Economía
El proceso sin el FMI: la reestructuración bilateral como diagnóstico
Caracas anunció el 13 de mayo la reestructuración de $170 mil millones de deuda externa. El FMI confirmó el 14 que no participa y Venezuela no le ha solicitado financiamiento. El proceso avanza bilateralmente. La asimetría no es accidente.
El miércoles 13 de mayo, la Vicepresidencia Sectorial de Economía anunció formalmente la reestructuración de la deuda externa pública venezolana y de PDVSA por unos 170.000 millones de dólares. El jueves 14, el Fondo Monetario Internacional confirmó vía Reuters que está al tanto del anuncio pero no participa en el proceso y que Caracas no ha solicitado financiamiento. La asimetría no es accidente. Es diagnóstico.
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El miércoles 13 de mayo de 2026, la Vicepresidencia Sectorial de Economía de Venezuela anunció formalmente el inicio del proceso de reestructuración integral de la deuda externa pública del Estado venezolano y de Petróleos de Venezuela. El comunicado oficial calificó la operación como «integral y ordenada» y estableció como objetivo central «poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país del peso de la deuda acumulada». La cifra agregada que circula en la cobertura internacional —Reuters, Bloomberg, MercoPress— se ubica entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, cifra que incluye bonos soberanos, deuda de PDVSA, laudos arbitrales por expropiaciones e intereses acumulados. Transparencia Venezuela en el exilio estima la cifra superior a los 170.000 millones.
Veinticuatro horas después, el Fondo Monetario Internacional entregó una declaración pública por vía Reuters que define el ángulo más significativo del cuadro. La portavoz Julie Kozack afirmó que el organismo está «al tanto del inicio de la reestructuración de la deuda externa venezolana», pero precisó: «no han participado en el proceso de reestructuración ni de análisis de sostenibilidad». Y agregó: «las autoridades venezolanas no han solicitado financiamiento al FMI».
Dos frases que merecen leerse juntas. La reestructuración más grande de la historia venezolana, una de las mayores reestructuraciones soberanas del siglo, avanza sin el organismo multilateral que tradicionalmente coordina estos procesos. Esa ausencia no es accidente técnico. Es estructura.
El cuadro técnico
La deuda venezolana en default cumple casi una década este año. Venezuela dejó de pagar sus obligaciones internacionales a partir de 2017, durante el período de sanciones máximas de la administración Trump en su primer mandato. Los tenedores de bonos —principalmente fondos institucionales estadounidenses, fondos de inversión europeos, y los llamados «fondos buitre» que compraron la deuda con descuento masivo— han acumulado durante casi una década intereses no pagados, juicios en cortes de Nueva York y Londres, y sentencias arbitrales firmes.
El cuadro adicional incluye obligaciones bilaterales. China, mediante el Banco de Desarrollo de China, prestó durante el chavismo decenas de miles de millones de dólares bajo el esquema «petróleo por préstamos» que dejó a Venezuela enviando crudo a Pekín como pago en especie hasta 2024. Rusia, mediante Rosneft y bancos estatales, tiene exposición significativa. Empresas estadounidenses como ConocoPhillips (sentencia arbitral cercana a los 8.700 millones de dólares por nacionalización de activos en 2007) y Crystallex (alrededor de 1.400 millones de dólares) tienen sentencias firmes. Cada acreedor con perfil distinto, prioridad distinta y palanca distinta.
La arquitectura de la licencia GL58
El 5 de mayo de 2026, ocho días antes del anuncio venezolano del 13, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense emitió la Licencia General 58. La GL58 autoriza a Venezuela y a PDVSA a contratar servicios legales, financieros y de consultoría para preparar una eventual reestructuración. Pero la licencia no autoriza la negociación directa con acreedores, la transferencia o la liquidación de la deuda. Es decir: Caracas puede contratar bancos de inversión y firmas legales para diseñar el proceso. No puede aún ejecutarlo. Esa autorización requeriría una licencia ampliada que el Tesoro emitiría en etapas posteriores.
La GL58 contiene además una cláusula de exclusión explícita: prohíbe la participación de entidades de Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Cuba en el proceso de reestructuración. Esa cláusula opera como tres mensajes simultáneos. Primero, hacia los acreedores chinos: cualquier negociación con Pekín queda fuera del paraguas estadounidense. Segundo, hacia los mercados financieros: la reestructuración será diseñada y ejecutada bajo arquitectura estadounidense exclusiva. Tercero, hacia Caracas: la presidenta encargada Delcy Rodríguez tiene asesoría restringida a firmas alineadas con Washington.
Por qué importa que el FMI no participe en el diseño
La declaración del FMI del 14 de mayo —«no hemos participado, Caracas no ha solicitado financiamiento»— no es un dato menor. Es una pista estructural sobre el modelo del proceso.
En reestructuraciones soberanas comparables del último cuarto de siglo —Argentina, Ucrania, Zambia, Sri Lanka, Ghana— el FMI ha operado como anclaje multilateral. Su intervención cumple tres funciones que ningún bilateral puede sustituir. Primera, provee financiamiento puente que evita el colapso macroeconómico durante la negociación. Segunda, certifica análisis de sostenibilidad de deuda que da credibilidad a los términos propuestos. Tercera, coordina con acreedores diversos —públicos, privados, bilaterales— bajo un marco común que limita la capacidad de cualquier acreedor individual para vetar el proceso.
Cuando el FMI no diseña, esos tres roles se trasladan a los actores bilaterales con capacidad de ejecución. En el caso venezolano, esos actores son el Tesoro estadounidense, los bancos de inversión contratados por Caracas bajo GL58 y los asesores legales habilitados por la misma licencia. La arquitectura financiera que Marco Rubio confirmó el 12 de mayo en Fox News —la cuenta de Nueva York auditada por KPMG— provee el segundo de los tres roles del FMI: la auditoría que da credibilidad. Pero el primero —financiamiento puente multilateral— y el tercero —coordinación amplia de acreedores— quedan en zona gris.
La pista de los bonos
Los bonos venezolanos reaccionaron al anuncio del 13 de mayo con subida pronunciada en su valor de mercado. La trayectoria es consistente desde la captura de Maduro el 3 de enero: el bono soberano de referencia a diez años casi duplicó su precio desde enero, con repunte adicional tras el anuncio del miércoles. La señal del mercado es clara: los tenedores de bonos esperan recuperación parcial significativa de su exposición.
Lo que el mercado no contempla en sus precios actuales —y este es el riesgo no incorporado— es la capacidad de acreedores excluidos de complicar el proceso. China, particularmente, tiene palanca operativa real: contratos pendientes en el sector petrolero venezolano, infraestructura instalada por empresas estatales chinas, y reclamos cruzados que podrían trasladarse a cortes internacionales. La cláusula de exclusión de la GL58 no elimina esos reclamos. Los aparta del proceso oficial. Es decisión política, no resolución legal.
⟶ Actualización · 14 de mayo, tarde · El viaje a Washington
Horas después de la declaración del FMI del mediodía, el cuadro se complementó con un anuncio adicional desde Caracas. Luis Pérez, presidente encargado del Banco Central de Venezuela, confirmó en entrevista con Reuters que una delegación venezolana viajará a Washington antes de fin de mes para reunirse con el FMI. Pérez declaró que «las relaciones con el FMI nunca debieron haberse roto. Fueron consecuencia de las sanciones».
El movimiento agrega tres elementos al cuadro y obliga a precisar el diagnóstico.
Primero, hay contacto técnico previo. Pérez precisó que la comunicación inicial con el Fondo se ha centrado en elaborar estadísticas sobre precios y el sector exterior. Eso significa que Caracas y el FMI llevan semanas intercambiando información técnica básica —el tipo de intercambio que precede, pero no equivale, a una negociación de programa formal—. La frase de Kozack «no han participado en el proceso de reestructuración» se mantiene literalmente cierta: el FMI no diseña el plan de reestructuración. Pero recibe data del BCV.
Segundo, hay $5.000 millones en Derechos Especiales de Giro sobre la mesa. Tras la reanudación de relaciones del 1 de abril, Venezuela recuperó acceso a sus DEG —activos en cuenta dentro del FMI que el país no había podido utilizar desde 2019—. Esos $5.000 millones no son préstamo nuevo. Son recursos preexistentes ahora disponibles. Pueden usarse como financiamiento puente sin requerir programa FMI formal con condicionalidad asociada. Es la fórmula que permite a Caracas obtener liquidez multilateral sin someterse al marco de supervisión que un programa Stand-By o Extended Fund Facility implicaría.
Tercero, Pérez proyectó cifras macroeconómicas oficiales para 2026. Crecimiento del PIB del 8%. Inflación a un dígito. Esas son las cifras que la delegación llevará a Washington como base de discusión. Si el FMI las valida o las cuestiona en sus reportes técnicos posteriores, el cuadro se modifica.
La distinción que importa. El FMI no está siendo excluido del proceso venezolano. Está siendo incorporado en una etapa posterior, en función técnica de soporte, bajo arquitectura diseñada desde Washington y Caracas, sin programa formal. No es ausencia. Es subordinación funcional. La diferencia es estructural, no semántica.
Para entender la asimetría, vale la comparación con Argentina. Cuando Buenos Aires reestructuró deuda en 2020 con el FMI, el organismo fue el coordinador del proceso desde el inicio, con análisis de sostenibilidad de deuda, programa Stand-By previo y condicionalidad explícita sobre política fiscal. En Venezuela en 2026, el FMI llega después de que la arquitectura ya está diseñada por Washington vía GL58 y por Caracas vía contratación de asesores bilaterales. Llega a validar estadísticas, no a coordinar el proceso.
El cierre
La secuencia de mayo de 2026 entrega un cuadro operativo que merece leerse en su totalidad. Día 5: OFAC emite GL58 que autoriza preparación de reestructuración con cláusula de exclusión de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Día 12: Rubio confirma en Fox News el mecanismo de cuenta de Nueva York con KPMG. Día 13: Caracas anuncia reestructuración formal. Día 14 (mediodía): el FMI declara no participar en el diseño. Día 14 (tarde): el BCV anuncia viaje de delegación a Washington a finales de mayo con DEG de $5.000 millones sobre la mesa.
Cinco hitos en diez días. Tres instituciones estadounidenses centrales —OFAC, KPMG, Tesoro—. Dos empresas operando bajo licencias estadounidenses —Repsol con GL50A, Citgo bajo subasta judicial estadounidense—. Un organismo multilateral incorporado en etapa posterior, sin programa formal —FMI—. Y la presidenta encargada de Caracas firmando autorizaciones, recibiendo asesoría bajo licencia estadounidense, anunciando reestructuraciones bajo arquitectura estadounidense.
El cuadro confirma lo que el Especial INCÍSOS «La Cara B de la transición» documentó en su Pieza 1: el Estado 51 funcional no es metáfora retórica. Es estructura operativa con instituciones, fechas, licencias, contratos, cifras verificables y reuniones programadas.
El indicador a vigilar
Tres datos definirán la trayectoria de la reestructuración durante el segundo semestre de 2026. Primero, qué emerge de las reuniones FMI-Venezuela de finales de mayo: si Caracas activa los DEG como financiamiento puente sin solicitar programa formal, el modelo bilateral se consolida; si solicita programa Stand-By, el FMI entra al diseño. Segundo, si OFAC emite una licencia ampliada que autorice negociación directa con acreedores. Tercero, si los acreedores chinos presentan reclamos formales en cortes internacionales o aceptan el marco impuesto por la GL58.
Mientras tanto, el mercado de bonos sube, la asesoría legal y financiera trabaja bajo GL58, el FMI espera detalles técnicos en Washington, y la delegación venezolana prepara maletas.
La asimetría no es accidente. Es diagnóstico.
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Alfredo Yánez
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Economía
La inflación interanual sube a 3,8% en abril, la más alta desde mayo de 2023
El CPI de abril subió a 3,8%, el mayor nivel desde mayo de 2023. El PPI confirmó la presión: 6,0% interanual. La Fed mantiene tasas. Para familias hispanas, el costo de vida lleva la delantera al sueldo.
El martes 12 de mayo, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó el Índice de Precios al Consumidor: aceleración a 3,8% interanual, impulsada por el choque energético derivado de la guerra con Irán. El miércoles 13, el Índice de Precios al Productor confirmó la tendencia: 6,0% interanual, el mayor incremento desde diciembre de 2022. —
El choque energético derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán dejó de ser referencia macroeconómica para convertirse esta semana, con dos publicaciones oficiales en 48 horas, en cifra concreta sobre el bolsillo del consumidor estadounidense. El martes 12 de mayo de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó el Índice de Precios al Consumidor —el CPI— de abril: aceleración a 3,8% interanual, el mayor incremento desde mayo de 2023. El miércoles 13 de mayo, el Índice de Precios al Productor —el PPI— llegó al 6,0%, el mayor incremento desde diciembre de 2022.
El motor del choque
Los dos componentes que más empujaron la cifra del CPI son derivados directos del shock petrolero. La gasolina subió 28,4% interanual. El fuel oil para calefacción y transporte refrigerado subió 54,3%. Los alquileres mantuvieron una tendencia al alza, aunque más moderada que en 2024. El componente de servicios médicos subió 3,9% interanual.
El PPI publicado el miércoles 13 confirma que la presión está aguas arriba en la cadena productiva: los productores estadounidenses pagaron 6,0% más por insumos en abril que doce meses antes. Esa es la cifra que en los próximos dos a cuatro meses se traducirá en los precios finales del consumidor.
La Fed en la encrucijada
La Reserva Federal mantiene las tasas de interés en el rango de 3,5% a 3,75% desde la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto del 19 de marzo. La próxima reunión del FOMC está programada para finales de junio. Jerome Powell, presidente de la Fed, cierra su mandato el 15 de mayo —el mismo día de publicación de esta edición de INCÍSOS—. La nominación de Kevin Warsh como sucesor fue reactivada por el cierre de la investigación del Departamento de Justicia.
El cuadro institucional deja a la política monetaria en una zona difícil. La inflación interanual al 3,8% está casi el doble del objetivo del 2% que la Fed ha sostenido oficialmente como ancla desde 2012. Pero subir tasas en un contexto de mercado laboral debilitado expone a riesgos de recesión. Bajarlas es impensable mientras la inflación acelere. La opción operativa es sostener tasas y esperar que la transmisión del choque energético se modere.
El impacto sobre el hogar hispano
Para familias hispanas, el cuadro es particularmente exigente. El consumo hispano tiene una composición diferente al promedio estadounidense. Mayor proporción del ingreso destinada a alimentos frescos —frutas, vegetales, proteínas refrigeradas—. Mayor exposición a costos de transporte propio. Mayor proporción de hogares unifamiliares dependientes de fuel oil para calefacción en estados del medio oeste y noreste.
Los datos sectoriales del CPI del 12 de mayo lo confirman. Las frutas y vegetales subieron 2,3% solo en abril sobre marzo —el mayor incremento mensual de la categoría desde 2010—. Los tomates lideraron la categoría con un aumento del 15% por segundo mes consecutivo. El precio del diésel para transporte refrigerado se traslada directamente al supermercado.
El indicador a vigilar
Tres datos en el horizonte cercano definirán si el cuadro mejora o se complica. Primero, la publicación del CPI de mayo el 11 de junio: si el dato baja del 3,8%, la trayectoria empieza a corregir. Segundo, la decisión del FOMC de finales de junio: si la Fed señala que no subirá tasas, los mercados estabilizarán expectativas. Tercero, la dinámica del frente Irán: cualquier desescalada del conflicto baja el barril, y eso baja la gasolina con un retardo de 4–8 semanas.
Mientras tanto, los hogares hispanos vuelven al supermercado cada semana, y el precio del tomate sigue subiendo.
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Economía
El choque energético llega a la mesa: frutas y vegetales suben 2,3% en un mes
El mayor aumento mensual de frutas y vegetales desde 2010. Tomates suben 15% por segundo mes consecutivo. El diésel refrigerado golpea el supermercado. La inflación deja de ser cifra macro.
El mayor aumento mensual de la categoría desde 2010. Los tomates suben 15% por segundo mes consecutivo. El diésel refrigerado golpea el supermercado. Para familias hispanas que dependen de productos frescos en su composición de consumo, la inflación deja de ser una cifra macro y se vuelve cuenta de mercado. —
El componente más doloroso del Índice de Precios al Consumidor de abril publicado el martes 12 de mayo de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales no es la cifra agregada del 3,8% interanual. Es la cifra sectorial dentro del informe: las frutas y vegetales subieron 2,3% en un solo mes. Sobre marzo. El mayor incremento mensual de la categoría desde 2010.
El detalle del tomate
Dentro de la categoría, el tomate lidera por segundo mes consecutivo con un aumento del 15%. Las naranjas subieron 8,2%. Las cebollas 6,4%. La lechuga 4,9%. Los pimientos verdes 5,1%. La papa y la zanahoria mantuvieron incrementos más moderados, pero también al alza. Las únicas categorías que se mantuvieron relativamente estables fueron las frutas tropicales con producción local importante en Florida (mango, piña) y los aguacates que aún no reflejan completamente el impacto del shock energético.
La cadena de transmisión
El mecanismo es directo y se mueve con retardo predecible. El petróleo subió por la guerra entre Estados Unidos e Irán durante el primer trimestre de 2026. El diésel —combustible principal del transporte refrigerado— subió 54,3% interanual a abril. Los camiones que mueven frutas y vegetales desde campos de cultivo en California, Florida, Texas y México hacia centros de distribución y supermercados en todo el país pagan ahora significativamente más por mover cada caja. Ese costo adicional se traslada al precio final del producto.
La cadena tiene retardo. El choque del petróleo se traduce en gasolina en 2–4 semanas. En diésel, en 3–5 semanas. En productos frescos importados o transportados a distancia, en 4–8 semanas. Los datos de abril reflejan parcialmente el shock que arrancó en febrero. Los datos de mayo y junio reflejarán los efectos completos.
El impacto sobre el hogar hispano
Para familias hispanas, el incremento es particularmente doloroso. Los datos del U.S. Department of Agriculture sobre patrones de consumo muestran que los hogares hispanos destinan en promedio 11,4% de su gasto a frutas y vegetales —por encima del promedio nacional del 9,1%—. La dieta hispana incluye proporcionalmente más productos frescos: tomate, cebolla, ajo, cilantro, aguacate, lima, pimiento, lechuga, plátano. Cuando esa canasta se encarece, el golpe sobre el presupuesto familiar es desproporcionado.
A la composición de consumo se suma otro elemento. Los hogares hispanos en estados como Florida, Texas y California compran con frecuencia en mercados locales y bodegas, donde la elasticidad de precios es menor —no hay márgenes para absorber el shock energético, así que el precio sube de inmediato—. En contraste, las grandes cadenas pueden absorber parte del incremento con economías de escala. La inflación llega antes y con más fuerza al supermercado del barrio.
Cómo navegar el incremento
Las recomendaciones operativas siguen una lógica simple. Primero, identificar productos frescos de temporada y origen local —estos absorben menos el shock—. Segundo, considerar productos congelados como sustituto parcial de frescos: el procesamiento concentra el costo de transporte en un punto, lo que diluye el impacto del diésel. Tercero, revisar el balance entre frescos y conservas. Cuarto, planificar compras semanales en lugar de diarias, agrupando viajes y reduciendo el costo personal de transporte.
Para familias con presupuesto ajustado, también valen las opciones institucionales: SNAP, mercados móviles comunitarios, programas escolares de meriendas saludables, ferias agrícolas locales.
El indicador a vigilar
El CPI de mayo se publica el 11 de junio. Si la categoría de frutas y vegetales mantiene un incremento mensual superior al 1,5%, el shock energético sigue activo. Si baja al rango de 0,5% o menos, el ciclo se está moderando. La trayectoria del barril durante mayo y junio dirá hacia dónde va la curva.
Mientras tanto, el tomate sigue subiendo.
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Economía
La Fed atrapada: Powell, Warsh y el calendario de mayo
El mandato de Powell como presidente de la Fed termina el 15 de mayo. La nominación de Kevin Warsh ha sido reactivada. Próximo FOMC a fines de junio. La Fed atrapada entre inflación persistente y mercado laboral débil.
El mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal termina este jueves 15 de mayo. La nominación de Kevin Warsh ha sido reactivada por el cierre de la investigación del Departamento de Justicia. La próxima reunión del FOMC es a fines de junio. Mientras tanto, los precios suben y los salarios no alcanzan. —
Este jueves 15 de mayo de 2026, el mismo día en que INCÍSOS publica esta edición, Jerome Powell cierra formalmente su mandato como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. La transición institucional ocurre en uno de los momentos más complejos de la política monetaria estadounidense del último ciclo. La inflación interanual al 3,8% reportada por la Oficina de Estadísticas Laborales esta semana está casi al doble del objetivo del 2% que la Fed sostiene como ancla oficial desde 2012. Y el mercado laboral muestra señales sostenidas de debilidad.
El nombre del sucesor
Kevin Warsh fue nominado por la administración Trump para suceder a Powell en marzo. Su confirmación quedó suspendida durante varias semanas mientras el Departamento de Justicia mantenía una investigación abierta sobre operaciones financieras vinculadas a su actividad anterior en el sector privado. El DOJ cerró la investigación a fines de abril sin presentar cargos. La nominación se reactivó. El proceso de confirmación en el Senado de Estados Unidos está en curso.
Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. Su perfil es el de un republicano del establishment económico, con experiencia previa en Morgan Stanley y la Casa Blanca durante la administración George W. Bush. Es conocido por posiciones más restrictivas que Powell en política monetaria: durante la última crisis económica de 2009 y 2010, Warsh argumentó internamente contra el quantitative easing prolongado.
La trampa monetaria
La situación que recibe el nuevo presidente —sea Warsh u otro nominado— es estructuralmente difícil. La política monetaria está atrapada entre dos objetivos en conflicto. Por un lado, una inflación interanual del 3,8% que justifica mantener tasas altas o incluso subirlas. Por otro lado, un mercado laboral debilitado durante el primer trimestre que sugiere bajar tasas para sostener el empleo.
La opción operativa que la Fed eligió durante el ciclo Powell —sostener tasas en el rango 3,5%–3,75% desde la decisión del 19 de marzo y esperar— pierde efectividad cuando los datos no convergen. Si la inflación sigue subiendo, la presión política para subir tasas se intensifica. Si el empleo sigue debilitándose, la presión política para bajarlas. Las dos presiones operan en direcciones opuestas.
El calendario inmediato
La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto está programada para fines de junio. Antes de esa fecha, el FOMC tendrá tres datos críticos. Primero, el CPI de mayo, publicado el 11 de junio: si la cifra agregada baja del 3,8% interanual, la trayectoria empieza a corregir. Segundo, los datos de empleo de mayo, publicados el 6 de junio: si la creación de puestos repunta sobre 130.000, el mercado laboral muestra señales de estabilización. Tercero, los datos de salarios reales: si los aumentos nominales siguen sin superar la inflación, las presiones sociales y políticas se intensifican.
Lo que está en juego para hogares hispanos
La política monetaria de la Fed tiene impacto directo y diferido sobre el bolsillo familiar. Directo: las tasas de interés se trasladan a tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos automotrices y refinanciamiento hipotecario. Una tasa de 3,75% en la Fed se traduce en tasas de 25%+ en tarjetas de crédito, 8%+ en préstamos automotrices y 7%+ en hipotecas. Diferido: las decisiones de la Fed afectan el ritmo de creación de empleo, los aumentos salariales y la fortaleza del dólar respecto a monedas latinoamericanas —relevante para remesas—.
Para familias hispanas con deuda en tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles o hipotecas variables, mantener tasas altas significa pago mensual sostenido. Para trabajadores en sectores cíclicos —construcción, hostelería, manufactura—, una política monetaria demasiado restrictiva durante demasiado tiempo se traduce en menos contratación.
El indicador a vigilar
Tres datos definirán el cuadro de la Fed durante el segundo trimestre. Primero, si el Senado confirma a Warsh antes de la reunión del FOMC de junio. Segundo, el tono del comunicado del FOMC tras esa reunión: lenguaje hawkish (favorable a subir tasas) o dovish (favorable a bajarlas). Tercero, los primeros pronunciamientos públicos del nuevo presidente —Warsh o quien sea— sobre la estrategia para los próximos doce meses.
Mientras tanto, los precios suben y los salarios no alcanzan.
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