Humberto Villalobos, coordinador electoral de Vente Venezuela, dijo en una entrevista de la #LaConversaPaís que el partido construye un padrón paralelo de 17 millones de venezolanos con biometría facial y verificación documental. La iniciativa avanza en paralelo a la transición tutelada y ya recoge advertencias dentro de la propia oposición sobre el riesgo de repetir la lógica que produjo la Lista Tascón en 2004. —

«Sabremos exactamente qué hacer porque contaremos con la respuesta de 17 millones de venezolanos. La veracidad de esa base de datos estará plenamente comprobada, ya que cada ciudadano se va a registrar vinculando su rostro mediante biometría, sus documentos de identidad e información familiar». La frase es de Humberto Villalobos, coordinador electoral nacional de Vente Venezuela. La pronunció en el espacio digital #LaConversaPaís del partido y la repitió en versiones más extensas durante entrevistas en TVV Noticias y NTN24 en las últimas tres semanas.

Villalobos sintetiza así el primer paso del llamado Plan de 40 Semanas que María Corina Machado puso sobre la mesa como hoja de ruta para una eventual elección presidencial. El cálculo es operativo: si se define una fecha de comicios, el partido necesita que el Registro Electoral funcione antes de la convocatoria. Y el Registro Electoral, según Vente, no funciona.

Lo que la propia organización dice

La base que ofrece Villalobos es 31,6 millones de venezolanos mayores de edad. De esos, el partido apunta a registrar al menos 17 millones con biometría facial, documentos cargados y vínculos familiares declarados. Al miércoles 20 de mayo, el reporte oficial del partido indica seis semanas de trabajo y un millón y medio de personas empadronadas. La operación se sostiene en activistas que cargan datos directamente desde Venezuela y desde varios países de la diáspora, principalmente Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Argentina y España.

El argumento técnico que Villalobos repite en distintos formatos tiene tres piezas. La primera: el padrón actual del Consejo Nacional Electoral contiene fallecidos no depurados desde el año 2000 y «maniobras de ingeniería electoral» del oficialismo. La segunda: hay seis millones de venezolanos menores de 30 años en edad de votar que nunca se inscribieron. La tercera: hay no menos de cuatro millones de venezolanos en el exterior que jamás actualizaron su residencia. Para Vente, esos tres huecos hacen inviable cualquier elección creíble sin reparar antes el padrón.

Lo que el plan no resuelve

El Plan de 40 Semanas, como lo presenta Vente, no contempla auditoría pública independiente de la base de datos en construcción. No menciona quién custodia el servidor donde reposan los rostros, los documentos y los vínculos familiares. No define qué pasa con los datos si la organización política cambia de dirección o si la transición tutelada deriva en un escenario distinto al previsto por sus dirigentes. Ante una pregunta sobre el uso indebido de la información, Villalobos respondió en una entrevista del cinco de mayo: «No les puedo jurar que no va a pasar nada, porque el cero no existe, pero sí les puedo garantizar que lo estamos haciendo de la mejor manera posible».

La frase es honesta. También es insuficiente.

La sombra de la Lista Tascón

El medio digital Curadas publicó el dos de mayo un análisis directo que marcó el inicio del debate público sobre la propuesta. El texto, escrito sin tono panfletario, recordó dos antecedentes concretos del uso de bases de datos partidistas en Venezuela. La Lista Tascón, en 2004, cruzó las firmas del referendo revocatorio contra Hugo Chávez con los registros de empleo público y produjo despidos masivos en ministerios, alcaldías y empresas estatales. El propio Chávez pidió en abril de 2005 «enterrar» esa lista, pero la información ya circulaba en internet. El Carnet de la Patria, lanzado en 2017, vinculó la lealtad partidista al acceso a bolsas de comida, medicinas, becas y transferencias monetarias.

Lo que Curadas planteó —y lo que organizaciones de derechos digitales como IPYS Venezuela y Transparencia Venezuela han documentado durante dos décadas— es que el problema no fue nunca la tecnología en abstracto. Fue la ausencia de contrapesos institucionales que limitaran a quien controlaba el dato.

La crítica a Vente, en consecuencia, no es ideológica. Es de arquitectura. Una base biométrica de millones de venezolanos, manejada por una sola estructura político-partidista sin supervisión externa, replica el defecto estructural que hizo posibles los abusos del chavismo en sus dos versiones. Que la motivación sea democrática no cambia la geometría del riesgo.

Lo que Venezuela no tiene

En el país no existe Ley de Protección de Datos Personales. El artículo 28 de la Constitución de 1999 reconoce el derecho a habeas data —es decir, a que un ciudadano pueda saber qué información tiene un tercero sobre él y exigir su corrección o destrucción—. Pero no existe una autoridad regulatoria independiente que ejecute ese derecho, ni norma específica que regule el tratamiento de datos biométricos por organizaciones políticas. Eso significa que un empadronado que entregue su rostro a Vente Venezuela hoy no tiene mecanismo institucional para retirarlo del sistema mañana.

La ausencia normativa no es responsabilidad del partido. Pero el partido sí escogió operar dentro de esa ausencia, con sus reglas propias, sin invitar a un órgano externo que audite el proceso. Esa decisión es la que recoge la crítica.

La pregunta abierta para los venezolanos en EE.UU.

Para los venezolanos en Estados Unidos —concentrados sobre todo en Florida, Texas, Nueva York, Massachusetts y Utah— la pregunta operativa es concreta: ¿quién garantiza, en este momento, que los datos biométricos que un activista de Vente recolecta en Miami o en Houston no terminen, por mal manejo o por filtración, en una base diferente a la prometida?

La respuesta, hasta ahora, es la palabra del propio partido.

Eso puede bastar para quien confíe en el liderazgo de María Corina Machado y en el equipo técnico de Villalobos. No basta como estándar institucional. Y la transición venezolana, si va a serlo de verdad, necesita estándares institucionales que sobrevivan a cualquier liderazgo.

El Plan de 40 Semanas tiene una virtud real: pone sobre la mesa el problema técnico del padrón antes de que llegue la fecha de la elección. Tiene también un costo: traslada al partido una función que, en cualquier democracia consolidada, corresponde a un órgano electoral independiente. Que esa función vuelva pronto a manos de un órgano electoral con auditoría pública es lo que va a separar la transición de su sombra.

Fuentes

• Entrevista de Humberto Villalobos en TVV Noticias con Carlos Acosta, miércoles 29 de abril de 2026.
• Entrevista de Humberto Villalobos en NTN24, programa La Tarde, mayo de 2026.
• Entrevista de Humberto Villalobos con Napoleón Bravo, viernes 16 de mayo de 2026.
• Comunicado oficial de Vente Venezuela, «La propuesta electoral de Vente Venezuela para derrotar al régimen», jueves 30 de abril de 2026.
• Comunicado oficial de Vente Venezuela, «Datos, transparencia y organización ciudadana», martes 5 de mayo de 2026.
• Análisis de Curadas, «Registro biométrico electoral en Venezuela: ¿quién controla el padrón?», sábado 2 de mayo de 2026.
• IPYS Venezuela, serie investigativa «Tu voto es secreto, tus datos no» sobre uso histórico de datos privados con fines partidistas.
• Transparencia Venezuela, informe Saber Más sobre ausencia de Ley de Protección de Datos Personales.
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 28 y 60.
• Reportajes de La Patilla, Analítica, Digaloahi Digital y EntornoInteligente sobre el Plan de 40 Semanas.

Entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo de 2026, María Corina Machado y representantes de la Plataforma Unitaria Democrática sostendrán en Panamá la primera mesa formal de trabajo conjunto desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. La fotografía es lo de menos. Lo importante es si de ahí sale —o no— una arquitectura electoral común para la fase que viene. —

Las decisiones políticas más importantes de los próximos meses para Venezuela no se van a tomar en Caracas. Tampoco en Washington. Algunas de las más relevantes para la fase electoral de la transición se pueden empezar a definir este fin de semana en Ciudad de Panamá.

Entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo de 2026, María Corina Machado cumple una agenda de cuatro días en territorio panameño. La gira tiene tres tramos. El sábado 23 está reservado para un encuentro abierto con la comunidad venezolana en el exterior, formato que la propia dirigente ha utilizado en sus paradas previas en Estados Unidos y Europa. El domingo 24 está pautada la reunión cerrada con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática. El lunes 25, cierre institucional con el presidente panameño José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha.

El tramo del domingo es el que va a definir si esta gira queda como gesto simbólico o como punto de inflexión.

La pregunta de fondo

Desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, el proceso político venezolano avanza con dos cuerpos paralelos: una transición tutelada que administra Delcy Rodríguez como presidenta encargada bajo el plan de tres fases formulado por Marco Rubio, y una oposición que ganó la elección de julio de 2024 pero no la ejerce, encabezada políticamente por María Corina Machado y representada formalmente por Edmundo González Urrutia. La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los partidos opositores tradicionales y a Manuel Rosales, conserva la estructura de coalición pero ha tenido coordinación irregular con el liderazgo de Vente desde la salida de Machado del país en diciembre.

La pregunta práctica de cara a una eventual elección presidencial es esta: ¿la oposición entra como un bloque, como varios bloques que se respetan, o como una colección de fragmentos compitiendo por el mismo electorado?

Cada uno de los tres escenarios tiene una geometría política distinta. El primero —bloque único— maximiza la presión sobre el oficialismo durante la transición y reduce el riesgo de que la elección produzca una victoria opositora sin mayoría parlamentaria. El segundo —varios bloques coordinados— permite diversidad de discurso sin perder la coherencia estratégica, pero exige acuerdos explícitos sobre candidatura presidencial, distribución de gobernaciones y arquitectura legislativa. El tercero —fragmentación— es el escenario que más beneficia a sectores del propio chavismo que aspiran a sobrevivir como fuerza política en el escenario post-Maduro.

Lo que cada actor lleva a la mesa

Vente Venezuela llega a Panamá con dos cosas. La primera, una estructura política que pasó por la prueba de fuego de la elección de julio de 2024 y de los meses de clandestinidad de su dirigente. La segunda, un proyecto técnico-operativo —el Plan de 40 Semanas y el padrón biométrico paralelo de 17 millones que ya tiene 1,5 millones de empadronados— que pretende sustituir al Registro Electoral oficial. Esa segunda pieza es la que más tensión genera dentro y fuera del propio espectro opositor.

La Plataforma Unitaria llega con su propia carta: la legitimidad de coalición que reúne a Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otras formaciones con presencia territorial real. Sin la PUD, una eventual candidatura unitaria no tiene maquinaria. Sin Machado, no tiene voz movilizadora. La aritmética es esa y los dos lados la conocen.

Manuel Rosales, gobernador del Zulia y figura central de Un Nuevo Tiempo, ya estuvo en la última gran conversación sobre candidatura unitaria —la del 10 de abril de 2024, cuando Machado propuso un mecanismo de selección entre los partidos de la PUD, Rosales y ella misma. Esa propuesta produjo, semanas después, la candidatura de Edmundo González. Dos años después, el contexto es completamente otro y el reloj corre.

Lo que Panamá aporta

La elección del territorio no es accesoria. Panamá tiene relación diplomática activa con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, acoge a más de 150.000 venezolanos según estimaciones del propio gobierno panameño, y mantiene una posición de actor regional con bajo nivel de confrontación retórica. Es uno de los pocos países latinoamericanos donde una reunión de este peso puede celebrarse sin convertirse en titular antichavista o pro-chavista. La administración Mulino se beneficia, además, de aparecer como mediador funcional en un proceso hemisférico de alta visibilidad.

El cierre del lunes 25 con Mulino y Martínez-Acha tiene un componente sustantivo: medir el respaldo regional al esquema que salga del domingo. Si la oposición venezolana llega al lunes con discurso unificado, la foto institucional con el gobierno panameño es respaldo de bloque. Si llega con discurso fragmentado, la foto se vuelve gesto protocolar sin peso.

Lo que el lector hispano en EE.UU. debe seguir

Para los venezolanos en Estados Unidos, las próximas 72 horas tienen dos lecturas operativas. La primera: la coordinación o falta de ella que salga del domingo va a definir el tipo de campaña electoral que se les va a pedir apoyar en los próximos meses. La segunda: el tono que adopten Machado, Edmundo González y la PUD al salir de Panamá es la mejor pista pública sobre el estado real de las conversaciones de fondo, las que no se ven.

Lo que la oposición no resuelva esta semana, lo va a tener que resolver en condiciones peores en agosto. El calendario manda. Y el calendario, esta vez, no lo está marcando ni Caracas ni Washington. Lo está marcando un encuentro de tres días en Panamá.

Fuentes

• Comunicado oficial de la Plataforma Unitaria Democrática en X (@unidadvenezuela), martes 19 de mayo de 2026.
• Publicación del exgobernador del estado Bolívar Andrés Velásquez sobre la agenda de María Corina Machado en Panamá.
• Reportajes de EFE recogidos por Infobae, Yahoo Noticias, ABC Color, Panamá América y Confirmado, miércoles 20 de mayo de 2026.
• Reportaje de La Patilla, martes 19 de mayo de 2026.
• Reportajes de El Pitazo, Analítica, Reporte Confidencial y Noticiero Digital sobre la gira regional de Machado.
• Conferencia Global 2026 del Instituto Milken en Los Ángeles, declaraciones de María Corina Machado el lunes 4 de mayo de 2026.
• Comunicado oficial de Primero Justicia sobre la propuesta de candidatura unitaria del 10 de abril de 2024.
• Contexto del proceso de transición tutelada y plan Rubio de tres fases, declaraciones ante el Congreso de EE.UU. (7 de enero) y Senate Foreign Relations Committee (28 de enero) de 2026.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense sancionó el miércoles 20 de mayo dos redes financieras del Cártel de Sinaloa, una de ellas vinculada directamente a Los Chapitos, la facción de los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán. La acción llega cinco días antes de que la primera ronda formal de revisión del USMCA arranque en Ciudad de México. El timing no es accidental. —

A las 10:27 de la mañana del miércoles 20 de mayo, hora del este, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos hizo pública la sanción de dos redes financieras del Cártel de Sinaloa. La primera, encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, opera desde el estado de Sinaloa al servicio de Los Chapitos, la facción que dirigen los hijos de Joaquín «el Chapo» Guzmán. La segunda, dirigida por Jesús González Peñuelas, conocido como «Chuy González», es una organización con presencia documentada desde 2007, dedicada a producción y distribución de metanfetamina, heroína y, más recientemente, fentanilo. González Peñuelas es fugitivo de la justicia estadounidense desde enero de 2017 y carga con recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado desde 2024.

La lista alcanza a más de una docena de personas y dos empresas. Entre las empresas, una de las inclusiones tiene peso simbólico fuerte: el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Plaza Galería Chihuahua, sancionado por estar controlado por Alfredo Orozco Romero, identificado por el Tesoro como asesor de seguridad personal de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Las prestanombres formales del negocio, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, familiares directas del sancionado, también quedaron en la lista. La segunda empresa es Grupo Especial Mamba Negra, una firma de seguridad inscrita en territorio mexicano y controlada por el mismo Orozco Romero.

La cobertura mexicana, recogida por El Diario de Chihuahua y Somos Juárez, añadió un dato que el comunicado del Tesoro no precisó: Orozco Romero figura como empleado activo del Ayuntamiento de Culiacán, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. Ese punto, si se confirma en próximas horas con la propia administración municipal, abriría un frente diplomático adicional sobre infiltración del cártel en estructuras administrativas locales en Sinaloa.

El calendario manda

Las sanciones de la OFAC llegan exactamente cinco días antes de que arranque, en Ciudad de México, la primera ronda formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El representante comercial estadounidense Jamieson Greer y el secretario de Economía mexicano Marcelo Ebrard cerraron esa cita el lunes 19 de mayo en una reunión preparatoria. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el mismo día, en su conferencia matutina, que el gobierno mexicano «no tiene prisa» y que considera lejana la posibilidad de una extensión limpia del acuerdo antes del plazo del 1 de julio.

La administración Trump, en cambio, sí tiene prisa, y por una razón concreta. La revisión del USMCA es la primera prueba pública de su tesis central sobre cooperación bilateral con México: que el comercio no se discute sin antes acordar resultados verificables contra el cártel y contra el flujo de fentanilo. Las sanciones del miércoles 20 son la evidencia que el equipo de Greer va a poner sobre la mesa el lunes 25. Mostrarán, con nombres, direcciones y cifras, que la administración cumplió con sancionar a Los Chapitos en territorio mexicano antes de pedirle a Sheinbaum que entregue resultados de su lado. La pregunta que abre la negociación es directa: ¿qué pone México a cambio?

Tres frentes operativos para el lector hispano en EE.UU.

Para los aproximadamente 38 millones de mexicanoamericanos que viven en Estados Unidos, esta acción del Tesoro tiene tres lecturas concretas.

La primera es financiera. La red de Ojeda Avilés está señalada por el Tesoro como operadora de lavado vía criptomonedas. Los listados de OFAC incluyen direcciones específicas de Ethereum vinculadas a operadores secundarios. Esto significa que cualquier transacción cripto que pase por esas direcciones, incluidas operaciones legítimas que no sepan que las tocan, queda bajo riesgo de bloqueo. La diáspora mexicana que usa criptoremesas o exchanges estadounidenses tiene incentivo para verificar.

La segunda es de identidad cultural. La inclusión de Gorditas Chiwas en la lista es la primera vez que un restaurante mexicano de fachada familiar de tamaño mediano es sancionado por OFAC. La señal que envía es deliberada: el cártel ya no opera solo a través de empresas pantalla anónimas, sino a través de negocios visibles de comida tradicional. Eso traslada una sombra sobre el pequeño comercio fronterizo y exige criterio editorial: no convertir un caso documentado en estigma generalizado.

La tercera es política. La fecha de la sanción no es burocrática. Es el primer mensaje de la administración Trump a Sheinbaum antes del 25 de mayo. La mesa de Ciudad de México se va a sentar con esto encima.

Lo que viene

González Peñuelas sigue prófugo. La administración Trump pidió formalmente su captura en su comunicado del miércoles y mantiene los cinco millones de dólares de recompensa. Ojeda Avilés no ha sido localizado públicamente y se presume en territorio sinaloense. Orozco Romero, según la cobertura local de Chihuahua, no tiene aún expedientes abiertos en la fiscalía estatal; eso será materia política de las próximas semanas.

La primera ronda formal del USMCA arranca el lunes 25 en Ciudad de México. Los nombres sancionados por OFAC el miércoles van a estar en esa mesa, aunque no se mencionen.

Fuentes

• Comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), «Treasury Disrupts Sinaloa Cartel Narco-Terrorist Fentanyl Trafficking Operations», miércoles 20 de mayo de 2026.
• Listado de designaciones OFAC del 20 de mayo de 2026 publicado en ofac.treasury.gov/recent-actions/20260520.
• Comunicado del Departamento de Estado, «Sanctioning Two Sinaloa Cartel Networks for Trafficking Illicit Fentanyl», miércoles 20 de mayo de 2026.
• Cobertura de Associated Press, Washington Times, Border Report y Just the News sobre las sanciones del 20 de mayo.
• Cobertura regional mexicana: El Financiero, El Diario de Chihuahua, Somos Juárez, Excélsior, Milenio, Vanguardia, Telediario México, Pravda ES.
• Reportajes de Mexico News Daily y White & Case sobre la primera ronda del USMCA Joint Review programada para la semana del 25 de mayo de 2026 en Ciudad de México.
• Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia matutina del lunes 19 de mayo de 2026.
• Comunicado del U.S. Attorney’s Office para el Southern District of California, 12 de mayo de 2021, sobre indictment original contra Jesús González Peñuelas.