INCISO

Excarcelaciones, desbloqueos, una amnistía y ahora la reforma de la ley contra el odio. Cada paso cuenta. Lo que todavía no se sabe es si caminan hacia algún lugar o en círculo.

En noviembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad la ley contra el odio. La presidía Delcy Rodríguez. Nueve años después, el 28 de septiembre de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó un oficio para pedir que se despenalicen las conductas que esa ley castiga. Con urgencia.

Sería fácil quedarse en la ironía. Prefiero la pregunta que la ironía esconde: hacia dónde van estos pasos.

Porque son varios. Desde enero salieron presos políticos, aunque a cuentagotas y sin lista pública. Hubo una ley de amnistía. Se desbloquearon decenas de dominios, aunque otros tantos siguen cerrados. Se habla de elecciones, aunque sin fecha. Y ahora, una reforma para que opinar deje de ser un delito con pena de homicidio.

Cada uno de esos pasos cambió la vida de alguien. Eso no se discute ni se desprecia. Pero todos comparten un rasgo: fueron concedidos. Llegaron por decisión de quien gobierna, en el momento que eligió y en la medida que quiso. Y lo que se concede por voluntad se puede retirar por voluntad.

Una transición no se reconoce por la cantidad de gestos, sino por el momento en que los gestos se convierten en reglas. Cuando un preso sale porque la ley lo ordena y no porque alguien lo decidió esa semana. Cuando un medio publica sin calcular si lo van a bloquear. Cuando un partido existe sin que un funcionario pueda declararlo promotor del odio.

La reforma de la ley contra el odio puede ser eso o puede ser otra concesión. Lo sabremos por el texto: si despenaliza de verdad, si ordena revisar cada causa, si elimina las herramientas contra medios y partidos. Y lo sabremos por la forma: si se discute a la vista de quienes documentaron a sus víctimas, o se aprueba en familia.

Vladimir Petit escribió que una transición se mide por lo que el país puede preguntar sin miedo. Añado algo menos elegante: también se mide por lo que el país puede decir sin que alguien tenga que autorizarlo primero.

Los pasos se agradecen. La dirección todavía hay que exigirla.

Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Oficio de Delcy Rodríguez, 28 de septiembre de 2026.

INCISO

Para recibir a los ejecutivos del petróleo hubo que salir a buscar palos de golf. Para recibir agua, en Coro, en Margarita y en tantos otros lugares del país, hay que pagar una cisterna.

El lunes 28 de septiembre de 2026, decenas de ejecutivos petroleros jugaron un torneo de golf en el Caracas Country Club, la víspera de una cumbre de petróleo y gas con entradas agotadas: 650 asistentes y 150 en lista de espera. Los organizadores contaron a Bloomberg que días antes estaban en pánico. Tuvieron que llamar a todos los clubes y tiendas de la ciudad, pedir prestados juegos de palos y comprar otros. Caracas tiene tres clubes privados de golf y ningún campo público. «Muy pocos venezolanos juegan golf», explicó la dueña de la tienda que los sacó del apuro.

Ese mismo lunes, vecinos de Coro denunciaban dos meses sin agua y la obligación de pagar cisternas para llenar los tanques de sus casas. No es una excepción ni una emergencia pasajera: en Margarita, y en muchos otros lugares del país, pagar un camión de agua es desde hace años una partida más del presupuesto familiar.

No hay nada reprochable en que unos ejecutivos jueguen golf. Los negocios se hacen también así, y Venezuela necesita inversión. Lo que la escena retrata es otra cosa: la distancia entre el país que se anuncia y el país que se vive.

El país que se anuncia tiene 100.000 millones de dólares prometidos para el petróleo, licencias renovadas cada mes en Washington, una cumbre con lista de espera y un torneo para abrir el apetito. El país que se vive produce 1,2 millones de barriles diarios, menos de la mitad de lo que producía en los noventa, sufre apagones que sacan a la gente a la calle y compra agua por camión.

Las dos imágenes caben en la misma semana porque la reconstrucción empezó por arriba. Primero los contratos, después las reglas; primero el crudo, después la luz y el agua. Es un orden defendible si los beneficios bajan. El problema es que nadie ha explicado cómo ni cuándo.

Mientras tanto, conviene recordar la frase de la tienda de golf. Muy pocos venezolanos juegan golf. Casi todos, en cambio, saben lo que cuesta una cisterna.

Alfredo Yánez Mondragón

Fuentes principales: Bloomberg vía Bloomberg Línea y La República, 28 de septiembre de 2026; La Patilla, 28 de septiembre de 2026.

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Los desbloqueos avanzan al ritmo de las excarcelaciones: uno a uno, sin norma que los sostenga. Lo que se concede por decisión administrativa se retira por la misma vía.

Hay una forma de hacer política que consiste en conceder sin comprometerse. Se abre una puerta, se anuncia que se abrió y se deja la llave del lado de adentro. Lo que se vio en Caracas entre el 17 y el 25 de septiembre de 2026 se parece mucho a eso.

El 16 de septiembre empezaron a desbloquearse portales de noticias. VE sin Filtro contó 18 dominios. Nueve días después, el Ministerio de Comunicación anunció otro levantamiento y, horas más tarde, cambió en su propio comunicado la palabra «desbloqueo» por la expresión «medidas administrativas». Esa noche se abrieron 66 dominios más, pero no en todos los proveedores, y al mediodía del sábado 26 seguían cerrados 149. No hay lista oficial de lo que se abrió, no hay explicación de por qué se cerró y no hay norma que impida volver a cerrarlo en cualquier momento con una llamada al proveedor. Que se hayan podido abrir tantos en una noche solo confirma que cerrarlos también toma una noche. Lo que se concedió tiene efectividad fáctica. No tiene efectividad jurídica. Y lo que existe solo de hecho se deshace de hecho.

Con los presos políticos ha ocurrido lo mismo, con un costo humano infinitamente mayor. El 14 de agosto se anunciaron 131 excarcelaciones; tres días después, las organizaciones solo habían podido verificar 81. Salen de a uno, de a pocos, cuando conviene, y casi siempre como excarcelaciones y no como libertades plenas: la causa sigue abierta, la obligación de presentarse ante el tribunal también, y el expediente queda en una gaveta que alguien puede volver a abrir. La jefa de la delegación opositora reconoció el 19 de septiembre, ante las familias, que el tema ni siquiera figura en la agenda formal de la mesa. El acta del 25 no lo menciona. Un día después salieron decenas de detenidos, sin lista oficial, sin comunicado y con cifras que no coinciden entre las organizaciones que las cuentan; la Plataforma Unitaria contabilizó 33 presos políticos liberados desde el 21 de agosto y más de 420 que siguen tras las rejas.

Los desbloqueos van al ritmo de las liberaciones. A cuentagotas. Y el cuentagotas no es un defecto del proceso: es el método. Quien administra el goteo administra también la sed.

El tiempo cuenta la misma historia. La mesa se instaló el 1 de agosto. El segundo ciclo debía empezar el 15 de septiembre y empezó el 17; debía terminar el 23 y terminó el 25, sin que nadie explicara la prórroga. De ese ciclo salieron siete nombres para un consejo que revisará credenciales y la promesa de designar, «en la próxima sesión ordinaria», una comisión preliminar que abre el proceso para renovar el TSJ. Esa sesión no tiene fecha. El tercer ciclo tampoco: será en octubre, dijo Jorge Rodríguez. El CNE, que es lo que al final importa para que los venezolanos vuelvan a decidir, quedó otra vez fuera del acta. El mismo día del cierre, cinco fuentes consultadas por Reuters situaron las elecciones no antes de finales de 2027.

Nadie sensato espera que una institucionalidad demolida durante más de dos décadas se reconstruya en dos ciclos de conversación. La lentitud, por sí sola, no es una acusación. Lo que inquieta es otra cosa: que cada avance llegue en un formato reversible. Un comunicado se puede corregir, una medida administrativa se puede reponer y una excarcelación se puede revocar. Una ley no. Una sentencia firme tampoco. Un cronograma publicado, con fechas y responsables, ya es otra cosa.

Esa es la vara que propongo para leer lo que viene. No cuántos portales se abrieron ni cuántas personas salieron en cada anuncio, sino cuántas de esas decisiones quedaron escritas en una norma que obligue a quien las tomó. Mientras la respuesta siga siendo ninguna, todo lo que se abre a cuentagotas podrá cerrarse de golpe. Y los venezolanos, adentro y afuera, ya aprendieron cuánto duele eso.

Fuentes principales: VE sin Filtro, reportes del 25 y el 26 de septiembre de 2026; Plataforma Unitaria vía EFE, 26 de septiembre de 2026; Comunicado del Ministerio de Comunicación e Información, 25 de septiembre de 2026; Espacio Público vía La Patilla, 28 de agosto de 2026; Comunicado conjunto de las delegaciones, 25 de septiembre de 2026; Reuters, 25 de septiembre de 2026.