Donald Trump lleva más de un año amenazando, imponiendo, retirando y volviendo a imponer aranceles sobre México. Claudia Sheinbaum lleva el mismo tiempo respondiendo con una combinación de firmeza diplomática y concesiones estratégicas que ha desconcertado tanto a sus aliados como a sus críticos. El resultado de esta relación — tensa, funcional, impredecible — afecta directamente a decenas de millones de personas a ambos lados de la frontera.

Y sin embargo, casi ningún medio en español en EE.UU. la está analizando con la profundidad que merece.

El estilo Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México en octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar ese país. Llegó al poder con la herencia política de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, pero con un estilo radicalmente diferente: técnica, contenida, poco dada al espectáculo. Donde AMLO era confrontacional, Sheinbaum es calculada.

Esa diferencia de estilo ha sido, paradójicamente, una ventaja en el trato con Trump. La presidenta mexicana ha evitado la trampa de responder a las provocaciones con provocaciones — lo que habría alimentado el ciclo de escalada arancelaria — y en cambio ha optado por conversaciones telefónicas regulares, gestos de cooperación en migración y seguridad, y movimientos económicos que señalan a Washington que México es un aliado confiable, no un adversario.

Trump y Sheinbaum se reunieron en persona en diciembre de 2025, en Washington, durante un evento de la Copa del Mundo. Una imagen que habría parecido improbable meses antes. En enero de 2026, hablaron por teléfono sobre la revisión del USMCA.

Migración: el campo de batalla y el tablero de ajedrez

La mayor palanca que Trump ha usado sobre México es la migración. La narrativa es simple y políticamente efectiva: si México no detiene el flujo migratorio hacia EE.UU., habrá aranceles. Y México, que depende de su acceso al mercado americano, tiene que responder.

La respuesta de Sheinbaum ha sido aumentar la detención de migrantes en territorio mexicano a niveles sin precedente. En 2025, México detuvo entre 3,900 y 6,000 migrantes por mes — una fracción de los 120,000 mensuales que detenía durante el pico de 2024. Las caravanas, que llegaban a sumar miles de personas, ahora se disuelven en Tapachula, la ciudad fronteriza con Guatemala.

El problema es que esta política tiene un costo humano enorme. Los migrantes — en su mayoría guatemaltecos, hondureños, venezolanos y cubanos — quedan atrapados en un ciclo perverso: si avanzan, enfrentan detención por parte de las autoridades mexicanas; si retroceden, vuelven a los países de los que huyeron. Y los países de origen no tienen condiciones para recibirlos.

El punto de equilibrio precario

Lo que existe hoy entre México y EE.UU. es un equilibrio precario basado en la interdependencia económica y la cooperación migratoria. México necesita el mercado americano. EE.UU. necesita la cooperación mexicana para manejar la migración y el narcotráfico. Ninguno puede darse el lujo de una ruptura real.

Pero ese equilibrio tiene límites. Si los aranceles americanos siguen subiendo — actualmente en un 15% sobre productos no cubiertos por el USMCA — el costo sobre la economía mexicana podría volverse insostenible, con consecuencias directas sobre el empleo y la capacidad de Sheinbaum de mantener el apoyo popular.

Y si la cooperación migratoria mexicana empieza a verse como complicidad en violaciones de derechos humanos — hay voces dentro de México que ya lo dicen — el gobierno de Sheinbaum enfrentará una presión interna que podría cambiar los términos de la negociación.

Por qué esto le importa a la comunidad hispana en EE.UU.

Hay 37 millones de mexicoamericanos en este país. Millones más provienen de Centroamérica — países cuyo destino migratorio pasa inevitablemente por México. La relación Trump-Sheinbaum no es la trama de un thriller diplomático: es el contexto político que determina si sus familias están seguras, si sus remesas llegan, si sus comunidades de origen tienen futuro.

Entender esta relación — sus tensiones, sus acuerdos no escritos, sus líneas rojas — es entender una parte fundamental de la realidad política que afecta la vida de millones de hispanos hoy.

Imagina que te deportan. Llevas años en Estados Unidos. Tienes hijos aquí, un trabajo, una vida. Un día ICE llega y te pone en un avión. Pero el avión no va a tu país. Va a El Salvador. O a Ruanda. O a Esuatini — un pequeño reino en el sur de África cuyo nombre probablemente nunca habías escuchado.

Esto no es una distopía. Es la política migratoria de 2026.

El nuevo mapa de las deportaciones

Desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, la administración ha firmado acuerdos de deportación a terceros países con al menos 27 naciones. El mecanismo es simple en su crueldad: si tu país de origen no acepta vuelos de repatriación — o si Washington quiere enviar un mensaje político — puedes acabar en cualquier otro país que haya aceptado recibirte a cambio de favores diplomáticos, reducción de aranceles o ayuda humanitaria.

El caso más resonante fue el de marzo de 2025, cuando 238 personas — la mayoría venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua — fueron enviadas al CECOT, la megaprisión de El Salvador. Una investigación del New York Times encontró evidencia escasa o nula de que la mayoría de los deportados fueran efectivamente miembros de esa organización. Estaban ahí porque el gobierno americano los llamó terroristas y el salvadoreño cobró seis millones de dólares por recibirlos.

Centroamérica: en el centro de la tormenta

Para la comunidad centroamericana en EE.UU., los números son abrumadores. El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron más de la mitad de todas las deportaciones ejecutadas en 2025. Son los mismos países de los que provienen millones de los hispanos que hoy viven en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York o Chicago.

El impacto es doble. Por un lado, las familias en EE.UU. viven con un miedo constante que permea cada aspecto de su vida cotidiana: llevar a los hijos al colegio, ir al trabajo, manejar sin licencia en estados que no las otorgan a indocumentados. Por el otro, los países receptores no tienen capacidad para absorber el retorno masivo de personas que llevan décadas fuera. Guatemala, por ejemplo, necesita crear entre 75,000 y 120,000 empleos anuales para mantener el desempleo bajo control. No los tiene.

Las remesas: el cordón umbilical en riesgo

Aquí el análisis se vuelve económico y devastador al mismo tiempo. Las remesas son la columna vertebral de varias economías centroamericanas. En 2023, los guatemaltecos en EE.UU. enviaron casi $20 mil millones a sus familias. Los hondureños enviaron $9.2 mil millones. Los salvadoreños, $8.2 mil millones. En algunos departamentos rurales de Guatemala, las remesas representan más del 80% del ingreso familiar.

Cada deportación no es solo la ruptura de una familia. Es también la eliminación de un flujo económico que sostiene comunidades enteras al sur del Río Bravo. Y cuando esas comunidades se empobrecen más, el incentivo para migrar de nuevo al norte se intensifica — cerrando un ciclo que las políticas de deportación masiva no logran romper, por más vuelos militares que se programen.

La dimensión legal: una zona gris que crece

Los acuerdos de deportación a terceros países tienen una característica inquietante: muchos son secretos. El Senado estadounidense los ha llamado «acuerdos secretos de deportación» en un informe de febrero de 2026. No pasan por el Congreso, no tienen escrutinio público, y sus condiciones exactas — qué recibe cada país a cambio y qué garantías tienen los deportados — son en su mayoría desconocidas.

Los tribunales han intentado frenar los casos más extremos. En septiembre de 2025, un tribunal de apelaciones bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 — una ley de tiempos de guerra — para deportar presuntos pandilleros venezolanos. Pero el gobierno ha seguido buscando nuevas vías legales. La tensión entre el ejecutivo y el judicial es una constante en la política migratoria americana de 2026.

Lo que debería preocuparnos a todos

El principio que subyace a las deportaciones a terceros países es profundamente perturbador: que un gobierno puede enviar a una persona a cualquier lugar del mundo, sin que esa persona tenga ningún vínculo con ese lugar, simplemente porque existe un acuerdo político entre dos gobiernos.

Para millones de centroamericanos en EE.UU. — muchos con décadas de residencia, hijos ciudadanos americanos, negocios y comunidades construidas aquí — esta política no es un debate abstracto. Es el escenario que aparece en sus pesadillas.

Hay una negociación en curso que determinará el costo de lo que comes, el precio de tu auto, la estabilidad del trabajo de tu primo en Monterrey y, de manera indirecta, cuántas remesas llegarán a Jalisco u Oaxaca este año. Se llama revisión del USMCA, y muy poca gente en la comunidad hispana en EE.UU. sabe que está pasando ahora mismo.

El USMCA — el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que reemplazó al NAFTA en 2020 — incluye una cláusula que obliga a sus miembros a revisarlo cada seis años. Ese momento es 2026. Y el contexto no podría ser más tenso.

Un año de presión arancelaria sin precedente

Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, la relación comercial entre México y Estados Unidos ha vivido una montaña rusa de amenazas, pausas y nuevas amenazas. Los aranceles del 25% impuestos bajo el IEEPA — la ley de emergencia económica — estuvieron vigentes desde marzo de 2025 hasta que la Corte Suprema los tumbó en febrero de 2026, declarando que esa ley no puede usarse para imponer aranceles de forma unilateral. Fue una victoria legal para México, pero no el fin de la historia.

Porque casi en paralelo, el 20 de febrero de 2026, Trump anunció nuevos aranceles del 10% sobre importaciones mexicanas bajo otra autoridad legal distinta — la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Un día después los subió al 15%. El mecanismo cambia, la presión no.

¿Qué está en juego para la comunidad hispana?

México es el socio comercial número uno de Estados Unidos cuando se suman bienes y servicios. En 2024, el intercambio comercial bilateral superó los $755 mil millones de dólares. La industria automotriz, los productos agrícolas, la electrónica, los textiles: todo circula por esa frontera de 3,000 kilómetros. Cada vez que se elevan los aranceles, los precios suben al norte y los empleos se tambalean al sur.

Para los aproximadamente 37 millones de mexicoamericanos en EE.UU., esto no es política abstracta. Es el precio del aguacate en Chicago. Es el trabajo de un familiar en una planta de autopartes en Guanajuato. Son los $63 mil millones en remesas que fluyeron hacia México en 2024 — y que podrían reducirse si la economía mexicana se contrae.

La jugada de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum ha navegado esta tormenta con una calma que ha sorprendido a muchos analistas. México no ha respondido con aranceles de represalia. En cambio, ha usado la negociación silenciosa: en diciembre de 2025, impuso un arancel del 50% sobre más de 1,000 productos provenientes de China e India, una señal directa a Washington de que México no es un corredor de entrada para mercancías chinas. En enero de 2026, acordó mayores entregas de agua del Río Grande para calmar otra amenaza arancelaria de Trump.

La estrategia mexicana parece ser: ceder en lo periférico para proteger lo central. Y lo central es el acceso al mercado americano.

Lo que viene en la revisión del USMCA

La revisión formal del tratado comenzó en 2025 con consultas públicas en los tres países. Los temas sobre la mesa incluyen: reglas de origen para la industria automotriz, acceso de productos agrícolas, protección de propiedad intelectual, cláusulas laborales y — el elefante en la sala — qué hacer con los aranceles que Trump ha impuesto al margen del tratado.

Hay tres escenarios posibles. El primero: las partes acuerdan extender el USMCA hasta 2042 con ajustes menores. El segundo: el tratado se mantiene pero con una renegociación más profunda que podría durar años. El tercero — el más disruptivo — es que alguna de las partes decida no renovarlo, lo que dejaría el comercio norteamericano sin su principal marco regulatorio a partir de 2036.

Los analistas del Brookings Institution señalan que México tiene hoy una posición estratégica más fuerte que en negociaciones anteriores: la diversificación de cadenas de suministro globales, acelerada por la guerra comercial con China, ha convertido a México en el destino favorito del nearshoring — empresas asiáticas y europeas que abren plantas en México para acceder al mercado americano bajo el paraguas del USMCA. Esa dependencia mutua es, paradójicamente, la mejor protección de México.

Lo que debería importarle a cada hispano en EE.UU.

El resultado de esta negociación determinará si millones de familias mexicoamericanas ven crecer o deteriorarse el nivel de vida de sus parientes en México. Determinará si las remesas — ese flujo de dinero que sostiene economías enteras de estados como Michoacán, Oaxaca o Guerrero — mantienen su valor. Y determinará si los precios de una canasta básica al norte de la frontera siguen subiendo o se estabilizan.

La revisión del USMCA no es un asunto de diplomáticos en traje. Es la conversación más importante sobre el futuro económico de Norteamérica, y está ocurriendo ahora mismo, en silencio, mientras la mayoría no presta atención.

INCISOS la seguirá de cerca.