Política
No hacíamos estudios de suelo»: la frase que persigue a la Misión Vivienda
Una frase pronunciada en 2021 volvió al centro del debate cuando los complejos de la Misión Vivienda cedieron ante el sismo. El propio autor la matizó después. Ambas versiones, examinadas.
La frase
En 2021, durante un foro llamado «Vivienda en Lucha» celebrado en Madrid, el arquitecto y exministro Francisco Sesto —conocido como Farruco Sesto, figura central de la Gran Misión Vivienda Venezuela— pronunció una frase que hoy lo persigue. Defendiendo el programa, explicó el ritmo de las entregas con una franqueza que entonces pasó casi inadvertida: «No hacíamos estudio de suelos. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas».
Un estudio de suelos es el análisis técnico que determina la composición, la resistencia y la capacidad de carga de un terreno, y es la base para diseñar cimientos seguros. Ante un sismo es decisivo, porque revela cómo el terreno amplificará las ondas y si es propenso a hundirse o a licuarse.
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Conseguir en Amazon →Aquella frase permaneció archivada hasta que, el 24 de junio de 2026, el doble sismo hizo ceder a numerosos complejos del programa. Entonces volvió, con toda su carga.
El desmentido del propio autor
Aquí está el elemento que convierte este caso en algo más que una cita incómoda. Después del sismo, y ante la circulación masiva de su declaración de 2021, el propio Sesto publicó un texto extenso defendiendo la Misión Vivienda en el que afirma, palabra por palabra, lo contrario de lo que dijo en Madrid.
En ese escrito sostiene que «los estudios de suelo, diseños y cálculos de fundaciones y estructura, adecuación de los terrenos, construcción de pilotes, construcción y equipamiento de las edificaciones, fueron realizados por empresas privadas especializadas».
Es decir: la misma persona, sobre el mismo programa, dijo en 2021 que no se hacían estudios de suelo y en 2026 que sí se hacían, a cargo de empresas privadas. INCÍSOS no necesita adjudicar cuál de las dos versiones es la cierta para señalar el hecho central: el máximo responsable del programa se contradice a sí mismo sobre el punto técnico más sensible, y lo hace justo cuando ese punto se volvió materia de vida o muerte.
La diferencia de contexto es elocuente. La primera frase se pronunció presumiendo de eficiencia, cuando nadie preguntaba. La segunda se escribió a la defensiva, cuando los edificios ya habían caído.
Lo que denunciaron antes del desastre
La declaración de Sesto no es una voz aislada. Se inserta en un historial de advertencias técnicas que precedieron al sismo por años, y ese historial es lo que impide despachar el asunto como una simple polémica de citas.
La organización Transparencia Venezuela documentó, desde 2017, que diversos proyectos de la Gran Misión Vivienda se edificaron sobre fallas geológicas y zonas de riesgo, sin cumplir los estándares de construcción. Entre los casos que reseña figuran tres especialmente ilustrativos.
El urbanismo Brisas del Alba, en Mérida, construido cerca del río Albarregas, en un área declarada de alto riesgo mediante un decreto presidencial de 1979. Es decir, se construyó vivienda social en una zona que el propio Estado había clasificado como peligrosa cuatro décadas antes.
Ciudad Tavacare, en Barinas, donde según la organización se omitieron los trabajos de pilotaje destinados a estabilizar el terreno antes de levantar las edificaciones.
Y el conjunto Estrellas Revolucionarias, en Caracas, donde las pantallas atirantadas —elementos de contención— no se completaron, dejando las estructuras sin la base necesaria.
El mapa del riesgo, complejo por complejo
El ingeniero Francisco Belloc desarrolló, en un hilo público difundido tras conocerse las declaraciones de Sesto, por qué el asunto es más grave de lo que su escasa repercusión sugiere. Su aporte es traducir la denuncia general a la geología concreta de cada terreno, y por eso conviene recogerlo con crédito.
Sobre el urbanismo Estrellas Revolucionarias, en La Rinconada, Caracas, Belloc señala que se construyó sobre taludes inestables cuyas pantallas atirantadas de contención quedaron inconclusas, lo que deja las edificaciones expuestas a deslizamientos o a movimientos telúricos cercanos.
Sobre Ciudad Hugo Chávez, en la zona sur de Valencia, apunta que se levantó sobre la cuenca del Lago de Valencia, con suelos arcillosos y sedimentarios que amplifican el riesgo de asentamientos diferenciales ante un sismo, salvo que las fundaciones se hubieran diseñado específicamente para esa condición.
Y sobre Ciudad Tavacare, en Barinas, describe un caso similar: extensas planicies de suelos aluviales y sedimentarios, formados por el depósito histórico de los ríos de la región piedemontana, un terreno especialmente delicado.
El concepto que conecta los tres casos es el de asentamiento diferencial: cuando un suelo cede de manera desigual bajo una estructura, la edificación se agrieta o colapsa aunque los materiales sean correctos. Un estudio de suelos es, precisamente, lo que anticipa ese comportamiento y determina qué tipo de fundación se necesita. Belloc concluye su exposición pidiendo una averiguación urgente sobre el alcance real de lo que admitió Sesto, para garantizar la seguridad de las familias que aún habitan esos complejos.
INCÍSOS recoge su análisis como una contribución técnica al debate. Su valor no está en cerrar la discusión, sino en precisar dónde habría que mirar: cada uno de esos suelos exige verificación caso por caso, que es exactamente lo que la falta de documentación ha impedido.
Lo que dicen los ingenieros
El gremio técnico ha sido igualmente claro, y conviene recoger sus palabras con precisión porque introducen los matices necesarios.
El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, describió a France 24 las viviendas públicas del programa como construcciones levantadas, en muchos casos, «sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos». El Colegio ha alertado en distintos informes sobre la escasa información pública disponible acerca de los estudios de suelo realizados antes de construir.
Hay un dato del gremio que agrava el anterior. El expresidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, ha declarado que la institución nunca recibió los planos ni los cálculos estructurales de varios proyectos de la Misión Vivienda, lo que impedía realizar revisiones técnicas independientes. No se trata solo de que faltaran estudios de suelo: es que no existía la documentación que permitiera a un tercero verificar si las obras eran seguras. Un constructor con más de cuarenta años de trabajo en La Guaira lo resumió al New York Times en cuatro palabras: «No había interés técnico».
Al mismo tiempo, los especialistas introducen una cautela que este reportaje no puede omitir sin faltar al rigor. Varios ingenieros consultados por medios internacionales advirtieron que todavía es prematuro atribuir las fallas únicamente a la calidad constructiva sin estudios técnicos detallados posteriores al sismo. Señalaron la incidencia del terreno y de fenómenos como la resonancia o el «efecto de sitio», que intensifica las ondas sísmicas en suelos blandos. El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes, observó que algunas estructuras pequeñas sufrieron daños más severos que edificios más altos que quedaron en pie, algo que puede deberse al período estructural de cada edificación y su coincidencia con el del movimiento.
Ese matiz importa: un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 habría dañado también construcciones correctas. La pregunta no es si el sismo fue devastador —lo fue—, sino cuánto del daño era evitable con los estudios y controles que debieron existir.
El dato económico que agrava la pregunta
Hay una cifra que vuelve la omisión aún más difícil de explicar. La Cámara Venezolana de la Construcción calculó que cada vivienda de la Gran Misión costó alrededor de 82.000 dólares, una cifra que duplica la media latinoamericana para este tipo de construcción.
Es decir: no se trató de un programa low cost donde la escasez de recursos obligara a recortar estudios. Se pagó por encima del estándar regional. Que con ese presupuesto se hayan omitido estudios de suelo —si se omitieron— traslada la pregunta del terreno técnico al del destino de los recursos. Y ahí es donde el asunto conecta con las denuncias de corrupción en la adjudicación de contratos que diversas organizaciones vienen formulando desde hace años.
La respuesta oficial
Ante los cuestionamientos, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha ofrecido una respuesta puntual: que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado, no directamente por el Estado.
El argumento tiene un límite evidente. Aun si la ejecución material recayó en empresas privadas —como sostiene también el texto de descargo de Sesto—, la contratación, la supervisión y la recepción de las obras correspondían al Estado. Delegar la construcción no delega la responsabilidad de controlar que se hiciera bien. Y uno de los complejos más afectados, conocido como «Ciudad Chávez», fue construido por una empresa turca precisamente en el marco del programa estatal.
Lo que está en juego ahora
El asunto dejó de ser retrospectivo. Se ha propuesto crear una comisión —incluso con carácter supranacional— para determinar responsabilidades en el colapso de los edificios. Y el gobierno anunció la construcción de 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias damnificadas.
Ahí reside la urgencia de esclarecer lo ocurrido con los estudios de suelo. Si la reconstrucción se ejecuta con la misma premura que, según su propia declaración de 2021, guió a la Misión Vivienda —«teníamos mucha urgencia por entregar»—, se corre el riesgo de repetir sobre las mismas zonas los errores que multiplicaron las víctimas.
La frase de Farruco Sesto importa, en definitiva, no por lo que revela del pasado, sino por lo que advierte sobre el futuro. Un país que va a reconstruir decenas de miles de viviendas necesita responder, antes de poner el primer bloque, la pregunta que esa frase dejó abierta: ¿se estudió el suelo? Esta vez, la respuesta debería constar por escrito y ser pública, para que ninguna futura declaración tenga que desmentir a la anterior.
Alfredo Yánez
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El presidente estadounidense respondió el viernes 24 de julio que Venezuela «no está realmente lista» para votar. Elogió a Delcy Rodríguez, vinculó el estado del país al flujo de crudo y no mencionó ninguna fecha. Es la primera vez que el aplazamiento se enuncia desde el nivel presidencial.
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Conseguir en Amazon →| Qué | Trump declaró que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque afirmó que hubo «mucho progreso». |
| Quién | Donald Trump; Delcy Rodríguez, presidenta encargada; la Asamblea Nacional de 2015; María Corina Machado. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, a tres días del segundo aniversario del 28 de julio de 2024. |
| Dónde | Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington. |
| Por qué | Washington ejerce tutela sobre el gobierno de transición desde el 3 de enero y no ha fijado calendario electoral. |
| Cómo | Mediante una respuesta a la prensa, sin documento, sin condiciones verificables y sin plazo de cierre. |
La frase que sustituye a un calendario
«En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente preparados para ellas, pero vaya, se ha avanzado mucho», respondió Trump a los periodistas en el Despacho Oval el viernes 24 de julio, según las coberturas de Reuters, AFP y EFE. Añadió una valoración sobre la jefa del gobierno de transición: «Delcy está haciendo un trabajo fantástico».
Consultado sobre cuándo llegarían los comicios, el mandatario ofreció una fórmula temporal sin contenido: en algún momento estarán listos y su gobierno estará pendiente. No hay fecha. No hay umbral. No hay lista de condiciones que, una vez cumplidas, activen la convocatoria.
Esa ausencia es el hecho, no el adorno del hecho. Desde el 7 de enero de 2026, cuando el secretario de Estado Marco Rubio expuso ante el Congreso el plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición—, la crítica sostenible no ha sido que Washington improvise. Es que ninguna de las tres fases tiene fecha de cierre. La declaración del viernes traslada ese vacío del documento técnico a la boca del presidente.
Qué cambia cuando lo dice el presidente
Hasta ahora, el aplazamiento se administraba en el nivel diplomático. Rubio hablaba de secuencias, de reinstitucionalización, de infraestructura electoral confiable. Ese lenguaje admite lectura de proceso: las cosas tardan porque son complejas.
Cuando el aplazamiento lo enuncia el presidente de Estados Unidos, en respuesta directa y sin matiz técnico, deja de ser una etapa y se convierte en una posición. La diferencia importa para quien está adentro: un venezolano que espera votar ya no está esperando que termine un trámite, está esperando que cambie una decisión política tomada en otro país.
El crudo en la misma respuesta
En la misma intervención, Trump vinculó explícitamente la situación venezolana con el volumen de petróleo que llega a refinerías estadounidenses y con el beneficio económico mutuo. La secuencia argumental quedó expuesta: el país progresa, el crudo fluye, la gestión es buena, las elecciones no tocan todavía.
El día anterior, el jueves 23 de julio, durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, el propio Trump había afirmado que su secretario de Energía, Chris Wright, «está dirigiendo Venezuela». Leídas juntas, las dos declaraciones dibujan un orden de prioridades que no requiere interpretación forzada.
El calendario que sí existe
Hay una fecha firme en el tablero, y no es electoral. El 1 de agosto se instala el foro entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Delcy Rodríguez, con Washington como facilitador. Rubio lo confirmó el 19 de julio y volvió sobre el asunto el jueves 23.
De modo que el segundo semestre venezolano tiene mesa pero no urnas. Y la distancia entre esas dos cosas —una negociación instalada y una elección sin fecha— es exactamente el espacio donde se juega la legitimidad de todo el proceso.
Los dos años
El martes 28 de julio se cumplen dos años de la elección presidencial de 2024, aquella cuyos resultados el Consejo Nacional Electoral nunca publicó desagregados. El aniversario llegará con una declaración presidencial estadounidense diciendo que todavía no es momento de volver a votar.
Para los venezolanos en Estados Unidos que sostienen el envío de remesas, los trámites y la espera, la señal es concreta: el retorno no tiene fecha porque la normalización institucional tampoco la tiene.
Fuentes principales: Reuters, AFP, EFE y NTN24 (declaraciones de Trump del 24 de julio de 2026); Efecto Cocuyo e Infobae (declaraciones de Trump sobre Chris Wright del 23 de julio); MercoPress y TalCual (anuncios de Marco Rubio del 19 y 23 de julio sobre el foro del 1 de agosto).
Al cumplirse un mes del doblete sísmico del 24 de junio, el gobierno de transición difundió una reconstrucción documental de su reacción «desde los primeros minutos». Dos evaluaciones técnicas independientes miden esa misma reacción y llegan a una conclusión opuesta: el Estado alcanzó apenas 12,6% de su despliegue máximo en las primeras 24 horas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | El gobierno de transición difundió documentos oficiales para demostrar que reaccionó al sismo desde los primeros minutos. |
| Quién | Delcy Rodríguez, presidenta encargada; Radio Nacional de Venezuela; Transparencia Venezuela en el Exilio; el Miranda Center. |
| Cuándo | Viernes 24 de julio de 2026, un mes exacto después del doblete sísmico del 24 de junio. |
| Dónde | Caracas y el estado La Guaira, epicentro de la destrucción. |
| Por qué | La gestión de la emergencia es el principal pasivo político del gobierno de transición ante la mesa del 1 de agosto. |
| Cómo | Mediante la divulgación selectiva de registros internos difundidos por los medios del Estado, sin auditoría externa. |
La operación documental
Radio Nacional de Venezuela informó que la presidenta encargada presentó una reconstrucción detallada de las primeras 72 horas tras el doblete sísmico, con la divulgación de archivos que registran los primeros minutos de la emergencia, la toma de decisiones y la activación de los protocolos de gestión de riesgo. Según esa difusión, los documentos permiten visibilizar la capacidad de reacción del Estado y la articulación de la respuesta.
La elección del formato no es casual. No se trata de una rueda de prensa con preguntas ni de un informe sometido a contraste. Es un archivo presentado por quien lo produjo, difundido por los medios que ese mismo gobierno controla, en el aniversario de mes de un desastre que dejó, según el balance oficial ofrecido el 23 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, 5.398 fallecidos y 16.740 heridos.
Lo que miden los informes técnicos
Transparencia Venezuela en el Exilio publicó una evaluación titulada «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», que compara la actuación venezolana con los estándares Insarag y Sphere y con desastres recientes en Turquía-Siria, Japón, Haití, Chile y China.
Sus cifras son específicas. Venezuela alcanzó 12,6% de su pico de despliegue nacional a las 24 horas, 34,6% a las 48 horas y 59,7% al octavo día. El máximo declarado de funcionarios desplegados, 31.837, no se reportó hasta el 12 de julio: dieciocho días después del sismo y quince días después del umbral crítico de las 72 horas.
El desglose del salvamento resulta más elocuente que el total. De las 19.861 personas que sobrevivieron hasta el 2 de julio, entre 13.400 y 13.500 se autoevacuaron y 6.462 fueron rescatadas por equipos. El informe concluye que el salvamento dependió de la autoevacuación y del rescate local temprano, no de una capacidad de búsqueda y rescate urbano desplegada a tiempo.
No aparece una cifra nacional identificable de rescatistas especializados. Ese componente llegó casi íntegramente del exterior: la Operación Amistad de India trasladó en dos aviones C-17 un hospital de campaña con quirófanos, cuidados intensivos y capacidad para 200 pacientes, y Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña en La Guaira.
La segunda evaluación
Un análisis del Miranda Center, centro de estudios con sede en Washington, documenta que la ventana crítica de 72 horas transcurrió sin una operación coordinada por el Estado y sostiene que la cifra oficial de muertos podría estar muy por debajo de la real. El mismo trabajo registra la magnitud de la respuesta internacional: más de 60 equipos de búsqueda y rescate y más de 2.400 socorristas de 29 países.
Las contradicciones del propio relato
El informe de Transparencia Venezuela señala una inconsistencia en el discurso oficial: el 2 de julio la presidenta encargada informó de un despliegue de 14.000 personas y, en la misma intervención, habló de 11.000 funcionarios. También registra la brecha entre las 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas del reporte oficial y las mediciones independientes.
Persiste además una diferencia de 10.139 personas cuyo destino no ha sido explicado públicamente, un número que coincide con el anuncio del coordinador humanitario de Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, sobre la adquisición urgente de 10.000 bolsas para cadáveres.
El 23 de julio, Protección Civil desmintió a través del Ministerio de Comunicación que se hubieran producido rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 de La Guaira. Un mes después del sismo, familias siguen buscando restos entre los edificios derrumbados de Caraballeda.
Por qué ahora
La secuencia temporal ordena la lectura. El foro de transición se instala el 1 de agosto. La capacidad de gestión del gobierno encargado es el argumento con el que llega a esa mesa, y el manejo de la emergencia es el episodio que más la erosiona. Reconstruir los primeros minutos, un mes después y sin contradictorio, es un acto de política interna antes que un ejercicio de rendición de cuentas.
Que el mismo 24 de julio la presidenta encargada encabezara ascensos militares y pidiera un toque de silencio por las víctimas completa el cuadro: el duelo y la defensa de la gestión, administrados en la misma jornada.
Fuentes principales: Radio Nacional de Venezuela (difusión oficial del 24 de julio de 2026); Transparencia Venezuela en el Exilio, informe «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto», reseñado por Infobae el 15 y 16 de julio; Miranda Center, reseñado por El Colombiano; El Tiempo (análisis de rescates registrados); Telemundo y EFE (balance oficial y situación en La Guaira al 23 de julio).
El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó veinte denuncias ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE. La decisión de litigar en el nivel local llegó después de que el Departamento de Estado devolviera las cartas diplomáticas.
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Conseguir en Amazon →| Qué | México presentó 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales en operativos migratorios o bajo custodia del ICE. |
| Quién | La Secretaría de Relaciones Exteriores; el embajador Roberto Lazzeri; el Departamento de Estado a través de Michael Kozak. |
| Cuándo | Las denuncias se interpusieron el 13 de julio y se anunciaron el miércoles 22 de julio de 2026. |
| Dónde | Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. |
| Por qué | La vía diplomática federal quedó bloqueada cuando Washington devolvió las cartas de protesta mexicanas. |
| Cómo | Ocho denuncias ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos. |
Una ruta que no es la habitual
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el miércoles 22 de julio que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el 13 de julio veinte denuncias: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos.
La geografía del reclamo dibuja el mapa de la aplicación migratoria: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. El 14 de julio, además, la Embajada remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, con solicitud formal de abrir investigaciones e informar sobre el avance de cada expediente.
El movimiento anterior explica este
La elección de fiscalías locales no es una preferencia procesal. Es lo que queda cuando se cierra el canal principal.
Días antes, el Departamento de Estado devolvió a México las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones de personal estadounidense en territorio soberano y recomendó a México usar los canales diplomáticos habituales.
La respuesta mexicana consistió en dejar de tocar la puerta federal y empezar a tocar veinte puertas locales. Un fiscal de condado en Georgia o en Misuri no responde ante el Departamento de Estado. Responde ante un electorado.
Qué significa para el hispano en Estados Unidos
Aquí está el desplazamiento que conviene entender. Durante años, la protección consular funcionó como un servicio: documentos, asistencia, acompañamiento. Lo que está ocurriendo es distinto. Un Estado extranjero está actuando como litigante activo dentro del sistema penal estadounidense, en jurisdicciones concretas, por hechos concretos.
Eso abre una pregunta práctica para cualquier familia hispana con un pariente detenido: qué puede hacer un consulado cuando el canal federal está cerrado. La respuesta mexicana sugiere que la red consular pasó de acompañar a documentar con vocación probatoria. La Cancillería informó que mantiene acompañamiento permanente a las familias de los 17 fallecidos, con asesoría y representación jurídica.
Para las comunidades de origen centroamericano y sudamericano, sin un aparato consular de esa escala, el contraste es duro: los mismos hechos, distinta capacidad de respuesta.
El caso que aceleró todo
La tensión bilateral escaló tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, fallecido el 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Las acciones anunciadas forman parte del seguimiento a las medidas que Claudia Sheinbaum ordenó el 9 de julio.
México también solicitó apoyo de Naciones Unidas para el seguimiento de los casos.
El contexto de volumen
Las 17 muertes no ocurren en un sistema estable. Según datos citados por La Jornada a partir de registros de la Universidad de Syracuse, la tasa diaria de arrestos del ICE superó los 1.300 en junio —el total mensual más alto de la actual administración— y llegó a 1.474 detenciones diarias en los primeros once días de julio en los sitios con datos disponibles.
Cuando el volumen de detención crece más rápido que la capacidad de supervisión, la probabilidad de incidentes graves deja de ser una anomalía estadística. Ese es, en el fondo, el argumento que México está llevando a veinte fiscalías distintas.
Fuentes principales: Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicado del 22 de julio de 2026; EFE y Europa Press (detalle de las denuncias); Telemundo y El Tiempo (declaraciones de Michael Kozak y devolución de cartas); La Jornada y Universidad de Syracuse (cifras de arrestos de junio y julio).
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