POLÍTICA

En entrevista con la revista colombiana Semana, publicada el 10 de octubre de 2026, Eva Ferrer afirmó que la ex primera dama viajó en aviones oficiales a Venezuela, regresó con 2,5 millones de dólares y que en esos vuelos «había droga». Su relato se basa en lo que otros le contaron y no incluye documentos.

La revista Semana publicó el sábado 10 de octubre de 2026 una entrevista de la periodista Vicky Dávila con la estratega hispano-colombiana Eva Ferrer, quien trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 junto a Verónica Alcocer y luego fue consejera presidencial. El titular de la revista resume la acusación: «Verónica Alcocer es la jefe de la banda». La pieza más delicada del relato pasa por Venezuela.

Lo que Ferrer dice sobre Venezuela

Según la entrevista publicada por Semana:

• Los viajes. «Parece que los viajes de Venezuela han sido una cosa muy clandestina», dijo Ferrer. Afirmó que se hicieron en el avión presidencial o en el asignado a la primera dama, y que «fueron muchos». Según su versión, la coordinación de esos vuelos estaba a cargo de Carolina Plata.
• El dinero. Ferrer sostiene que el empresario catalán Manel Grau, del círculo cercano de Alcocer, le contó que de uno de esos viajes, en enero de 2023, regresaron con 2,5 millones de dólares. «Manel me explica que traen 2,5 millones», dijo. Parte de ese dinero, según el mismo relato, era para la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, y Petro no lo sabía.
• La droga. Ferrer afirma que Grau «me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga», y menciona la supuesta existencia de fotos de Alcocer bajando de un avión con maletas grises. Semana no publicó esas fotos.
• La disputa. Según Ferrer, el político Agmeth Escaf y Alcocer se enfrentaron por el dinero de esos viajes.

Ferrer extendió las acusaciones a presuntos vínculos del entorno de Alcocer con tráfico de armas, a través de empresarios italianos, y a la compra de aviones de combate Gripen. Cuando le preguntaron si Petro era cómplice, respondió: «Para mí, a día de hoy, sí».

Lo que dicen los registros

La misma revista publicó los registros de vuelo de la ex primera dama: 149 viajes entre el 12 de agosto de 2022 y el 22 de julio de 2026, 137 de ellos en aeronaves del Estado. En esos registros figura un solo viaje a Venezuela, en el avión Legacy FAC 1218. La Silla Vacía lo ubica el 31 de enero de 2023 en Caracas, con el viceministro Jorge Zorro. Es la fecha que Ferrer asocia con los 2,5 millones de dólares. Su afirmación de que los viajes «fueron muchos» no aparece respaldada en esos documentos, aunque el relato habla de vuelos «superconfidenciales».

El mismo 10 de octubre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a la Fuerza Aérea investigar al personal del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) y pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y a EE.UU. «tomar atenta nota de la información periodística».

Lo que no hay

Ningún funcionario venezolano aparece nombrado en la entrevista. No se identifica quién entregó el dinero en Venezuela, desde qué aeropuerto ni a cambio de qué. Tampoco se publicaron registros de vuelo, documentos bancarios ni las fotos mencionadas. Como advirtió la revista Cambio, el relato de Ferrer no basta por sí solo para establecer que alguien haya cometido un delito.

Alcocer figura desde el 24 de octubre de 2025 en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, junto con Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro y Armando Benedetti, exembajador en Caracas. Es una sanción administrativa por narcotráfico, no una acusación penal. El 7 de agosto de 2026 la Fiscalía colombiana certificó que no tenía procesos penales en su contra.

Hasta la tarde del 10 de octubre, Alcocer no había respondido a las nuevas acusaciones. Cuando Semana divulgó en agosto audios de Ferrer con señalamientos de corrupción, la ex primera dama envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que afirmó que esas imputaciones «carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad» y que «ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre», según El Colombiano. La Fiscalía abrió entonces una indagación preliminar.

Por qué importa en Venezuela

Enero de 2023 fue el momento de máxima cercanía entre Bogotá y Caracas. Petro había restablecido relaciones con Nicolás Maduro en agosto de 2022 y los viajes oficiales entre ambos países se multiplicaron. Si el relato de Ferrer se confirma, un vuelo oficial colombiano habría aterrizado en un país cuyo entonces gobernante enfrenta hoy en Nueva York cargos de narcoterrorismo.

Si no se confirma, será otro capítulo de la guerra de audios que rodea al entorno de la ex primera dama desde agosto.

¿Qué falta, exactamente, para saberlo? El manifiesto completo del vuelo del 31 de enero de 2023, los registros migratorios y aeroportuarios de Maiquetía y el testimonio de Manel Grau. La investigación ordenada a la Fuerza Aérea puede aportar el primero. El rodrigato, que hoy coopera con Washington, tiene acceso a los segundos.

ESPECIAL · GOBIERNOS QUE DELINQUEN

Especial «Gobiernos que delinquen». Tribunales de Nueva York y Madrid, el Tesoro estadounidense y la ONU usan hoy un vocabulario que ya no es el de la corrupción: organización, sistema, política de Estado. Venezuela, Colombia y España muestran grados distintos de un mismo fenómeno.

La corrupción clásica tiene una forma conocida: un funcionario cobra una comisión, desvía un contrato, favorece a un amigo. Es un delito contra el Estado, cometido desde adentro. Lo que describen los documentos judiciales de los últimos meses es otra cosa. Ya no se trata de funcionarios que traicionan al Estado. Se trata de estructuras criminales que usan al Estado como herramienta.

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de España escribió en su sentencia contra el exministro José Luis Ábalos que él, su asesor y un empresario «constituyeron una organización» con «vocación de permanencia en el tiempo», y que el ministro «aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad» en el ministerio. El 8 de octubre de 2026, la Fiscalía federal de Nueva York acusó a Nicolás Maduro de supervisar «un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión». En septiembre de 2025, la misión de la ONU para Venezuela habló de una «política de Estado de anular a la oposición».

Organización. Sistema. Política de Estado. Son palabras de jueces, fiscales e investigadores, no de adversarios políticos.

El concepto

El escritor venezolano Moisés Naím lo formuló en 2012, en la revista Foreign Affairs, con el nombre de «Estado mafioso»: un país donde «altos funcionarios del gobierno se convierten en actores integrales» del crimen y donde «el interés nacional y los intereses del crimen organizado están inextricablemente entrelazados». En ese texto ya escribía: «Un Estado mafioso también ha echado raíces en Venezuela».

En Colombia, el economista Luis Jorge Garay y su equipo acuñaron en 2008 la idea de «reconfiguración cooptada del Estado»: el proceso por el cual un grupo criminal busca «infiltrar, penetrar y usufructuar parcelas del Estado para luego reconfigurarlo».

La medición

El Índice Global de Crimen Organizado, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), mide desde 2021 a los «actores incrustados en el Estado»: criminales que operan desde dentro del aparato estatal. En su edición de noviembre de 2025 concluyó que son el tipo de actor criminal más extendido del mundo, con influencia severa en 80 de 193 países.

Venezuela tiene la puntuación máxima de la región. España está en la mitad de la tabla: el índice dice expresamente que no presenta criminalidad incrustada en el Estado de forma generalizada.

Tres países, tres grados

Este especial no pone a los tres países en el mismo saco. La evidencia es distinta en cada caso, y la diferencia importa:

• Venezuela: acusación penal en EE.UU. contra la cúpula, con cargos de narcoterrorismo y tortura; designación del Cartel de los Soles como organización terrorista; hallazgos de la ONU sobre una política de Estado. Dos de los acusados, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, siguen en cargos públicos.
• Colombia: el expresidente Gustavo Petro está sancionado por el Tesoro de EE.UU. por narcotráfico y lo investigan dos fiscalías federales, pero no tiene cargos penales. Lo que sí está probado en tribunales es corrupción a gran escala y financiación ilegal de campaña.
• España: sentencia firme contra un exministro por formar una organización desde su ministerio. Los hilos venezolanos —Delcy Rodríguez en Barajas, Plus Ultra, el petróleo de PDVSA— siguen bajo investigación.

Los puentes

Lo que vuelve el fenómeno más inquietante son los cruces. Un empresario español, Víctor de Aldama, condenado junto a Ábalos, aportó «sus conexiones con políticos venezolanos», según la sentencia del Supremo. Una exasesora de la ex primera dama colombiana acusa a su entorno catalán de traer dinero desde Venezuela en un avión oficial. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador durante años con el chavismo, está imputado en Madrid por el rescate de una aerolínea con capital venezolano.

Ninguno de esos cruces está probado como delito. Todos están documentados como hechos bajo investigación.

¿Qué falta, exactamente, para que el patrón se rompa? Que los procesos lleguen a sentencia y que las sentencias se cumplan. El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años y indultado 17 meses después, muestra que ni siquiera eso está garantizado.

Las piezas del especial

• La justicia de EE.UU. describe al chavismo como sistema criminal
• EE.UU. sanciona a Petro mientras Colombia juzga la corrupción de su gobierno
• El Supremo español probó una organización criminal montada desde un ministerio
• Honduras, México y Ecuador muestran que el patrón es regional

ESPECIAL · GOBIERNOS QUE DELINQUEN

Tres acusaciones, dos designaciones terroristas y cinco informes de la ONU dibujan un Estado usado como plataforma del narcotráfico y la represión. Dos de los acusados siguen en el poder con el rodrigato.

En Venezuela la discusión sobre corrupción quedó atrás hace tiempo. Los documentos que hoy pesan sobre la cúpula chavista no hablan de comisiones ni de sobreprecios. Hablan de narcoterrorismo, de tortura y de una «política de Estado».

Las tres acusaciones

Marzo de 2020. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios de narcoterrorismo. El fiscal Geoffrey Berman dijo que Maduro «desplegó muy deliberadamente la cocaína como arma». El texto los señalaba como líderes del Cartel de los Soles.

Enero de 2026. La acusación sustitutiva, revelada el 3 de enero, el día de la captura, sumó como acusados a Cilia Flores, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor «Niño» Guerrero, jefe del Tren de Aragua. Describe un «sistema de patronazgo» en el que «poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y de la protección de sus socios narcotraficantes», y a Venezuela como «un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección».

Hay un matiz que conviene decir. Según reportó The New York Times, la acusación de 2020 mencionaba al Cartel de los Soles 32 veces; la de 2026, dos. La Fiscalía pasó de describir un cártel jerárquico a describir un sistema de protección pagada. Para la tesis de fondo, el cambio no es menor: ya no hace falta un cártel con jefe y organigrama cuando el Estado entero funciona como servicio de protección.

Octubre de 2026. El 8 de octubre, la Fiscalía presentó un cargo de conspiración para torturar contra Maduro y Flores, con nueve víctimas detalladas, tres de ellas estadounidenses. Según la acusación, desde 2013 Maduro «autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos» y supervisó «un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión». El documento cita preguntas atribuidas a Maduro: «¿Qué podemos hacer para que hablen?». Y sugerencias: «No los dejen dormir», «échenles agua». El juicio está fijado para el 1 de junio de 2027. La defensa niega los cargos.

Las designaciones

• 25 de julio de 2025: el Tesoro designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista global y lo definió como «un grupo criminal con base en Venezuela encabezado por Nicolás Maduro Moros».
• 24 de noviembre de 2025: el Departamento de Estado lo designó Organización Terrorista Extranjera.
• Febrero de 2025: el Tren de Aragua recibió la misma designación. En marzo, la proclamación presidencial que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros habló de «un Estado criminal híbrido».

Por equidad, hay que registrar la otra versión dentro del propio gobierno estadounidense. Un memorando del Consejo Nacional de Inteligencia del 7 de abril de 2025, desclasificado en mayo, concluyó que el régimen de Maduro «probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua», aunque algunos funcionarios podrían haberlo ayudado. La directora de Inteligencia Nacional destituyó a los responsables del informe una semana después.

Lo que dice la ONU

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela no investiga narcotráfico sino derechos humanos, y su lenguaje es igual de directo:

• 2020: Maduro y los ministros de Interior y Defensa «estaban al tanto de los crímenes», «dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos».
• 2022: en el Arco Minero, «grupos criminales armados controlan abiertamente las regiones mineras en connivencia con los militares».
• 2025 (informe A/HRC/60/61): «Política de Estado de anular a la oposición» y «crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos».

El rodrigato y los acusados

El gobierno de Delcy Rodríguez coopera con Washington. En mayo de 2026 entregó a EE.UU. a Alex Saab, a quien había destituido como ministro de Industria. En Miami, Saab enfrenta un cargo de lavado de dinero por hechos que, según la acusación, se extienden de 2015 a enero de 2026. Es decir, hasta el mes de la captura.

Pero la cooperación tiene un límite visible. Diosdado Cabello, acusado de narcoterrorismo en el mismo expediente que Maduro, sigue siendo ministro de Interior y secretario general del PSUV. Nicolás Maduro Guerra, también acusado, es diputado e integra la comisión que reforma la Ley contra el Odio. Y en julio de 2026 el gobierno anunció el retiro «irrevocable» de Venezuela de la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de lesa humanidad desde 2021. La misión de la ONU dijo que el retiro «solo sirve para reforzar la impunidad».

¿Qué falta, exactamente, para que la transición rompa con el sistema que describen esos documentos? Que los acusados dejen los cargos desde los que, según la Fiscalía, operaban.

Esta pieza forma parte del especial «Gobiernos que delinquen».