El balance oficial del doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio siguió elevándose y alcanzó una nueva cifra oficial: 1.719 fallecidos y 5.034 heridos. Así lo informó el 29 de junio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al presentar el reporte diario de la emergencia. El nuevo dato confirma la dimensión devastadora de una catástrofe que se ha convertido en la más letal que ha sufrido el país en más de un siglo, y deja atrás los balances previos, que en los días anteriores se habían situado en torno a los 1.450 muertos.

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Los números de la tragedia

Más allá de la cifra de fallecidos, el reporte oficial dibuja la magnitud del desastre en su conjunto. A los 1.719 muertos y los 5.034 heridos se suman 15.866 personas damnificadas, es decir, que perdieron sus hogares o debieron abandonarlos. En cuanto a la infraestructura, el balance contabiliza 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total y el resto presenta daños parciales o severos. Es el retrato de un territorio que deberá enfrentar una reconstrucción de enorme envergadura una vez superada la fase de emergencia.

La tierra, además, no ha dejado de moverse. Desde los dos sismos principales —de magnitudes 7,2 y 7,5—, la zona ha registrado más de seiscientas réplicas, según el conteo oficial. La más reciente, ocurrida en la mañana del 29 de junio, fue sentida con claridad por la población y obligó a muchas personas a salir de sus viviendas, aunque las autoridades informaron que no causó daños adicionales. Esas réplicas mantienen el miedo y el riesgo sobre estructuras ya debilitadas. Ver también: las réplicas que no cesan.

La esperanza que se reduce

El paso de los días impone una realidad difícil. Superada ampliamente la ventana de las primeras 72 horas —el período en que es más probable hallar sobrevivientes—, la operación va transitando, inevitablemente, de la búsqueda de personas con vida a la recuperación de cuerpos. Aun así, los equipos no se han rendido: en los días recientes se produjeron rescates extraordinarios, como el de personas extraídas con vida más de 80 horas después del derrumbe, que alimentan la esperanza de que todavía pueda haber sobrevivientes bajo los escombros.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre el número de desaparecidos. Las estimaciones de Naciones Unidas mantienen la cifra de hasta 50.000 personas que podrían permanecer sin localizar, aunque ese número sigue mezclando a quienes podrían estar atrapados con quienes simplemente no han podido restablecer contacto debido a la caída de las telecomunicaciones. La diferencia entre ambas categorías es enorme, y solo el avance de las labores permitirá precisar el alcance real de la tragedia.

Una herida que apenas comienza a medirse

La cifra de 1.719 fallecidos, con casi total certeza, seguirá moviéndose en los próximos días a medida que se complete la remoción de escombros y se confirmen identidades. Detrás de cada número hay un nombre, una familia, una historia interrumpida. Y más allá del recuento, la magnitud de los daños materiales y humanos anticipa que el impacto de esta catástrofe se medirá durante años, no semanas. Venezuela apenas empieza a dimensionar lo que perdió en los pocos segundos que duraron los dos sismos que cambiaron al país.

Para el seguimiento completo de la cobertura, ver el HUB del especial «El País que Tembló».

Pocas contradicciones resultan tan visibles como la que el terremoto de Venezuela dejó al descubierto en la política estadounidense: mientras Washington despliega una de las mayores operaciones de ayuda humanitaria de su historia reciente hacia Venezuela, mantiene en marcha, en su propio territorio, las deportaciones de venezolanos y el desmonte del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a cientos de miles de ellos. La catástrofe convirtió esa tensión en un debate político abierto, con un argumento que sus impulsores consideran de sentido común: no se puede enviar rescatistas a un país al que, al mismo tiempo, se devuelve gente.

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El reclamo

La voz más sonora provino del Caucus Hispano del Congreso, que en una carta dirigida al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio pidió un aumento de la ayuda para Venezuela y, en paralelo, una pausa en las deportaciones de venezolanos. El grupo lo planteó en términos directos: «es evidente que las expulsiones a un país en medio de una catástrofe activa son insostenibles». La carta citó incluso las estimaciones del Servicio Geológico de EE.UU. sobre las pérdidas económicas del desastre, para subrayar la magnitud de la crisis a la que esas personas serían devueltas.

A ese reclamo se sumó, desde la bancada republicana, la congresista por Florida María Elvira Salazar, una de las voces más activas en favor de los venezolanos en el Congreso. Salazar, que había firmado una petición para forzar una votación sobre la Ley de TPS para Venezuela, endureció además su postura frente al gobierno de la transición venezolana: lo acusó de obstruir la llegada de la ayuda. «Es criminal que Delcy Rodríguez y su régimen sigan bloqueando la entrada de equipos internacionales de rescate y ayuda humanitaria mientras hay venezolanos atrapados bajo los escombros», escribió. Su postura ilustra la complejidad del momento: critican tanto la respuesta del gobierno venezolano como la política migratoria de su propio país hacia los venezolanos.

Lo que está en juego

Para entender por qué el reclamo es urgente hay que mirar el calendario y los números. De los más de 600.000 venezolanos que han estado amparados por el TPS, unos 250.000 perdieron la protección en noviembre, y para otro grupo el beneficio vence el 2 de octubre de 2026. Es decir, el desmonte del programa no es una amenaza abstracta, sino un proceso en marcha con fechas concretas, que deja a cientos de miles de personas expuestas a la deportación en cuestión de meses.

El panorama legal, además, se complicó justo antes del terremoto. La Corte Suprema avaló, por seis votos contra tres, el fin del TPS para haitianos y sirios, y estableció que ese tipo de determinaciones no son revisables por los tribunales. Aunque ese fallo no se refiere directamente a los venezolanos, fija un criterio que debilita los recursos judiciales pendientes y reduce el margen de maniobra legal para frenar el desmonte de la protección. En la práctica, eso traslada casi toda la decisión al terreno político: depende de la voluntad del Ejecutivo y de la presión que el Congreso y la opinión pública puedan ejercer.

Las alternativas sobre la mesa

Ante ese cuadro, las organizaciones del exilio y algunos legisladores han planteado varias salidas. La más inmediata es una pausa en las deportaciones por razones humanitarias mientras dure la emergencia, un mecanismo que la propia lógica de la catástrofe parece respaldar. Otra alternativa que se ha mencionado es la figura de la Salida Obligatoria Diferida, que permitiría suspender las expulsiones por un período determinado sin necesidad de reactivar el TPS. Y en el plano legislativo, está el intento de sacar adelante una ley específica de TPS para Venezuela, aunque su futuro en el Congreso es incierto.

El argumento de fondo que comparten estas propuestas es de coherencia. Si EE.UU. reconoce —con su despliegue de ayuda, con sus cientos de millones de dólares comprometidos, con sus equipos de rescate— que Venezuela vive una catástrofe humanitaria, resulta difícil sostener al mismo tiempo que es un país seguro al cual devolver personas. Esa es la contradicción que el terremoto volvió imposible de ignorar.

Por qué esto importa a la comunidad hispana

Este debate no es lejano ni abstracto para la comunidad hispana en EE.UU.: la toca directamente. Los venezolanos son una de las comunidades de más rápido crecimiento en el país, con fuerte presencia en Florida, Texas y otros estados, y el TPS ha sido durante años el principal instrumento que les ha permitido trabajar y vivir legalmente. Cientos de miles de familias —con hijos nacidos en EE.UU., con empleos, con negocios, con vidas construidas— dependen de decisiones que se toman en Washington y cuyo desenlace sigue abierto.

Más allá del caso venezolano, el episodio ofrece una lección sobre cómo funciona la política migratoria estadounidense: las protecciones temporales son, precisamente, temporales, y su renovación depende de cálculos políticos que pueden cambiar con rapidez. Para millones de hispanos que viven bajo alguna forma de estatus condicionado, la batalla por el TPS venezolano es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la estabilidad y la incertidumbre. El terremoto sacudió a Venezuela, pero sus réplicas políticas se sienten también en los hogares hispanos de EE.UU.

Ver también: cobertura completa del especial y las notas sobre el papel de EE.UU. en la ayuda humanitaria y la diáspora venezolana en Florida.

En medio de una catástrofe, ocurre algo que los manuales no siempre recogen pero que define el verdadero rostro del rescate: equipos que llegaron por separado, desde países distintos y sin haberse conocido antes, terminan trabajando codo a codo porque la urgencia no entiende de banderas. Eso es lo que está sucediendo en La Guaira, la zona más golpeada por el terremoto de Venezuela, donde rescatistas llegados de Israel y la legendaria brigada mexicana de los Topos coinciden sobre el terreno y suman sus capacidades. No es una alianza firmada ni anunciada: es la cooperación de campo, la que nace de la necesidad cuando hay vidas en juego.

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La cooperación que nace en el terreno

Conviene precisar de qué se trata, para no confundirlo con lo que no es. No hay, hasta donde se ha podido conocer, un acuerdo oficial entre Israel y México para una operación conjunta en Venezuela. Lo que hay es algo más orgánico y, en cierto modo, más valioso: equipos que, al operar en la misma zona devastada, se encuentran, se reconocen como pares y deciden colaborar sobre la marcha. Es una dinámica habitual en las grandes emergencias, donde los equipos de búsqueda y rescate urbano —entrenados bajo estándares internacionales compartidos— pueden coordinarse aunque provengan de tradiciones y países diferentes.

Esa coordinación espontánea tiene una lógica práctica. Cada equipo aporta lo suyo: unos, experiencia de décadas excavando entre escombros; otros, tecnología de detección o capacidades específicas. Cuando se encuentran ante una estructura colapsada con posibles sobrevivientes, sumar esas capacidades —compartir información sobre el terreno, combinar métodos de búsqueda, turnarse en las labores extenuantes— multiplica las posibilidades de éxito. En el escombro no hay tiempo para protocolos diplomáticos: hay una persona que puede estar viva, y la prioridad es llegar a ella.

Quiénes están en el terreno

Ambas presencias están documentadas. La brigada mexicana de los Topos —nacida del terremoto de Ciudad de México de 1985 y convertida en una de las referencias mundiales del rescate voluntario— llegó a Venezuela y se desplazó a La Guaira para sumarse a las labores, después de que su vuelo sufriera incluso una demora en Panamá. «Sepan que México está con ustedes», resumió uno de sus integrantes al describir su llegada.

Del lado israelí, varias organizaciones se movilizaron hacia Venezuela pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas, un dato que vuelve su presencia especialmente notable. Grupos como IsraAID, SmartAID y otros desplegaron equipos de respuesta, algunos especializados precisamente en integrar tecnología a la asistencia humanitaria. Uno de esos equipos de búsqueda y rescate ingresó a Venezuela desde Panamá con autorización del gobierno venezolano para sumarse a la búsqueda de sobrevivientes. Que organizaciones de un país sin lazos diplomáticos con Caracas actúen en cuestión de horas habla de una infraestructura humanitaria construida durante años, capaz de operar a través de redes profesionales y socios locales incluso donde no hay puentes oficiales.

El valor de lo que ocurre

Más allá de los detalles operativos, lo que sucede en La Guaira tiene un significado que trasciende la técnica. En un mundo atravesado por divisiones, una catástrofe vuelve a recordar que, ante el sufrimiento humano, las fronteras y las diferencias políticas pueden disolverse, aunque sea temporalmente. Un equipo israelí y uno mexicano coordinando en suelo venezolano —tres realidades políticas distintas, sin alianzas formales entre ellas— es la imagen de una solidaridad que no necesita tratados para existir.

Conviene, eso sí, no idealizar ni exagerar: la cooperación de campo es valiosa pero limitada, y no sustituye lo que solo los recursos masivos y la coordinación estatal pueden lograr. Pero su valor simbólico y humano es real. En las horas más oscuras de Venezuela, mientras el reloj corre y las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen, hay equipos que cruzaron el mundo para ayudar y que, al encontrarse, eligieron sumar fuerzas. Esa imagen —la de manos de distintos orígenes escarbando juntas el mismo escombro— es, quizá, uno de los pocos consuelos que ofrece una tragedia de esta magnitud.

Para más contexto sobre el despliegue internacional, ver la cobertura del HUB del especial y las notas sobre los rescates en La Guaira y la solidaridad internacional.