De la Espriella aspira a la presidencia de Colombia con tres nacionalidades. Un senador de Ohio quiere prohibir la doble ciudadanía en EE.UU. Dos caras del mismo debate sobre la lealtad, las fronteras y a quién pertenece un ciudadano.

Hay debates que estallan en dos países a la vez, como si el mismo dilema buscara expresarse en distintos idiomas. La doble nacionalidad es uno de ellos. En Colombia, el favorito a la presidencia es cuestionado por tener pasaporte estadounidense. En Estados Unidos, un senador quiere prohibir que los ciudadanos tengan cualquier otra nacionalidad. Son las dos caras de una misma moneda, y juntas dicen mucho sobre la época.

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El caso colombiano

Abelardo de la Espriella, que llega como favorito al balotaje del 21 de junio, tiene tres nacionalidades: colombiana por nacimiento, italiana por ascendencia familiar y estadounidense, adquirida por naturalización en febrero de 2023. Días antes de la elección, un grupo de exmagistrados y juristas cuestionó si esa ciudadanía estadounidense le impediría ejercer la presidencia, y un ciudadano interpuso una demanda de nulidad de su inscripción.

El argumento de los críticos no es la doble nacionalidad en sí, sino el juramento de lealtad —el «oath of allegiance»— que De la Espriella prestó al naturalizarse estadounidense. Sostienen que ese compromiso con otro Estado es incompatible con las obligaciones de un jefe de Estado colombiano.

Lo que dice la ley colombiana

La respuesta jurídica, sin embargo, se ha inclinado mayoritariamente a favor del candidato. El artículo 191 de la Constitución colombiana es escueto: para ser presidente se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. No exige una nacionalidad única ni la renuncia a otras.

Constitucionalistas como Mauricio Gaona y Ramiro Bejarano coincidieron en que la doble nacionalidad no genera, por sí sola, una inhabilidad para la presidencia, y que el juramento estadounidense no crea un impedimento constitucional en Colombia. La discusión, según los expertos, no anularía automáticamente una eventual victoria, aunque sí podría derivar en demandas de nulidad ante el Consejo de Estado que prolongarían el debate. El foco, en suma, se desplazó: de la elegibilidad del candidato a la eventual judicialización de su mandato.

El espejo estadounidense

Mientras Colombia debate si castiga la doble nacionalidad, en Estados Unidos un senador quiere prohibirla del todo. Y aquí aparece una de las ironías más reveladoras de la coyuntura. El senador republicano por Ohio Bernie Moreno —él mismo nacido en Colombia, aunque renunció a su nacionalidad colombiana— presentó el «Exclusive Citizenship Act», un proyecto que establecería que los ciudadanos estadounidenses deben tener «lealtad única y exclusiva» a Estados Unidos.

La propuesta obligaría a los millones de estadounidenses con doble nacionalidad a elegir: renunciar a su ciudadanía extranjera en el plazo de un año o perder la estadounidense. Quien adquiriera otra nacionalidad en el futuro perdería automáticamente la de Estados Unidos. El argumento de Moreno es idéntico al de los críticos de De la Espriella: la doble ciudadanía crea «conflictos de interés y lealtades divididas».

El mismo dilema, dos respuestas

Vistos juntos, los dos casos iluminan el fondo del asunto. La pregunta es la misma: ¿puede una persona ser leal a dos países a la vez? En Colombia, la respuesta jurídica mayoritaria es que sí, que la doble nacionalidad es compatible con la ciudadanía plena. En la propuesta de Moreno, la respuesta es que no, que la lealtad debe ser exclusiva.

El proyecto de Moreno, conviene decirlo, enfrenta serios obstáculos. Juristas lo consideran de dudosa constitucionalidad: la Decimocuarta Enmienda y un fallo de la Corte Suprema de 1967 establecen que un ciudadano estadounidense no pierde su ciudadanía a menos que renuncie a ella voluntariamente. Y las encuestas muestran que solo un tercio de los estadounidenses apoya eliminar la doble nacionalidad. Pero su sola presentación marca un clima.

Por qué importa para la comunidad hispana

Aquí está lo que vuelve este debate tan relevante para los lectores. Millones de hispanos en Estados Unidos son, precisamente, doble nacionales: ciudadanos estadounidenses que conservan la nacionalidad de su país de origen. Para ellos, el dilema no es teórico. Una eventual prohibición como la que propone Moreno los obligaría a una elección dolorosa entre el país que los acogió y el que los vio nacer.

El debate toca, además, una fibra identitaria profunda. La doble nacionalidad no es para la mayoría una «lealtad dividida», sino una identidad doble: la posibilidad de pertenecer a dos mundos sin renunciar a ninguno. Que en Colombia se cuestione a un candidato por ello y que en Estados Unidos se quiera prohibir refleja una corriente de época que mira con sospecha esa pertenencia múltiple.

Para una comunidad construida sobre la idea de tender puentes entre orígenes y destinos, el asunto no es menor. Cómo se resuelvan estos debates —en las cortes colombianas y en el Senado estadounidense— dirá mucho sobre el lugar que las sociedades reservan a quienes, como tantos hispanos, llevan más de una patria en el pasaporte y en el corazón.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría legal. Las normas sobre nacionalidad varían por país y caso.

Fuentes principales: Constitución Política de Colombia (artículo 191); conceptos jurídicos de Mauricio Gaona y Ramiro Bejarano; «Exclusive Citizenship Act» del senador Bernie Moreno y su sitio oficial; fallo Afroyim v. Rusk (1967); encuesta de YouGov sobre doble nacionalidad; reportes de Semana, Infobae, El Colombiano y The Hill.

El turismo venezolano hacia Curazao se desplomó un 63% en un año. La isla evalúa eliminar el requisito de visado para recuperarlo. Detrás del gesto hay economía, cercanía histórica y un guiño a la «nueva Venezuela».

A apenas unos 60 kilómetros de la costa venezolana, Curazao mira de nuevo hacia el continente. El gobierno de la isla caribeña evalúa eliminar el requisito de visado para los venezolanos, un gesto que tiene tanto de cálculo económico como de reconciliación con un vínculo histórico que las circunstancias habían roto.

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El dato que explica el gesto

La razón es contundente y se mide en números. Según cifras de la Oficina de Turismo de Curazao difundidas por el vicepresidente de la Cámara de Comercio La Vela de Coro, Juan Gotopo, el turismo venezolano hacia la isla se desplomó un 63% en un año: de 10.025 pernoctaciones de venezolanos entre enero y mayo de 2025 a apenas 3.714 en el mismo período de 2026.

El ministro de Desarrollo Económico, Roderick Middelhof, fue directo sobre la intención: «Estamos evaluando eliminar el requisito de visado, porque, como saben, Venezuela tuvo un tiempo en que no se necesitaba visa para entrar. El objetivo es restablecer esa condición para atraer nuevamente el turismo desde Venezuela». La isla planea, además, crear desde 2027 un fondo específico para promocionarse en el mercado venezolano.

La doble barrera

Conviene entender por qué cayó tanto el turismo, porque la respuesta involucra a más de un actor. La contracción refleja el efecto acumulado de dos barreras. La primera, el propio visado que Curazao impuso durante la oleada migratoria venezolana. La segunda, las restricciones del Departamento de Estado de Estados Unidos al visado venezolano, que eliminaron el flujo de quienes usaban la isla como escala o como punto para renovar su visa estadounidense.

Es decir, la caída no se explica solo por decisiones de Curazao, sino también por la política migratoria de Washington. Levantar el visado isleño aliviaría una de esas barreras, pero no la otra. La recuperación plena del flujo dependería de factores que la isla no controla.

Un vínculo que va más allá del turismo

La relación entre Venezuela y Curazao trasciende lo turístico. El ministro lo reconoció al admitir que la isla depende en buena medida de las frutas y verduras provenientes de Venezuela, y al hablar de una «deuda histórica» con el país vecino. Durante décadas, el intercambio entre la costa venezolana y las islas ABC —Aruba, Bonaire y Curazao— fue natural y fluido, parte de la vida cotidiana del Caribe.

El gesto de Middelhof, con su referencia cariñosa a «la nueva Venezuela», se inscribe en el mismo clima regional que recorre esta edición: vecinos que, tras años de distancia, vuelven a tender puentes hacia Caracas. El turismo, como la energía, se convierte en lenguaje de reaproximación.

Lo que significa para la diáspora

Para los venezolanos, dentro y fuera del país, la noticia tiene un sabor particular. Curazao fue, durante años, un destino cercano y querido; recuperar el acceso sin visa sería devolver una posibilidad que la crisis había cerrado. Para la diáspora, es otra señal de que el aislamiento de Venezuela empieza a resquebrajarse.

Conviene, eso sí, mantener la medida: se trata de una evaluación, no de una decisión tomada, y su efecto real dependerá de barreras que exceden a la isla. Pero el solo hecho de que Curazao mire de nuevo hacia Venezuela con intención de abrir sus puertas dice algo sobre el momento que vive la región. Después de años en que las fronteras se cerraban, el gesto de querer reabrirlas —aunque sea por turismo— marca un cambio de ánimo que vale la pena registrar.

Esta nota tiene carácter informativo.

Fuentes principales: Declaraciones del ministro Roderick Middelhof en entrevista (15 de junio de 2026); cifras de la Oficina de Turismo de Curazao difundidas por Juan Gotopo; reportes de El Nacional, La Patilla, Aporrea y ALnavío.

Bogotá anunció una inversión desde el departamento del Vichada para avanzar en la interconexión eléctrica con Venezuela. El proyecto venía gestándose desde antes y enfrenta alertas por las sanciones estadounidenses.

El mismo día en que Venezuela firmaba con General Electric, al otro lado de la frontera Colombia anunciaba su propia apuesta energética hacia Caracas. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, formalizó desde el Vichada una inversión para avanzar en la interconexión eléctrica entre los dos países. La coincidencia de fechas no es casual: refleja un momento en que la energía se ha vuelto el lenguaje de la integración regional.

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Qué se anunció

La inversión, de unos 89.000 millones de pesos colombianos —cerca de 25,7 millones de dólares—, se estructura desde Puerto Carreño, capital del Vichada, una zona fronteriza estratégica. Incluye la construcción de la Planta Solar El Merey, un proyecto de 5 megavatios que, según el gobierno colombiano, reducirá la dependencia de combustibles fósiles en la región y contribuirá a la interconexión con Venezuela.

Palma enmarcó el anuncio en una visión de integración: «El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela», afirmó, hablando de fortalecer la confiabilidad del servicio y «consolidar la hermandad entre nuestros pueblos».

Un proyecto que venía de antes

Conviene precisar algo que el entusiasmo del anuncio podría difuminar: esta interconexión no nace de la firma con GE ni de esta semana. Es el resultado de un proceso que se viene tejiendo desde hace más de un año. En abril de 2026, las entidades eléctricas de ambos países —el IPSE colombiano y Corpoelec— firmaron un acuerdo para reactivar la cooperación, saldando deudas acumuladas. Antes, en febrero, Palma ya se había reunido en Miraflores con Delcy Rodríguez para avanzar en una agenda de gas, energías limpias e interconexión.

La relación bilateral, además, se reconstruyó deliberadamente desde 2022, cuando Colombia restableció relaciones con Venezuela y reabrió la frontera. La interconexión de hoy es, por tanto, un capítulo de una historia más larga, no un efecto inmediato de los acuerdos recientes.

Las alertas que conviene no ignorar

El proyecto, sin embargo, no está libre de sombras, y esta cobertura no las pasa por alto. La principal es el riesgo de las sanciones: los acercamientos energéticos con Venezuela han generado alertas sobre posibles complicaciones con las sanciones de Estados Unidos a través de la OFAC. No es un temor abstracto: en el pasado, empresas del sector han rechazado acuerdos directos con Venezuela por riesgos legales y reputacionales.

A ello se suma el escepticismo sobre los costos y el beneficio real para las comunidades, y la pregunta de fondo sobre la confiabilidad de un socio cuyo propio sistema eléctrico atraviesa una crisis crónica. Integrarse con una red inestable conlleva sus propios riesgos técnicos.

La lectura regional

Para el lector hispano, el episodio ilustra una tendencia mayor: la reintegración de Venezuela en la región a través de la energía. Tras años de aislamiento, el país vuelve a tejer vínculos con sus vecinos, y la electricidad —junto con el petróleo y el gas— es el hilo con que se cose esa reintegración.

La pregunta, como en el caso de los acuerdos internos venezolanos, es bajo qué reglas y con qué garantías. La integración energética puede ser una fuente de desarrollo compartido o una apuesta arriesgada, según cómo se maneje. Que Colombia avance hacia Venezuela mientras Washington mantiene su propia presión sobre Caracas dibuja un tablero complejo, donde cada país calcula sus pasos. Para las comunidades fronterizas, que conocen de cerca el costo de la desconexión, la promesa de una red más confiable es, al menos, una esperanza concreta.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría financiera.

Fuentes principales: Anuncio del Ministerio de Minas y Energía de Colombia desde el Vichada (15 de junio de 2026); reportes de TalCual, El Colombiano, Efecto Cocuyo y El Universal; antecedentes del acuerdo IPSE-Corpoelec de abril de 2026.