Walmart reportó este jueves 21 de mayo, antes de la apertura de Wall Street, sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2027. Ingresos de 174 mil millones de dólares. Ventas comparables cerca del 3,9 por ciento. El dato que más analistas siguieron no fueron las cifras totales, sino lo que la empresa dijo sobre el consumidor de menores ingresos. Ahí está la comunidad hispana, sobreproporcionada, como termómetro del impacto real de los aranceles. —

Cuando Walmart sale a reportar resultados, no reporta solo Walmart. Reporta la economía real del consumidor estadounidense de salarios reales. Es el supermercado más grande del país. Capta dólares de comida de aproximadamente nueve de cada diez hogares. Y el segmento donde su lectura es más fina es el de menores ingresos, donde cualquier alza de precio se traduce inmediatamente en cambio de comportamiento. Allí, en ese segmento, la comunidad hispana en Estados Unidos está sobreproporcionada.

El reporte del jueves 21 de mayo, correspondiente al primer trimestre cerrado el 30 de abril, llegó con ingresos en torno a 174 mil millones de dólares y ganancia por acción cerca de 65 centavos. Las ventas comparables crecieron alrededor del 3,9 por ciento. Cifras sólidas en términos absolutos. Pero los analistas que cubren la cuenta no miraron primero los números. Miraron las palabras de la conferencia con analistas y la entrevista de John David Rainey, el director financiero, en CNBC. Lo que querían oír no era qué tan bien le fue a Walmart. Era cuánto le está costando a sus clientes que a Walmart le siga yendo bien.

El término que cambia la conversación: trade down

«Trade down» es la frase técnica con que los retailers describen el comportamiento del consumidor que cambia de marca nacional a marca propia, de paquete grande a paquete pequeño, de producto fresco a producto procesado más barato, o que directamente deja de comprar el artículo. Walmart usó esa expresión varias veces en sus últimos reportes del año pasado. Doug McMillon dijo entonces que las adaptaciones se notaban más en hogares de ingresos medios y bajos que en hogares de ingresos altos. La fórmula se mantiene este trimestre.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos esto es relevante por un dato demográfico que pocos medios subrayan en este contexto. La tasa de desempleo hispana en 2023 fue de 4,6 por ciento, frente al 3,4 por ciento del segmento no hispano. Los niveles de educación formal y los ingresos medianos son menores. La proporción de hispanos que compran en Walmart es mayor que la proporción que compran en Target o en Whole Foods. Cuando Walmart describe trade down en hogares de menores ingresos, está describiendo, en parte significativa, el comportamiento del comprador hispano que ya pasó de la fresa nacional a la fresa de marca propia, de la carne fresca al pollo congelado, del jamón al embutido más barato.

Lo que Walmart dijo sobre aranceles

Aproximadamente un tercio de lo que Walmart vende en Estados Unidos viene de fuera del país. Los cinco mercados principales de importación son China, México, Canadá, Vietnam e India. Cada uno carga su propio paquete arancelario. La empresa ha repetido en cada reporte trimestral del último año que está absorbiendo parte del costo con renegociación de proveedores, expansión de marca propia, y mejoras de eficiencia operativa. Pero también ha admitido, sin esconderlo, que parte del costo se traslada al precio en góndola.

En este trimestre la presión arancelaria fue menos disruptiva de lo que la propia Walmart anticipaba en su reporte anterior. Eso no significa que haya desaparecido. Rainey usó la frase «la presión es real» en su entrevista con CNBC. Las categorías donde el impacto es mayor son aquellas con dependencia más alta de importación: electrónica de consumo, vestuario, juguetería, decoración. Las categorías más protegidas son alimentos frescos y abarrotes domésticos.

El indicador para la próxima semana

Lo que viene después de Walmart en el calendario de retail es Target el miércoles 27 y Costco a inicios de junio. Target es el termómetro del consumidor discrecional, el que tiene margen para gastar en moda y hogar. Costco es el termómetro del consumidor que paga membresía anual porque puede planificar. Walmart es el termómetro de quien compra semana a semana porque el cheque alcanza para semana a semana. Los tres juntos, con la lectura del jueves 21 como punto de partida, van a marcar la temperatura económica del verano para la audiencia hispana.

Lo que la pieza recomienda mirar al lector hispano en EE.UU.

Para el hispano que vive en Florida, Texas, California, Nueva York o Illinois, hay tres cosas concretas que conviene seguir durante los próximos sesenta días. La primera, si su Walmart o supermercado de cabecera está manteniendo precios o ajustándolos al alza en categorías donde antes había estabilidad (aceite, café, productos en lata). La segunda, si las marcas propias están ocupando espacio en góndola que antes tenían marcas nacionales conocidas. La tercera, si la cesta básica familiar promedio que costaba 80 dólares hace seis meses ahora cuesta 90, 95, o más, sin que se haya añadido ni un solo producto.

Esos son los datos reales. No los de Wall Street. No los de Washington. Los de su propia caja registradora.

Fuentes

• Reporte trimestral de Walmart Q1 FY27 publicado el jueves 21 de mayo de 2026.
• Reportes anteriores Q2, Q3 y Q4 FY26 de Walmart, citados como antecedente del comportamiento del «trade down» del consumidor de menores ingresos.
• Entrevistas a Doug McMillon (CEO), John David Rainey (CFO) y John Furner (incoming CEO) en CNBC, agosto y noviembre de 2025.
• Análisis de Hey Go Trade y otros analistas de retail estadounidense sobre el contexto de la lectura del jueves 21.
• Bureau of Labor Statistics, tasa de desempleo hispana 2023 (4,6%) y diferenciales por origen étnico.
• Encuestas de consumo de Pew Research y Census Bureau sobre patrones de compra hispanos.
• Reportes de NBC News y Associated Press sobre transferencia de costos arancelarios al consumidor en Walmart y otros retailers.

El presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que endurece el control sobre transferencias financieras y cuentas bancarias vinculadas a personas indocumentadas o sujetas a deportación. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina del jueves 21 de mayo: «no vemos gran riesgo, pero hacemos análisis». La Tarjeta Paisano de FinaBien aparece como herramienta para que la diáspora mexicana esquive el impuesto del 1 por ciento que ya está vigente desde enero. La cuenta la paga la diáspora. —

Hay dos hechos que vienen del jueves 21 de mayo y que conviene leer juntos. El primero es que Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva ampliando los controles sobre el sistema financiero estadounidense para personas «inadmisibles y sujetas a deportación». El comunicado de la Casa Blanca dice que la administración «no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible». El segundo hecho es que Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, dijo que la Secretaría de Hacienda y el embajador Roberto Lazzeri están analizando la medida, pero que el gobierno mexicano «no ve un gran riesgo» de momento. Y desplegó como respuesta operativa la Tarjeta Paisano, distribuida por la Financiera para el Bienestar (FinaBien).

El paquete completo: orden + impuesto + control

Desde el 1 de enero de 2026 está vigente en Estados Unidos un impuesto del 1 por ciento sobre las remesas pagadas en efectivo o en money orders. La propuesta original del Congreso era del 5 por ciento. México logró negociar la rebaja antes de la promulgación. Aún así, el impuesto entró en vigor a inicios del año. La orden ejecutiva de esta semana añade otra capa: controles más estrictos sobre transferencias bancarias y cuentas vinculadas a personas indocumentadas, sin que se haya precisado todavía la mecánica operativa exacta.

Para la diáspora mexicana en Estados Unidos, esto significa tres restricciones acumulándose:

1. El 1 por ciento sobre el efectivo. Quien envía 500 dólares a su familia paga 5 dólares adicionales si lo manda con money order o en efectivo por ventanilla.
2. Mayor escrutinio bancario. Las cuentas vinculadas a documentación migratoria precaria pueden enfrentar bloqueos temporales, retrasos en envíos, o exigencias adicionales de verificación.
3. Costos secundarios. Mayor incertidumbre en envíos por canales formales empuja a sectores de la diáspora a canales informales más caros, más lentos o más riesgosos.

La respuesta mexicana: Tarjeta Paisano

La Financiera para el Bienestar (FinaBien) es la entidad pública mexicana que opera la Tarjeta Paisano. Sheinbaum subrayó este jueves que las remesas enviadas por transferencia electrónica no quedan gravadas con el 1 por ciento, solo las que se hacen en efectivo o con money order. Por eso el gobierno mexicano viene impulsando la masificación de la Tarjeta Paisano: la persona que envía desde EE.UU. usa la tarjeta para transferir directamente a una cuenta FinaBien en México, evitando el impuesto y reduciendo comisiones.

La operación tiene un componente diplomático adicional. Sheinbaum confirmó este jueves que Roberto Lazzeri ya recibió el beneplácito como embajador de México en Washington y se incorporará a las conversaciones con el Departamento del Tesoro estadounidense en las próximas semanas. La negociación va a ser bilateral, pero con asimetría declarada.

Lo que cambió en el panorama de remesas en lo que va de 2026

Las cifras del Banco de México muestran que las remesas a México crecieron 1,4 por ciento en el primer trimestre de 2026, sumando 14.457 millones de dólares entre enero y marzo. Es un repunte tras meses de caída durante 2025. La explicación según Banxico: menor número de transacciones, mayor monto promedio por envío. Es decir, la diáspora está consolidando envíos para reducir la exposición al impuesto. Sheinbaum recordó este jueves que el 95 por ciento de los mexicanoamericanos son de segunda o tercera generación con estatus regularizado, de los aproximadamente 40 millones de mexicanos en EE.UU.

Lo que el lector hispano en EE.UU. tiene que mirar

Tres frentes operativos concretos.

Para quien envía remesas: si envías efectivo o money order, ya pagas el 1 por ciento desde enero. La alternativa formal mexicana es la Tarjeta Paisano de FinaBien, gestionable en consulados mexicanos en Estados Unidos. Conviene revisar si tu banco actual está aplicando comisiones adicionales relacionadas con la nueva orden ejecutiva.

Para quien tiene cuenta bancaria propia con documentación migratoria precaria: la orden ejecutiva apunta a aumentar el escrutinio sobre cuentas vinculadas a personas «sujetas a deportación». Sin reglamento publicado todavía, conviene mantener documentación de identidad al día, evitar movimientos atípicos en montos pequeños y consultar con asesoría legal especializada si hay duda sobre la situación.

Para la economía familiar transnacional: los hogares mexicanos que reciben remesas concentran su consumo en alimentos, vivienda y educación. Cada punto porcentual de costo adicional en el corredor EE.UU.-México sale del bolsillo del que envía o del que recibe. El cálculo no es abstracto. Son comisiones reales sobre dinero que ya hizo el viaje del trabajo a la familia.

Lo que viene en los próximos cuarenta días

Hay tres fechas a marcar. La primera, la incorporación formal del embajador Lazzeri en Washington (próximas semanas). La segunda, las conversaciones entre SHCP y el Departamento del Tesoro estadounidense para clarificar el alcance operativo de la orden ejecutiva. La tercera, los datos de remesas de abril y mayo que publicará Banxico a inicios de junio: si la tendencia de menor número de envíos y mayor monto promedio se acentúa, será señal de que la diáspora está aprendiendo a sortear el sistema más caro que le pusieron en frente.

Mientras tanto, la fórmula sigue. La política la decide Washington. La cuenta la paga la diáspora.

Fuentes

• Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del jueves 21 de mayo de 2026.
• Comunicado de la Casa Blanca sobre la orden ejecutiva de control financiero firmada esta semana.
• Cobertura de El Universal, El Imparcial, La Razón de México, Univision, Al Jazeera y Plumas Libres sobre la respuesta del gobierno mexicano.
• Reporte del Banco de México sobre remesas Q1 2026 (14.457 millones de dólares, +1,4% interanual).
• Información oficial de FinaBien (Financiera para el Bienestar) sobre la Tarjeta Paisano.
• Cobertura de Notimundo sobre evolución de remesas en 2026.
• Antecedentes legislativos del impuesto del 1% sobre remesas en efectivo, vigente desde el 1 de enero de 2026.

La Oficina Nacional de Investigación Económica publicó esta semana un estudio que cuestiona uno de los argumentos centrales de la política migratoria del presidente Trump. Las deportaciones masivas no aumentaron el empleo de trabajadores nacidos en Estados Unidos. Lo redujeron. En construcción residencial, el empleo cayó 7,5 por ciento entre trabajadores indocumentados y 3 por ciento entre hombres nacidos en EE.UU. sin título universitario. Por cada trabajador detenido, hasta seis empleos de estadounidenses se pierden. —

La Oficina Nacional de Investigación Económica publicó esta semana un estudio que es la prueba más sólida hasta la fecha de que la política migratoria de la administración Trump no está produciendo los resultados que prometió. El estudio, firmado por investigadores académicos de varias universidades, analiza qué le pasó al empleo en Estados Unidos entre enero de 2025 —cuando arrancó la segunda administración— y los meses más recientes de 2026, cuando las cifras ya permiten conclusiones estadísticas con respaldo.

Los datos centrales son tres.

El primero: el empleo de trabajadores indocumentados en la construcción cayó 7,5 por ciento desde el inicio del segundo mandato de Trump. Era esperable: la combinación de redadas del ICE, deportaciones aceleradas y el cierre del flujo migratorio reciente reducen mecánicamente la oferta de mano de obra inmigrante.

El segundo: el empleo de hombres nacidos en Estados Unidos sin título universitario, en el mismo sector de construcción, cayó 3 por ciento. Este dato es el que rompe el argumento oficial. Si las deportaciones liberan empleos para los nacidos en EE.UU., como ha sostenido la Casa Blanca, el empleo de ese segmento debería subir, no bajar.

El tercero: por cada trabajador detenido y deportado, hasta seis trabajadores estadounidenses pierden su empleo. La razón, según los autores, es la complementariedad laboral. En una cuadrilla típica de construcción, el trabajador indocumentado opera junto con el técnico nacido en EE.UU. en una cadena de tareas interdependientes. Cuando uno desaparece, la cuadrilla entera se desarma. El que se queda sin el insumo de mano de obra no encuentra reemplazo inmediato porque el sector no tiene mano de obra de reserva al precio que paga.

Lo que ya pasó con los permisos de vivienda

Los datos federales lo confirman. Los permisos para nuevas unidades de vivienda residencial cayeron 7,4 por ciento interanual en marzo de 2026, sumando 1.372.000 unidades. En abril de 2026, los empleos en construcción residencial cayeron 1,5 por ciento interanual. La Casa Blanca había afirmado en su comunicado del Estado de la Unión de febrero que «se habían creado miles de nuevos empleos en la construcción». El dato federal no respalda esa afirmación. La industria residencial está claramente desacelerando.

Las explicaciones que ofrecen los analistas del sector cruzan tres factores: tasas de interés altas, precios de materiales en aumento por aranceles, y menor disponibilidad de trabajadores especializados en techado, azulejos, alfombrado y pisos. Esos oficios son los que tradicionalmente concentran trabajadores hispanos —documentados e indocumentados— en proporciones significativas. Sin ellos, los proyectos se ralentizan o se cancelan.

El argumento ideológico vs el dato económico

La administración Trump ha defendido la política de deportaciones masivas como mecanismo de protección del trabajador estadounidense. La hipótesis: si se reduce la oferta de mano de obra extranjera, los salarios de los nacidos en EE.UU. suben y el empleo de ese segmento se amplía. Es la teoría clásica de sustitución laboral. Funciona en mercados muy específicos. En la construcción residencial, no funciona.

La razón es estructural. Los trabajadores documentados e indocumentados en construcción no son sustitutos: son complementarios. El operario de cuadrilla, el técnico de instalación, el supervisor de obra, el especialista en acabados, no son intercambiables. Trabajan en cadena. Cuando se rompe un eslabón, los otros no se reparten el trabajo extra. Quedan sin trabajo, porque la obra entera se paraliza.

Y los salarios, según el estudio, se mantuvieron estancados. No subieron como predecía la hipótesis oficial.

La pieza para el lector hispano en EE.UU.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, esta investigación tiene dos lecturas.

La primera, política. Pone evidencia económica concreta a una conversación que muchos hispanos han tenido en sus mesas durante meses. Si las redadas del ICE en Home Depot, en sitios de construcción y en lavaderos de carros producen no solo daño humano sino también daño económico verificable, el argumento de que es «por el bien de los trabajadores estadounidenses» pierde fundamento. La pérdida es compartida. Construcción residencial, agricultura y manufactura son los tres sectores donde la complementariedad laboral es más evidente.

La segunda, práctica. Si tu familia o tu red trabajan en construcción residencial en estados como Texas, Florida, California o Carolina del Norte, los próximos meses van a ser duros. La desaceleración de los permisos y la caída del empleo no se revierte en pocas semanas. Conviene buscar diversificación de ingreso, considerar formación en oficios menos golpeados por la política migratoria, y mantener documentación migratoria al día si la hay.

Lo que el dato no dice

El estudio no aborda, porque no era su objeto, qué pasaría si se restaurara una política migratoria con más vías de regularización. Tampoco entra a discutir las dimensiones humanas de las deportaciones —las muertes documentadas en centros de detención, las separaciones familiares, los casos de detenidos por error—. La investigación es estrictamente económica.

Pero entrega una conclusión incómoda para la narrativa oficial: la economía de la deportación masiva tiene un costo que también pagan los trabajadores estadounidenses que la administración decía estar protegiendo. Y ese costo ya está en los datos.

Fuentes

• Estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, National Bureau of Economic Research), Cambridge, Massachusetts, mayo de 2026.
• Cobertura de Telemundo (basada en NBER) sobre el impacto de las deportaciones en empleo en construcción, agricultura y manufactura.
• Cobertura de El Diario de El Paso (basada en NBER y Reuters) sobre pérdida de empleos para estadounidenses por deportaciones.
• Cobertura de El Cronista sobre el reporte y sus implicaciones políticas y económicas.
• Datos del Census Bureau sobre permisos de nuevas unidades de vivienda residencial: caída interanual de 7,4 por ciento en marzo de 2026, a 1.372.000 unidades.
• Datos federales de empleo en construcción residencial: caída de 1,5 por ciento interanual en abril de 2026.
• Discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, febrero de 2026, sobre creación de empleos en construcción.
• Comunicado de la Casa Blanca de 2026 sobre supuestos beneficios de las deportaciones en la industria de construcción.
• Bureau of Labor Statistics sobre tasa de desempleo hispana en EE.UU.