INCISO

En Venezuela funciona un ordenamiento que invoca la Constitución cuando le conviene y la ignora cuando estorba. La propia Carta previó ese momento. Dos artículos, el 333 y el 350, dicen qué hacer: no reconocer lo que la contraría y trabajar, cada uno desde su lugar, para que vuelva a regir.

Por Alfredo Yánez Mondragón

Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, porque la respuesta incomoda a todos los que hoy se sientan a negociar: ¿está vigente la Constitución de Venezuela? Se la cita en los comunicados, se la invoca en los tribunales, se jura sobre ella. Pero si uno la abre y la compara con lo que ocurre, la respuesta honesta es que no rige. Lo que funciona en el país es otra cosa: un ordenamiento hecho de excepciones, que toma de la Carta de 1999 lo que le sirve y cierra los ojos ante lo que le estorba.

La buena noticia es que la Constitución previó exactamente este momento. Lo hizo en dos artículos que conviene leer completos, sin recortes ni consignas.

Lo que dicen

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

El 350 es el de la desobediencia: autoriza a no reconocer lo que contraría la democracia. El 333 es el de la reconstrucción: dice que la Constitución no muere porque se la deje de cumplir, y convierte en deber de todos, con cargo o sin él, el trabajo de devolverle su vigencia efectiva. Uno es la negativa; el otro, la obligación. Leídos juntos, no son un llamado al desorden. Son una hoja de ruta.

Los indicios

Decir que la Constitución no rige no es una frase. Es un inventario.

El poder ejecutivo. El 3 de enero, la Sala Constitucional declaró la «ausencia forzosa» de Nicolás Maduro y ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como presidenta encargada, según Runrunes. La figura no existe en la Carta. El artículo 233 regula la falta absoluta: si ocurre en los primeros cuatro años del período, se elige un nuevo presidente en los treinta días siguientes. El 234 regula la falta temporal: noventa días, prorrogables por otros noventa con la Asamblea Nacional. Han pasado casi diez meses. Cualquiera que sea la figura que se invoque, los plazos están vencidos, como recuerda Acceso a la Justicia citado por TalCual. Y la hoja de ruta que describe Washington habla de declarar la vacante cuando estén listos el nuevo TSJ y el nuevo CNE, y de seis meses para elegir. Seis meses no son treinta días.

Dos parlamentos. La Asamblea Nacional electa en 2015 tiene una delegación sentada en la mesa de Caracas, firma acuerdos y negocia garantías como si fuera un poder del Estado, aunque su período constitucional de cinco años terminó en 2021. Al mismo tiempo, la Asamblea electa en 2025, bajo un Consejo Nacional Electoral cuyas reglas y garantías nunca quedaron claras, legisla, reforma la Ley de Hidrocarburos y escoge a quienes filtrarán al nuevo Tribunal Supremo. Las dos se reconocen cuando hace falta y se ignoran cuando conviene. La Constitución prevé una sola.

Leyes que no existen. Siguen en vigor al menos doce «leyes constitucionales» dictadas por la Constituyente de 2017, una categoría que no aparece en ninguno de los 350 artículos de la Carta. La ley contra el odio es una de ellas, y se reforma con las reglas que dejó escritas la propia Constituyente. Lo documentamos en el especial Leyes sin rango.

Derechos políticos suspendidos sin juez. El artículo 42 dice que los derechos políticos solo se suspenden por sentencia judicial firme, y el 65 limita la inhabilitación a quienes hayan sido condenados. María Corina Machado fue ratificada como candidata por la Plataforma Unitaria, pero la inhabilitación administrativa sigue en pie.

Los árbitros. El artículo 296 dice que el CNE lo integran cinco personas no vinculadas a partidos, postuladas por la sociedad civil, las facultades de derecho y el Poder Ciudadano, y designadas por la Asamblea. El artículo 270 dice que el Comité de Postulaciones Judiciales lo integran representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Hoy el comité del nuevo TSJ lo integran diputados y doce civiles escogidos por diputados, como advirtió Ángel Alberto Bellorín en su columna, y la reforma del CNE que se discute no pasaría por la Asamblea, según el funcionario estadounidense citado por TalCual.

Los presos y el presupuesto. Foro Penal contaba 322 presos políticos al 5 de octubre, en un país cuya Constitución garantiza la libertad personal y el debido proceso. Y el presupuesto de 2027, que según los artículos 313 y 314 es la única base legal del gasto público, no se ha publicado. «Ninguna ley puede ser secreta», le recordó Transparencia Venezuela al Gobierno.

Por qué el 333 cambia la lectura

Ante ese inventario, hay dos tentaciones. La primera es dar la Constitución por muerta y empezar de cero, con otra constituyente, otro pacto, otro país. La segunda es fingir que rige y aceptar cada excepción como si fuera normal. El artículo 333 cierra las dos puertas. La Carta no ha perdido su vigencia: está suspendida de hecho, no derogada. Y si está vigente, cada acuerdo, cada ley y cada nombramiento se puede medir con una sola pregunta: ¿devuelve a la Constitución una parte de su vigencia, o la aleja un poco más?

Con esa regla, la transición deja de ser una conversación entre élites y se vuelve verificable. Un TSJ escogido como manda el 270 es un paso hacia la Constitución. Un CNE designado como manda el 296, también. La derogación de las leyes de la Constituyente, la restitución de los derechos políticos por vía judicial, la libertad de los presos políticos y una elección presidencial convocada conforme al 233 lo son. Todo lo que se haga por fuera de esas normas, aunque se presente como avance, posterga la vuelta.

El 350, por su parte, es lo que le da sentido a la calle. Cuando la gente sale a pedir una fecha, no desafía el orden: ejerce el derecho que la propia Constitución le reconoce de no aceptar como normal lo que contraría sus valores democráticos. Pero el 350 no es un cheque en blanco. Su límite está escrito en el mismo artículo: se desconoce lo que contraría la democracia y los derechos humanos, no lo que incomoda a un grupo. Por eso necesita al 333: la desobediencia sin reconstrucción se agota en la protesta.

El deber de todos

El 333 tiene una frase que conviene subrayar: el deber de colaborar en el restablecimiento de la Constitución es de «todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad». No excluye a nadie. Obliga a la presidenta encargada, que tendrá que entregar un cargo que la Carta nunca le dio por tanto tiempo. Obliga a las dos asambleas, que tendrán que dejar de comportarse como gobiernos paralelos. Obliga a los jueces, a los militares, a los negociadores de la mesa y a quienes, desde Washington, diseñan plazos que la Constitución no conoce. Y obliga a cada venezolano, dentro y fuera del país, a exigir que cada paso se mida con la Carta y no con la conveniencia.

Esta semana escribí que la desesperación por el poder no está en quien pide votar, sino en quien necesita que el día de votar no llegue. El 333 y el 350 explican por qué. Pedir una fecha no es pedir un favor: es pedir que la Constitución vuelva a regir.

Si dentro de unos meses el país tiene un TSJ, un CNE y una elección hechos como manda la Carta, habrá valido la pena aferrarse a estos dos artículos. Si no, al menos sabremos con precisión qué faltó. La Constitución no rige. Pero no ha perdido su vigencia. Esa diferencia es todo lo que tenemos, y es suficiente para empezar.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 42, 65, 233, 234, 270, 296, 313, 314, 333 y 350; Runrunes (3 de enero de 2026); TalCual, con EFE (26 de octubre de 2026); Foro Penal; Transparencia Venezuela.

INCISO

La presidenta encargada acusó a otros de estar desesperados por el poder desde una tarima, con el Estado detrás y sin fecha de elecciones. La desesperación no está en quien pide votar. Está en quien necesita que el día de votar no llegue.

El domingo, una mujer atravesó cinco estados en caravana. Once horas de carretera, peajes llenos, gente en las autopistas gritando «libertad». Nadie la llevó en autobús, nadie le pagó a nadie para que estuviera ahí. Llegó a Caracas de noche y dijo lo único que podía decir: cuánto necesitaba estar aquí.

El martes, otra mujer subió a una tarima en Guacara. Había música, un gobernador que anima como nadie, una comuna escogida por su votación y la transmisión del canal del Estado. Cantó, bailó, prometió salarios, luz y oro de Londres. Y desde esa tarima, con todo el aparato detrás, dijo que había visto a quienes están «desesperados por el poder».

Conviene detenerse en la frase, porque es de esas que se explican solas cuando se mira quién la dice.

Quién tiene qué

Delcy Rodríguez gobierna sin haber sido elegida para gobernar. Llegó a Miraflores por la captura de Nicolás Maduro, administra el petróleo con permiso de Washington, preside de hecho una mesa en la que su hermano negocia, controla el CNE que no se ha renovado y el TSJ que apenas se empieza a escoger. Tiene el poder. Lo que no tiene es un mandato.

María Corina Machado ganó una primaria con más del 92 % de los votos, fue inhabilitada para competir, vio cómo su candidato ganaba con actas en la mano y no se juramentaba, pasó un año en la clandestinidad, recibió un Nobel y volvió. Tiene el mandato que dan los votos. Lo que no tiene es una fecha para usarlo.

Una pide votar. La otra decide cuándo se vota. Basta poner las dos cosas una al lado de la otra para saber quién está desesperada.

La tarima para el show

Hay una frase más de aquel martes que no debería perderse. «Una cosa es la tarima para el show y otra cosa es el trabajo junto a la gente», dijo la presidenta encargada. Lo dijo en una tarima. Con un show. El lunes había llamado «show» a la caravana de Machado y le había recordado que «ahí están los aeropuertos». Como si el país no supiera por qué alguien que quiere volver a su casa no llega por Maiquetía.

Ese mismo martes, en Texas, Donald Trump llamaba «regalo» a un millón de barriles que su Gobierno pagó y proponía hacer de Venezuela el estado 51, con un gobernador en lugar de un presidente. Y en Washington, Marco Rubio hablaba de «plazos acordados» que nadie ha visto. Tres escenarios, una misma ausencia: en ninguno estuvo el día en que los venezolanos votarán.

Lo que delata la prisa

La desesperación por el poder no se nota en quien recorre carreteras pidiendo una fecha. Se nota en quien necesita llenar plazas con recursos públicos, usar el Mes Rosa como escenario y llamar show a lo ajeno mientras monta el propio. Se nota en quien prefiere un calendario secreto a uno público. Se nota en quien, teniéndolo todo, todavía no se atreve a medirse.

Si la presidenta encargada está tan segura del pueblo organizado que invocó en Guacara, la solución es sencilla y no requiere tarima: una fecha, un CNE nuevo, la habilitación de quien quiera competir y que gane quien saque más votos. Si no la pone, la frase de Guacara habrá quedado, para siempre, como una confesión.

Para leer más en INCÍSOS

1. Delcy Rodríguez hace campaña sin haber fijado la fecha de elecciones: la tarima de Guacara.
2. Machado cambia la carretera por la sede de su partido: la caravana y lo que viene.

Fuentes principales: teleSUR, Prensa Latina, Cactus24, Contrapunto y La Nación (26 y 27 de octubre de 2026); Infobae y Libertad Digital, sobre el regreso de Machado; Infobae y The Washington Post, sobre Trump; AP, sobre Rubio.

Dicen que fue un show. Que dejen el show.

Lo dicen mientras caminan en cámara lenta para un video. Mientras cuidan el encuadre, administran el gesto y ensayan la serenidad. La procesión va por dentro; la edición intenta que no se note.

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello escogieron la misma palabra para descalificar el regreso de María Corina Machado. «Show». Una palabra cómoda: les permite hablar de la dirigente sin hacerse cargo de la gente.

Porque ahí está lo que les cuesta admitir.

El 25 de octubre hubo un escenario itinerante, impresionante, construido a lo largo de una carretera por ciudadanos que salieron a recibirla. Una manifestación de esperanza colectiva. Cada tramo añadía personas, voces, manos. Y algo que ningún aparato de propaganda puede producir por decreto: la voluntad de estar allí.

Reducir aquello a un espectáculo es despreciar a quienes participaron. Suponer que no tienen razones, memoria ni criterio. Que alguien los coloca, los mueve, los utiliza. Que el ciudadano solo adquiere dignidad política cuando aplaude al poder.

Ese desprecio tiene historia.

Durante años, el chavismo ha pretendido reservarse la representación del pueblo. Lo invoca, lo interpreta, habla en su nombre. Pero cuando ese mismo pueblo aparece por su cuenta, cuando ocupa la calle alrededor de un liderazgo que el poder no controla, lo rebaja a una escenografía.

Ellos deciden cuándo una multitud es pueblo y cuándo es un show.

Justo ellos. Los herederos de una política que convirtió el gobierno en una transmisión permanente. Los expertos en musicalizar la crisis, en bailar mientras tantas familias lloraban, en hacer de la humillación ajena un segmento de televisión.

Ahora les incomoda la puesta en escena.

Cabe preguntarse cuánto de esa descalificación intenta ocultar una inquietud más profunda. Quienes hoy detentan el poder administran una provisionalidad condicionada por Washington. Conservar el despacho, la escolta y la cadena de televisión no equivale a disponer libremente del futuro.

La cámara lenta puede alargar una caminata. No vuelve permanente un encargo.

Y el regreso de Machado introduce una presencia que no pueden resolver con un comunicado ni borrar con una burla. Hay una fuerza política y ciudadana que exige contar en las decisiones sobre Venezuela. Puede discutirse su estrategia, cuestionarse sus propuestas, exigirle respuestas. Eso es política. Despachar a sus seguidores como figurantes revela la dificultad de reconocerlos como ciudadanos.

Tampoco conviene confundir la emoción de una jornada con una transición consumada. La esperanza necesita organización, garantías, instituciones y votos que se cuenten. Ninguna multitud, por impresionante que sea, sustituye ese trabajo.

Pero ninguna negociación debería pretender sustituir a la gente.

Ese es el peso de lo ocurrido: recordar que el país tiene voz propia, que no cabe entero en una mesa y que no está obligado a esperar en silencio mientras otros deciden cuándo podrá elegir.

Pueden seguir llamándolo show.

El problema que tienen es que la gente salió del papel que le habían asignado.