Política
Diego Arria: quien firma el retiro no representa a Venezuela
Quien presentó la denuncia original ante la CPI en 2011 califica el retiro de maniobra para eludir la justicia, y recuerda que retirarse de un organismo nunca borró los crímenes ya cometidos.
Quién habla
La reacción proviene de una voz con autoridad singular sobre este tema. Diego Arria fue representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y llegó a presidir el Consejo de Seguridad. Y, sobre todo, fue quien presentó en noviembre de 2011 una de las denuncias que sentaron las bases del proceso que la Corte Penal Internacional sigue hoy contra funcionarios venezolanos.
No es, por tanto, un comentarista externo. Es una de las partes históricas del caso que el gobierno de Delcy Rodríguez ahora busca abandonar. Esa condición le da a su reacción un peso que conviene registrar antes de examinar sus argumentos.
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Conseguir en Amazon →El primer eje: quién decide
El planteamiento central de Arria es de legitimidad. Sostiene que ni quien firma el anuncio ni quien lo ordena tienen entidad para tomar una decisión de esa naturaleza en nombre de Venezuela.
Sobre el canciller Félix Plasencia —quien notificó el retiro a través de un mensaje difundido el 24 de julio— y sobre Delcy Rodríguez, a quien el comunicado oficial designa presidenta encargada, Arria argumenta que sus funciones habrían cesado y que el arreglo bajo el cual ejercen responde a un acuerdo con Estados Unidos, no a una representación legítima del Estado venezolano.
INCÍSOS registra ese argumento como la posición de Arria. La cuestión de la legitimidad de origen del actual gobierno de transición es, precisamente, uno de los puntos en disputa entre los distintos factores de la oposición, como este medio ha documentado. Arria se ubica en el extremo que niega toda representatividad al arreglo vigente.
El segundo eje: retirarse no borra los crímenes
El argumento más sustancial de Arria es el que compara esta decisión con un precedente concreto.
En abril de 2017, el gobierno de Nicolás Maduro inició el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, invocando el artículo 143 de su Carta. La maniobra se presentó entonces, también, como un acto de soberanía frente a un organismo supuestamente parcializado. Arria sostiene que aquel retiro buscaba desvincularse de las denuncias por los abusos cometidos en la región, y que retirarse de un organismo nunca borró los hechos ya ocurridos.
La analogía apunta a la CPI: según Arria, el objetivo real de la salida sería intentar liberar de responsabilidad a un grupo de funcionarios del chavismo señalados por delitos documentados. En sus palabras, se trata de huir de las acciones eventuales de la Corte.
Aquí conviene una precisión jurídica, porque fortalece el fondo del argumento de Arria aunque matiza su formulación. Arria afirma que, al retirarse, esos funcionarios quedarían liberados de las penas. El propio Estatuto de Roma establece lo contrario, y ese es precisamente el punto: el artículo 127, el mismo que Caracas invocó, dispone que la denuncia surte efecto un año después, no exonera de las obligaciones previas y no afecta las investigaciones ni los procedimientos ya iniciados. Los crímenes de lesa humanidad, además, no prescriben.
Es decir: la maniobra que Arria denuncia no produce el efecto que él teme, pero por la misma razón tampoco produce el efecto que sus autores buscan. La investigación abierta en 2021 continúa. Salir del tribunal no libera a nadie de una causa ya en curso.
El precedente que lo confirma
La historia reciente ofrece un caso que ilustra exactamente ese punto. Filipinas denunció el Estatuto de Roma mientras estaba bajo investigación, y su retiro se hizo efectivo. Aun así, el expresidente Rodrigo Duterte terminó puesto a disposición de la Corte, con cargos confirmados por crímenes de lesa humanidad. La salida de su país no detuvo el procedimiento.
El mismo principio que desmiente el temor de Arria desmiente la estrategia del gobierno que él critica. Ambos —el que teme la impunidad y el que la busca— se equivocan sobre el efecto de la denuncia, y se equivocan por la misma cláusula.
La comparación con la OEA, examinada
El paralelo que traza Arria con la OEA tiene un valor adicional que merece desarrollarse.
El retiro de la OEA de 2017 nunca llegó a consumarse plenamente en los términos que Maduro pretendía. En marzo de 2019, en el marco de la disputa por la representación del Estado, se revocó aquel acto de denuncia antes de que se cumpliera el plazo, y la cuestión de si Venezuela seguía siendo parte quedó envuelta en la misma disputa de legitimidad que hoy rodea todo lo venezolano.
La lección que Arria extrae es que estos gestos de retiro funcionan más como declaración política que como blindaje jurídico. Sirven para proclamar soberanía ante una audiencia interna, pero no cierran las puertas que pretenden cerrar.
Lo que queda planteado
La reacción de Arria condensa la contradicción de fondo de esta decisión. Quienes la toman la presentan como un acto de soberanía; quienes la critican la leen como un intento de fuga. Pero el dato jurídico, verificable y ajeno a ambas lecturas, es que la denuncia del Estatuto de Roma no detiene la causa abierta.
Queda planteada, eso sí, una pregunta que trasciende el caso: cómo se concilia el retiro de la principal instancia de justicia penal internacional con el proceso de transición que arranca el 1 de agosto, en el que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos figura entre las materias pendientes. Salir de la Corte no cancela las causas abiertas, pero sí clausura una vía hacia el futuro. Y esa decisión la está tomando, como subraya Arria, un gobierno cuya legitimidad de origen es objeto de disputa.
Alfredo Yánez
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El presidente estadounidense respondió el viernes 24 de julio que Venezuela «no está realmente lista» para votar. Elogió a Delcy Rodríguez, vinculó el estado del país al flujo de crudo y no mencionó ninguna fecha. Es la primera vez que el aplazamiento se enuncia desde el nivel presidencial.
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Conseguir en Amazon →| Qué | Trump declaró que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque afirmó que hubo «mucho progreso». |
| Quién | Donald Trump; Delcy Rodríguez, presidenta encargada; la Asamblea Nacional de 2015; María Corina Machado. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, a tres días del segundo aniversario del 28 de julio de 2024. |
| Dónde | Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington. |
| Por qué | Washington ejerce tutela sobre el gobierno de transición desde el 3 de enero y no ha fijado calendario electoral. |
| Cómo | Mediante una respuesta a la prensa, sin documento, sin condiciones verificables y sin plazo de cierre. |
La frase que sustituye a un calendario
«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ha avanzado mucho», respondió Trump a los periodistas en el Despacho Oval el viernes 24 de julio, según las coberturas de Reuters, AFP y EFE. Añadió una valoración sobre la jefa del gobierno de transición: «Delcy está haciendo un trabajo fantástico».
Consultado sobre cuándo llegarían los comicios, el mandatario ofreció una fórmula temporal sin contenido: en algún momento estarán listos y su gobierno estará pendiente. No hay fecha. No hay umbral. No hay lista de condiciones que, una vez cumplidas, activen la convocatoria.
Esa ausencia es el hecho, no el adorno del hecho. Desde el 7 de enero de 2026, cuando el secretario de Estado Marco Rubio expuso ante el Congreso el plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición—, la crítica sostenible no ha sido que Washington improvise. Es que ninguna de las tres fases tiene fecha de cierre. La declaración del viernes traslada ese vacío del documento técnico a la boca del presidente.
Qué cambia cuando lo dice el presidente
Hasta ahora, el aplazamiento se administraba en el nivel diplomático. Rubio hablaba de secuencias, de reinstitucionalización, de infraestructura electoral confiable. Ese lenguaje admite lectura de proceso: las cosas tardan porque son complejas.
Cuando el aplazamiento lo enuncia el presidente de Estados Unidos, en respuesta directa y sin matiz técnico, deja de ser una etapa y se convierte en una posición. La diferencia importa para quien está adentro: un venezolano que espera votar ya no está esperando que termine un trámite, está esperando que cambie una decisión política tomada en otro país.
El crudo en la misma respuesta
En la misma intervención, Trump vinculó explícitamente la situación venezolana con el volumen de petróleo que llega a refinerías estadounidenses y con el beneficio económico mutuo. La secuencia argumental quedó expuesta: el país progresa, el crudo fluye, la gestión es buena, las elecciones no tocan todavía.
El día anterior, el jueves 23 de julio, durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, el propio Trump había afirmado que su secretario de Energía, Chris Wright, «está dirigiendo Venezuela». Leídas juntas, las dos declaraciones dibujan un orden de prioridades que no requiere interpretación forzada.
El calendario que sí existe
Hay una fecha firme en el tablero, y no es electoral. El 1 de agosto se instala el foro entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Delcy Rodríguez, con Washington como facilitador. Rubio lo confirmó el 19 de julio y volvió sobre el asunto el jueves 23.
De modo que el segundo semestre venezolano tiene mesa pero no urnas. Y la distancia entre esas dos cosas —una negociación instalada y una elección sin fecha— es exactamente el espacio donde se juega la legitimidad de todo el proceso.
Los dos años
El martes 28 de julio se cumplen dos años de la elección presidencial de 2024, aquella cuyos resultados el Consejo Nacional Electoral nunca publicó desagregados. El aniversario llegará con una declaración presidencial estadounidense diciendo que todavía no es momento de volver a votar.
Para los venezolanos en Estados Unidos que sostienen el envío de remesas, los trámites y la espera, la señal es concreta: el retorno no tiene fecha porque la normalización institucional tampoco la tiene.
Fuentes principales: Reuters, AFP, EFE y NTN24 (declaraciones de Trump del 24 de julio de 2026); Efecto Cocuyo e Infobae (declaraciones de Trump sobre Chris Wright del 23 de julio); MercoPress y TalCual (anuncios de Marco Rubio del 19 y 23 de julio sobre el foro del 1 de agosto).
Al cumplirse un mes del doblete sísmico del 24 de junio, el gobierno de transición difundió una reconstrucción documental de su reacción «desde los primeros minutos». Dos evaluaciones técnicas independientes miden esa misma reacción y llegan a una conclusión opuesta: el Estado alcanzó apenas 12,6% de su despliegue máximo en las primeras 24 horas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | El gobierno de transición difundió documentos oficiales para demostrar que reaccionó al sismo desde los primeros minutos. |
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada; Radio Nacional de Venezuela; Transparencia Venezuela en el Exilio; el Miranda Center. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, un mes exacto después del doblete sísmico del 24 de junio. |
| Dónde | Caracas y el estado La Guaira, epicentro de la destrucción. |
| Por qué | La gestión de la emergencia es el principal pasivo político del gobierno de transición ante la mesa del 1 de agosto. |
| Cómo | Mediante la divulgación selectiva de registros internos difundidos por los medios del Estado, sin auditoría externa. |
La operación documental
Radio Nacional de Venezuela informó que la presidenta encargada presentó una reconstrucción detallada de las primeras 72 horas tras el doblete sísmico, con la divulgación de archivos que registran los primeros minutos de la emergencia, la toma de decisiones y la activación de los protocolos de gestión de riesgo. Según esa difusión, los documentos permiten visibilizar la capacidad de reacción del Estado y la articulación de la respuesta.
La elección del formato no es casual. No se trata de una rueda de prensa con preguntas ni de un informe sometido a contraste. Es un archivo presentado por quien lo produjo, difundido por los medios que ese mismo gobierno controla, en el aniversario de mes de un desastre que dejó, según el balance oficial ofrecido el 23 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, 5.398 fallecidos y 16.740 heridos.
Lo que miden los informes técnicos
Transparencia Venezuela en el Exilio publicó una evaluación titulada «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», que compara la actuación venezolana con los estándares Insarag y Sphere y con desastres recientes en Turquía-Siria, Japón, Haití, Chile y China.
Sus cifras son específicas. Venezuela alcanzó 12,6% de su pico de despliegue nacional a las 24 horas, 34,6% a las 48 horas y 59,7% al octavo día. El máximo declarado de funcionarios desplegados, 31.837, no se reportó hasta el 12 de julio: dieciocho días después del sismo y quince días después del umbral crítico de las 72 horas.
El desglose del salvamento resulta más elocuente que el total. De las 19.861 personas que sobrevivieron hasta el 2 de julio, entre 13.400 y 13.500 se autoevacuaron y 6.462 fueron rescatadas por equipos. El informe concluye que el salvamento dependió de la autoevacuación y del rescate local temprano, no de una capacidad de búsqueda y rescate urbano desplegada a tiempo.
No aparece una cifra nacional identificable de rescatistas especializados. Ese componente llegó casi íntegramente del exterior: la Operación Amistad de India trasladó en dos aviones C-17 un hospital de campaña con quirófanos, cuidados intensivos y capacidad para 200 pacientes, y Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña en La Guaira.
La segunda evaluación
Un análisis del Miranda Center, centro de estudios con sede en Washington, documenta que la ventana crítica de 72 horas transcurrió sin una operación coordinada por el Estado y sostiene que la cifra oficial de muertos podría estar muy por debajo de la real. El mismo trabajo registra la magnitud de la respuesta internacional: más de 60 equipos de búsqueda y rescate y más de 2.400 socorristas de 29 países.
Las contradicciones del propio relato
El informe de Transparencia Venezuela señala una inconsistencia en el discurso oficial: el 2 de julio la presidenta encargada informó de un despliegue de 14.000 personas y, en la misma intervención, habló de 11.000 funcionarios. También registra la brecha entre las 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas del reporte oficial y las mediciones independientes.
Persiste además una diferencia de 10.139 personas cuyo destino no ha sido explicado públicamente, un número que coincide con el anuncio del coordinador humanitario de Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, sobre la adquisición urgente de 10.000 bolsas para cadáveres.
El 23 de julio, Protección Civil desmintió a través del Ministerio de Comunicación que se hubieran producido rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 de La Guaira. Un mes después del sismo, familias siguen buscando restos entre los edificios derrumbados de Caraballeda.
Por qué ahora
La secuencia temporal ordena la lectura. El foro de transición se instala el 1 de agosto. La capacidad de gestión del gobierno encargado es el argumento con el que llega a esa mesa, y el manejo de la emergencia es el episodio que más la erosiona. Reconstruir los primeros minutos, un mes después y sin contradictorio, es un acto de política interna antes que un ejercicio de rendición de cuentas.
Que el mismo 24 de julio la presidenta encargada encabezara ascensos militares y pidiera un toque de silencio por las víctimas completa el cuadro: el duelo y la defensa de la gestión, administrados en la misma jornada.
Fuentes principales: Radio Nacional de Venezuela (difusión oficial del 24 de julio de 2026); Transparencia Venezuela en el Exilio, informe «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», reseñado por Infobae el 15 y 16 de julio; Miranda Center, reseñado por El Colombiano; El Tiempo (análisis de rescates registrados); Telemundo y EFE (balance oficial y situación en La Guaira al 23 de julio).
El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó veinte denuncias ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE. La decisión de litigar en el nivel local llegó después de que el Departamento de Estado devolviera las cartas diplomáticas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | México presentó 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales en operativos migratorios o bajo custodia del ICE. |
| Quién | La Secretaría de Relaciones Exteriores; el embajador Roberto Lazzeri; el Departamento de Estado a través de Michael Kozak. |
| Cuándo | Las denuncias se interpusieron el 13 de julio y se anunciaron el miércoles 22 de julio de 2026. |
| Dónde | Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. |
| Por qué | La vía diplomática federal quedó bloqueada cuando Washington devolvió las cartas de protesta mexicanas. |
| Cómo | Ocho denuncias ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos. |
Una ruta que no es la habitual
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el miércoles 22 de julio que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el 13 de julio veinte denuncias: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos.
La geografía del reclamo dibuja el mapa de la aplicación migratoria: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. El 14 de julio, además, la Embajada remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, con solicitud formal de abrir investigaciones e informar sobre el avance de cada expediente.
El movimiento anterior explica este
La elección de fiscalías locales no es una preferencia procesal. Es lo que queda cuando se cierra el canal principal.
Días antes, el Departamento de Estado devolvió a México las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones de personal estadounidense en territorio soberano y recomendó a México usar los canales diplomáticos habituales.
La respuesta mexicana consistió en dejar de tocar la puerta federal y empezar a tocar veinte puertas locales. Un fiscal de condado en Georgia o en Misuri no responde ante el Departamento de Estado. Responde ante un electorado.
Qué significa para el hispano en Estados Unidos
Aquí está el desplazamiento que conviene entender. Durante años, la protección consular funcionó como un servicio: documentos, asistencia, acompañamiento. Lo que está ocurriendo es distinto. Un Estado extranjero está actuando como litigante activo dentro del sistema penal estadounidense, en jurisdicciones concretas, por hechos concretos.
Eso abre una pregunta práctica para cualquier familia hispana con un pariente detenido: qué puede hacer un consulado cuando el canal federal está cerrado. La respuesta mexicana sugiere que la red consular pasó de acompañar a documentar con vocación probatoria. La Cancillería informó que mantiene acompañamiento permanente a las familias de los 17 fallecidos, con asesoría y representación jurídica.
Para las comunidades de origen centroamericano y sudamericano, sin un aparato consular de esa escala, el contraste es duro: los mismos hechos, distinta capacidad de respuesta.
El caso que aceleró todo
La tensión bilateral escaló tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Las acciones anunciadas forman parte del seguimiento a las medidas que Claudia Sheinbaum ordenó el 9 de julio.
México también solicitó apoyo de Naciones Unidas para el seguimiento de los casos.
El contexto de volumen
Las 17 muertes no ocurren en un sistema estable. Según datos citados por La Jornada a partir de registros de la Universidad de Syracuse, la tasa diaria de arrestos del ICE superó los 1.300 en junio —el total mensual más alto de la actual administración— y llegó a 1.474 detenciones diarias en los primeros once días de julio en los sitios con datos disponibles.
Cuando el volumen de detención crece más rápido que la capacidad de supervisión, la probabilidad de incidentes graves deja de ser una anomalía estadística. Ese es, en el fondo, el argumento que México está llevando a veinte fiscalías distintas.
Fuentes principales: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicado del 22 de julio de 2026; EFE y Europa Press (detalle de las denuncias); Telemundo y El Tiempo (declaraciones de Michael Kozak y devolución de cartas); La Jornada y Universidad de Syracuse (cifras de arrestos de junio y julio).
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