ESPECIAL · GOBIERNOS QUE DELINQUEN

La condena a José Luis Ábalos, del 22 de junio de 2026, es la única sentencia firme del especial. Los hilos venezolanos (Delcy en Barajas, el petróleo de PDVSA y Plus Ultra) siguen abiertos, y Zapatero está imputado.

España no es Venezuela, y el Índice Global de Crimen Organizado lo dice con claridad: el país no presenta criminalidad incrustada en el Estado de forma generalizada. Pero en 2026 su Tribunal Supremo escribió una frase que ningún tribunal venezolano ha escrito sobre un ministro chavista.

La sentencia

El 22 de junio de 2026, la Sala Penal del Supremo condenó por unanimidad al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; a su asesor, Koldo García, a 19 años y 8 meses; y al empresario Víctor de Aldama a 4 años y 6 meses, suspendidos por su colaboración. La sentencia 418/2026 declara probado que «los tres acusados, eventualmente con intervención de terceros aquí no enjuiciados, constituyeron una organización», que «tenía, desde su origen, una vocación de permanencia en el tiempo». Ábalos, dice el fallo, «aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad» en el ministerio.

Es la descripción judicial exacta de lo que plantea este especial: no un funcionario que cobra, sino una organización que usa el ministerio.

La única mención a Venezuela en la sentencia es breve: Aldama «también aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros».

Delcy en Barajas

El encuentro más conocido ocurrió la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro y con prohibición de entrar en la Unión Europea, aterrizó en Barajas y se reunió con Ábalos en el avión. En noviembre de 2020 el Supremo archivó las querellas: dictaminó que incumplir la prohibición europea era una cuestión «esencialmente política», no un delito.

Seis años después, el caso volvió por otra puerta. En el juicio de 2026, Aldama declaró que el viaje «se organiza consensuado con Ábalos y con el presidente del Gobierno». La Guardia Civil encontró en marzo un video de «maletas embaladas en verde» que asocia con el equipaje de Delcy, pero aún no lo ha verificado. Y ante el juez Ismael Moreno, en una causa secreta sobre financiación del PSOE, Aldama sostuvo que, tras esa visita, Zapatero canalizó la venta de seis millones de barriles de crudo de PDVSA, unos 250 millones de euros, para financiar al partido. Zapatero lo calificó de «patraña absoluta». En septiembre, el juez ordenó rastrear los mensajes entre Delcy y Aldama sobre cargamentos de petróleo. Delcy Rodríguez no figura como investigada. En julio presentó en España una querella por injurias contra Aldama.

Plus Ultra y Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde 2024 si el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, en 2021, sirvió a una red que lavaba «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela», incluidos programas CLAP y ventas de oro. El 19 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y lo situó en el «vértice» de una red de influencias. Zapatero declaró que «no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra». No tiene medidas cautelares y la causa sigue abierta.

El juicio que empieza el 19 de octubre

La Audiencia Nacional juzgará del 19 al 22 de octubre de 2026 a la empresa Duro Felguera, a su expresidente Juan Carlos Torres y a los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por presuntos sobornos en contratos eléctricos. Según el tribunal, al menos 105,6 millones de dólares llegaron a Villalobos a través de sociedades pantalla. La Fiscalía pide 8 años y 9 meses para él. España se negó en 2019 y 2020 a extraditar a ambos a EE.UU.

Lo que viene

Delcy Rodríguez prevé viajar a Madrid para la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre de 2026, con una excepción a la prohibición europea que aún está pendiente.

¿Qué falta, exactamente, para saber si los hilos venezolanos son crimen o solo escándalo? Que la causa secreta del PSOE se levante, que el caso Plus Ultra llegue a acusación y que la Audiencia Nacional dicte sentencia en Duro Felguera.

Esta pieza forma parte del especial «Gobiernos que delinquen».

ESPECIAL · PALABRA CONTRA DATO

Especial «Palabra contra dato». Del gobernador que niega los apagones a la presidenta encargada que ofrece ayuda sísmica, el discurso oficial se desarma con cifras del propio Estado y de organismos que el régimen no puede desautorizar.

El rodrigato tiene un problema que no resuelve la propaganda: sus voceros hablan más rápido de lo que cambia la realidad. Entre el 4 de septiembre y el 9 de octubre de 2026, siete dirigentes chavistas hicieron afirmaciones públicas sobre la electricidad, la economía, las elecciones, la Ley contra el Odio, la riqueza petrolera, el juicio a Nicolás Maduro y la solidaridad con Panamá. Cada una choca con un dato verificable. En varios casos, el desmentido sale de la boca de otro chavista o de una cifra oficial.

Este especial no discute intenciones ni adjetivos. Pone cada frase junto al dato que la contradice, con fecha, lugar y fuente. Y en cada caso hace la pregunta de la casa: ¿qué falta, exactamente, para que lo que se dice pase?

El mapa de las siete frases

Por qué importa

La narrativa chavista funcionó durante dos décadas porque controlaba el canal y la cifra. Hoy no controla ninguno de los dos por completo. El Banco Central publica inflación que contradice el optimismo presidencial. Los vecinos de Valencia graban sus apagones. Los aliados del gobierno discrepan en público. Y la llave del ingreso petrolero ya no está en Caracas.

Cada una de las piezas de este especial puede leerse por separado. Juntas, describen un patrón: el discurso oficial promete lo que no fecha, niega lo que la gente vive y reclama méritos sobre recursos que no administra.

Las piezas del especial

• Lacava dice que en Carabobo nunca se va la luz
• Delcy ofrece ayuda a Panamá con La Guaira aún en carpas
• Delcy celebra crecimiento con un salario mínimo de 130 bolívares
• El chavismo promete elecciones pero nadie se atreve a fecharlas
• Cabello defiende la Ley contra el Odio que Arreaza admite abusiva
• Arreaza presume redistribución mientras el petróleo cobra en Washington
• Maduro Guerra descarta la vía judicial que define a su padre

ESPECIAL · GOBIERNOS QUE DELINQUEN

Un expresidente condenado por convertir su país en narcoestado y luego indultado, un exzar antidrogas sentenciado a 38 años y un gobernador en funciones acusado en Nueva York. Venezuela no es una excepción en la región.

Si Venezuela fuera un caso aislado, bastaría con explicarla por el chavismo. No lo es. Los tribunales de la región y de EE.UU. han documentado el mismo fenómeno en gobiernos de signos ideológicos opuestos.

Honduras: el narcoestado juzgado y perdonado

El 8 de marzo de 2024, un jurado de Nueva York declaró culpable al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, de derecha. El fiscal general Merrick Garland dijo que Hernández «abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado». El juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión.

El 28 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció su indulto. Hernández salió de prisión días después y regresó a Honduras en julio de 2026, donde enfrenta un proceso por lavado y fraude, en libertad.

México: del zar antidrogas al gobernador

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, fue declarado culpable en Nueva York en 2023 de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. En octubre de 2024 lo sentenciaron a más de 38 años.

El 29 de abril de 2026, la misma Fiscalía acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, a un senador, al alcalde de Culiacán y a otros funcionarios, hasta sumar diez, de proteger a la facción de Los Chapitos. El fiscal Jay Clayton dijo que los cárteles «no operarían tan libre ni tan exitosamente sin políticos y policías corruptos en su nómina». La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no había visto pruebas.

Ecuador: la metástasis

El 14 de diciembre de 2023, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, presentó el caso Metástasis, con la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, jueces y un general de policía vinculados a la red del narcotraficante Leandro Norero. Lo definió como «una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado».

Nicaragua y Guatemala

En Nicaragua, el grupo de expertos de la ONU concluyó en abril de 2025 que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica «una política de Estado deliberada y bien orquestada» de persecución, y nombró a 54 responsables. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron condenados en 2022 a 16 años por asociación ilícita, por dirigir desde el gobierno la red de defraudación aduanera La Línea.

La lección para Venezuela

Los casos muestran dos cosas. La primera: la justicia puede probar que un gobierno operó como estructura criminal, y lo ha hecho con un presidente de derecha, un ministro de centroderecha y un gobernador de izquierda. La segunda: la condena no es el final. El indulto a Hernández demuestra que una decisión política puede revertir 45 años de prisión en 17 meses.

Para los venezolanos que esperan el juicio de Maduro, fijado para el 1 de junio de 2027, es una advertencia. ¿Qué falta, exactamente, para que una condena sea definitiva? Que la justicia no se convierta en moneda de negociación.

Esta pieza forma parte del especial «Gobiernos que delinquen».