Donald Trump tocó suelo chino el miércoles 13 de mayo de 2026 a las 7:50 de la noche, hora local. El jueves 14 empieza la cumbre formal con Xi Jinping. La agenda declarada habla de comercio, Taiwán e Irán. La agenda real cabe en una pregunta: ¿quién tiene las cartas?

El Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional Capital de Pekín a las 7:50 de la noche del miércoles 13 de mayo de 2026, hora local. Trescientos niños chinos vestidos con uniformes azules y blancos, ondeando banderas de Estados Unidos y de China, recibieron al presidente Donald Trump al pie de la escalerilla. Lo esperaban el vicepresidente chino Han Zheng, el embajador chino en Washington Xie Feng, el viceministro ejecutivo Ma Zhaoxu y el embajador estadounidense en Pekín David Perdue. La ceremonia incluyó banda militar y guardia de honor.

Por el protocolo, la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017 —la del propio Trump— se inauguró con todos los honores. Por el contexto, la visita encubre algo más urgente: una negociación entre dos potencias que no llegan al encuentro en condiciones simétricas. Trump aterriza con la guerra de Irán encima, con inflación derivada del conflicto en máximos, con popularidad doméstica en mínimos. Xi recibe con calma de quien sabe que el tiempo, este mes, juega para él.

La sombra de Irán

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. La administración Trump proyectó entonces un conflicto de cuatro a seis semanas. El miércoles 13 de mayo, dos meses y medio después del primer disparo, la guerra sigue. El alto el fuego que Trump anunció en abril está, según describió el propio presidente esta misma semana, «en soporte vital masivo». Algunos asesores le sugieren reanudar operaciones de combate.

La consecuencia más inmediata, leída desde Pekín, es energética. El Estrecho de Ormuz —por donde pasa aproximadamente el 30% del petróleo marítimo mundial— atraviesa zonas de combate. Los precios globales del crudo subieron casi 40% desde marzo. La inflación estadounidense, que había bajado en los primeros meses de 2025, repuntó al 5,2% interanual en abril por la cadena de costos derivada del combustible.

Y aquí aparece la fuerza de Xi. China es el principal socio comercial de Irán y el mayor comprador de su petróleo. Si Beijing presiona a Teherán, Ormuz se abre. Si Beijing no presiona, Ormuz sigue donde está. Como dijo Dong, un analista del think tank Pangoal citado por NBC esta semana: «Esto le proporciona a China cierto grado de palanca».

Trump intentó minimizar el factor antes del despegue. «Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán es una de ellas, para ser honesto contigo, porque tenemos a Irán muy bajo control». La frase contradice el cuadro real. Y Pekín lo sabe.

Las tres mesas

La cumbre cubre tres mesas formales que se discutirán este jueves y viernes.

Mesa uno: comercio. Trump quiere anuncios. La administración aspira a acuerdos de compra adicionales de soya, carne y aviones Boeing. Quiere, además, abrir el proceso para establecer una Junta de Comercio bilateral que canalice las diferencias futuras sin recurrir a guerras arancelarias. La tregua arancelaria firmada en octubre de 2025 —la que se logró tras la primera reunión Trump-Xi en Busan al margen de la APEC— venció en abril y se renovó por un año. La intención estadounidense es formalizarla.

Mesa dos: Taiwán. China está descontenta con el paquete de armas de 11 mil millones de dólares que el Pentágono autorizó para Taipéi en diciembre y que aún no se ha empezado a entregar. Es el paquete más grande jamás aprobado para la isla. Trump dijo a la prensa el lunes que discutiría el paquete con Xi: «Él va a hablar de Taiwán, creo, más que yo». Algunos analistas del lado estadounidense temen que Trump, conocido por hablar improvisadamente, pueda flexibilizar la posición tradicional de Washington sobre el estatus de Taiwán —fórmula deliberadamente ambigua durante décadas— en un comentario fuera de libreto que Pekín pueda capitalizar.

Mesa tres: Irán. Aunque Trump diga lo contrario, todos los analistas independientes —incluido Kyle Chan de Brookings y Melanie Hart del Atlantic Council— coinciden en que Irán domina la visita. Lo que está sobre la mesa, en términos prácticos, es si Xi acepta usar su influencia para abrir Ormuz a cambio de algo. Ese algo, en la lógica de Pekín, es Taiwán. En la lógica de Washington, es flexibilidad arancelaria.

Lo que Trump trae en el avión

La delegación estadounidense que acompaña al presidente es la más empresarial que se ha visto en una visita de Estado en años. Más de doce CEOs de las mayores empresas estadounidenses viajan con Trump. Entre ellos, Tim Cook de Apple, Elon Musk de Tesla, los presidentes de Boeing y Citigroup. La señal hacia Pekín es clara: el sector privado estadounidense viene a cerrar negocios, no solo a observar.

La presencia de esta delegación tiene un costado periodístico interesante. Apple, Tesla y Boeing tienen, individualmente, exposición masiva al mercado chino. Tim Cook ha sostenido la cadena de producción de Apple en China durante años, incluso bajo la presión arancelaria de la primera administración Trump. Elon Musk opera la fábrica más grande de Tesla en Shanghái. Boeing es uno de los exportadores estadounidenses más vulnerables a las represalias chinas, como demostró Pekín en 2025 al suspender pedidos. Trump trae con él, en otras palabras, a los rehenes corporativos del status quo.

Lo que se juega para Venezuela

En el cuadro estratégico que dibujó la operación del 3 de enero —captura de Maduro, instalación de Delcy Rodríguez, tutelaje petrolero— China ocupa un lugar específico. Pekín fue, durante la última década del chavismo, el principal acreedor financiero de Caracas y el comprador alternativo de su crudo cuando las sanciones estadounidenses cerraron el mercado tradicional. La caída del régimen Maduro implicó, para China, la pérdida de un punto de apoyo regional. La administración Trump aprovechó ese vacío para reinstalar a ExxonMobil y Chevron, y para reordenar los flujos del crudo venezolano hacia refinerías del Golfo de México.

La cumbre de esta semana no incluye Venezuela en la agenda formal. Pero los movimientos comerciales que se acuerden o no se acuerden tendrán consecuencias directas sobre la flexibilidad de Caracas frente a Washington. Si China obtiene concesiones en Taiwán a cambio de presión sobre Irán, su capital político en el hemisferio occidental se preserva —y la presión sobre Delcy Rodríguez para acelerar la transición democrática gana margen—. Si China sale con menos, Pekín necesitará reposicionarse en América Latina con más agresividad —y Caracas vuelve a ser un punto de apoyo potencial—.

La frase de Trump del martes 12 antes de subir al avión —«vamos a sacar a todos los presos políticos venezolanos»— y su elogio a Delcy operan en este contexto. La administración Trump asegura ante su propia opinión pública que el frente venezolano avanza, mientras se concentra en la mesa real, que es la china.

El cálculo de popularidad

Trump llega a Pekín con la popularidad doméstica más baja de su segundo mandato. La combinación de guerra con Irán prolongada, inflación derivada del combustible, primarias demócratas en Nebraska que esta semana mostraron escaños republicanos al alcance opositor, y una economía que crece menos de lo prometido configura un cuadro de necesidad. El presidente necesita ganar visiblemente.

Por eso lo que la administración Trump espera anunciar en las próximas 48 horas son entregables concretos: compras de soya (mensaje al votante agrícola del Medio Oeste), compras de aviones Boeing (mensaje al obrero industrial), apertura de la Junta de Comercio (mensaje al sector financiero). El detalle, según fuentes citadas por NPR esta semana, es que los anuncios todavía estaban «en flujo» a 24 horas del aterrizaje. Algo inusual. Normalmente los entregables económicos están cerrados con antelación.

Eso sugiere que parte de la cumbre se va a definir en tiempo real. Y eso, en una negociación donde el más necesitado es Trump y donde Xi controla la pieza más urgente —Irán—, conviene leerlo como ventaja estructural china.

Lo que viene

Jueves 14 de mayo: cena de Estado y primeras bilaterales formales. Viernes 15: continuación de reuniones, tour al Templo del Cielo, anuncio conjunto. La declaración final está, al cierre de esta edición, sin texto cerrado.

La próxima semana —independientemente del comunicado oficial— los movimientos relevantes serán dos. Vladímir Putin viaja a Pekín días después de la salida de Trump. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán estuvo en Pekín la semana del 5 al 11 de mayo. China negocia, simultáneamente, con tres potencias adversarias entre sí. Esa es la posición real del tablero.

Roberto Smith Perera publicó el 1 de mayo las 835 páginas del plan de reconstrucción más detallado que se haya escrito sobre Venezuela. Seis billones de dólares, catorce sectores intervenidos simultáneamente, una década. El detalle técnico es notable. Las preguntas que el plan deja abiertas, también.

El 1 de mayo de 2026, cuatro meses después de que fuerzas estadounidenses sacaran a Nicolás Maduro de Caracas, Roberto Smith Perera publicó las 835 páginas de Venezuela First World: El plan de reconstrucción soberana. La fecha no es casual. Tampoco lo es el lenguaje: el documento se autodescribe como un «diseño maestro», no un programa político; como un «marco técnico, financiero y operativo», no una propuesta partidista. Es, en palabras de su autor, «una demostración de que la reconstrucción de Venezuela es factible, financiable y ejecutable en tan solo una década».

La escala de lo que propone obliga a detenerse. Seis billones de dólares de inversión en diez años. Catorce sectores de la economía intervenidos simultáneamente. Una producción petrolera que pasa de menos de un millón de barriles diarios a diez millones para el año siete. Un sistema fiscal radicalmente simple —el Pacto 10-10-10: diez por ciento de impuesto sobre la renta, diez de IVA, diez de banda arancelaria máxima—. Un fondo ciudadano, el FPAP, que recibe el 35% de los ingresos brutos de hidrocarburos y lo deposita directamente en cuentas individuales. Y, como armazón institucional, un Estatuto Constitucional para la Reconstrucción de la República que constitucionaliza el dólar, blinda los derechos de propiedad y orienta la política exterior de Venezuela explícitamente hacia el hemisferio occidental.

Quien firma este plan no es un improvisado. Smith Perera fue autor del Gran Viraje, el octavo Plan de la Nación durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue Ministro de Transporte y Comunicaciones, embajador ante la Unión Europea, fundador de Digitel, consultor de McKinsey. Es matemático de la Simón Bolívar, doctor en Políticas Públicas por Harvard. Tiene, como él mismo lo dice, más de cuarenta años pensando este país.

La tesis: el colapso como oportunidad

El argumento central de Venezuela First World tiene una elegancia paradójica. El colapso institucional venezolano —el más completo del hemisferio en tiempos de paz— eliminó, según Smith Perera, la principal restricción que enfrenta cualquier transformación nacional: el peso de los sistemas heredados. Venezuela ya no arrastra instituciones funcionales que defender ni intereses arraigados capaces de bloquear reforma. Donde otros países deben adaptar gradualmente, Venezuela puede rediseñar integralmente. Fibra desde la primera conexión. Administración pública digital desde el primer registro. Ciudades modernas desde su diseño inicial.

A esta tesis del reinicio doméstico se suman dos fuerzas externas que el autor considera convergentes: un entorno global de capital institucional buscando activamente activos reales con flujos predecibles —lo que Venezuela ofrece a escala nacional—, y una reconfiguración geopolítica acelerada por el conflicto con Irán que vuelve estratégicamente indispensable un proveedor energético democrático en el hemisferio occidental.

«Estas tres fuerzas nunca antes habían convergido. No permanecerán alineadas por mucho tiempo. La ventana está abierta ahora», escribe Smith Perera. Es la frase más repetida del libro. También la más exigente: convierte la urgencia en condición de viabilidad del plan.

Lo que el plan promete

El detalle técnico del documento es notable. No se queda en consignas. Especifica, sector por sector, montos de inversión, cronogramas, instrumentos financieros, estructuras de gobernabilidad. El Consejo Nacional de Reconstrucción será un cuerpo de nueve miembros seleccionados por mérito, con mandato definido de 36 meses, encargado de la «fase de reajuste institucional» antes de que el capital privado pueda fluir a escala. El FPAP funcionará como un sistema tipo 401(k) pero anclado constitucionalmente. La Faja del Orinoco se gestionará como una zona de desarrollo integrada en lugar de áreas concesionadas fragmentadas. El gas natural —230 billones de pies cúbicos— se transformará en una plataforma de exportación de GNL desde la costa atlántica con capacidad de generar entre 30 y 50 mil millones de dólares anuales adicionales.

Para los lectores entrenados en la literatura del desarrollo, las referencias son las esperables: Corea del Sur, Singapur, Emiratos Árabes Unidos como puntos de comparación de intensidad de inversión per cápita; Noruega como precedente del fondo soberano; Estonia como modelo de salto digital; Ecuador como antecedente de dolarización constitucional. La aspiración, sin embargo, es mayor: lograr las cinco simultáneamente. Ningún país lo ha hecho. Smith Perera argumenta que esa simultaneidad no es la mayor vulnerabilidad del plan, sino su mayor fortaleza, porque solo la transformación integral genera complementariedad sistémica.

Las preguntas que el plan deja abiertas

Y, sin embargo, leer las 835 páginas sin hacer preguntas sería leerlas mal.

La primera tiene que ver con el contexto en el que el plan aparece. Venezuela, en el momento de la publicación, no tiene gobierno electo. Delcy Rodríguez —vicepresidenta durante los años más oscuros de la represión, bajo investigación de la DEA por narcotráfico desde 2018— administra una transición que CNN reportó, en una pieza del 10 de mayo de 2026 citando fuente qatarí, que se negoció en Doha sin participación de María Corina Machado. Los ingresos petroleros venezolanos están bajo un esquema de custodia administrado por el Tesoro de Estados Unidos. No hay calendario oficial de elecciones. ¿Para qué Venezuela, exactamente, está diseñado este plano? ¿Quién, dentro del país, tiene el mandato político para ejecutarlo?

La segunda toca el tema de la soberanía. El libro enumera con franqueza lo que gana Estados Unidos en la nueva arquitectura: diez millones de barriles diarios, minerales críticos procesados fuera de la órbita china, capacidad de lanzamiento ecuatorial, cooperación militar bajo SOUTHCOM, salida del eje Cuba-Rusia-Irán. Lo que gana Venezuela está formulado en términos de acceso: a la DFC, al EXIM Bank, a la OCDE, al CIADI. La asimetría es estructural. Que el ECRR constitucionalice esa alineación como política de Estado —el Artículo 40— es, en sí mismo, una decisión geopolítica de fondo que el documento presenta como técnica.

La tercera es la aritmética. La promesa del FPAP —2.920 dólares anuales por ciudadano, 14.600 por hogar de cinco— depende de un precio sostenido del petróleo en 80 dólares y una producción de 10 millones de barriles diarios. La producción venezolana de abril de 2026 está por debajo de un millón. El precio histórico del barril ha oscilado entre 35 y 130 dólares en los últimos quince años. Cualquiera de los dos supuestos que falle por la mitad colapsa la base del contrato social que el plan ofrece.

La cuarta, quizás la más incómoda, es de memoria. Roberto Smith Perera fue autor del Gran Viraje. Aquel plan también prometía modernización, apertura, reconstrucción. Terminó en el Caracazo. La pregunta no es retórica ni busca el reproche fácil: es operativa. ¿Qué incorpora Venezuela First World del aprendizaje sobre por qué fracasó el primer intento de Smith Perera de modernizar a Venezuela? ¿Qué mecanismos contempla para que la sociedad venezolana —agotada, empobrecida, fragmentada, con ocho millones afuera— no rechace por costo social una transformación de esta escala?

Una conversación pendiente

Venezuela First World es el documento más ambicioso que se ha escrito sobre la reconstrucción del país. Eso no está en discusión. Su nivel de detalle técnico, la coherencia interna de su arquitectura financiera, la seriedad de su autor, lo colocan en una categoría aparte respecto del género —abundante— de propuestas voluntaristas sobre el día después.

Pero un plan de seis billones de dólares no es solo una pieza de ingeniería. Es una decisión sobre qué tipo de país queremos, en qué relación con el mundo, con qué reparto del esfuerzo y del beneficio, y bajo qué reglas. El propio autor reconoce que esta es la «versión 1.0» de un documento vivo. La conversación, entonces, apenas empieza.

Cuatro meses después del 3 de enero de 2026 no hay fecha de elecciones en Venezuela. La congresista María Elvira Salazar lleva semanas exigiéndola al Departamento de Estado. Trump promete presos liberados, no comicios. Un subsecretario admitió ante el Congreso que Washington no confía en Delcy: la presiona.

El 12 de mayo de 2026, mientras Donald Trump abordaba el Air Force One con destino a Pekín, dos cosas ocurrían al mismo tiempo en Washington. El presidente prometía liberar «a todos» los presos políticos de Venezuela y elogiaba a Delcy Rodríguez por estar «haciendo un gran trabajo». A pocos kilómetros de allí, la congresista María Elvira Salazar publicaba un mensaje en X que afirmaba lo contrario: «Delcy piensa que puede engañar al presidente Trump de la misma manera en que ella y Maduro engañaron y destruyeron a Venezuela. Pero el presidente Trump sabe exactamente quién es ella: otro miembro de Alí Babá y los 40 ladrones».

Las dos declaraciones provienen del mismo lado del Atlántico, del mismo partido, de la misma alianza política. Pero apuntan en direcciones opuestas. Una elogia a Rodríguez. La otra la describe como una farsante. Y la diferencia entre ambas no es estilística: es estructural. Mide la distancia que hay entre la línea oficial de la Casa Blanca sobre Venezuela y la línea de los tres congresistas cubanoamericanos del sur de Florida que han hecho del expediente venezolano una bandera personal.

La primera exigencia pública

Esa distancia se hizo pública por primera vez el 3 de abril de 2026, cuando Salazar concedió una entrevista al periodista Mario J. Pentón. La frase que pronunció ese día está documentada y se ha mantenido como su línea desde entonces: «Antes del final del año, María Corina y cualquier otro, todas las fuerzas opositoras dentro de Venezuela, deben poder reunirse y organizarse, y debe haber elecciones libres y transparentes, apoyadas y guiadas por Estados Unidos, para que los venezolanos puedan decidir quién quieren que los gobierne».

La frase tiene tres partes que conviene leer despacio. Primero, fija un plazo concreto: antes del final de 2026. Segundo, exige garantías para Machado y la oposición. Tercero, suscribe explícitamente el plan de tres fases del secretario de Estado Marco Rubio: estabilizar, recuperar, transitar. Es decir, Salazar no se opone al diseño estratégico de la administración. Lo acepta. Lo que pide es que la tercera fase tenga calendario.

Veintidós días después, el 16 de abril de 2026, Salazar anunció en NTN24 que junto a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart prepararía acciones legislativas y una petición pública para presionar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. «Los Estados Unidos no se va a comportar sino haciendo elecciones libres y transparentes en Venezuela muy pronto», declaró. El 30 de abril de 2026, recibió en Washington a Juan Pablo Guanipa, dirigente de Vente Venezuela liberado de prisión política, en lo que la legisladora presentó como un acto de respaldo directo a la oposición venezolana.

La admisión del Departamento de Estado

El momento más revelador de la secuencia no ocurrió frente a las cámaras. Ocurrió en una audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, donde Salazar interpeló a Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sobre el plazo electoral.

La respuesta de Kozak fue franca: «No tenemos una fecha fijada. Lo que tenemos son condiciones que permitirán la celebración de elecciones y propiciarán una transición hacia la democracia. Por lo tanto, estamos prestando atención a los hitos que deben cumplirse a lo largo de este camino». En la misma audiencia, Kozak admitió un segundo punto, todavía más significativo. Sobre la administración encargada que conduce Delcy Rodríguez, dijo: «No estamos confiando en ellos, sino en nuestra capacidad de presionarlos para que hagan esto». La referencia al control sobre los ingresos petroleros que Washington mantiene a través del Tesoro estaba implícita en la respuesta.

Salazar replicó con una frase que circuló inmediatamente: «Solo están tratando de ganar tiempo. No quieren reconciliarse. Son maduristas. Así que depende de nosotros».

La intervención condensa el desacuerdo entre los dos polos del frente republicano. Para la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el modelo actual de tutelaje funciona porque la presión económica garantiza el cumplimiento sin necesidad de calendario. Para Salazar y los congresistas del sur de Florida, esa misma ausencia de calendario es la prueba de que Delcy Rodríguez está ganando tiempo.

El plan de tres fases y la fase que no llega

La hoja de ruta de Marco Rubio, conocida como plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición—, ha sido suscrita públicamente por María Corina Machado en su entrevista con Christiane Amanpour del 11 de mayo de 2026, por la Casa Blanca a través del propio Kozak, y por Salazar misma en abril. Sobre el papel, el frente republicano está alineado.

En la práctica, las tres fases avanzan a velocidades distintas. La fase uno —estabilización— fue declarada concluida por funcionarios del Departamento de Estado a mediados de abril. La fase dos —recuperación— está en curso, sostenida por el levantamiento parcial de sanciones, la presencia operativa de ExxonMobil y Chevron, y los ingresos petroleros que el Tesoro estadounidense administra bajo esquema de custodia. La fase tres —transición democrática con elecciones libres— no tiene fecha.

La ambigüedad temporal no es un descuido. Es la condición que permite que el modelo funcione. Mientras no haya fecha electoral, Delcy Rodríguez administra. Mientras Delcy Rodríguez administre, la presión sobre los ingresos petroleros permite a Washington dictar condiciones. Cuando haya fecha electoral, la transición pasará a otra etapa y los activos de negociación que hoy maneja la administración encargada perderán valor. Para el sector que Salazar representa, ese es exactamente el momento que debe acelerarse. Para el sector que Kozak articula, es el momento que debe contenerse hasta que las condiciones —en su lenguaje— estén dadas.

El 4 de abril, la frase incómoda

Una entrevista que Salazar concedió a la cadena CBS, citada por Radio América VE el sábado 4 de abril de 2026, expuso el componente menos diplomático del razonamiento. «No queremos una guerra civil en Venezuela, queremos poder acceder a las mayores reservas petroleras del mundo que ellos poseen», declaró. Y añadió sobre Delcy Rodríguez: «Ella es una ladrona, pero le vamos a dar un poco más de tiempo para que se comporte y conduzca los negocios de la manera que sea conveniente para los estadounidenses».

La frase resume sin filtro el cálculo de la administración Trump. La transición democrática es el horizonte declarado, pero el petróleo es la prioridad inmediata. Rodríguez es un instrumento administrativo descartable; el plazo se fijará cuando deje de ser útil. Y la presión para que haga lo conveniente no se ejerce con sanciones nuevas: se ejerce con el manejo del control financiero ya conquistado.

Lo que esta línea revela, leída junto con las del 12 de mayo, es que Salazar oscila entre dos registros. En el público formal —audiencias del Congreso, declaraciones a NTN24, encuentros con Guanipa— mantiene el lenguaje de la democracia, las garantías electorales y la presión sobre el régimen sucesor. En el registro más directo —entrevistas con CBS, mensajes en X tras el discurso de Trump del 12 de mayo— deja ver la inquietud por el costo de oportunidad: si la administración encargada gana suficiente tiempo, la fase de transición puede diluirse en la fase de recuperación.

Lo que mide la ausencia de fecha

El 12 de mayo de 2026, cuando Trump dijo que iba a sacar a todos los presos políticos sin precisar cuándo, hizo lo mismo que su Departamento de Estado lleva haciendo desde abril. Promete sin calendario. Esa coherencia entre la línea presidencial y la línea diplomática es lo que Salazar ha estado denunciando durante seis semanas, aunque sin llegar a romper públicamente con la administración. Su crítica no se dirige a Trump: se dirige a Delcy Rodríguez. La línea republicana cubanoamericana del sur de Florida sigue, hasta este punto, escogiendo el flanco de la administradora venezolana como objeto de presión, no el de la propia Casa Blanca que la sostiene.

Hay, sin embargo, un elemento que las dos posiciones comparten y que ninguna nombra públicamente. El plazo electoral no depende solo de la voluntad de Caracas. Depende, en igual o mayor medida, de cuándo la administración Trump decida que la «fase de recuperación» ha dado el rendimiento esperado. Mientras el petróleo siga fluyendo y las renegociaciones con Chevron y ExxonMobil sigan produciendo retornos, la fase tres puede esperar. Cuando los retornos empiecen a disminuir, o cuando el costo político interno —entre el electorado hispano del sur de Florida, donde Salazar opera— se vuelva demasiado alto, la fase tres aparecerá. No antes.

Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Salazar lo saben. Y operan en el espacio estrecho que les queda: empujar el reloj sin romper el frente. Cada audiencia del subcomité, cada carta al Departamento de Estado, cada mensaje en X que distingue entre Trump y Delcy, es una pieza de esa operación. La pregunta que la edición de mayo deja abierta no es si habrá elecciones en Venezuela antes de fin de año. La pregunta es cuánto tiempo más puede mantenerse el frente republicano antes de que la grieta se vuelva pública.