INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Machado y González firmaron un plan en el que Delcy Rodríguez sigue en el cargo hasta declarar su propia ausencia. Habrá quien lo llame traición. Es otra cosa: aceptar un camino imperfecto porque tiene fechas, y comprometerse a vigilarlo.

Durante años, la oposición venezolana fue experta en decir que no. No a las elecciones amañadas, no al diálogo con trampa, no a las mesas que servían para ganar tiempo. Muchas veces tuvo razón. Por eso llama la atención lo que firmaron María Corina Machado y Edmundo González el jueves 5 en la Declaración de Madrid: un «sí».

Un sí a un plan que no diseñaron ellos, que viene de Washington y que tiene un paso incómodo: que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siga en el cargo hasta declarar la falta absoluta de la Presidencia. Ya hay quien lo lee como rendición. No lo es.

Lo que se gana

Lo que se gana es un calendario. Nuevo TSJ y nuevo CNE antes de que termine el año, falta absoluta después, elecciones seis meses más tarde. Con fechas, se puede medir. Sin fechas, cada anuncio es una promesa y cada retraso, una excusa. Machado y González cambiaron la consigna por un cronograma, y un cronograma tiene la virtud de que cualquiera puede revisarlo.

La semana lo mostró. El canciller Oliver Blanco prometió en Madrid un TSJ para finales de 2026. Ese mismo día, la fecha en que debían aprobarse los criterios de la entrevista de los magistrados pasó sin que se publicaran. Las dos cosas son ciertas, y por eso existe Verificable: para que la promesa y el retraso queden en la misma página.

Lo que no se puede ceder

Avalar un plan no es avalarlo todo. No es aceptar que la lista de presos políticos siga siendo un secreto, ni que la Ley contra el Odio se reforme en lugar de derogarse, ni que la entrevista del TSJ se decida con reglas que nadie conoce. El mismo viernes en que la declaración circulaba, Machado fue a El Rodeo a sentarse con las familias de los presos. Esa es la otra mitad del sí: estar en la mesa sin dejar de estar en la calle.

Lo dijeron ellos mismos: «La estabilidad del futuro se levanta sobre los acuerdos del presente». La frase tiene una condición escondida. Los acuerdos solo construyen algo si se cumplen.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que cada fecha del plan se cumpla o se explique en público, y que quienes lo firmaron sean los primeros en señalar cuando no.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Declaración de Madrid, Vente Venezuela; notas de INCÍSOS del 6 de noviembre de 2026: la Declaración, Blanco en Madrid, el TSJ y El Rodeo; Verificable.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

En la primera semana de noviembre se anunciaron tres avances: una ley sin cárcel, portales liberados y un TSJ con baremo. Los tres son reales, y ninguno es lo que dice el anuncio. Entre la crítica que todo lo niega y el gobierno que todo lo exagera, hay una vara: los datos.

El martes 3 escribimos aquí que medir por hechos aplica en las dos direcciones, y que hay quien prefiere no ver los avances porque recibió tantos golpes que ya no cree en nada. Ahora toca la otra mitad de esa idea. Porque si a la crítica le pedimos que reconozca lo que avanza, al gobierno hay que pedirle lo mismo: que no anuncie más de lo que hizo.

Jorge Rodríguez dijo el martes 3 que «ya se liberaron todos los portales de los medios de comunicación». No es cierto. VE sin Filtro cuenta 140 dominios todavía bloqueados en al menos un proveedor. Pero también es cierto que hace dos meses no se podía abrir X, ni Signal, ni Efecto Cocuyo, y hoy sí. Las dos cosas son verdad a la vez. Lo dicho y lo medido caben en la misma nota.

La reforma de la Ley contra el Odio quita la cárcel. Es un avance enorme para quien podía pasar veinte años preso por un tuit. Pero la ley sigue ahí, con el Estado decidiendo qué es odio, con multas que pueden cerrar un medio y con un ministerio político, el de Diosdado Cabello, como juez. Sin cárcel, pero con ley.

El TSJ tiene ahora un baremo público y siete juristas con nombre y apellido revisando credenciales. Nunca habíamos tenido eso. Pero falta un lapso para que cualquiera pueda objetar a un aspirante, y faltan criterios para quienes fueron parte del tribunal capturado. Quien revisa no escoge.

La vara

Lo que une las tres historias no es que el gobierno mienta ni que la oposición exagere. Es que hay una forma de salir de esa discusión eterna: los números que cualquiera puede revisar. Una lista de dominios. Un texto de ley publicado. Una lista de aspirantes con sus credenciales. Cuando existen, la pelea se acaba, porque ya no es tu palabra contra la mía.

Por eso existe Verificable. No para aplaudir ni para torpedear, sino para que cada compromiso tenga una fecha, una fuente y un estado. Si el gobierno dice que liberó todos los portales, que lo pruebe con la misma herramienta que usa VE sin Filtro. Si la oposición dice que nada cambia, que mire la misma lista.

Anunciar es fácil. Medir es lo que convierte un anuncio en un hecho. Y un país que aprende a medir es un país al que ya no se le puede contar cualquier cosa.

¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que cada anuncio del gobierno venga acompañado de su prueba: la lista, el texto, la Gaceta. Y que quienes critican se tomen el trabajo de revisarla antes de opinar.

— Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS del 5 de noviembre de 2026: Ley contra el Odio, TSJ y desbloqueos; Inciso del 3 de noviembre; Verificable.

INCISO

Durante diez meses, la transición venezolana se decidió entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y Miraflores, sin nadie que preguntara. Desde enero, un Congreso demócrata tendrá las llaves de las citaciones y del presupuesto. No es una buena ni una mala noticia. Es una oportunidad, y un riesgo.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una palabra que en Venezuela se evita y que, sin embargo, describe mejor que ninguna lo que vivimos desde el 3 de enero: tutela. El país tiene una presidenta encargada que gobierna con el visto bueno de Washington, un plan de tres fases escrito en el Departamento de Estado, un acuerdo petrolero en el que el Pentágono es socio y una hoja de ruta que fija el orden de las instituciones antes que la fecha de la elección. Se puede discutir si esa tutela es necesaria, conveniente o temporal. Lo que no se puede es negar que existe.

Hasta el martes, esa tutela tenía un solo supervisor: la Casa Blanca. Desde el 3 de enero tendrá dos.

El circuito cerrado

Durante diez meses, las decisiones sobre Venezuela se tomaron en un circuito estrecho. El presidente fijó el plan, el secretario de Estado lo explicó por partes, el secretario del Tesoro promete ahora reconectar las finanzas, y en Miraflores se negoció con todos ellos. El Congreso, con mayoría republicana, miró poco. Cuando los demócratas preguntaron por el contrato de NABEP, nadie les respondió en público. Cuando preguntaron con qué autorización se atacan lanchas en el Caribe, tampoco.

Ese silencio tuvo una consecuencia que los venezolanos conocemos bien: nos enteramos de las decisiones sobre nuestro país por comunicados escuetos, por fuentes anónimas o por lo que publica un diario de Nueva York. Así supimos que el ataque en Apure tuvo drones e inteligencia estadounidenses.

Lo que cambia

Un Congreso con mayoría propia puede citar a quienes firmaron, pedir los documentos y condicionar el dinero. Puede preguntar qué dice el contrato de NABEP, por qué el Pentágono tiene el 35 %, qué plazos tiene el plan de tres fases y con qué base legal se usa la fuerza en territorio venezolano. Puede, también, legislar sobre el TPS, que hoy se decide semana a semana en los tribunales.

Nada de eso garantiza nada. Pero obliga a explicar. Y explicar es el primer paso para que lo pactado a puerta cerrada se vuelva público.

El riesgo

El peligro es el contrario. Que Venezuela deje de ser un asunto de política exterior y se convierta en munición de la pelea entre Trump y los demócratas. Que la transición se vuelva rehén de una investigación, de un veto o de una campaña presidencial que empieza dentro de un año. Los venezolanos ya vivimos lo que es que nuestra suerte dependa de la política interna de otros. No conviene repetirlo con otro nombre.

Hay también un riesgo para Caracas, y conviene decirlo con claridad. Un Washington dividido puede leerse en Miraflores como un Washington distraído. Sería un error de cálculo. Un Congreso que pregunta es menos predecible que un presidente que negocia, y no se compra con barriles.

Lo que nos toca

A los venezolanos, adentro y afuera, nos toca usar la oportunidad. Pedir que el contrato de NABEP se publique. Pedir que el plan de tres fases tenga fechas. Pedir que los presos políticos tengan nombres y que su liberación se pueda contar. Pedir que el TPS deje de depender de un panel de jueces. Ninguna de esas exigencias es de un partido estadounidense. Son nuestras.

La tutela no terminó el martes. Cambió de supervisor. Lo que hagamos con eso depende menos de Washington que de nosotros.

Fuentes principales: Notas de INCÍSOS citadas en el texto; resultados de las elecciones de medio término (3 de noviembre de 2026).