POLÍTICA · NUEVO TSJ

La Asamblea Nacional publicó la lista de 127 ciudadanos de la sociedad civil que se postularon para completar el comité que revisará las postulaciones a magistrados del nuevo TSJ. Siete de ellos ya integraron el comité designado en mayo, que la mesa de negociación dejó sin efecto en agosto. Otros doce aspiraron entonces sin éxito. La selección de los doce civiles es el 15 de octubre.

La Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional publicó el sábado 10 de octubre de 2026 la lista de las 127 personas postuladas para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que revisará las postulaciones a magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y preseleccionará a los candidatos. Los postulados no aspiran a ser magistrados, sino a evaluar a quienes sí. La lista se difundió por el canal de Telegram del Poder Legislativo, según Últimas Noticias, cinco días antes de lo previsto. La firman los diputados Giuseppe Alessandrello y Pablo Pérez Álvarez.

El documento dice que los 127 cumplieron los requisitos de ley. De ellos saldrán los 12 representantes de la sociedad civil que se sumarán a 11 diputados, según la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada el 1 de septiembre. El diputado Luis Florido había adelantado que se tomarían «quizá unos días más de lo que estaba previsto».

Los que vuelven

No es la primera lista. El 19 de mayo de 2026 la Asamblea designó un comité con diez representantes de la sociedad civil. En agosto, la mesa de negociación dejó ese proceso sin efecto. «Se declaró en cero el proceso que había iniciado la AN», dijo entonces Ramón López, de la delegación opositora, a Infobae.

Siete de aquellos diez vuelven a postularse: el abogado y presentador de televisión Omar Alzahabi, la economista Ana María Alves, la politóloga Isabella Pacheco Gutiérrez, directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario según Efecto Cocuyo, la abogada Rhona Pérez Delgado, Mauro Herrera Gutiérrez, el psicólogo Reinaldo Rangel Toloza y el abogado Gerardo Virla Villalobos. Otros doce postulados ya habían aspirado en mayo sin ser designados.

Hay además antecedentes más viejos. Mercedes Gutiérrez Muñoz y Henry Hamdan Llabar integraron el Comité de Postulaciones Judiciales de 2022, entre los postulados por los sectores de la sociedad, según el acuerdo de la Asamblea del 3 de febrero de ese año. Rosmely Flores Parras formó parte en 2023 del Comité de Postulaciones Electorales que preseleccionó a los rectores del CNE.

Académicos y especialistas

Entre los postulados con trayectoria pública verificable hay profesores universitarios y especialistas en derecho público. Guillermo Tell Aveledo Coll, doctor en Ciencias Políticas, es decano en la Universidad Metropolitana e integró la Comisión Nacional de Primaria de 2023. Juan Domingo Alfonzo Paradisi y Carlos Luis Carrillo Artiles enseñan derecho administrativo en la UCV. Julio César Fernández Toro, profesor de la UCV desde 1989, fue consultor en la reestructuración del Consejo de la Judicatura entre 1996 y 1999, según su currículo.

Miguel Albujas Dorta, profesor de la UCV y de la Universidad Metropolitana, fue designado en 2019 por la Asamblea elegida en 2015 como su representante ante el Consejo Nacional de Universidades. La Sala Constitucional del TSJ anuló ese nombramiento el 9 de diciembre de 2019.

Una mayoría sin rastro público

El calendario tiene dos versiones dentro del propio bloque opositor. Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, dijo a Venevisión que hay «un entregable de estos hitos para el mes de noviembre», mientras la mesa de negociación apunta a tener los 32 magistrados designados en diciembre. El negociador opositor Juan Miguel Matheus había pedido el 4 de octubre que la sociedad civil se postulara: «La participación de la sociedad civil es fundamental para dotar de credibilidad y confianza al proceso de renovación del TSJ». Con 109 de los 127 postulados sin trayectoria pública verificable, esa credibilidad depende ahora de que el comité publique las razones de cada selección.

La revisión de INCÍSOS en fuentes abiertas no encontró trayectoria pública verificable para 109 de los 127 postulados. No es un juicio sobre ellos: muchos abogados ejercen sin dejar huella en internet. Pero sí es un dato sobre el proceso. La lista oficial no dice qué sector postuló a cada uno ni incluye sus credenciales. El especial Quién postula reúne las 127 fichas.

Análisis: la sociedad civil, otra vez

El comité debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, dice el artículo 270 de la Constitución. Que siete de los diez civiles de un proceso anulado vuelvan a aspirar no lo invalida, pero obliga a explicar qué cambió entre mayo y octubre. ¿Qué falta, exactamente, para que la selección del 15 de octubre sea creíble? Que la comisión publique qué sector postuló a cada aspirante, sus hojas de vida y las razones de cada elección.

Criterio: tres pruebas

1. El 15 de octubre: cuántos de los siete del comité de mayo vuelven a quedar.
2. La transparencia: si se publican las credenciales y los sectores que respaldan a cada postulado.
3. Los plazos: si el comité se juramenta el 16 y el TSJ llega completo antes de fin de año.

Fuentes principales: Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional, lista del 10 de octubre de 2026; Últimas Noticias, 10 de octubre de 2026; El Pitazo/EFE, 10 de octubre de 2026; listas de la Asamblea Nacional del 2 y el 7 de mayo de 2026; Efecto Cocuyo, mayo de 2026; Infobae, 27 de agosto de 2026; Acceso a la Justicia; Diario Primicia, 29 de junio de 2023.

FIRMAS · ORLANDO VIERA-BLANCO

La acusación de Nueva York describe más de dos décadas de represión para silenciar la disidencia y sostener el poder. Para el abogado y activista de derechos humanos, confirma lo que las víctimas llevan años denunciando, y deja una pregunta incómoda para La Haya.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el 8 de octubre de 2026 una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que incorpora la conspiración para cometer tortura, incluidos abusos contra ciudadanos estadounidenses. No sería violencia aislada.

La acusación describe más de dos décadas de presunta represión sistemática para silenciar la disidencia, consolidar el poder y proteger intereses económicos ilícitos.

La dimensión humana

Se describen descargas eléctricas, asfixia, golpizas, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento extremo, inanición, tortura psicológica y amenazas contra familiares. Son tormentos infligidos a detenidos que estaban bajo custodia del Estado.

La cadena de mando

La Fiscalía sitúa a Maduro y a Cilia Flores en la cúspide de una estructura que habría utilizado a las fuerzas armadas, los organismos policiales, el sistema judicial y los colectivos. Todos quedan bajo la mirada de la justicia: no solo las fuerzas policiales, militares o paraestatales, sino también jueces y auxiliares de justicia.

La acusación atribuye además a tres altos funcionarios, identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, órdenes, supervisión y participación directa en torturas.

Los cargos y las penas

La acusación comprende cinco cargos:

1. Narcoterrorismo, en cooperación con grupos guerrilleros y carteles de la droga.
2. Conspiración para cometer tortura.
3. Importación de cocaína.
4. Delitos relacionados con ametralladoras.
5. Delitos relacionados con artefactos destructivos.

La conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años, a la que se suman las de los demás delitos. Aunque no son acumulables, podrían suponer hasta cadena perpetua, a criterio del juez.

La cuestión jurídica de fondo

La tortura no es un exceso administrativo ni una herramienta legítima de gobierno: es un delito grave. Y cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es un crimen de lesa humanidad.

En lo personal, hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional al menos 1.900 incidencias de crímenes de lesa humanidad: persecución política, encarcelamiento arbitrario, muertes bajo custodia, asesinatos, aislamiento inhumano, desapariciones forzadas, torturas, abuso sexual y otros tratos degradantes.

Justicia para las víctimas

La investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y la documentación de Naciones Unidas aportan un contexto internacional esencial. La rendición de cuentas debe alcanzar tanto a los ejecutores como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron los abusos, siempre mediante pruebas y garantías judiciales.

Esta acusación sustitutiva viene a confirmar lo que durante décadas se ha venido denunciando y documentando sobre el régimen encabezado por Maduro.

Es insólito que un fiscal de Estados Unidos avance con mayor rapidez, en meses, en la determinación y acusación de estos hechos que la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el caso lleva años.

Venezuela necesita verdad, justicia y reparación. Ningún poder político puede convertir la tortura en instrumento de dominación ni garantizarse impunidad mediante el control de las instituciones. Pero, sobre todo, necesita justicia, porque iustitia dilata, iustitia negata: justicia demorada, justicia denegada.

Nota importante

Es tiempo de que liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Su detención arbitraria también es tortura. No lo dice solo quien lo pide: lo dicen el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, representantes de la justicia del país tutor, ejecutor de las capturas.

Hágase justicia, aunque se caigan los cielos.

Orlando Viera-Blanco es abogado y activista de derechos humanos.

Para leer más en INCÍSOS: EE.UU. sanciona a la corte que investiga los crímenes en Venezuela · El tribunal que no tuvimos

Fuentes principales: Acusación sustitutiva de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026; Corte Penal Internacional, situación Venezuela I.

Actualización, 10 de octubre de 2026: la Comisión Preliminar adelantó la publicación y difundió el sábado 10 la lista de 127 postulados. El 15 de octubre está prevista la selección de los 12 representantes de la sociedad civil.

POLÍTICA · BREVE

Cerró el 9 de octubre la convocatoria para los 12 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales. La lista de elegibles sale el 15 y el comité se juramentaría el 16. Críticos recuerdan que la Constitución pide un comité de la sociedad, y este tendrá 11 diputados.

La Asamblea Nacional cerró el viernes 9 de octubre de 2026 la convocatoria para los 12 representantes de la sociedad civil que se sumarán a los 11 diputados del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que preseleccionará a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La comisión preliminar que preside el diputado Giuseppe Alessandrello publicará la lista de elegibles el jueves 15 de octubre, un día después del inicio de la tercera ronda de la mesa. El comité se juramentaría el 16. No hay todavía cifra oficial de postulaciones.

La composición sigue en discusión. El artículo 270 de la Constitución dice que el comité estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Con 11 diputados entre sus miembros, sus críticos sostienen que contradice la norma.

La abogada Thelma Fernández pidió además que el nuevo tribunal sea transitorio, y no por los 12 años que fija la Constitución.

Criterio: tres pruebas

1. La cifra: cuántos se postularon.
2. Los nombres: si la lista del 15 es pública y con hojas de vida.
3. El 16: si el comité se juramenta en la fecha prevista.

Fuentes principales: Asamblea Nacional; declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrello; Infobae, 30 de septiembre de 2026; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 264 y 270.