Política
«Se fue Maduro, pero todo sigue casi igual»: La diáspora venezolana ante el nuevo mapa
Celebraron el 3 de enero. Lloraron. Y después llegó la pregunta para la que nadie tiene respuesta: ¿y ahora qué? Las voces de una diáspora que sigue el cambio desde lejos, con esperanza y con miedo a la vez.
Redacción Incisos · 18 de abril de 2026
Jean Cruz no pudo dormir. A las dos de la mañana le llegó el mensaje por WhatsApp: Estaban bombardeando Caracas. Se hizo café. Sabía que no volvería a cerrar los ojos.
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Conseguir en Amazon →- Qué — Maduro fue capturado y sacado del poder en Venezuela
- Quién — La diáspora venezolana y el régimen chavista
- Cuándo — El 3 de enero de 2026, tres meses antes del reporte
- Por qué — El régimen tenía control absoluto y la captura buscaba un cambio político
- Cómo — Con bombardeos en Caracas y cambio de mando presidencial
- Dónde — Venezuela y comunidades venezolanas en el exterior, especialmente EE.UU.
Cuando confirmó la noticia — Maduro capturado, sacado del país, en camino a Nueva York — lloró. Llevaba años fuera de Venezuela. Años protestando, organizando, esperando un cambio que parecía no llegar nunca. «Si no pasaba eso, no iba a pasar absolutamente nada. Porque en Venezuela se hizo de todo y es un régimen que tiene el control absoluto», dijo después. «Ese día no pude dormir viendo las noticias».
Lo que Jean vivió esa madrugada de enero lo vivieron, con variaciones, millones de venezolanos en todo el mundo. Una mezcla que pocos vocabularios alcanzan a describir con precisión: alivio, euforia, incredulidad, miedo, y debajo de todo, una pregunta que tres meses después sigue sin tener respuesta clara.
¿Y ahora qué?
La montaña rusa
Los venezolanos en el exilio describen una combinación de emociones que llaman «montaña rusa»: entre la incredulidad, la felicidad, el desconcierto y la incertidumbre. La salida de Maduro marcó un quiebre indudable. Pero lo que vino después — Rodríguez asumiendo la presidencia, Washington respaldándola, el chavismo administrando la transición — generó una nueva capa de ambigüedad sobre la primera.
Alejandro Méndez, venezolano en el exilio, lo describe así: «Hay días en los que tengo muchas esperanzas de que las cosas definitivamente van a cambiar, habrá una transición, y volveremos a un camino democrático. Pero también hay días en los que pienso que se está comprando tiempo mientras esté en el poder la misma gente».
Es una frase que captura el estado emocional de gran parte de la diáspora con más precisión que cualquier encuesta.
La pregunta del regreso
Tres meses después del 3 de enero, la pregunta que más circula en los grupos de WhatsApp venezolanos no es sobre política. Es más personal. ¿Podemos volver?
La respuesta honesta es: todavía no lo saben.
Nastassja Rojas, investigadora en derechos humanos, advirtió temprano sobre el riesgo de romantizar el regreso: «Regresar a Venezuela implicaría conseguir medios y sustento de vida nuevamente. Temo mucho que si se genera esa falsa ilusión de un retorno inmediato, la gente se estrelle contra esa realidad y se dé otro proceso de migración mucho más traumático».
El argumento tiene peso. Venezuela sigue siendo un país con infraestructura devastada, sistema eléctrico en ruinas, salarios que no alcanzan y un aparato de seguridad que, aunque más silencioso, no ha sido desmantelado. Argemiro Villero, un mecánico venezolano de 60 años que vive en Bogotá, lo dice sin rodeos: «Se fue Maduro, pero todo sigue casi igual».
Aun así, la pregunta persiste. En el sur de Florida, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos, agentes inmobiliarios comenzaron a reportar un aumento de consultas de venezolanos que quieren saber cuánto vale su casa — porque por primera vez en años, la idea de volver a casa ya no parece solo un sueño.
El limbo migratorio
Para los venezolanos con procesos legales abiertos en Estados Unidos, el 3 de enero no trajo alivio. Trajo nuevas preguntas.
Se estima que entre 300,000 y 400,000 venezolanos tienen solicitudes de asilo activas en Estados Unidos. Para todos ellos, la captura de Maduro abrió una grieta en la lógica de sus casos: si el dictador ya no está en el poder, ¿sigue existiendo la persecución política que fundamenta su solicitud de asilo?
La respuesta legal, según abogados consultados por varios medios, es que sí — porque el poder sigue en manos del mismo aparato, con otro apellido. El abogado de una familia venezolana en Texas les explicó que «aunque cambió la figura en el Ejecutivo, el poder sigue estando en gente cercana a Maduro y se mantiene el mismo régimen».
Pero la respuesta práctica es más incierta. Altos funcionarios de Trump argumentaron que Venezuela está en mejor situación ahora, lo que facilitaría el regreso de sus ciudadanos. El DHS, por su parte, mantuvo su posición oficial: seguirá procesando las solicitudes de asilo según la ley vigente. Pero entre los papeles oficiales y la realidad cotidiana de una familia venezolana que no sale de casa por miedo a ser detenida, hay una distancia enorme.
«No sabemos qué hacer. Solo queremos que revisen nuestro caso con justicia. No salimos de casa porque no sabemos si nos van a detener y deportar», resumió Gregorio Araujo, venezolano en Texas.
Lo que la diáspora exige — y no se negocia
Hay algo en lo que coinciden casi todos los venezolanos que llevan años fuera, independientemente de sus diferencias políticas: no van a romantizar el regreso, pero tampoco van a aceptar una transición a medias.
María, abogada venezolana que lleva nueve años en Miami, apoya a Trump pero tiene reservas: «Hay algo más abajo que no puedo saber», dice sobre el vínculo entre Washington y Rodríguez. «La relación no es necesariamente de alianza, sino más bien de conveniencia mutua».
Para millones de venezolanos dentro y fuera del país, la transición solo será real cuando se garanticen libertades plenas, justicia efectiva y condiciones dignas de vida y trabajo. No antes. El retorno de la diáspora no es solo un movimiento de personas. Es una señal. Cuando los venezolanos que se fueron empiecen a volver de forma masiva y sostenida, eso significará que algo genuino cambió.
Hasta entonces, el café de madrugada sigue siendo la respuesta de muchos ante la incertidumbre. Y la pregunta «¿y ahora qué?» sigue flotando en el aire, sin fecha de respuesta.
Alfredo Yánez
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El presidente estadounidense respondió el viernes 24 de julio que Venezuela «no está realmente lista» para votar. Elogió a Delcy Rodríguez, vinculó el estado del país al flujo de crudo y no mencionó ninguna fecha. Es la primera vez que el aplazamiento se enuncia desde el nivel presidencial.
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Conseguir en Amazon →| Qué | Trump declaró que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque afirmó que hubo «mucho progreso». |
| Quién | Donald Trump; Delcy Rodríguez, presidenta encargada; la Asamblea Nacional de 2015; María Corina Machado. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, a tres días del segundo aniversario del 28 de julio de 2024. |
| Dónde | Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington. |
| Por qué | Washington ejerce tutela sobre el gobierno de transición desde el 3 de enero y no ha fijado calendario electoral. |
| Cómo | Mediante una respuesta a la prensa, sin documento, sin condiciones verificables y sin plazo de cierre. |
La frase que sustituye a un calendario
«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ha avanzado mucho», respondió Trump a los periodistas en el Despacho Oval el viernes 24 de julio, según las coberturas de Reuters, AFP y EFE. Añadió una valoración sobre la jefa del gobierno de transición: «Delcy está haciendo un trabajo fantástico».
Consultado sobre cuándo llegarían los comicios, el mandatario ofreció una fórmula temporal sin contenido: en algún momento estarán listos y su gobierno estará pendiente. No hay fecha. No hay umbral. No hay lista de condiciones que, una vez cumplidas, activen la convocatoria.
Esa ausencia es el hecho, no el adorno del hecho. Desde el 7 de enero de 2026, cuando el secretario de Estado Marco Rubio expuso ante el Congreso el plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición—, la crítica sostenible no ha sido que Washington improvise. Es que ninguna de las tres fases tiene fecha de cierre. La declaración del viernes traslada ese vacío del documento técnico a la boca del presidente.
Qué cambia cuando lo dice el presidente
Hasta ahora, el aplazamiento se administraba en el nivel diplomático. Rubio hablaba de secuencias, de reinstitucionalización, de infraestructura electoral confiable. Ese lenguaje admite lectura de proceso: las cosas tardan porque son complejas.
Cuando el aplazamiento lo enuncia el presidente de Estados Unidos, en respuesta directa y sin matiz técnico, deja de ser una etapa y se convierte en una posición. La diferencia importa para quien está adentro: un venezolano que espera votar ya no está esperando que termine un trámite, está esperando que cambie una decisión política tomada en otro país.
El crudo en la misma respuesta
En la misma intervención, Trump vinculó explícitamente la situación venezolana con el volumen de petróleo que llega a refinerías estadounidenses y con el beneficio económico mutuo. La secuencia argumental quedó expuesta: el país progresa, el crudo fluye, la gestión es buena, las elecciones no tocan todavía.
El día anterior, el jueves 23 de julio, durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, el propio Trump había afirmado que su secretario de Energía, Chris Wright, «está dirigiendo Venezuela». Leídas juntas, las dos declaraciones dibujan un orden de prioridades que no requiere interpretación forzada.
El calendario que sí existe
Hay una fecha firme en el tablero, y no es electoral. El 1 de agosto se instala el foro entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Delcy Rodríguez, con Washington como facilitador. Rubio lo confirmó el 19 de julio y volvió sobre el asunto el jueves 23.
De modo que el segundo semestre venezolano tiene mesa pero no urnas. Y la distancia entre esas dos cosas —una negociación instalada y una elección sin fecha— es exactamente el espacio donde se juega la legitimidad de todo el proceso.
Los dos años
El martes 28 de julio se cumplen dos años de la elección presidencial de 2024, aquella cuyos resultados el Consejo Nacional Electoral nunca publicó desagregados. El aniversario llegará con una declaración presidencial estadounidense diciendo que todavía no es momento de volver a votar.
Para los venezolanos en Estados Unidos que sostienen el envío de remesas, los trámites y la espera, la señal es concreta: el retorno no tiene fecha porque la normalización institucional tampoco la tiene.
Fuentes principales: Reuters, AFP, EFE y NTN24 (declaraciones de Trump del 24 de julio de 2026); Efecto Cocuyo e Infobae (declaraciones de Trump sobre Chris Wright del 23 de julio); MercoPress y TalCual (anuncios de Marco Rubio del 19 y 23 de julio sobre el foro del 1 de agosto).
Al cumplirse un mes del doblete sísmico del 24 de junio, el gobierno de transición difundió una reconstrucción documental de su reacción «desde los primeros minutos». Dos evaluaciones técnicas independientes miden esa misma reacción y llegan a una conclusión opuesta: el Estado alcanzó apenas 12,6% de su despliegue máximo en las primeras 24 horas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | El gobierno de transición difundió documentos oficiales para demostrar que reaccionó al sismo desde los primeros minutos. |
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada; Radio Nacional de Venezuela; Transparencia Venezuela en el Exilio; el Miranda Center. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, un mes exacto después del doblete sísmico del 24 de junio. |
| Dónde | Caracas y el estado La Guaira, epicentro de la destrucción. |
| Por qué | La gestión de la emergencia es el principal pasivo político del gobierno de transición ante la mesa del 1 de agosto. |
| Cómo | Mediante la divulgación selectiva de registros internos difundidos por los medios del Estado, sin auditoría externa. |
La operación documental
Radio Nacional de Venezuela informó que la presidenta encargada presentó una reconstrucción detallada de las primeras 72 horas tras el doblete sísmico, con la divulgación de archivos que registran los primeros minutos de la emergencia, la toma de decisiones y la activación de los protocolos de gestión de riesgo. Según esa difusión, los documentos permiten visibilizar la capacidad de reacción del Estado y la articulación de la respuesta.
La elección del formato no es casual. No se trata de una rueda de prensa con preguntas ni de un informe sometido a contraste. Es un archivo presentado por quien lo produjo, difundido por los medios que ese mismo gobierno controla, en el aniversario de mes de un desastre que dejó, según el balance oficial ofrecido el 23 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, 5.398 fallecidos y 16.740 heridos.
Lo que miden los informes técnicos
Transparencia Venezuela en el Exilio publicó una evaluación titulada «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», que compara la actuación venezolana con los estándares Insarag y Sphere y con desastres recientes en Turquía-Siria, Japón, Haití, Chile y China.
Sus cifras son específicas. Venezuela alcanzó 12,6% de su pico de despliegue nacional a las 24 horas, 34,6% a las 48 horas y 59,7% al octavo día. El máximo declarado de funcionarios desplegados, 31.837, no se reportó hasta el 12 de julio: dieciocho días después del sismo y quince días después del umbral crítico de las 72 horas.
El desglose del salvamento resulta más elocuente que el total. De las 19.861 personas que sobrevivieron hasta el 2 de julio, entre 13.400 y 13.500 se autoevacuaron y 6.462 fueron rescatadas por equipos. El informe concluye que el salvamento dependió de la autoevacuación y del rescate local temprano, no de una capacidad de búsqueda y rescate urbano desplegada a tiempo.
No aparece una cifra nacional identificable de rescatistas especializados. Ese componente llegó casi íntegramente del exterior: la Operación Amistad de India trasladó en dos aviones C-17 un hospital de campaña con quirófanos, cuidados intensivos y capacidad para 200 pacientes, y Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña en La Guaira.
La segunda evaluación
Un análisis del Miranda Center, centro de estudios con sede en Washington, documenta que la ventana crítica de 72 horas transcurrió sin una operación coordinada por el Estado y sostiene que la cifra oficial de muertos podría estar muy por debajo de la real. El mismo trabajo registra la magnitud de la respuesta internacional: más de 60 equipos de búsqueda y rescate y más de 2.400 socorristas de 29 países.
Las contradicciones del propio relato
El informe de Transparencia Venezuela señala una inconsistencia en el discurso oficial: el 2 de julio la presidenta encargada informó de un despliegue de 14.000 personas y, en la misma intervención, habló de 11.000 funcionarios. También registra la brecha entre las 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas del reporte oficial y las mediciones independientes.
Persiste además una diferencia de 10.139 personas cuyo destino no ha sido explicado públicamente, un número que coincide con el anuncio del coordinador humanitario de Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, sobre la adquisición urgente de 10.000 bolsas para cadáveres.
El 23 de julio, Protección Civil desmintió a través del Ministerio de Comunicación que se hubieran producido rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 de La Guaira. Un mes después del sismo, familias siguen buscando restos entre los edificios derrumbados de Caraballeda.
Por qué ahora
La secuencia temporal ordena la lectura. El foro de transición se instala el 1 de agosto. La capacidad de gestión del gobierno encargado es el argumento con el que llega a esa mesa, y el manejo de la emergencia es el episodio que más la erosiona. Reconstruir los primeros minutos, un mes después y sin contradictorio, es un acto de política interna antes que un ejercicio de rendición de cuentas.
Que el mismo 24 de julio la presidenta encargada encabezara ascensos militares y pidiera un toque de silencio por las víctimas completa el cuadro: el duelo y la defensa de la gestión, administrados en la misma jornada.
Fuentes principales: Radio Nacional de Venezuela (difusión oficial del 24 de julio de 2026); Transparencia Venezuela en el Exilio, informe «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», reseñado por Infobae el 15 y 16 de julio; Miranda Center, reseñado por El Colombiano; El Tiempo (análisis de rescates registrados); Telemundo y EFE (balance oficial y situación en La Guaira al 23 de julio).
El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó veinte denuncias ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE. La decisión de litigar en el nivel local llegó después de que el Departamento de Estado devolviera las cartas diplomáticas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | México presentó 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales en operativos migratorios o bajo custodia del ICE. |
| Quién | La Secretaría de Relaciones Exteriores; el embajador Roberto Lazzeri; el Departamento de Estado a través de Michael Kozak. |
| Cuándo | Las denuncias se interpusieron el 13 de julio y se anunciaron el miércoles 22 de julio de 2026. |
| Dónde | Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. |
| Por qué | La vía diplomática federal quedó bloqueada cuando Washington devolvió las cartas de protesta mexicanas. |
| Cómo | Ocho denuncias ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos. |
Una ruta que no es la habitual
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el miércoles 22 de julio que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el 13 de julio veinte denuncias: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos.
La geografía del reclamo dibuja el mapa de la aplicación migratoria: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. El 14 de julio, además, la Embajada remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, con solicitud formal de abrir investigaciones e informar sobre el avance de cada expediente.
El movimiento anterior explica este
La elección de fiscalías locales no es una preferencia procesal. Es lo que queda cuando se cierra el canal principal.
Días antes, el Departamento de Estado devolvió a México las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones de personal estadounidense en territorio soberano y recomendó a México usar los canales diplomáticos habituales.
La respuesta mexicana consistió en dejar de tocar la puerta federal y empezar a tocar veinte puertas locales. Un fiscal de condado en Georgia o en Misuri no responde ante el Departamento de Estado. Responde ante un electorado.
Qué significa para el hispano en Estados Unidos
Aquí está el desplazamiento que conviene entender. Durante años, la protección consular funcionó como un servicio: documentos, asistencia, acompañamiento. Lo que está ocurriendo es distinto. Un Estado extranjero está actuando como litigante activo dentro del sistema penal estadounidense, en jurisdicciones concretas, por hechos concretos.
Eso abre una pregunta práctica para cualquier familia hispana con un pariente detenido: qué puede hacer un consulado cuando el canal federal está cerrado. La respuesta mexicana sugiere que la red consular pasó de acompañar a documentar con vocación probatoria. La Cancillería informó que mantiene acompañamiento permanente a las familias de los 17 fallecidos, con asesoría y representación jurídica.
Para las comunidades de origen centroamericano y sudamericano, sin un aparato consular de esa escala, el contraste es duro: los mismos hechos, distinta capacidad de respuesta.
El caso que aceleró todo
La tensión bilateral escaló tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Las acciones anunciadas forman parte del seguimiento a las medidas que Claudia Sheinbaum ordenó el 9 de julio.
México también solicitó apoyo de Naciones Unidas para el seguimiento de los casos.
El contexto de volumen
Las 17 muertes no ocurren en un sistema estable. Según datos citados por La Jornada a partir de registros de la Universidad de Syracuse, la tasa diaria de arrestos del ICE superó los 1.300 en junio —el total mensual más alto de la actual administración— y llegó a 1.474 detenciones diarias en los primeros once días de julio en los sitios con datos disponibles.
Cuando el volumen de detención crece más rápido que la capacidad de supervisión, la probabilidad de incidentes graves deja de ser una anomalía estadística. Ese es, en el fondo, el argumento que México está llevando a veinte fiscalías distintas.
Fuentes principales: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicado del 22 de julio de 2026; EFE y Europa Press (detalle de las denuncias); Telemundo y El Tiempo (declaraciones de Michael Kozak y devolución de cartas); La Jornada y Universidad de Syracuse (cifras de arrestos de junio y julio).
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