ENTREVISTA · MEDIOS Y DIÁSPORA

Empezaron cubriendo el 28 de julio de 2024 desde Buenos Aires «pensando que en dos, tres semanas se solucionaba». Dos años después, Guarimba Digital recibe denuncias desde Venezuela, denunció el canal de Maduro hasta que YouTube lo cerró y creó un hemiciclo digital con más de mil venezolanos verificados. Su problema, dicen, no es el chavismo: es la desconfianza dentro de la propia oposición.

«Literalmente sos el primer medio que se interesó en el Cabildo». Así empezó la conversación con Gastón Levar y Mar Filippo, los dos argentinos detrás de Guarimba Digital, un canal de transmisiones en vivo que muchos venezolanos usan para mandar videos, notas de voz y denuncias que no se atreven a publicar con su nombre.

Un experimento que no terminó

Levar cuenta que su vínculo con Venezuela empezó en 2012, cuando trabajó desde Argentina en la campaña de Henrique Capriles. En 2024 él y Filippo estaban probando un formato que llaman «newsroom en vivo»: un estudio conectado a fuentes en tiempo real, pensado en principio para las elecciones de Estados Unidos. Lo probaron con Venezuela, bajo el nombre Free Nation, desde tres semanas antes del 28 de julio.

Filippo estaba ese día en una plaza de Buenos Aires con venezolanos que celebraban lo que veían como un triunfo rotundo de Edmundo González. «Pasamos del festejo al no festejo», recuerda. «Me agarraban los venezolanos y me decían: “Por favor, Mar, no nos sueltes la mano”». Pensaron que la historia duraría un mes, dos a lo sumo. No fue así. Free Nation se transformó en Guarimba y la sostienen ellos dos.

«No tenemos empleados. Somos Mari y yo», dice Levar. El proyecto, admite, no puede monetizarse: la audiencia venezolana es pequeña comparada con la de un medio argentino, y está repartida entre Venezuela y una diáspora en decenas de países. Lo financian con los ingresos de su agencia. Según Levar, el 3 de enero de 2026, el día de la captura de Maduro, su transmisión llegó a 3,5 millones de dispositivos, 70 % de ellos televisores en Venezuela. INCÍSOS no pudo verificar esas cifras.

La confianza como método

La primera lección fue que la gente no se dejaba ver. «Mandaba un mensaje y después lo borraba para que no aparezca su identidad. No sabíamos con quién estábamos hablando nunca». Levar cree que ser extranjeros ayudó: «No estamos contaminados y tampoco somos permeables a sobornos». Ambos dicen haber recibido amenazas.

Esa confianza tuvo una prueba pública. El 19 de septiembre de 2025, YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro, con unos 233.000 suscriptores, después de una denuncia de Guarimba Digital que lo acusaba de servir a la «usurpación de la presidencia». La plataforma no explicó la decisión. La campaña se llamó «Misión Chaquito», por un perro del equipo que había muerto meses antes. Filippo dice que lo hicieron casi solos: «Hubo gente que estaba con nosotros que dijo sí, sí, y después no comunicaban nada».

El fuego amigo

Lo más llamativo de la entrevista es dónde ubican el conflicto. «El chavismo no fue un problema. El chavismo es como de manual, es como el kirchnerismo», dice Levar. El problema, sostiene, es que la oposición «está dividida como en bandos» y que los ataques más duros vienen de ahí: de sectores contrarios a María Corina Machado y, a veces, de colaboradores de la propia Machado. «Recibimos fuego amigo todo el tiempo». Por eso, dice, revisan «doble, triple» cada dato antes de salir al aire.

Ellos no ocultan su posición. Levar cuenta que su agencia trabajó con Javier Milei, primero contratándolo para charlas de educación financiera con AirTM y luego en su campaña presidencial. Filippo habla de «este faro de libertad» que vieron en Argentina y quisieron llevar a Venezuela.

El Cabildo

La idea surgió en una transmisión con la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, que proponía una junta de gobierno y asambleas en la calle. «Le decíamos: ¿cómo va a ser? Y no, voy a una plaza y van a levantar las manos». Levar le preguntó a su equipo de desarrollo en Argentina si era posible un cabildo digital. En 48 horas, dice, tuvo un boceto con tres condiciones: que fuera anónimo, verificable y seguro. «Durante veintisiete años nunca le preguntaron» al venezolano, afirma.

Según ellos, el Cabildo supera los 1.100 venezolanos verificados. Cada verificación les cuesta dinero, porque pagan por el servicio que la procesa. La versión 2.0 traerá una aplicación con avisos de votación, «bloques políticos, movimientos internos» y la posibilidad de postularse para quien quiera exponerse. También automatizará cuentas oficiales del Cabildo que publiquen qué se votó y el resultado, para que los medios puedan citarlo sin pasar por Guarimba. «El Cabildo no es Guarimba», insiste Filippo.

La pregunta de la representatividad

Le planteamos a ambos la objeción más obvia: los primeros mil son, sobre todo, su audiencia, y su audiencia piensa parecido. Levar no la esquiva. Dice que buscaron a figuras críticas de Machado y les ofrecieron códigos para entrar y armar un hemiciclo «lo más heterogéneo posible». «Del otro lado, nadie quiso participar». Y devuelve la pregunta: «¿Por qué confiás en una encuestadora cuando nadie sabe de dónde salen las mil, mil doscientas muestras?».

Filippo lo pone en manos de los venezolanos: «El éxito del Cabildo va a depender del venezolano». Su meta es que un voto del Cabildo lo pueda citar «un congresista en Estados Unidos» sabiendo que no hay bots ni cuentas dobles.

Lo que la entrevista deja abierto

La comparación con las encuestas es útil, pero no resuelve el problema. Una encuesta seria elige a quién pregunta para que la muestra se parezca al país. Un cabildo abierto recibe a quien llega, y llegan primero los que ya confían en sus creadores. Mil cien venezolanos verificados son mil cien opiniones reales. No son, todavía, la opinión de Venezuela.

Hay además una diferencia que conviene aclarar. En la entrevista, Levar dijo que la verificación «se hace localmente en el dispositivo» y que «nunca sabemos la identidad». La documentación pública del Cabildo describe otra cosa: la imagen del documento y la selfie se analizan con un servicio de inteligencia artificial de terceros y luego pasan por una revisión humana con los datos pixelados; la plataforma guarda un código cifrado del número de documento, y su operador, que tiene la clave, podría en principio reconstruirlo. Las propias preguntas frecuentes lo reconocen con franqueza. Levar también dijo que contrataron hackers que no pudieron vulnerar el sistema y que pasaron auditorías de seguridad. No hay informes públicos de esas pruebas.

¿Qué falta, exactamente?

Para que el Cabildo sea lo que sus creadores quieren, la voz de los venezolanos y no la de una audiencia, falta lo que ellos mismos anuncian y aún no está: el código abierto, una auditoría publicada y participantes que no piensen igual. Levar lo resume con una frase que sirve también para la causa que cubren: «Si no hay una gesta social, esto es para rato y de la mano de extranjeros».

En incisos.com/cabildo explicamos cómo funciona y cómo entrar.

Fuentes principales: Entrevista de INCÍSOS con Gastón Levar y Mar Filippo, octubre de 2026; El Imparcial (México) y NTN24, 19 y 20 de septiembre de 2025 (cierre del canal de Maduro en YouTube); Cabildo de Venezuela, preguntas frecuentes y documento técnico CabildoOS v1.0.

POLÍTICA · INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA

Agentes federales se llevaron cajas de la casa de una congresista nacida en Somalia. Según fuentes anónimas, buscan en papeles que firmó su padre cuando ella era niña. Ella habla de persecución política y no hay cargos. Lo que sí hay es una política que convirtió el expediente de cualquier naturalizado en un asunto abierto.

Hay una forma de leer este registro como un episodio más en la pelea entre Donald Trump e Ilhan Omar, una de sus críticas más visibles. Ella la eligió: «Esto es un intento de perseguir a enemigos políticos y usar como arma a las fuerzas federales», escribió en X el lunes 12 de octubre. Los líderes demócratas de la Cámara, encabezados por Hakeem Jeffries, calificaron el registro de «profundamente inquietante» a menos de 30 días de la elección. El zar fronterizo Tom Homan confirmó la orden en Fox News, sin más detalles.

Hay otra lectura que importa más fuera de Washington: qué significa que el Estado abra, con una orden penal, el expediente migratorio de una ciudadana naturalizada hace 26 años, a partir de lo que firmó su padre cuando ella era niña.

Omar nació en 1982 en Somalia. Pasó cuatro años en un campamento de refugiados en Kenia, llegó a Estados Unidos con su familia, que obtuvo asilo en 1995, y se hizo ciudadana en 2000, a los 17 años. Si las fuentes de Fox News tienen razón, la investigación vuelve a ese momento. Es decir, a papeles que ella no llenó.

Lo que dice la ley

Retirar la ciudadanía a alguien tiene dos caminos, y la diferencia importa.

El penal exige probar el fraude más allá de toda duda razonable. En 2017, en el caso Maslenjak contra Estados Unidos, la Corte Suprema fijó un límite claro. No basta con encontrar una mentira en el expediente. Escribió la jueza Elena Kagan que el gobierno debe demostrar que el acto ilegal «tuvo algún papel» en la obtención de la ciudadanía. Además, la ley federal da diez años para acusar penalmente por fraude en la naturalización. Para una ciudadanía de 2000, ese plazo pasó hace mucho. Un proyecto del senador republicano Tom Cotton propone eliminarlo para este delito, señal de que ese plazo es un obstáculo real para la vía penal.

El civil no tiene plazo, exige una prueba menos estricta y no garantiza abogado de oficio. Ese es el camino que el Departamento de Justicia eligió reforzar. Un memorando de la División Civil, firmado por Brett A. Shumate el 11 de junio de 2025, puso la desnaturalización entre sus cinco prioridades y pidió perseguirla «al máximo».

Por eso el detalle de la orden penal importa. Una investigación penal puede buscar delitos distintos y más recientes que la naturalización misma. Pero también sirve para reunir documentos que después se usen en un caso civil. Mientras el Departamento de Justicia no diga qué investiga, no se sabe cuál de las dos cosas está pasando.

Lo que conecta

Este caso no está aislado. En las últimas dos semanas, INCÍSOS ha seguido cómo el expediente migratorio se mezcla con el registro electoral. El 2 de octubre explicamos cómo el sistema SAVE revisa la ciudadanía de los votantes naturalizados. El 8, que ICE pregunta a detenidos si votaron. El 10, qué registros de votantes busca ICE y con qué herramientas.

La idea es la misma en los tres casos y ahora en este. La ciudadanía obtenida por naturalización se trata como algo que se puede volver a revisar, no como un hecho cerrado. Para millones de ciudadanos naturalizados, muchos de ellos latinoamericanos, la pregunta deja de ser teórica. ¿Qué pasa si un error en un formulario de hace décadas, llenado por un padre o un abogado, sale a la luz?

El calendario

El registro llega a tres semanas de la elección del 3 de noviembre, cuando en Minnesota ya habían votado más de 127.000 personas, según la secretaría de Estado citada por CNN. No es la primera vez que el gobierno apunta a Omar. En mayo de 2026, el vicepresidente JD Vance dijo que se investigaría su ciudadanía, en referencia a una acusación sobre su matrimonio que nunca se ha probado. A mediados de septiembre, Homan habló de una «investigación penal en curso». Y Omar ha sido una de las voces más duras contra los operativos migratorios federales en Minnesota.

Nada de eso prueba que la investigación carezca de base. Pero un caso contra una crítica del gobierno, anunciado primero por funcionarios políticos y filtrado después por fuentes anónimas, necesita más transparencia, no menos.

Criterio: tres pruebas

1. El delito: ¿qué delito concreto se investiga y de qué fecha es? Si es la naturalización de 2000, el plazo penal ya venció y el caso real es otro.
2. El papel de Omar: ¿se le atribuye un acto propio o solo lo que hizo su padre? Para Maslenjak, lo que cuenta es si el fraude influyó en que obtuviera la ciudadanía.
3. El control judicial: ¿un juez revisará pronto lo que se llevaron, o los documentos quedarán en manos del gobierno sin control durante meses? Como congresista, Omar tiene protecciones constitucionales sobre sus papeles legislativos.

¿Qué falta, exactamente?

Falta saber de qué se le acusa, si de algo. Falta saber qué había en las cajas y por qué hacía falta un registro cuando los documentos migratorios ya están en archivos del propio gobierno. Y falta que el Departamento de Justicia diga si su objetivo es un juicio penal o quitarle la ciudadanía por la vía civil. Hasta entonces, el registro es un hecho. La acusación todavía no existe.

Fuentes principales: Departamento de Justicia (declaración del 12 de octubre de 2026); CNN; ABC News; AP; CBS News; Axios; Bloomberg; Fox News; Patch; Ilhan Omar en X; Corte Suprema de EE. UU., Maslenjak v. United States (2017); memorando de la División Civil del Departamento de Justicia del 11 de junio de 2025 (NPR); 8 U.S.C. § 1451; 18 U.S.C. § 3291; proyecto de ley del senador Tom Cotton.

POLÍTICA · EL EXPEDIENTE

Una sola fuente anónima, citada por David Alandete en ABC, dice que el coconspirador número uno del caso de torturas contra Maduro es Diosdado Cabello. Si es cierto, el ministro de Interior de Delcy Rodríguez sería a la vez acusado sin nombre, presunto colaborador de Washington y candidato a una salida en avión hacia Turquía o Catar. Una segunda fuente explica por qué Washington no tiene prisa por las elecciones.

La acusación sustitutiva del 8 de octubre contra Nicolás Maduro y Cilia Flores menciona a tres altos funcionarios sin nombre: CC-1, CC-2 y CC-3. Desde entonces, en Caracas y en Miami se juega a ponerles cara. El lunes 12 de octubre, David Alandete puso una en ABC: «CC-1 es Diosdado», le dijo una fuente que describe como vinculada desde hace años a la inteligencia estadounidense.

La fuente agrega que Cabello coopera con Washington desde el 3 de enero de 2026 y que el plan para él «no consiste necesariamente en detenerlo y traerlo a Estados Unidos». Si sigue colaborando, escribe Alandete, «podría ser sacado de Venezuela y trasladado a un tercer país»: Turquía o Catar. «Y hay un avión». Según la carta, la aeronave está identificada, ya hizo la ruta entre Turquía y Catar y, cree la fuente, pudo haber servido para sacar a personas indicadas por Cabello y recursos de su propiedad. Su salida, resume, «ya tiene ruta, destinos posibles y hasta modo de transporte». Nada de eso tiene confirmación pública.

Dos retratos de un mismo CC-1

El detalle que más debe frenar al lector está en el propio expediente. El 8 de octubre, el diario Versión Final, que tuvo acceso al documento, describió a CC-1 como un alto funcionario con mando sobre la Fuerza Armada y acceso directo a Maduro, vinculado al narcotráfico desde 2006 y a envíos de armas a las FARC y el ELN en 2017. Con ese perfil, el diario especuló que podría ser Vladimir Padrino López, y que Cabello sería CC-2.

El retrato que trae Alandete pone el acento en otro lugar: órdenes de matar a opositores, supervisión de torturas y amenazas a familiares de detenidos. Ambos pueden convivir en un mismo funcionario. Pero mientras la fiscalía no levante la reserva, la identidad de CC-1 depende de quién la cuente.

Si es cierto, la contradicción

Supongamos que la fuente acierta. Entonces el hombre que la acusación describe en el centro de la represión sigue siendo ministro de Interior y secretario general del PSUV en el gobierno de la presidenta encargada. Hace una semana defendía en público la Ley contra el Odio, la misma que Delcy Rodríguez pidió reformar y con la que, según el Foro Penal, se ha imputado a 927 personas desde 2017.

Y entonces Washington estaría negociando con él dos cosas incompatibles para las víctimas: su testimonio contra Maduro y su salida a un país sin extradición. La cooperación de acusados es una herramienta normal de la justicia estadounidense. Saab se declaró culpable y coopera desde septiembre. Pero un coconspirador de torturas con pasaje a Doha no es un testigo protegido. Es un arreglo, y las víctimas no estuvieron en la mesa.

El cartel de 2020 y la respuesta de Trump

El mismo lunes, Alandete recordó en X el cartel con el que el Departamento de Justicia anunció en 2020 las acusaciones de narcoterrorismo contra la cúpula chavista: Maduro arriba, con 15 millones de dólares de recompensa; Cabello en la fila de abajo, con 10 millones. «Varios están ya en prisión en Nueva York y Miami», escribió. Y le preguntó a Donald Trump, en la Casa Blanca, si espera más extradiciones en el caso. La respuesta, según la traducción del periodista: «Va a seguir su curso, irá a los tribunales. Pero hizo cosas muy malas. Su captura fue un gran logro. Venezuela fue un gran logro».

Trump habló de Maduro, no de Cabello. Pero el contraste es elocuente: de aquel cartel, unos están presos y otro sigue siendo ministro de Interior.

La tesis de Washington

La carta describe además una «depuración discreta pero evidente» de las estructuras de poder de Cabello desde el 3 de enero: generales y oficiales vinculados a él jubilados o apartados del mando, colectivos bajo presión y un antiguo hombre de confianza, el exdirector del Sebin Gustavo González López, convertido, según la fuente, en uno de los colaboradores más activos de Washington. «Es todo un peón», le dijo a Alandete. El resultado sería «un Diosdado mucho más aislado que hace nueve meses».

Lo más importante lo dice una segunda fuente en Washington, y explica el calendario venezolano: «Todo esto, esta depuración, que Estados Unidos hace porque cree en la democracia en Venezuela, no se podría haber hecho si se hubiera precipitado un cambio político y unas elecciones por la vía rápida». Primero desmontar estructuras militares, de inteligencia y represivas; después, elecciones. Es, escribe Alandete, una de las claves del plan de Marco Rubio.

La tesis tiene lógica. También tiene un problema: nadie ha dicho quién decide cuándo termina la depuración, ni con qué criterio. Mientras tanto, la mesa de Caracas avanza hacia un TSJ nuevo y la fecha electoral sigue sin aparecer.

Lo que conecta

Alandete enlaza este caso con la llegada de Álvaro Pulido a Miami, que comparece el martes 13, y con Miguel Rodríguez Torres, exjefe del Sebin y exministro de Interior, que según sus fuentes estuvo en Washington y se ofreció a cooperar. «Tiene información. Mucha», escribe. Si el retrato es correcto, la transición venezolana se está escribiendo con declaraciones de quienes la impidieron. En quién está acusado de qué y en la parte colombiana del expediente está lo que la acusación sí dice con nombres.

Criterio: tres pruebas

1. Confirmación: que una segunda fuente independiente o un documento judicial sostenga la identidad de CC-1.
2. El cargo: si Delcy Rodríguez mantiene a Cabello en Interior con esta sospecha pública, y qué explica.
3. Las víctimas: si algún acuerdo con un coconspirador pasa por un juez y deja a las víctimas saber qué se negoció.

¿Qué falta, exactamente?

Falta que alguien con nombre y apellido confirme o desmienta. Cabello no había respondido al cierre de esta edición. La fiscalía de Nueva York no comenta identidades protegidas. Y falta lo más difícil: que la palabra «cooperación» no termine sirviendo para que los responsables de torturas elijan dónde jubilarse.

Fuentes principales: David Alandete, carta de ABC del 12 de octubre de 2026; El Universo y Versión Final; David Alandete en X, 12 de octubre de 2026 (pregunta a Donald Trump y cartel del Departamento de Justicia); Versión Final, 8 de octubre de 2026; acusación sustitutiva del Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026; Infobae, 6 de octubre de 2026; Foro Penal.