Economía
Las deportaciones están dejando sin trabajo a estadounidenses, no solo a migrantes
La administración Trump ha sostenido durante un año que las deportaciones generarían más empleo para trabajadores nacidos en EE.UU. Un estudio del NBER de esta semana documenta lo contrario. La construcción, sector con alta dependencia de mano de obra inmigrante, es donde el daño se ve con más claridad. La pieza traduce el dato para el lector hispano.
La Oficina Nacional de Investigación Económica publicó esta semana un estudio que cuestiona uno de los argumentos centrales de la política migratoria del presidente Trump. Las deportaciones masivas no aumentaron el empleo de trabajadores nacidos en Estados Unidos. Lo redujeron. En construcción residencial, el empleo cayó 7,5 por ciento entre trabajadores indocumentados y 3 por ciento entre hombres nacidos en EE.UU. sin título universitario. Por cada trabajador detenido, hasta seis empleos de estadounidenses se pierden. —
| Qué | Estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) publicado esta semana documentando que las deportaciones masivas han generado pérdida de empleo simultánea para trabajadores indocumentados y para trabajadores nacidos en Estados Unidos. |
| Quién | NBER (organización de investigación económica no partidista con sede en Cambridge, Massachusetts), investigadores autores del estudio, sector de construcción residencial, y trabajadores afectados. |
| Cuándo | Estudio publicado esta semana de mayo de 2026. Datos analizados desde enero de 2025 hasta marzo y abril de 2026. |
| Dónde | Mercado laboral estadounidense, con énfasis en construcción residencial. |
| Por qué | Porque el argumento oficial de que las deportaciones liberarían empleos para nacidos en EE.UU. no se cumplió. El efecto es contrario: complementariedad laboral rota, sectores paralizados, inversión que se va. |
| Cómo | Análisis estadístico de empleos perdidos, salarios reales, permisos de construcción nuevos, y comportamiento de la industria residencial frente a las oleadas de detenciones. |
La Oficina Nacional de Investigación Económica publicó esta semana un estudio que es la prueba más sólida hasta la fecha de que la política migratoria de la administración Trump no está produciendo los resultados que prometió. El estudio, firmado por investigadores académicos de varias universidades, analiza qué le pasó al empleo en Estados Unidos entre enero de 2025 —cuando arrancó la segunda administración— y los meses más recientes de 2026, cuando las cifras ya permiten conclusiones estadísticas con respaldo.
Los datos centrales son tres.
El primero: el empleo de trabajadores indocumentados en la construcción cayó 7,5 por ciento desde el inicio del segundo mandato de Trump. Era esperable: la combinación de redadas del ICE, deportaciones aceleradas y el cierre del flujo migratorio reciente reducen mecánicamente la oferta de mano de obra inmigrante.
El segundo: el empleo de hombres nacidos en Estados Unidos sin título universitario, en el mismo sector de construcción, cayó 3 por ciento. Este dato es el que rompe el argumento oficial. Si las deportaciones liberan empleos para los nacidos en EE.UU., como ha sostenido la Casa Blanca, el empleo de ese segmento debería subir, no bajar.
El tercero: por cada trabajador detenido y deportado, hasta seis trabajadores estadounidenses pierden su empleo. La razón, según los autores, es la complementariedad laboral. En una cuadrilla típica de construcción, el trabajador indocumentado opera junto con el técnico nacido en EE.UU. en una cadena de tareas interdependientes. Cuando uno desaparece, la cuadrilla entera se desarma. El que se queda sin el insumo de mano de obra no encuentra reemplazo inmediato porque el sector no tiene mano de obra de reserva al precio que paga.
Lo que ya pasó con los permisos de vivienda
Los datos federales lo confirman. Los permisos para nuevas unidades de vivienda residencial cayeron 7,4 por ciento interanual en marzo de 2026, sumando 1.372.000 unidades. En abril de 2026, los empleos en construcción residencial cayeron 1,5 por ciento interanual. La Casa Blanca había afirmado en su comunicado del Estado de la Unión de febrero que «se habían creado miles de nuevos empleos en la construcción». El dato federal no respalda esa afirmación. La industria residencial está claramente desacelerando.
Las explicaciones que ofrecen los analistas del sector cruzan tres factores: tasas de interés altas, precios de materiales en aumento por aranceles, y menor disponibilidad de trabajadores especializados en techado, azulejos, alfombrado y pisos. Esos oficios son los que tradicionalmente concentran trabajadores hispanos —documentados e indocumentados— en proporciones significativas. Sin ellos, los proyectos se ralentizan o se cancelan.
El argumento ideológico vs el dato económico
La administración Trump ha defendido la política de deportaciones masivas como mecanismo de protección del trabajador estadounidense. La hipótesis: si se reduce la oferta de mano de obra extranjera, los salarios de los nacidos en EE.UU. suben y el empleo de ese segmento se amplía. Es la teoría clásica de sustitución laboral. Funciona en mercados muy específicos. En la construcción residencial, no funciona.
La razón es estructural. Los trabajadores documentados e indocumentados en construcción no son sustitutos: son complementarios. El operario de cuadrilla, el técnico de instalación, el supervisor de obra, el especialista en acabados, no son intercambiables. Trabajan en cadena. Cuando se rompe un eslabón, los otros no se reparten el trabajo extra. Quedan sin trabajo, porque la obra entera se paraliza.
Y los salarios, según el estudio, se mantuvieron estancados. No subieron como predecía la hipótesis oficial.
La pieza para el lector hispano en EE.UU.
Para la audiencia hispana en Estados Unidos, esta investigación tiene dos lecturas.
La primera, política. Pone evidencia económica concreta a una conversación que muchos hispanos han tenido en sus mesas durante meses. Si las redadas del ICE en Home Depot, en sitios de construcción y en lavaderos de carros producen no solo daño humano sino también daño económico verificable, el argumento de que es «por el bien de los trabajadores estadounidenses» pierde fundamento. La pérdida es compartida. Construcción residencial, agricultura y manufactura son los tres sectores donde la complementariedad laboral es más evidente.
La segunda, práctica. Si tu familia o tu red trabajan en construcción residencial en estados como Texas, Florida, California o Carolina del Norte, los próximos meses van a ser duros. La desaceleración de los permisos y la caída del empleo no se revierte en pocas semanas. Conviene buscar diversificación de ingreso, considerar formación en oficios menos golpeados por la política migratoria, y mantener documentación migratoria al día si la hay.
Lo que el dato no dice
El estudio no aborda, porque no era su objeto, qué pasaría si se restaurara una política migratoria con más vías de regularización. Tampoco entra a discutir las dimensiones humanas de las deportaciones —las muertes documentadas en centros de detención, las separaciones familiares, los casos de detenidos por error—. La investigación es estrictamente económica.
Pero entrega una conclusión incómoda para la narrativa oficial: la economía de la deportación masiva tiene un costo que también pagan los trabajadores estadounidenses que la administración decía estar protegiendo. Y ese costo ya está en los datos.
Fuentes
- Estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, National Bureau of Economic Research), Cambridge, Massachusetts, mayo de 2026.
- Cobertura de Telemundo (basada en NBER) sobre el impacto de las deportaciones en empleo en construcción, agricultura y manufactura.
- Cobertura de El Diario de El Paso (basada en NBER y Reuters) sobre pérdida de empleos para estadounidenses por deportaciones.
- Cobertura de El Cronista sobre el reporte y sus implicaciones políticas y económicas.
- Datos del Census Bureau sobre permisos de nuevas unidades de vivienda residencial: caída interanual de 7,4 por ciento en marzo de 2026, a 1.372.000 unidades.
- Datos federales de empleo en construcción residencial: caída de 1,5 por ciento interanual en abril de 2026.
- Discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, febrero de 2026, sobre creación de empleos en construcción.
- Comunicado de la Casa Blanca de 2026 sobre supuestos beneficios de las deportaciones en la industria de construcción.
- Bureau of Labor Statistics sobre tasa de desempleo hispana en EE.UU.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Economía
Los tributos anunciados equivalen a tres dólares por barril
Es una división simple sobre dos cifras oficiales. El resultado obliga a preguntar qué incluye y qué no incluye la palabra tributos.
Los tributos anunciados equivalen a tres dólares por barril
La cifra que faltaba ya está sobre la mesa. Dividida entre los barriles comprometidos, arroja un resultado que necesita explicación.
| Qué | La cifra de tributos anunciada equivale a unos 3,22 dólares por cada barril de reserva comprometida. |
|---|---|
| Quién | Estado venezolano; empresas operadoras; autoridades de ambos países. |
| Cuándo | Comunicado del 28 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La relación entre tributos y volumen permite dimensionar la participación fiscal del Estado. |
| Cómo | Mediante la división de las dos cifras oficiales publicadas en el propio comunicado. |
El comunicado oficial venezolano ofrece dos cifras que se pueden dividir: más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado y 65.000 millones de barriles de potencial probado.
El resultado son 3,22 dólares por barril.
Por qué esa cifra llama la atención
La legislación venezolana de hidrocarburos establece una regalía del 30% sobre los volúmenes extraídos, además del impuesto sobre la renta aplicable a la actividad, tradicionalmente más alto que el de otros sectores.
Con un precio de referencia de 70 dólares por barril, una regalía del 30% equivaldría por sí sola a 21 dólares por barril.
La cifra anunciada es aproximadamente una séptima parte de eso.
Cuatro explicaciones posibles
La diferencia no significa necesariamente que el acuerdo sea desventajoso. Significa que la cifra requiere una explicación que el comunicado no da, y hay al menos cuatro caminos.
Uno · La regalía no es un tributo. Es la explicación más probable y la más técnica. Según la doctrina predominante, la regalía no tiene naturaleza tributaria: es una contraprestación patrimonial que el Estado percibe como propietario del recurso, no como poder fiscal. Si el comunicado usa «tributos» en sentido estricto, la cifra excluiría la regalía y la participación total del Estado sería sustancialmente mayor.
Dos · Valor presente. La cifra podría estar descontada a valor de hoy, lo que reduce de manera considerable un flujo que se percibe a lo largo de décadas.
Tres · No toda la reserva se produce. El potencial probado no equivale al volumen que efectivamente se extraerá en el período del acuerdo. Si los tributos corresponden a la producción prevista y no a la reserva total, el divisor correcto sería menor y el resultado por barril, mayor.
Cuatro · Supuestos de precio y costo distintos. Los tributos se calculan sobre bases imponibles que descuentan costos, y el precio de referencia empleado no se conoce.
Por qué importa saber cuál
Porque de eso depende una cifra que sí es comprensible para cualquiera: cuánto recibe Venezuela por cada barril que sale.
Si la cifra anunciada es la participación total del Estado, la operación tendría una participación fiscal muy por debajo de los estándares del sector.
Si la cifra excluye la regalía, como sugiere la lectura técnica más plausible, la participación real sería considerablemente mayor y el número anunciado estaría describiendo solo una parte.
Las dos lecturas son compatibles con el texto publicado. Esa ambigüedad es, en sí misma, el problema.
La pregunta que lo resuelve
Una sola, y admite respuesta en una línea: ¿qué porcentaje de regalía y qué alícuota de impuesto se pactaron?
Con esos dos números, cualquiera puede calcular lo demás. Sin ellos, ninguna cifra agregada permite evaluar el acuerdo, ni a favor ni en contra.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →
Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, régimen de regalía. Doctrina sobre la naturaleza jurídica de la regalía petrolera.
Economía
El acuerdo abarca diecisiete campos que nadie ha identificado
No es lo mismo diecisiete campos convencionales rehabilitables que diecisiete bloques de crudo extrapesado. La diferencia son años y miles de millones.
El acuerdo abarca diecisiete campos que nadie ha identificado
Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación. Y es el que más cambia según cuál sea la respuesta.
| Qué | El comunicado venezolano menciona diecisiete campos estratégicos comprendidos en el acuerdo, sin identificarlos. |
|---|---|
| Quién | Estado venezolano; operadores privados no identificados. |
| Cuándo | Comunicado del 28 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | El tipo de campo determina el costo, el plazo y la infraestructura necesaria para producir. |
| Cómo | Mediante la selección de áreas cuya identidad no ha sido divulgada. |
El comunicado venezolano menciona diecisiete campos estratégicos. No dice cuáles.
Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación y también el que más cambia el resultado según cuál sea la respuesta.
No todos los campos son iguales
En Venezuela conviven realidades geológicas muy distintas y cada una tiene su propia economía.
Los campos convencionales del occidente y el oriente producen crudos livianos y medianos. Muchos están desarrollados desde hace décadas, con infraestructura existente aunque deteriorada. Rehabilitarlos es comparativamente rápido y barato, y genera producción temprana.
Los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco concentran la mayor parte de las reservas probadas del país. Producirlos exige mejoramiento o mezcla con diluentes, consumo intensivo de electricidad y una infraestructura que en buena medida hay que construir. Es lo más caro y lo más lento.
Diecisiete campos convencionales rehabilitables y diecisiete bloques de faja son dos programas completamente distintos, con calendarios y costos que no se parecen.
Por qué esto acota las demás cifras
Un estudio publicado en agosto de 2026 por el Oxford Institute for Energy Studies recomienda una secuencia precisa: empezar por los crudos de menor viscosidad, los campos ya desarrollados y la rehabilitación de campos convencionales, para generar producción temprana y flujo de caja antes de expandirse hacia la recuperación térmica.
Si los diecisiete campos siguen esa secuencia, la producción llegaría antes y con menos capital inicial. Si se concentran en la faja, el cronograma se alarga y la inversión anunciada rinde menos barriles por dólar.
De ahí que la promesa de reducción del precio de la gasolina, la cifra de tributos y el calendario de empleo dependan todos de una lista que no se ha publicado.
Lo que la lista permitiría verificar
Con los nombres de los campos, cualquier analista podría comprobar en fuentes públicas cuatro cosas.
Qué producción tuvieron históricamente y cuánta tienen hoy.
Qué reservas se les atribuyen y de qué tipo de crudo.
Qué infraestructura asociada existe y en qué estado.
Y si están libres o comprometidos en asociaciones previas, algunas con socios de terceros países.
Ese último punto es el más delicado y el menos mencionado: varios campos venezolanos operan bajo empresas mixtas con participación extranjera. Cualquier reasignación afectaría derechos existentes.
La pregunta
Diecisiete es un número. La lista es la información.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →
Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Orlando Ochoa, «Venezuela’s Oil and Gas Industry: The Challenge of Sustainable Recovery», Oxford Institute for Energy Studies, agosto de 2026.
Economía
Rubio cifra en cien mil millones la inversión privada prometida
La inversión la hacen y la recuperan las empresas. Lo que recibe el Estado es la regalía y el impuesto, y esos siguen sin anunciarse.
Es el primer número oficial sobre lo que le tocaría a Venezuela. Conviene entender qué mide, porque inversión e ingreso son dos cosas distintas.
| Qué | El secretario de Estado estadounidense afirmó que el acuerdo traerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada a Venezuela. |
|---|---|
| Quién | Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. |
| Cuándo | Mensaje difundido el viernes 28 de agosto de 2026, tras el anuncio presidencial. |
| Dónde | Estados Unidos y Venezuela. |
| Por qué | Es la primera cifra oficial referida a lo que recibiría el país donde están los recursos. |
| Cómo | Mediante inversión de empresas privadas en pozos, infraestructura y capacidad de producción. |
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 28 de agosto de 2026 que el acuerdo traerá para el pueblo venezolano cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien pagados e impulsará la reconstrucción de la economía venezolana.
Es la primera cifra oficial referida al lado venezolano de la operación. Conviene precisar qué mide.
Inversión no es ingreso
Una inversión es dinero que una empresa gasta para producir. Compra taladros, perfora pozos, tiende oleoductos, construye instalaciones y contrata servicios.
Ese dinero no se le entrega al Estado venezolano. Se gasta en el país y una parte circula allí, pero el activo resultante pertenece a quien invirtió, y quien invierte lo hace para recuperarlo con retorno.
Lo que un Estado recibe de una operación petrolera son dos cosas: la regalía, un porcentaje de la producción o de su valor, y el impuesto sobre la ganancia.
Ninguno de esos dos porcentajes ha sido anunciado.
De modo que la cifra de 100.000 millones describe el tamaño del programa, no el ingreso venezolano. Son magnitudes distintas y la segunda sigue sin conocerse.
La proporción
Hay una relación que ordena la escala y se puede calcular con las cifras que las propias autoridades han dado.
Cien mil millones de dólares de inversión frente a 65.000 millones de barriles de reservas comprometidas equivalen a alrededor de un dólar y medio de inversión por cada barril de reserva.
Es una relación indicativa y no un indicador de rentabilidad, porque no toda la reserva se produce y los costos varían por campo. Sirve, sin embargo, para dimensionar: el compromiso de inversión es pequeño frente al valor bruto del recurso comprometido.
Cuánto de esa diferencia queda en Venezuela depende, otra vez, de la regalía y del impuesto.
El contraste con las estimaciones técnicas
Una proyección publicada en enero de 2026 por el brazo de análisis energético de S&P Global situaba en torno a 3.200 millones de dólares anuales la inversión necesaria para llevar la producción venezolana a un millón y medio de barriles diarios hacia 2030.
A ese ritmo, 100.000 millones describen un programa de varias décadas, no de un quinquenio.
El estudio del Oxford Institute for Energy Studies publicado en agosto de 2026 considera plausible llegar a 3,3 millones de barriles diarios en un horizonte de diez a doce años, siempre que se cumplan seis condiciones que incluyen términos fiscales predecibles y credibilidad legal.
Ninguna de esas dos referencias contradice la cifra anunciada. Lo que hacen es situarla en el tiempo: es un compromiso de largo plazo, no un desembolso inmediato.
Las tres preguntas que faltan
Sobre la cifra misma, quedan tres asuntos sin responder y todos constarían en el instrumento.
En cuántos años se ejecutaría esa inversión.
Qué ocurre si no se ejecuta. Un compromiso de inversión sin metas verificables ni consecuencias por incumplimiento es una expectativa, no una obligación.
Quién invierte. El anuncio habla de empresas privadas y no las identifica.
Hasta que esas tres respuestas existan, la cifra es una intención declarada por una de las partes.
Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde.
Fuentes principales: Mensaje de Marco Rubio difundido el 28 de agosto de 2026. Mensaje de Donald Trump del 28 de agosto de 2026. Orlando Ochoa, Oxford Institute for Energy Studies, agosto de 2026. Análisis de S&P Global Commodity Insights, enero de 2026.
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