El nombre que todos conocen es uno solo. La estructura que la ONU documentó tiene muchos más, cada uno con su organismo, su ubicación y su patrón. Este es el mapa que ningún decreto mencionó.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó, el 20 de septiembre de 2022, un inventario de los centros de detención utilizados por los organismos de inteligencia venezolanos. El inventario no es exhaustivo —la Misión reconoció limitaciones de acceso— pero es el más sistemático disponible.

Los centros nombrados

En Caracas, los recintos principales son tres: El Helicoide (sede del SEBIN, el más conocido), La Tumba (nombre informal del centro de detención del SEBIN en Plaza Venezuela, subterráneo, sin luz natural) y el centro de la DGCIM en Boleíta. Estos tres concentran la mayoría de los casos documentados por la Misión.

Pero el inventario no termina ahí. Solo en el área metropolitana de Caracas, la Misión identificó al menos 17 casas de seguridad o centros clandestinos operados por la DGCIM. Son inmuebles sin identificación oficial, sin registro público, sin acceso para observadores. La Misión los documentó a través de testimonios de víctimas y familiares.

La red en el interior del país

Foro Penal, que lleva el registro más detallado de presos políticos en Venezuela, contabiliza más de 90 centros de detención en todo el país donde se han registrado casos de detención política. La distribución abarca todos los estados, con concentraciones en Caracas, Carabobo, Zulia y Táchira.

La cifra no implica que todos operen simultáneamente ni con la misma intensidad. Implica que la arquitectura de detención tiene una escala que el cierre de un edificio —por simbólico que sea— no toca.

Por qué nombrarlos importa

Nombrar cada sitio cumple una función documental y política. Impide que el cierre de uno se lea como desmantelamiento de la estructura. Establece un inventario contra el que medir compromisos futuros. Y sitúa la responsabilidad en organismos —SEBIN, DGCIM— que siguen existiendo con sus estructuras de mando.

El anuncio del 30 de enero de 2026 no mencionó ninguno de estos centros. No hay decreto que los nombre, ni cronograma para su apertura a observadores independientes, ni mecanismo de verificación que permita saber qué ocurre dentro hoy.

El informe no se quedó en los edificios. Detalló quién ordenaba, quién ejecutaba y hasta dónde subía la responsabilidad. La cadena que la ONU puso por escrito no desaparece con el cierre de un recinto.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó, en septiembre de 2022, un análisis de responsabilidad que va más allá de los perpetradores directos. El organismo concluyó que existía una política de Estado para reprimir a la oposición mediante torturas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que esa política tenía una cadena de mando identificable.

La estructura que el informe describe

En la cúspide, la Misión señaló a Nicolás Maduro como orquestador de la política represiva. Debajo, los jefes de los organismos de inteligencia —DGCIM y SEBIN— como ejecutores institucionales. Y en los niveles intermedios, las autoridades de alto nivel que la Misión identificó como conocedoras o responsables de las prácticas documentadas.

El informe utilizó el estándar de «razones fundadas para creer» —el umbral aplicable en investigaciones de este tipo— para señalar responsabilidades. No es una condena judicial, pero sí un registro documental con valor legal para procesos futuros.

Un agente no podía negarse

Uno de los hallazgos más significativos del informe es la descripción del mecanismo de obediencia. La Misión documentó casos en que agentes que intentaron negarse a aplicar determinadas prácticas fueron amenazados o sancionados. La cadena de mando no era solo jerárquica: era coercitiva hacia abajo.

Esto tiene una consecuencia jurídica directa: la defensa de «cumplimiento de órdenes» no opera en crímenes de lesa humanidad. Cada eslabón de la cadena es potencialmente responsable.

Lo que el cierre no resuelve

La cadena de mando que la ONU documentó no es un organigrama histórico. Los organismos que la componen —SEBIN, DGCIM— siguen existiendo. Sus estructuras de mando no han sido desmanteladas ni sometidas a revisión independiente. El anuncio de reconversión del Helicoide, hecho por quien figura en los niveles superiores del informe, no incluyó una rendición de cuentas sobre la cadena de mando que el organismo internacional puso por escrito.

Aquí la pregunta del especial se vuelve inevitable: ¿qué falta, exactamente, para que esta cadena deje de tener capacidad de operar? Mientras la respuesta siga siendo un anuncio sobre un edificio, la estructura permanece donde estaba.

Esta pieza se escribe con una regla por delante: referir lo documentado sin convertir el sufrimiento en espectáculo. Los métodos que la ONU recogió tienen nombre técnico y patrón repetido. Nombrarlos cumple una función —probar que existió un sistema, no excesos aislados— sin necesidad de detallar el dolor con morbo.

La Misión documentó 122 casos de víctimas detenidas por la DGCIM y 51 por el SEBIN, principalmente en El Helicoide. Concluyó que las prácticas no eran hechos sueltos, sino parte de una política con patrones reconocibles que se repetían entre recintos.

Los métodos con nombre propio

La Misión catalogó prácticas con designaciones propias usadas por los propios agentes: un dispositivo de inmovilización conocido como «el pulpo»; posiciones forzadas prolongadas; asfixia y descargas; incomunicación que se extendía de un día a varias semanas con paradero desconocido para las familias; y violencia sexual empleada como método para obtener confesiones e infligir humillación, en su mayoría a cargo de la DGCIM y el SEBIN. Se refieren aquí por su existencia documental, no por su detalle.

Por qué son crímenes de lesa humanidad

La calificación no es retórica. La Misión concluyó que estas prácticas, por su carácter sistemático y su inscripción en un plan estatal, constituyen crímenes de lesa humanidad. Esa categoría jurídica tiene una consecuencia concreta: son imprescriptibles. No caducan con el tiempo ni con un cambio de gobierno.

Un crimen de lesa humanidad no se cancela cerrando el lugar donde se cometió.

El hilo que este especial mantiene

Reconstruir los métodos cierra el recorrido que empezó con el anuncio de cierre. El edificio, el mapa, la cadena de mando y las prácticas componen una sola pregunta: ¿qué falta, exactamente, para que esto no vuelva a ocurrir? La respuesta no está en la demolición simbólica de un recinto, sino en el acceso, la verificación y la justicia que ningún acto protocolar reemplaza.