Política
La ONU advierte que la crisis humanitaria en Venezuela se deteriora rápidamente
La agencia de la ONU para los refugiados advirtió que la situación humanitaria en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela se deteriora rápidamente, con escasez de alimentos, servicios colapsados y miles de desplazados sin refugio adecuado. El 39 % permanece en calles y espacios públicos.
A casi una semana del doble terremoto, la emergencia en Venezuela entra en una fase distinta y no menos peligrosa: la del deterioro de las condiciones de vida de quienes sobrevivieron. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que coordina la respuesta en materia de protección y refugios para los damnificados, advirtió este 30 de junio de 2026 que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente». Es una alerta de peso, porque proviene del organismo internacional encargado precisamente de velar por los desplazados, y porque pone cifras a una realidad que hasta ahora se intuía.
Ficha 6W
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Qué | ACNUR advirtió que la situación humanitaria en las zonas afectadas se deteriora rápidamente. |
| Quién | La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y los miles de desplazados por el terremoto. |
| Cuándo | En un comunicado del 30 de junio de 2026, con evaluaciones de campo del 26 y 27 de junio. |
| Dónde | En los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo. |
| Por qué | La escasez de alimentos y el colapso de servicios elevan la vulnerabilidad de los desplazados. |
| Cómo | Con evaluaciones de campo que confirman el aumento de los riesgos para la población. |
Lo que advierte la ONU
El diagnóstico de ACNUR es severo. La agencia afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada». Esas conclusiones no son una impresión general, sino el resultado de las primeras evaluaciones realizadas sobre el terreno los días 26 y 27 de junio en cinco de los estados más golpeados: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo. Esas evaluaciones, señaló el organismo, confirman un fuerte incremento de la vulnerabilidad de la población.
El dato más elocuente es el de los desplazados. Según las cifras de la agencia, cerca de 16.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, pero no todas han conseguido un lugar donde refugiarse. La portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf, ofreció en Ginebra el desglose: «La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene». Es decir, casi cuatro de cada diez desplazados evaluados están, literalmente, a la intemperie.
Los más vulnerables: la alerta sobre los menores
Dentro de ese cuadro, hay un grupo que concentra una preocupación especial. ACNUR informó que el 17 % de los encuestados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias, una de las situaciones más delicadas que puede generar una catástrofe. Por ello, el Grupo de Protección de Naciones Unidas —liderado por ACNUR, con la participación de otras agencias como Unicef— puso en marcha una campaña para la identificación, localización y reunificación familiar de esos niños.
Es una de las consecuencias menos visibles pero más graves de un desastre: niños que quedaron separados de sus padres en el caos del derrumbe o de la evacuación, y que ahora enfrentan riesgos adicionales por su condición. La reunificación familiar se convierte, en este contexto, en una tarea humanitaria prioritaria, tanto por el bienestar inmediato de los menores como por su protección frente a peligros mayores.
El «caos logístico» de la ayuda
El comunicado de la ONU dejó también una observación que ilumina uno de los problemas centrales de la emergencia: el de la organización de la ayuda. Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela describió la existencia de un «caos logístico» provocado por la enorme cantidad de personas que, con buena voluntad, intentan aportar ayuda de forma espontánea. El funcionario llamó a que haya una organización logística adecuada, tanto para respetar la dignidad de las personas como para garantizar una distribución eficiente.
Esa observación es importante porque señala un matiz necesario: el problema de la ayuda no es solo su llegada, sino su organización. La solidaridad espontánea, masiva y genuina necesita canales que la ordenen para que sea efectiva y no se pierda en el desorden. En ese sentido, ACNUR informó que, en coordinación con Cáritas, se habilitó un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones, con el fin de facilitar la distribución de la asistencia. Consultada sobre las denuncias difundidas en redes acerca de una presunta falta de transparencia en la distribución de la ayuda, la portavoz de la agencia evitó emitir valoraciones, y recordó que, en este tipo de emergencias, las agencias de la ONU acostumbran respaldar las respuestas lideradas por los gobiernos nacionales.
Ver también: 200 toneladas de ayuda varadas en la frontera y la nota sobre la segunda emergencia en el especial.
Una emergencia que cambia de rostro
La alerta de ACNUR confirma algo que la evolución de la tragedia venía anticipando: superada la fase más intensa del rescate, la emergencia no termina, sino que muta. De la urgencia de sacar gente con vida de los escombros se pasa a la urgencia, igualmente apremiante, de sostener a los cientos de miles de personas que sobrevivieron pero lo perdieron todo. La escasez de alimentos, el colapso de los servicios, los desplazados a la intemperie y los niños separados de sus familias dibujan el rostro de esta segunda emergencia, menos visible que el derrumbe pero igual de peligrosa. A ello se suman riesgos que apenas empiezan a perfilarse, como las advertencias sobre posibles brotes de enfermedades en condiciones de hacinamiento e higiene precaria. La comunidad internacional, a través de la ONU, ha encendido la alarma. La pregunta es si la respuesta —nacional e internacional— estará a la altura de un deterioro que, según el organismo, avanza rápido.
Para seguir la cobertura completa, ver el Centro de Recursos del especial y la guía de localizapacientes.com.
Nota: Esta nota recoge un comunicado oficial de ACNUR y declaraciones de sus portavoces y de otras agencias de la ONU, a partir de información de agencias de prensa. Las cifras corresponden a las evaluaciones citadas por el organismo y pueden actualizarse a medida que avancen las labores en el terreno.
Fuentes principales: Comunicado y declaraciones de ACNUR, a través de su portavoz Carlotta Wolf desde Ginebra; declaraciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA), recogidas por la agencia EFE y reproducidas por El Carabobeño, ABC, Diario Libre y El Tiempo (30 de junio de 2026).
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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El contrato de PDVSA que hundió a un aliado de Rubio
Diez años de prisión, un contrato de 50 millones con PDVSA, un testigo llamado Marco Rubio y un pedido de indulto. Lo que deja la condena de David Rivera.
POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · VENEZUELA
El excongresista republicano David Rivera fue condenado a diez años de prisión por cabildear en secreto a favor del gobierno de Maduro. El contrato de 50 millones de dólares salió de una filial de PDVSA cuando Delcy Rodríguez era canciller. Hoy ella es la interlocutora de Washington, y Rivera pide un indulto.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Condena a diez años de prisión por lavado de dinero y por actuar como agente extranjero no registrado del gobierno venezolano. |
|---|---|
| Quién | David Rivera, excongresista republicano por Florida (2011-2013); la jueza federal Melissa Damian. |
| Cuándo | Sentencia del viernes 2 de octubre de 2026; veredicto de culpabilidad en mayo. |
| Dónde | Corte federal de Miami. |
| Por qué | Un contrato de 50 millones de dólares con una filial de PDVSA, en 2017, para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas. |
| Cómo | Con siete cargos; las penas se cumplirán de manera simultánea. |
La jueza federal Melissa Damian condenó el viernes 2 de octubre de 2026 en Miami a David Rivera, excongresista republicano por Florida, a diez años de prisión. Un jurado lo había declarado culpable en mayo de conspiración para lavar dinero, de no registrarse como agente extranjero y de otros cargos. La Fiscalía pedía entre 22 y 30 años; la defensa, ocho, alegando un diagnóstico de cáncer de próstata y sus hijos gemelos pequeños.
Contexto: un contrato de 50 millones
El caso nace de un contrato de tres meses por 50 millones de dólares firmado en 2017 entre la consultora de Rivera y PDV USA, filial estadounidense de PDVSA. Según la Fiscalía, Rivera y la consultora Esther Nuhfer usaron ese dinero para influir en secreto en la política de Washington hacia Caracas durante el primer mandato de Trump. Los fiscales sostuvieron que Rivera recibió unos 20 millones. Nuhfer fue condenada a cinco años.
Según informaron medios internacionales, Rivera habría convencido a la entonces canciller Delcy Rodríguez de adjudicarle el contrato. Rivera sostuvo que sus reuniones buscaban un cambio político en Venezuela, no sostener a Maduro.
Análisis: tres nombres que siguen en el tablero
El caso tiene tres nombres que hoy importan más que en 2017.
Marco Rubio. Amigo de Rivera desde que compartieron escaño en la Cámara de Florida, declaró en el juicio que no conocía el contrato. Hoy es el secretario de Estado que conduce la política hacia Venezuela.
Delcy Rodríguez. La canciller de entonces es la presidenta encargada de hoy y la interlocutora de Washington en la transición y en el acuerdo petrolero.
PDVSA. El dinero salió de la petrolera estatal. Esta semana, el Congreso estadounidense pide ver los contratos del nuevo acuerdo petrolero con NABEP, y el Senado advierte que puede afianzar a los aliados de Maduro.
La condena cierra un capítulo de cómo se compraba influencia en Washington. La pregunta es qué controles existen hoy para que no se repita con el nuevo dinero petrolero.
Criterio: tres pruebas
- El indulto. La defensa apelará y mantiene una solicitud de indulto presidencial presentada en junio. Si Trump la concede, será una señal política, no judicial.
- El caso de Washington. Rivera enfrenta otro proceso por cabildeo extranjero en la capital; sus avances pueden revelar más sobre los contactos de 2017.
- Los contratos de hoy. Si el Gobierno responde a las cartas de la Cámara y del Senado sobre NABEP antes del 14 de octubre.
Fuentes principales: El Diario, 2 de octubre de 2026; La Silla Rota, 2 de octubre de 2026; La Nación (AFP), 2 de octubre de 2026; Local 10, 2 de octubre de 2026; Correo del Caroní (Univision), 2 de octubre de 2026; Cubanos por el Mundo y Cuentas Claras Digital, 2 y 3 de octubre de 2026; Asere, 3 de octubre de 2026.
Política
X y el activismo venezolano
Activismo no es linchamiento, opinión no es sentencia y discrepancia no es traición. Kent Montes de Oca sobre el activismo venezolano en redes.
FIRMAS · KENT MONTES DE OCA
Quienes hacen activismo en redes también tienen una responsabilidad: no confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición. Reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación.
Entiendo que X puede ser una red social tóxica. Todos los días tenemos una buena dosis de insultos, descalificaciones, cacerías de brujas, condenas sumarias y una especie de tribunal moral donde cualquiera puede convertirse en juez, fiscal y verdugo en menos de 280 caracteres.
Pero quienes hacemos activismo, quienes intentamos informar, investigar, contrastar y difundir lo que creemos que puede ayudar a entender lo que ocurre en Venezuela, tenemos también una responsabilidad.
No podemos confundir activismo con linchamiento, opinión con sentencia ni discrepancia con traición.
Hay venezolanos dentro y fuera del país que viven situaciones que no pueden controlar. Personas sometidas a incertidumbre, ansiedad, impotencia, miedo y frustración. Y sí, esas emociones también terminan expresándose en redes.
Eso no significa que todo comentario sea acertado. Significa que quizá deberíamos pensar un poco más antes de convertir cada equivocación, cada opinión o cada diferencia de criterio en una condena pública.
La pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: ¿qué papel estamos desempeñando aquí?
¿Estamos ayudando a comprender lo que ocurre o simplemente convirtiéndonos en amplificadores de cualquier comentario que confirme lo que ya pensamos? ¿Estamos aportando información, contexto y análisis, o nos estamos convirtiendo en comentaristas profesionales del «antitodavaina»?
Porque reconstruir Venezuela va a exigir mucho más que indignación. Va a exigir criterio, capacidad de análisis, información, responsabilidad, tolerancia a la discrepancia y, sobre todo, capacidad para discernir.
Si realmente queremos reconstruir la institucionalidad y caminar hacia una democracia sólida, tendremos que empezar a practicar desde ahora algunos de los valores que esperamos encontrar en esa Venezuela.
La democracia no puede consistir únicamente en que finalmente pensemos todos igual. También tiene que significar que podamos pensar distinto, discutir, equivocarnos, rectificar y seguir siendo parte de la misma sociedad.
Quizá el verdadero reto en redes no sea ganar cada discusión. Quizá sea aprender a distinguir entre aquello que merece ser denunciado, aquello que merece ser debatido y aquello que simplemente deberíamos dejar pasar.
Porque Venezuela necesita ciudadanos informados y críticos.
No otra multitud de jueces con conexión a internet.
Madrid, octubre de 2026.
Kent Montes de Oca es comunicacionólogo y analista. Escribe desde Madrid. En X es @Critiquero, donde se define con una frase: «Más criterio que crítica».
Fuentes principales: .
Política
Como baremo, algo es mejor que nada
Un summa cum laude vale un punto; un nombramiento como árbitro internacional, cuatro. La crítica de Bellorín al baremo propuesto para el TSJ.
FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN
La propuesta de Acceso a la Justicia para evaluar a los aspirantes al TSJ premia más el contacto con el entorno que el mérito real. Aun así, es mejor que nada, y debe tomarse como punto de partida.
Leyendo por encimita el proyecto de baremo para los postulados al TSJ propuesto por la organización Acceso a la Justicia, se evidencia algún desequilibrio en la valoración objetiva del verdadero mérito diferenciador.
Esta crítica tiene la intención de ayudar a la corrección, que ya comencé a realizar. Sin embargo, leer este proyecto de instrumento me permite especular que quien lo diseñó tomó como modelo un perfil determinado. Eso es común en estos casos.
Es notorio que premia más el contacto con órganos del entorno que el mérito real que emana de la aptitud académica, profesional y personal del evaluado. Por ejemplo, a un egresado summa cum laude solo le otorga un solitario punto; en cambio, a una persona nombrada, por cualquier razón, en la función temporal de árbitro internacional de cualquier cosa (privilegio del contacto) le concede cuatro puntos. Sabemos que hay quienes han hecho de esta práctica toda una carrera y que, para este momento, deben tener acumulado un sinfín de esos nombramientos. Sabemos también que nunca han sido producto de concursos transparentes, y eso le resta credibilidad al mérito.
Otro ejemplo sencillo de comparación: a un docente con 30 años de clases en un aula de enseñanza jurídica se le permite acumular un máximo de ocho puntos, mientras que una publicación en una revista académica, sujeta también a contactos, otorga de un solo golpe cinco puntos. Me imagino que el modelo en cuestión debe tener acumuladas varias de esas publicaciones indexadas y, por supuesto, una gran ventaja. Eso no es justo.
Hay mucho desequilibrio. Aunque al inicio el instrumento se refiere a las tres fuentes del numeral 3 del artículo 263 de la Constitución, en forma general evade la verdadera aptitud y resalta un evidente privilegio a la actitud hacia el entorno del poder, que es el que ha permitido, y aún permite, algunos de esos méritos.
Aunque insisto: es mejor esto que nada, y debemos tomar este proyecto como un inicio que esperamos se concrete en algo mejor.
Vuelvo a indicar que, sin un baremo estricto y transparente, publicado antes de la convocatoria a las postulaciones, ningún profesional del derecho con verdadero talento e irreprochable probidad se atreverá a ser tonto útil.
Caracas, 2 de octubre de 2026.
Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.
Nota de la redacción: Acceso a la Justicia presentó su propuesta de baremo el 25 de septiembre de 2026. INCÍSOS publicó su propio ejercicio en el especial El baremo, la regla que falta.
Fuentes principales: Acceso a la Justicia, propuesta de baremo para la selección de magistrados del TSJ, 25 de septiembre de 2026.
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