INCISO

Por Alfredo Yánez Mondragón

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Estuve leyendo el capítulo 4 del tratado comercial de América del Norte. No es una lectura que recomiende para el domingo. Es un texto árido, lleno de porcentajes y de anexos sectoriales, escrito por abogados para abogados.

Y sin embargo, en algún momento me di cuenta de que estaba leyendo un tratado sobre la pertenencia.

Las reglas de origen responden a una sola pregunta: ¿este producto es de aquí? No es una pregunta geográfica. Un automóvil ensamblado en Puebla puede no ser mexicano si demasiadas de sus piezas vinieron de otra parte. Un tornillo fabricado en Ohio puede no contar como estadounidense si el acero no lo era. La respuesta no depende del lugar donde está la cosa. Depende de si se puede documentar de dónde viene.

Llevaba cuarenta minutos con eso cuando levanté la vista y pensé en la otra pregunta que se hace en este país todos los días, sobre otra clase de sujeto, con la misma estructura gramatical.

¿Esta persona es de aquí?

Y la respuesta funciona igual. No depende de dónde está. No depende de cuántos años lleva, ni de dónde nacieron sus hijos, ni de si paga impuestos, ni de si su negocio sostiene una cuadra entera de la ciudad donde vive. Depende de si puede documentar de dónde viene y bajo qué condiciones llegó.

No estoy proponiendo que las personas y las mercancías sean lo mismo. Sería una frivolidad y además sería falso: a un contenedor no le duele que lo devuelvan. Lo que digo es más limitado y más incómodo. Digo que las dos preguntas se resuelven con el mismo instrumento, y que ese instrumento es el papel.

Hay una cifra que no se me quita de la cabeza desde que la leí. Entre enero y mayo de este año, México recibió más dinero en remesas que en el mismo periodo del año pasado. Dos coma ocho por ciento más. Un titular de recuperación.

Pero el número de operaciones cayó dos coma tres por ciento. Y el envío promedio de mayo subió a 404 dólares.

Menos gente. Más dinero por cabeza.

Le di vueltas a eso buscando la explicación amable —que ganan más, que les está yendo mejor— y no la encontré. La explicación que sostiene el peso es la otra: hay menos personas mandando, y las que quedan están cargando con lo que antes se repartía entre varios. Un hermano menos. Un primo menos. Un cuñado que ya no está. Y alguien en Michoacán o en Zacatecas que sigue necesitando lo mismo cada mes, y alguien aquí que hace la cuenta y manda el doble.

Eso no aparece en ningún indicador de la Reserva Federal. No hay una serie que se llame «obligaciones redistribuidas por deportación». Y sin embargo mueve el consumo de un barrio entero en Los Ángeles, mueve el flujo de divisas de un país de 130 millones de habitantes, y mueve la decisión de si un negocio en un corredor comercial abre el sábado o no abre.

Un estudio de UCLA publicado el 22 de julio le puso número al primero de esos efectos: tres coma dieciséis millones de dólares perdidos en dos semanas, en nueve calles de una sola ciudad. Un año después, el noventa y cinco por ciento de esos negocios sigue en estrés financiero.

Nadie cobró ese costo. Nadie lo pagó tampoco, en el sentido de que nadie lo asumió. Simplemente se distribuyó entre gente que no participó de la decisión que lo produjo.

Vuelvo al capítulo 4.

Lo que me interesa de las reglas de origen no es su contenido, que cambiará en septiembre y volverá a cambiar. Es su método. Para modificar el resultado económico de un tratado no hace falta subir un arancel ni anunciar nada. Basta con mover la línea que define qué está dentro. Nadie sube el impuesto: cambia quién lo evita.

Es una técnica limpísima. Produce el efecto sin producir el titular.

Y es exactamente la técnica que se está aplicando en la otra frontera, la que no está en el mapa. No hace falta cambiar una ley migratoria para reducir la población trabajadora de un sector. Basta con mover la intensidad de la aplicación de la ley que ya existe. Nadie prohibió nada: cambió quién puede quedarse.

Escribo esto desde un país que no es el mío y en el que llevo el tiempo suficiente como para que esa frase ya no sea del todo cierta. Llevo más de veinte libros escritos para explicarle a gente como yo cómo funciona este sistema, y sigo descubriendo que la parte que más importa nunca está donde uno la busca. No está en el discurso. Está en el anexo.

El martes se cumplen dos años del 28 de julio venezolano. Una elección cuyos resultados desagregados nunca se publicaron. Otra vez el papel: no la discusión sobre quién ganó, sino la ausencia del documento que permitiría comprobarlo.

Y el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos dijo que Venezuela todavía no está lista para votar.

Tres cosas distintas, en tres lugares distintos, con la misma arquitectura: un porcentaje de contenido regional, una prueba de residencia legal, un acta electoral. En los tres casos, alguien con poder decide dónde va la línea y alguien sin poder descubre después de qué lado quedó.

No tengo un cierre luminoso para esto. Lo que tengo es una recomendación práctica, que es lo único que sé ofrecer.

Aprendan a leer los anexos. En serio. La política que va a cambiarles la vida no se anuncia en una conferencia de prensa: se publica en un documento técnico que nadie cubre porque es aburrido. El porcentaje de contenido regional del capítulo 4. La fecha de la cuarta ronda. El requisito de documentación del programa de asistencia energética. La diferencia entre estar consultado y estar sentado.

Ahí es donde se mueve la línea.

Y saber dónde está la línea no es lo mismo que poder moverla. Pero es la única condición para intentarlo.

Se cumple un mes del doble terremoto que fracturó el centro-norte de Venezuela. Durante treinta días hemos documentado el dolor de la pérdida, la heroica respuesta de rescatistas y voluntarios, y la indispensable mano tendida de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos.

Pero a medida que el polvo se asienta, emerge la aritmética de la tragedia.

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Las estimaciones más conservadoras indican que los daños físicos directos superan los 6.700 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas económicas indirectas y la inversión necesaria para una reconstrucción real, la factura oscila entre los 12.000 y los 15.000 millones de dólares. Eso equivale a casi el 80% de los ingresos anuales esperados por el Estado venezolano.

El gobierno de transición no tiene la capacidad fiscal para asumir este costo en solitario. La economía doméstica, que venía mostrando tenues signos de recuperación, ha recibido un golpe directo en sus proyecciones de consumo. El tipo de cambio oficial acaba de cruzar la barrera de los 700 bolívares, y aunque la inyección de dólares en efectivo y las remesas han logrado reducir la brecha con el mercado paralelo, el poder adquisitivo del ciudadano común sigue destruido.

En este escenario, pretender financiar la reconstrucción imprimiendo bolívares sin respaldo sería firmar una sentencia de hiperinflación.

La única vía viable para levantar al país requiere de cuatro pilares: cooperación internacional, financiamiento multilateral, inversión privada y supervisión de la sociedad civil organizada. Y ninguno de esos pilares se sostiene sin confianza.

Como bien señaló hoy la Asamblea Nacional de 2015 en su comunicado a un mes de la tragedia, no basta con recuperar viviendas e infraestructura. Es imperativo reconstruir instituciones capaces de administrar recursos con absoluta transparencia.

El mundo está dispuesto a ayudar a Venezuela, y el sector privado está dispuesto a invertir en su recuperación. Pero esos capitales exigen reglas claras, auditorías independientes y un marco jurídico que garantice que cada dólar destinado a levantar una escuela o un hospital llegue a su destino.

La reconstrucción será el mayor desafío logístico y financiero de nuestra historia contemporánea. Su éxito no dependerá solo de cuántos recursos logremos movilizar, sino de la integridad institucional con la que seamos capaces de administrarlos.

INCISO · ESPECIAL UN MES

No escribo para cobrar un acierto. Escribo para cumplir una cita: la que dejé anotada la noche del 24 de junio, cuando prometí volver cuando bajara el polvo.

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Vuelvo a estas líneas

La noche del 24 de junio escribí un texto que empezaba con una disculpa. Decía que no era el momento, que la gente estaba cavando y no leyendo, que cualquier análisis sonaba impúdico frente a una ciudad partida. Y decía también, casi como una promesa a mí mismo, que dejaba anotado lo que se veía esa primera noche para poder volver más tarde, cuando bajara el polvo y empezaran las preguntas.

Han pasado treinta días. El polvo bajó. Vuelvo.

No vuelvo a cobrar nada. Sería miserable hacerlo sobre 5.398 muertos, y además no hay mérito alguno en describir un derrumbe mientras ocurre. Vuelvo porque quedé en volver, y porque un medio que anota y no regresa a lo anotado no está haciendo periodismo: está haciendo pronósticos.

Aquella noche quedaron escritas tres cosas. Que los heridos llegaban a hospitales que ya estaban heridos. Que el aliado que se decía socio habló primero para los suyos. Que la respuesta llegó envuelta en la palabra «seguridad». Las tres eran observaciones de la primera hora, hechas sin información suficiente, y por eso mismo merecían verificación. Un mes después, ninguna de las tres se desmintió. Ninguna se agravó tampoco por obra de un designio oscuro: simplemente siguieron siendo ciertas, que es la forma más aburrida y más triste de tener razón.

Pero no es de eso de lo que quiero escribir. Lo que un mes permite ver, y la primera noche no, es el patrón. Y el patrón dice más que cualquiera de los tres apuntes.

El patrón es este: cuando la tierra se abrió, el país se salvó a sí mismo. Está en los propios números oficiales, que es lo que los hace irrefutables. Seis mil cuatrocientas sesenta y dos personas rescatadas por equipos técnicos. Diecinueve mil ochocientas sesenta y una salvadas si se cuentan las evacuaciones que hizo la gente por su cuenta. La resta son trece mil trescientas noventa y nueve personas que están vivas porque un vecino levantó una plancha de concreto con las manos.

Ese dato no es un reproche a nadie en particular. En cualquier catástrofe del mundo, los primeros que llegan son los que ya estaban ahí. Pero en Venezuela ocurrió sobre un Estado que llevaba años desmontando su propio sistema de gestión de riesgo, y por eso la proporción es tan brutal. No falló un funcionario el 24 de junio. Falló una decisión tomada mucho antes, cuando se decidió que la Defensa Civil, los bomberos y la maquinaria pesada no eran prioridad.

Y aquí llego a lo que de verdad quería decir, que no es sobre el sismo sino sobre quiénes están al frente.

Un desastre no cambia la naturaleza de quien gobierna: la revela. Bajo presión extrema, cada quien hace lo que sabe hacer. Y lo que se vio este mes fue perfectamente coherente con lo que ya sabíamos. Se vio a un poder que prohibió centros de acopio ajenos mientras montaba los propios. Que retuvo ayuda en la frontera. Que dejó equipos de rescate varados en aeropuertos mientras corría el reloj de las setenta y dos horas. Que mandó una excavadora a un barrio y los vecinos la devolvieron diciendo que había venido a tomarse fotos. Que un mes después no ha publicado una sola lista de desaparecidos.

Esa última es la que más me pesa. Puede alegarse incapacidad técnica, y sería creíble. Puede alegarse desorden institucional, y también. Pero hay una explicación que no se puede descartar y que la historia venezolana respalda: que una cifra oficial de desaparecidos convertiría cinco mil muertos en algo mucho mayor, y ningún poder recibe con gusto esa aritmética. En 1999, tras Vargas, pasó exactamente lo mismo: las cifras oscilaron entre setecientos y cincuenta mil, y este país nunca supo a cuántos enterró. Veintisiete años después, sobre el mismo suelo, con otra gente al mando, la misma decisión: no contar.

Ahí está la naturaleza que el desastre reveló, y no es exclusiva de un color político. Es la de un poder que administra la información sobre sus propios muertos como si fuera un activo. Que trata la ayuda como patrimonio a distribuir con criterio propio. Que confunde coordinar con controlar. Eso no se cura con un cambio de gobierno si no se cambia también la costumbre.

Entonces, ¿qué hace falta? Porque llegados a este punto, quejarse ya es fácil y no sirve. Cuatro cosas, y las cuatro son verificables.

Contar a los muertos. Un registro público de desaparecidos, con protocolo forense y apoyo internacional. No es un gesto simbólico: sin acta de defunción no hay herencia, ni seguro, ni custodia legal de un niño huérfano, ni duelo que pueda cerrarse. Un país que no cuenta a sus muertos les está diciendo a los vivos que no importan.

Reconstruir el sistema de respuesta, no solo los edificios. La reconstrucción que viene va a hablar de viviendas y de carreteras, porque eso se inaugura y se fotografía. Pero lo que falló primero fue la capacidad de respuesta, y eso no se inaugura. Defensa Civil, bomberos con maquinaria, protocolos, simulacros. Aburrido, invisible, y lo único que evitará que dentro de veinte años estemos escribiendo esto de nuevo.

Auditar cada dólar, venga de donde venga. Diecinueve mil seiscientos millones de daños. Trescientos cuarenta y seis recibidos del Fondo Monetario. Trece mil recaudados por Estados Unidos con petróleo venezolano, sin rendición de cuentas pública. La reconstrucción de Venezuela será la mayor operación de dinero de esta generación, y se está montando sin mecanismos de trazabilidad conocidos. Exigirlos ahora, mientras se define la arquitectura, es infinitamente más útil que denunciar el saqueo cuando ya ocurrió.

Y no dejar que nos cuenten otra cosa. Esto era lo que anoté la primera noche y sigue siendo lo más difícil. Ya empieza a circular la versión cómoda: que la solidaridad nos unió, que el Estado estuvo a la altura, que la tragedia sacó lo mejor del país. Lo primero y lo tercero son verdad. Lo segundo, no. Y mezclarlos es la forma más eficaz de que nadie responda por nada.

Termino donde empecé hace un mes, pero al revés. Aquella noche pedí disculpas por escribir mientras dolía. Hoy no pido ninguna, porque ya no estamos en la hora del rescate: estamos en la hora de las preguntas, y esa hora la anuncié yo mismo, así que me toca sostenerla.

La lección más dura de este mes no es que la tierra tiemble. Eso lo sabemos desde 1812 y lo seguiremos sabiendo. La lección dura es que un país puede tener vecinos capaces de sacar a trece mil personas de los escombros con las manos, y aun así no tener quien los cuente cuando mueren. Esa desproporción entre lo que la gente es capaz de hacer y lo que sus instituciones son capaces de garantizarle es, exactamente, el problema venezolano. No lo creó el terremoto. El terremoto solo lo puso donde nadie pudiera negarlo.

Que Dios proteja a cada venezolano, dije aquella noche. Lo repito. Y agrego lo que entonces apenas nos atrevíamos a anotar: que después del rescate viene la exigencia, y esa sí es tarea de todos, todos los días, hasta que contar a los muertos y cuidar a los vivos deje de ser una excepción en este país.

Alfredo Yánez Mondragón
Editor en jefe de INCÍSOS