La misma Asamblea aprobó el tribunal y el respaldo al contrato

Las dos decisiones se tomaron el mismo día y en el mismo lugar. Puestas una al lado de la otra, describen un circuito cerrado.

Dos decisiones del mismo día, tomadas por el mismo órgano.

La primera sanciona la reforma que reinicia la designación de la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda respalda el convenio petrolero con Estados Unidos.

Puestas una al lado de la otra, describen un circuito.

El circuito

El Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de las controversias sobre contratos de interés público nacional y para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que los autorizan.

Los magistrados de ese tribunal los designa la Asamblea Nacional, a partir de la preselección del comité que la propia reforma acaba de rediseñar.

Y el respaldo al convenio lo aprobó ese mismo cuerpo.

De modo que el órgano que respalda el contrato es el mismo que designará a quienes decidirían sobre su validez.

Por qué esto no es una acusación

Conviene decirlo con precisión, porque el señalamiento se presta a la lectura fácil.

En cualquier sistema constitucional, el Parlamento participa en la designación de los jueces del máximo tribunal. Eso ocurre en democracias consolidadas y no constituye por sí mismo una anomalía.

Lo que introduce la anomalía es la simultaneidad y el objeto.

No se trata de un Parlamento que designa magistrados en abstracto y años después legisla sobre un contrato. Se trata del mismo cuerpo aprobando, en la misma jornada, el rediseño del mecanismo de designación y el respaldo a la operación económica más grande comprometida por el país en décadas.

La consecuencia práctica

La seguridad jurídica de un contrato depende de que exista un tercero imparcial que pueda declarar su validez o su nulidad.

Si el foro competente es un tribunal cuya composición se define en el mismo acto político que respalda el contrato, ese tercero pierde la condición que lo hace útil, no necesariamente por conducta de sus integrantes sino por diseño.

Y eso perjudica también a quien invierte. Un inversionista que no puede acudir a un foro percibido como independiente exige más garantías, más cobertura y mayor retorno.

Lo que resolvería el asunto

Dos cosas, y ninguna requiere reformar nada.

El foro de controversias pactado en el contrato. Si remite a arbitraje internacional, la competencia del tribunal nacional queda acotada y el circuito se abre.

El baremo y la publicidad del proceso de designación. Si los magistrados se escogen con criterios públicos y verificables, la objeción sobre el origen pierde fuerza aunque el mecanismo siga siendo el mismo.

Las dos son verificables. Ninguna se conoce todavía.

Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150, 187 y 266. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Un acuerdo de respaldo no es la autorización que exige la Constitución

El Parlamento se pronunció sobre el convenio petrolero. Conviene precisar qué clase de acto aprobó, porque la diferencia decide si la exigencia constitucional quedó cubierta.

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo al convenio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Conviene precisar qué clase de acto es ese, porque la diferencia no es formal.

Las dos figuras

Un acuerdo parlamentario es una manifestación de voluntad política. Expresa una posición del cuerpo sobre un asunto. No crea obligaciones, no habilita competencias y no aprueba documentos que no se le han sometido.

Una autorización para celebrar un contrato de interés público nacional es otra cosa. Es un acto por el cual el Parlamento examina un instrumento concreto, con su objeto, su plazo y sus condiciones, y habilita al Ejecutivo para suscribirlo.

La primera se pronuncia sobre una idea. La segunda se pronuncia sobre un texto.

Lo que exige la Constitución

El artículo 150 dispone que no podrá celebrarse contrato alguno de interés público nacional con Estados o sociedades oficiales extranjeras, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 187, en su numeral 9, atribuye al Parlamento la competencia de autorizar al Ejecutivo para celebrar contratos de interés nacional.

Ninguna de las dos normas se refiere a un respaldo. Se refieren a la aprobación de un contrato.

La pregunta que decide

¿El texto del convenio fue sometido al Parlamento antes de aprobarse el acuerdo?

Si lo fue, el acto podría tener naturaleza autorizatoria aunque se le llame acuerdo, y lo que importaría es el contenido y no el nombre.

Si no lo fue, un cuerpo legislativo respaldó un instrumento que no ha leído, y la exigencia del artículo 150 seguiría pendiente.

Esa pregunta se responde con un dato objetivo: si el texto del convenio consta como anexo en el expediente de la sesión.

Por qué el orden importa

Hay además una cuestión de secuencia.

Una autorización parlamentaria, por su naturaleza, es previa a la celebración del contrato: habilita a firmar. Un respaldo emitido antes de que exista un texto firmado, o simultáneo a él, no cumple esa función habilitante.

Si el convenio se suscribe en los próximos días, quedará por establecer si ese acto parlamentario lo autorizó o simplemente lo acompañó.

Dónde se comprueba

En el acta de la sesión y en la Gaceta Oficial. Un acuerdo se publica con su texto, y el texto dirá si hubo examen de un instrumento o una declaración de apoyo.

Es la diferencia entre un control parlamentario y un acompañamiento.

Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 150 y 187 numeral 9. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

La Asamblea aprobó en segunda discusión la reforma del Tribunal Supremo

La reforma queda sancionada y el reloj de la designación empieza a correr. Se modificó un solo artículo, el 65, y la objeción de fondo quedó sin atender.

La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con ese acto se agota el trámite parlamentario y el texto queda listo para su promulgación y publicación.

Entre la primera y la segunda discusión transcurrieron cinco días.

Lo que quedó sin corregir

En ese lapso se formularon objeciones públicas de constitucionalistas, del gremio de abogados y de organizaciones de derechos humanos. Todas apuntaban al mismo punto.

La reforma modifica el artículo 65, que fija la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, y deja intacto el artículo 64, que define al comité como órgano asesor de la Asamblea Nacional, con sede en ella.

El artículo 270 de la Constitución establece que ese comité estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, y lo ubica entre los órganos de gobierno del Poder Judicial.

La reforma sancionada modificó únicamente el artículo 65. El 64 quedó intacto.

La objeción central sobre la adscripción del órgano permanece, entonces, exactamente donde estaba el 27 de agosto. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la premisa que los constitucionalistas venían señalando.

Lo que empieza ahora

Con la reforma sancionada, el procedimiento previsto en la ley puede activarse.

Eso implica la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, la convocatoria pública, el lapso de postulación, la publicación de la lista de postulados, el lapso de impugnación y la preselección.

Y implica también la obligación que la ley establece desde 2010 y que nunca se ha cumplido: la aprobación, por las dos terceras partes de los integrantes del comité, del baremo con el que se evaluará a los aspirantes.

Esa obligación no cambió con la reforma.

Los tres datos que hay que buscar

El texto en Gaceta Oficial. Fija la fecha de entrada en vigencia y, con ella, el inicio de los lapsos del procedimiento.

El acta de instalación del comité, que dirá quiénes lo integran y en qué proporción.

La fecha de aprobación del baremo, si se produce, y si ocurre antes o después de que empiece a correr el lapso de postulación.

El tercero es el que distingue una regla de una descripción de lo ya decidido.

Fuentes principales: Sesión de la Asamblea Nacional del 1 de septiembre de 2026. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículos 64, 65 y 73. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 270.