elecciones.

La acusación sustitutiva del 8 de octubre contra Nicolás Maduro y Cilia Flores menciona a tres altos funcionarios sin nombre: CC-1, CC-2 y CC-3. Desde entonces, en Caracas y en Miami se juega a ponerles cara. El lunes 12 de octubre, David Alandete puso una en ABC: «CC-1 es Diosdado», le dijo una fuente que describe como vinculada desde hace años a la inteligencia estadounidense.

La fuente agrega que Cabello coopera con Washington desde el 3 de enero de 2026 y que el plan para él «no consiste necesariamente en detenerlo y traerlo a Estados Unidos». Si sigue colaborando, escribe Alandete, «podría ser sacado de Venezuela y trasladado a un tercer país»: Turquía o Catar. «Y hay un avión». Según la carta, la aeronave está identificada, ya hizo la ruta entre Turquía y Catar y, cree la fuente, pudo haber servido para sacar a personas indicadas por Cabello y recursos de su propiedad. Su salida, resume, «ya tiene ruta, destinos posibles y hasta modo de transporte». Nada de eso tiene confirmación pública.

Dos retratos de un mismo CC-1

El detalle que más debe frenar al lector está en el propio expediente. El 8 de octubre, el diario Versión Final, que tuvo acceso al documento, describió a CC-1 como un alto funcionario con mando sobre la Fuerza Armada y acceso directo a Maduro, vinculado al narcotráfico desde 2006 y a envíos de armas a las FARC y el ELN en 2017. Con ese perfil, el diario especuló que podría ser Vladimir Padrino López, y que Cabello sería CC-2.

El retrato que trae Alandete pone el acento en otro lugar: órdenes de matar a opositores, supervisión de torturas y amenazas a familiares de detenidos. Ambos pueden convivir en un mismo funcionario. Pero mientras la fiscalía no levante la reserva, la identidad de CC-1 depende de quién la cuente.

Si es cierto, la contradicción

Supongamos que la fuente acierta. Entonces el hombre que la acusación describe en el centro de la represión sigue siendo ministro de Interior y secretario general del PSUV en el gobierno de la presidenta encargada. Hace una semana defendía en público la Ley contra el Odio, la misma que Delcy Rodríguez pidió reformar y con la que, según el Foro Penal, se ha imputado a 927 personas desde 2017.

Y entonces Washington estaría negociando con él dos cosas incompatibles para las víctimas: su testimonio contra Maduro y su salida a un país sin extradición. La cooperación de acusados es una herramienta normal de la justicia estadounidense. Saab se declaró culpable y coopera desde septiembre. Pero un coconspirador de torturas con pasaje a Doha no es un testigo protegido. Es un arreglo, y las víctimas no estuvieron en la mesa.

El cartel de 2020 y la respuesta de Trump

El mismo lunes, Alandete recordó en X el cartel con el que el Departamento de Justicia anunció en 2020 las acusaciones de narcoterrorismo contra la cúpula chavista: Maduro arriba, con 15 millones de dólares de recompensa; Cabello en la fila de abajo, con 10 millones. «Varios están ya en prisión en Nueva York y Miami», escribió. Y le preguntó a Donald Trump, en la Casa Blanca, si espera más extradiciones en el caso. La respuesta, según la traducción del periodista: «Va a seguir su curso, irá a los tribunales. Pero hizo cosas muy malas. Su captura fue un gran logro. Venezuela fue un gran logro».

Trump habló de Maduro, no de Cabello. Pero el contraste es elocuente: de aquel cartel, unos están presos y otro sigue siendo ministro de Interior.

La tesis de Washington

La carta describe además una «depuración discreta pero evidente» de las estructuras de poder de Cabello desde el 3 de enero: generales y oficiales vinculados a él jubilados o apartados del mando, colectivos bajo presión y un antiguo hombre de confianza, el exdirector del Sebin Gustavo González López, convertido, según la fuente, en uno de los colaboradores más activos de Washington. «Es todo un peón», le dijo a Alandete. El resultado sería «un Diosdado mucho más aislado que hace nueve meses».

Lo más importante lo dice una segunda fuente en Washington, y explica el calendario venezolano: «Todo esto, esta depuración, que Estados Unidos hace porque cree en la democracia en Venezuela, no se podría haber hecho si se hubiera precipitado un cambio político y unas elecciones por la vía rápida». Primero desmontar estructuras militares, de inteligencia y represivas; después, elecciones. Es, escribe Alandete, una de las claves del plan de Marco Rubio.

La tesis tiene lógica. También tiene un problema: nadie ha dicho quién decide cuándo termina la depuración, ni con qué criterio. Mientras tanto, la mesa de Caracas avanza hacia un TSJ nuevo y la fecha electoral sigue sin aparecer.

Lo que conecta

Alandete enlaza este caso con la llegada de Álvaro Pulido a Miami, que comparece el martes 13, y con Miguel Rodríguez Torres, exjefe del Sebin y exministro de Interior, que según sus fuentes estuvo en Washington y se ofreció a cooperar. «Tiene información. Mucha», escribe. Si el retrato es correcto, la transición venezolana se está escribiendo con declaraciones de quienes la impidieron. En quién está acusado de qué y en la parte colombiana del expediente está lo que la acusación sí dice con nombres.

Criterio: tres pruebas

1. Confirmación: que una segunda fuente independiente o un documento judicial sostenga la identidad de CC-1.
2. El cargo: si Delcy Rodríguez mantiene a Cabello en Interior con esta sospecha pública, y qué explica.
3. Las víctimas: si algún acuerdo con un coconspirador pasa por un juez y deja a las víctimas saber qué se negoció.

¿Qué falta, exactamente?

Falta que alguien con nombre y apellido confirme o desmienta. Cabello no había respondido al cierre de esta edición. La fiscalía de Nueva York no comenta identidades protegidas. Y falta lo más difícil: que la palabra «cooperación» no termine sirviendo para que los responsables de torturas elijan dónde jubilarse.

Fuentes principales: David Alandete, carta de ABC del 12 de octubre de 2026; El Universo y Versión Final; David Alandete en X, 12 de octubre de 2026 (pregunta a Donald Trump y cartel del Departamento de Justicia); Versión Final, 8 de octubre de 2026; acusación sustitutiva del Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026; Infobae, 6 de octubre de 2026; Foro Penal.

POLÍTICA · JUSTICIA

Álvaro Pulido comparece este martes ante un juez federal. Su socio de dos décadas se declaró culpable hace un mes y prometió contar lo que sabe. En un caso de dos acusados, el que llega segundo tiene menos que ofrecer, y Pulido sabe cosas que Saab quizá no.

Hace un mes, el 15 de septiembre de 2026, Alex Saab se declaró culpable en Miami de un cargo de conspiración para lavar dinero, aceptó perder 195 millones de dólares y se comprometió a cooperar con los fiscales, incluso, según la prensa local, como posible testigo en el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York. La jueza Kathleen Williams fijará su pena.

Este martes, su socio de dos décadas entra a la misma corte. Álvaro Pulido llegó desde la cárcel de El Rodeo I, en Caracas, sin una extradición conocida. Y llega en la peor posición posible para negociar: la de segundo.

El que llega segundo

En un caso con dos acusados, el valor de cooperar depende de lo que uno sabe que el otro no ha contado. Saab tuvo un mes para hablar. Lo que Pulido pueda ofrecer ahora tiene que ser nuevo.

Y hay una zona donde puede serlo. La acusación de 2021 lo pone en el centro de los contratos de las cajas CLAP, con cuatro coacusados, precios inflados, sobornos a funcionarios y unos 180 millones de dólares que pasaron por EE.UU., según el resumen de Latin Times. La DEA le atribuye además una operación para liquidar oro y pagar a proveedores del gobierno cuando faltaban dólares. Saab fue la cara pública del negocio. Pulido, según los fiscales, fue quien lo operó.

Lo que sabe y a quién toca

Las CLAP no fueron un negocio privado. Fueron el programa de alimentos del Estado, y sus contratos pasaron por ministerios, gobernaciones y la cadena de importación. Quien manejó esos pagos sabe qué funcionarios los firmaron. Varios siguen en cargos o cerca del poder en el gobierno de la presidenta encargada.

Hay un elemento más. En su carta del 12 de octubre, David Alandete pone el traslado de Pulido —«la DEA lo ha trasladado desde una prisión de Caracas a Florida», escribe— en la misma semana en que describe cómo antiguos hombres de Diosdado Cabello cooperan con Washington. Los entregados y los que cooperan forman parte del mismo paisaje: una justicia venezolana que se resuelve en Miami y Nueva York.

El silencio de Caracas

El gobierno de Delcy Rodríguez sigue sin explicar con qué base legal salió Pulido del país. La misma Delcy, cuando Saab fue deportado en mayo, lo llamaba «un diplomático venezolano inocente», según la prensa de Miami. Ahora no hay una palabra sobre su socio.

Criterio: tres pruebas

1. Su declaración: si se declara no culpable, como es habitual en la primera audiencia, o si su defensa anuncia conversaciones con la fiscalía.
2. Las CLAP: si la fiscalía añade acusados o nombres de funcionarios venezolanos en los próximos escritos.
3. Caracas: si el Ministerio Público o la cancillería explican cómo salió de El Rodeo.

¿Qué falta, exactamente?

Falta lo que solo Venezuela puede hacer: abrir su propio expediente de las CLAP. Mientras el caso viva solo en Miami, los venezolanos sabrán lo que convenga a un acuerdo de cooperación, no lo que pasó con la comida que pagaron.

Fuentes principales: AP; Latin Times, 12 de octubre de 2026; Departamento de Justicia (A. Tysen Duva); Local10, Hoodline y Voz, 15 y 16 de septiembre de 2026 (declaración de culpabilidad de Saab); David Alandete, ABC, 12 de octubre de 2026; El Tiempo.

POLÍTICA · VENEZUELA EN EL MUNDO

En la FAO, Delcy Rodríguez dijo que el diálogo con la oposición y con Estados Unidos le dio a Venezuela la estabilidad para producir. En el mismo discurso culpó del hambre a las sanciones de 2017 y prometió hambre cero antes de 2030. Las dos cosas a la vez son el mensaje del rodrigato hacia afuera.

Delcy Rodríguez aterrizó en Roma sancionada por la Unión Europea. El lunes 12 de octubre habló en la FAO como quien llega de un país en orden: Venezuela, dijo, «ha emprendido un proceso de transformación ordenado, institucional y verificable», y esa será «la base sobre la que construiremos una nueva política agroalimentaria».

Lo nuevo no fue el plan, que anunció con dos nombres distintos según la fuente («Venezuela Alimenta» y «Venezuela Alimentaria»). Lo nuevo fue a quién le dio el crédito.

El crédito y la culpa

Rodríguez atribuyó la estabilidad política que necesita la producción a dos diálogos: el nacional con la oposición y el diplomático con Estados Unidos. Ante un foro de Naciones Unidas, presentó la relación con Washington como una de las causas de la recuperación.

En el mismo discurso, culpó del desabastecimiento a las «medidas coercitivas unilaterales» impuestas desde 2017, que según ella afectaron el acceso a financiamiento, insumos, tecnologías y repuestos. Las sanciones de 2017 las firmó el primer gobierno de Donald Trump. El mismo presidente cuyo gobierno ahora negocia petróleo con ella.

No es una contradicción descuidada. Es el doble mensaje del rodrigato hacia afuera: Washington es socio del presente, y las sanciones son la explicación del pasado. Así, la crisis alimentaria de la última década queda sin responsables en Caracas.

Lo que prometió

Hambre cero antes de 2030. Una ley de economía local que llegará a la Asamblea Nacional en pocos días. Seguridad jurídica sobre la tierra y la propiedad, un pedido que suena distinto en boca de un gobierno que expropió fincas durante años. Y usar la renta energética para crear capacidad productiva duradera.

Ninguna de esas promesas vino con cifras: ni presupuesto, ni toneladas, ni metas intermedias. Los números que sí existen están en lo que cuesta comer en Venezuela.

Lo que no dijo

No mencionó a la Unión Europea, que la mantiene sancionada y en cuya capital habló. Tampoco las elecciones, ni la mesa de negociación del miércoles. Afuera, venezolanos residentes en Roma protestaron contra su presencia.

¿Qué falta, exactamente?

Para que «verificable» signifique algo, falta lo que se verifica: el texto de la ley de economía local, las metas del plan con cifras y plazos, y una fecha electoral. Un proceso que se dice institucional se reconoce por sus documentos, no por sus discursos.

Fuentes principales: Discurso de Delcy Rodríguez en el Foro Mundial de la Alimentación (FAO), 12 de octubre de 2026, según Aporrea (agencias), El Universal de Cartagena, teleSUR, Resumen Latinoamericano y Albaciudad.