Tres años, tres ensayos. El retiro de las parlamentarias del 4 de diciembre de 2005, anunciado a cinco días de la elección. La candidatura de Manuel Rosales en 2006 por consenso, no por primarias. Y un primer triunfo opositor —el referendo del 2 de diciembre de 2007— ganado no por los partidos sino por una generación estudiantil que despertó cuando el gobierno cerró Radio Caracas Televisión.

El segundo vacío, distinto al primero

Entre el revocatorio del 15 de agosto de 2004 y el Acuerdo de Unidad Nacional de enero de 2008, la oposición venezolana atravesó otro vacío. No idéntico al de 1999-2000 —cuando los partidos del Pacto de Puntofijo simplemente no estaban como sujeto—. Esta vez los partidos sí estaban, pero seguían sin saber cómo operar tras la disolución silenciosa de la Coordinadora Democrática.

Lo que ocupó ese vacío fue una combinación que el archivo opositor venezolano nunca volvería a tener: tres procesos electorales en tres años, dos derrotas por método propio y un triunfo ganado por actores externos al sistema partidista. La conseja popular sobre la oposición de aquella época suele simplificarla en una palabra —abstención— y pasar de largo. El archivo dice algo más complejo: que entre 2005 y 2007 la oposición venezolana ensayó tres formas distintas de relacionarse con el sistema electoral chavista, y que ninguna funcionó como sus impulsores esperaban. La que sí terminó funcionando —el referendo del 2 de diciembre de 2007— la ganó un actor que no estaba en el sistema de partidos.

Esta pieza reconstruye los tres ensayos: el retiro de 2005, el consenso de 2006, y la victoria estudiantil de 2007.

El retiro de 2005: cinco días antes

Las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 fueron el primer gran ensayo opositor post-Coordinadora. Y fueron también el primer experimento del archivo con una estrategia que se volvería recurrente: el retiro electoral como acto político.

Durante todo 2005, la dirigencia opositora había mantenido una postura ambigua respecto a las parlamentarias. Por un lado, había candidatos inscritos en distintos partidos; por otro, los voceros públicos cuestionaban las condiciones electorales —las máquinas Smartmatic, el sistema de captahuellas, la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral— como herencia directa del fraude denunciado del revocatorio de 2004. La ambigüedad se mantuvo hasta el final.

El 29 de noviembre de 2005, a cinco días de la elección, Acción Democrática, COPEI y Proyecto Venezuela —encabezado por Henrique Salas Römer en Carabobo— anunciaron formalmente el retiro de sus candidaturas a la Asamblea Nacional. El argumento público: no había garantías técnicas para asegurar el secreto del voto. El captahuellas, según la denuncia opositora, vinculaba la huella digital del elector con el registro de su voto, anulando el principio de voto secreto.

El retiro de último minuto produjo dos efectos. El primero, electoral: la abstención alcanzó el 75% del padrón, y el oficialismo —agrupado en el MVR y sus aliados, con la maniobra de listas duplicadas llamada coloquialmente «las morochas»— obtuvo los 167 escaños de la Asamblea Nacional, sin un solo diputado opositor. Por primera y única vez en la historia venezolana, el Poder Legislativo quedó bajo control absoluto de una sola coalición política.

El segundo efecto, institucional, fue de larga duración. La Asamblea Nacional electa en 2005 nombró durante su período a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con plazos constitucionales de doce años, a rectores del CNE, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Esos nombramientos definieron la arquitectura institucional venezolana hasta entrada la década de 2020. La oposición se ausentó del proceso de nombramiento y luego pasaría años denunciando la falta de independencia de esos cuerpos. Esa contradicción —retirarse del proceso y luego denunciar sus consecuencias— se convertiría en patrón.

La narrativa opositora posterior reformuló el retiro como decisión heroica. La evidencia documental sugiere algo distinto: el retiro no fue una estrategia diseñada con anticipación, fue una decisión tardía tomada cuando ya era previsible que los partidos no tendrían fuerza suficiente para ganar la mayoría parlamentaria. Como ha documentado el historiador Andrés Cañizález en sus análisis posteriores publicados en PolítiKa UCAB, «en general se daba por un hecho que los factores de oposición no concurrirían a las elecciones legislativas, se intentó elevar cierto dramatismo mediático y el anuncio formal se dejó para último momento».

El consenso de 2006: la primaria que no fue

Las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 enfrentaron a Hugo Chávez con un candidato unitario opositor. La conseja popular tiende a recordar ese hecho como un primer ejercicio exitoso de unidad. El archivo, otra vez, dice algo más matizado.

Manuel Rosales —gobernador del Zulia desde 2000 por Un Nuevo Tiempo, partido que él había fundado en 1999 en ruptura con AD— no llegó a la candidatura presidencial por primarias. Llegó por consenso. Y el consenso fue una solución pragmática a una primaria que se había estado discutiendo durante todo el primer semestre de 2006 y que terminó no realizándose.

Hubo un acuerdo en preparación. Julio Borges, fundador de Primero Justicia, Teodoro Petkoff, exguerrillero del MAS reconvertido en analista político y editor del diario Tal Cual, y Manuel Rosales habían trabajado durante meses en un esquema de primarias para definir el candidato unitario. Otros precandidatos —Sergio Omar Calderón, Roberto Smith— se habían sumado a las conversaciones. La idea era construir el primer mecanismo competitivo de selección opositora desde la disolución de la Coordinadora.

El esquema no se realizó. Las razones documentadas son varias: dificultades técnicas para organizar la consulta con garantías; presiones sobre el tiempo electoral —la presidencial era en diciembre y la mecánica de primarias requería al menos seis meses de preparación—; y, sobre todo, el cálculo político de que Rosales tenía la mayor capacidad de movilización territorial gracias a su base zuliana. Borges y Petkoff retiraron sus precandidaturas en agosto de 2006, dejando el camino libre a Rosales como candidato por consenso.

Rosales obtuvo el respaldo formal de 43 organizaciones políticas. La campaña fue intensa pero corta: apenas cuatro meses entre la designación y la elección. El resultado del 3 de diciembre de 2006: Hugo Chávez 62,84% con 7.309.080 votos · Manuel Rosales 36,90% con 4.292.466 votos. Una distancia de veintiséis puntos. Esa diferencia, en términos absolutos, era mayor que cualquier derrota opositora anterior.

La derrota de Rosales tuvo un efecto particular: a diferencia del revocatorio de 2004, esta vez la oposición sí aceptó el resultado. Rosales lo reconoció públicamente la misma noche del 3 de diciembre. Esa aceptación, contradictoriamente, también marcó algo: era la primera derrota electoral opositora del siglo XXI que se asumió como tal. Pero la asunción no tuvo correlato organizativo. No produjo reagrupación, no fortaleció estructura, no construyó dirección colectiva. Rosales volvió a la gobernación del Zulia y la oposición nacional volvió a fragmentarse en sus aparatos partidistas separados.

Mayo de 2007: el cierre que despertó a una generación

En diciembre de 2006, en su discurso de reelección, Hugo Chávez anunció que no renovaría la concesión a Radio Caracas Televisión, la cadena privada más antigua de Venezuela —operaba desde 1953— y la más vinculada con la oposición política. La concesión vencía el 27 de mayo de 2007 y el gobierno no la renovaría.

El anuncio activó algo que ni el gobierno ni la oposición partidista esperaban. Durante los meses de abril y mayo de 2007, en las universidades públicas y privadas venezolanas —la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Monteávila y otras— comenzó a organizarse un movimiento estudiantil que rechazaba la decisión gubernamental como ataque a la libertad de expresión.

RCTV cerró la señal abierta entre las once y cincuenta y nueve minutos de la noche del 27 de mayo de 2007 y las cero horas del 28 de mayo. El acto final fue la transmisión del Himno Nacional con imágenes del país y la despedida de la planta. La concesión pasó a la nueva señal estatal TVes.

En las semanas siguientes, el movimiento estudiantil tomó las calles de Caracas y otras ciudades con marchas que ningún partido había convocado y ningún partido podía liderar. Yon Goicoechea, estudiante de Derecho de la UCAB; Freddy Guevara, también de la UCAB; Stalin González, de la UCV; Juan Guaidó, de la Universidad Católica Andrés Bello; Miguel Pizarro y Juan Requesens, de la UCV; Gaby Arellano, de la Universidad de los Andes; Daniel Ceballos, de la Universidad de Carabobo. Era una generación nueva, sin militancia partidista previa, articulada por redes universitarias y por las plataformas digitales que entonces empezaban a transformar la comunicación política.

La novedad no fue solo el movimiento. Fue lo que el movimiento dijo. Como observaron analistas del momento, muchos de los líderes estudiantiles aclaraban públicamente que no eran antichavistas. Eran ciudadanos defendiendo libertades. La distinción importaba: por primera vez en una década había una oposición política activa en Venezuela que no se definía como tal en términos de bloque polarizado. Era una oposición de causas, no de aparatos.

El 2 de diciembre de 2007: el primer triunfo

El 15 de agosto de 2007, Hugo Chávez presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional con 33 artículos. La Asamblea —de control oficialista total tras el retiro de 2005— añadió 36 artículos más, llegando a 69 artículos de reforma divididos en dos bloques de votación, A y B.

Los artículos eran ambiciosos: reelección presidencial indefinida; eliminación de la autonomía universitaria en términos vinculantes; eliminación de la autonomía del Banco Central; redefinición de la propiedad privada con la introducción de la «propiedad social»; reducción de la jornada laboral a seis horas; militarización funcional de la Fuerza Armada Bolivariana. La propuesta refundaba en términos sustantivos la Constitución de 1999.

La campaña por el «No» fue, contra los pronósticos de todos los analistas, ganada en buena medida por el movimiento estudiantil. Los partidos políticos opositores se sumaron, pero no condujeron. Algunos partidos —AD, Bandera Roja, Alianza Bravo Pueblo, Alianza Popular, Comando Nacional de la Resistencia— habían inicialmente convocado a la abstención, considerando que el referendo sería fraudulento. Cinco días antes de la elección, esos partidos cambiaron su posición y apoyaron la opción del «No». Pero el peso movilizador del «No» lo cargó el movimiento estudiantil, junto con el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Chávez que se distanció públicamente del proyecto de reforma.

El resultado del 2 de diciembre de 2007: por primera vez en una década, el chavismo perdió una elección nacional. Bloque A: NO 50,70% con 4.504.354 votos · SÍ 49,29% con 4.379.392 votos. Bloque B: NO 51,05% con 4.522.332 votos · SÍ 48,94% con 4.335.136 votos. La diferencia fue de aproximadamente 125.000 votos en cada bloque. Una victoria estrecha, pero verificable: las cifras se computaron, las actas se publicaron, los observadores certificaron el resultado, y el propio Hugo Chávez —en una transmisión nocturna que ha quedado en el archivo audiovisual— aceptó la derrota, no con la fórmula serena del «por ahora no pudimos» del 4 de febrero de 1992, sino con una frase distinta, cargada de resentimiento y de advertencia: «sepan administrar su victoria de mierda». La diferencia entre las dos frases —separadas por quince años de poder— es relevante: el Chávez derrotado de 2007 ya no era el insurgente derrotado de 1992.

Esa aceptación del resultado por parte del chavismo es, en perspectiva, uno de los hechos más significativos del archivo electoral venezolano de los últimos treinta años. Fue la única vez que un proceso electoral perdido por el oficialismo fue reconocido por el propio oficialismo sin disputa. La cifra se publicó, el cómputo se aceptó, la propuesta se archivó. Esa secuencia —pérdida electoral, cómputo público, asunción de derrota por las dos partes— es la única vez que el archivo venezolano la registra completa.

Y la ganaron, principalmente, los estudiantes.

Lo que dejó la generación 2007

El triunfo del 2 de diciembre de 2007 sacudió el archivo opositor venezolano de una manera que la conseja popular subestima. No solo porque demostró que el chavismo podía ser derrotado en una urna —cosa que ya se había sospechado pero no comprobado—. Sino porque demostró que se podía hacer oposición ganadora sin que los partidos tradicionales fueran sujeto principal. Los estudiantes habían hecho lo que la Coordinadora Democrática había intentado y no había logrado: derrotar a Chávez en condiciones de cómputo público.

Lo que pasó con esa generación a partir de 2008 es parte de la pieza siguiente. Por ahora basta registrar el dato: Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Stalin González, Juan Guaidó, Miguel Pizarro, Gaby Arellano, Daniel Ceballos y los otros líderes estudiantiles del 2007 entraron al sistema político venezolano sin partido propio. Juan Requesens, frecuentemente asociado a esta generación, no pertenece a ella: su presencia pública comienza con los eventos estudiantiles de 2014, no con los del cierre de RCTV de 2007. La estructura opositora que se gestó entre 2008 y 2009 —el Acuerdo de Unidad Nacional primero, la Mesa de la Unidad Democrática después— los absorbería como cuadros jóvenes de partidos preexistentes o emergentes: Primero Justicia, Voluntad Popular (fundada por Leopoldo López en 2009), Un Nuevo Tiempo, Alianza Bravo Pueblo. La generación 2007, en otras palabras, fue partidizada por la MUD.

Lo que veintidós años después la mesa de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026 sigue sin asimilar es el alcance estructural de aquel triunfo. La conseja «son los mismos de siempre» tiende a leer la generación 2007 como continuidad histórica de los partidos —porque en eso se convirtió esa generación a partir de 2008—. Pero en su origen, en mayo y diciembre de 2007, esa generación fue una oposición sin partido, sin estructura, sin aparato, sin coordinación nacional, y aun así ganó la única elección venezolana del siglo XXI en que las dos partes aceptaron el resultado. Que esa lección no se haya conservado como modelo organizativo es una de las preguntas más serias que el archivo deja abiertas.

La pieza siguiente del especial reconstruye la transición: cómo entre 2008 y 2010 los partidos opositores —rearmados sobre los actores civiles del pasado, los estudiantes del 2007 ya partidizados, y los nuevos liderazgos regionales (Capriles ganando Miranda en 2008 contra Diosdado Cabello)— construyeron la Mesa de la Unidad Democrática. Y cómo las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 fueron el primer regreso del bloque opositor a la Asamblea Nacional tras el retiro de 2005.

La tercera mesa opositora venezolana del siglo XXI, esta vez sí construida desde los partidos. Treinta y dos meses, tres procesos electorales, un primer regreso territorial y un primer regreso a la Asamblea Nacional. Pero también: la generación estudiantil del 2007 partidizada, la sociedad civil sin lugar, y el método del consenso como virtud y como límite.

La tercera mesa, esta vez desde los partidos

La Mesa de la Unidad Democrática nació, según el testimonio de quienes participaron en su gestación, en una reunión privada entre los principales líderes opositores durante marzo y abril de 2009. Su presentación formal pública ocurrió en el último trimestre de aquel mismo año. La narrativa que la propia coalición construyó después situó su fundación más atrás, el 23 de enero de 2008, mediante un documento denominado Acuerdo de Unidad Nacional, asociándola simbólicamente al aniversario cincuenta de la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Esa fecha simbólica funcionó después como acta de bautismo retrospectivo, pero la fundación operativa de la MUD fue la del segundo trimestre de 2009. Lo de 2008 fue un acuerdo programático previo entre partidos. Lo de 2009 fue la coalición operando como tal.

El Acuerdo de Unidad Nacional de 2008 fue propuesto por Luis Ignacio Planas, entonces secretario general nacional de COPEI, y definía objetivos comunes para enfrentar electoralmente al chavismo. Ese documento estableció la voluntad de unidad pero no creó la estructura. La MUD propiamente dicha vino después. Era la tercera mesa opositora del siglo XXI venezolano. Y era, por primera vez, una mesa construida desde los partidos.

El cambio importa. Las dos mesas anteriores —la unidad de cuatro días de 1998 y la Coordinadora Democrática de 2002— habían sido respuestas extrapartidistas: la primera, un endoso tardío de partidos en colapso a un candidato no surgido de su aparato; la segunda, una coalición civil con los partidos sumándose después. La MUD invirtió la fórmula. Esta vez los partidos eran el sujeto principal, y la sociedad civil, los gobernadores territoriales y la generación estudiantil del 2007 —Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Stalin González, Juan Guaidó, Miguel Pizarro, Juan Requesens— quedaron como actores incorporados, integrados como cuadros jóvenes de partidos preexistentes o emergentes.

Esa inversión tuvo consecuencias estructurales que el archivo opositor venezolano arrastra hasta hoy. La conseja popular suele leer la MUD como continuidad lineal de la Coordinadora —«la oposición que se reorganiza»—. El archivo dice algo más preciso: la MUD no continuó la Coordinadora, la sustituyó con otra lógica organizativa. La Coordinadora había operado bajo conducción civil, con los partidos como apoyo. La MUD operó bajo conducción partidista, con los actores civiles como apoyo. El sujeto cambió. Lo que vino después está construido sobre esa transición.

Los partidos que firmaron

El Acuerdo de Unidad Nacional fue firmado en su versión inicial por una decena de organizaciones políticas. Los principales: Acción Democrática —que regresaba al sistema electoral tras el retiro de 2005—; COPEI, cuyo secretario general había impulsado el acuerdo; Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, todavía gobernador del Zulia; Primero Justicia, fundado en el año 2000 por Julio Borges, Henrique Capriles, Leopoldo López y Carlos Ocariz, entonces el partido con más empuje en el centro-norte del país; Proyecto Venezuela, encabezado por la familia Salas en Carabobo; Movimiento al Socialismo (MAS); Convergencia; La Causa R; Alianza Bravo Pueblo, fundada por Antonio Ledezma; Solidaridad, el partido de Teodoro Petkoff.

A esa lista se sumarían en los meses siguientes varias organizaciones más, hasta superar las veinte. Pero los pesos pesados —los que tenían capacidad de movilización territorial real— eran cinco: AD, COPEI, UNT, Primero Justicia y Proyecto Venezuela. Las demás funcionaban como aliados o como fuerzas testimoniales.

Voluntad Popular, el partido que Leopoldo López fundaría en 2009 tras su expulsión de Un Nuevo Tiempo, no existía aún en enero de 2008. López, alcalde de Chacao desde 2000 y reelegido en 2004, era todavía militante de UNT cuando se firmó el Acuerdo. Su trayectoria política particular —la inhabilitación de agosto de 2008, la fundación de su propio partido en 2009— vendría a marcar uno de los puntos de mayor tensión interna de la coalición naciente.

Aveledo, el método del consenso

Con el Acuerdo de Unidad Nacional de enero de 2008 quedó establecida la voluntad de coalición, pero ésta funcionó durante el año electoral sin estructura ejecutiva propia. La selección de candidatos para las regionales de finales de aquel año se hizo mayoritariamente por consenso entre los líderes partidistas, con el papel facilitador de Teodoro Petkoff —exguerrillero del MAS, fundador del diario Tal Cual, una de las voces editoriales más respetadas del momento—. Petkoff fue, en aquel proceso de 2008, el conciliador que permitió que partidos con diferencias programáticas profundas acordaran candidaturas unitarias en estados clave. La estructura ejecutiva propiamente dicha de la coalición —la que se llamaría Mesa de la Unidad Democrática— se formaría en privado entre marzo y abril de 2009 y se presentaría públicamente en el último trimestre de aquel año.

Henrique Capriles, alcalde de Baruta desde 2000 por Primero Justicia, fue seleccionado por consenso como candidato a la gobernación de Miranda. Era una decisión política importante: Miranda, el estado más estratégico del centro del país y limítrofe con el Distrito Federal, estaba en manos de Diosdado Cabello —el hombre fuerte del chavismo, dirigente histórico del MVR y luego del PSUV, que había ganado el cargo en 2004 derrotando a Enrique Mendoza—. Capriles asumía el reto de enfrentarlo desde Primero Justicia, en alianza con UNT, COPEI, AD y otras fuerzas opositoras.

La selección de Antonio Ledezma como candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas, también por consenso, no fue tan limpia. Hubo tres precandidatos opositores principales: Leopoldo López —de UNT, con la mayor popularidad en encuestas, 65,1% de aprobación según el Instituto Venezolano de Datos en mayo de 2008—; Augusto Uribe; y el propio Ledezma, fundador de Alianza Bravo Pueblo y exalcalde del municipio Libertador entre 1996 y 2000. Cuando en agosto de 2008 la Contraloría General de la República inhabilitó a Leopoldo López para ocupar cargos públicos por presuntas irregularidades administrativas en su gestión de Chacao y en PDVSA durante los años noventa, el candidato más fuerte salió de la papeleta. UNT inscribió entonces a William Ojeda como alternativa. Ledezma siguió. El resultado fue una candidatura opositora dividida que terminó ganándose con el apoyo de los partidos cuyo precandidato había quedado fuera. Ese precedente —la inhabilitación administrativa como herramienta para sacar candidatos del juego— sería usado sistemáticamente por el oficialismo en los años siguientes.

En marzo de 2009, la coalición formalizó su estructura ejecutiva. Ramón Guillermo Aveledo —politólogo, exdirigente de COPEI, exsecretario del Congreso Nacional en los años ochenta— asumió como secretario ejecutivo de lo que ya empezaba a llamarse Mesa de la Unidad Democrática. Aveledo se mantendría en el cargo hasta el 30 de julio de 2014, cuando renunciaría tras el resultado de las presidenciales de 2013 y las protestas de 2014. Su gestión de cinco años y medio definió la mecánica operativa de la MUD: consenso entre partidos como método principal, primarias parciales como excepción, vocería compartida, ausencia de candidato unitario nacional hasta cuando fuera estrictamente necesario.

La reestructuración formal de la coalición ocurrió el 8 de junio de 2009. Ese día, el Acuerdo de Unidad Nacional fue rearticulado bajo la nueva denominación —Mesa de la Unidad Democrática— con once unidades de trabajo: relaciones internacionales, sociedad civil, estrategia electoral, programa de gobierno, finanzas, comunicación, organización territorial, y otras. La MUD adquiría la arquitectura de una organización política propia, aunque sin tarjeta electoral autónoma. La tarjeta MUD sería autorizada provisionalmente por el CNE en octubre de 2010 y legalizada formalmente en abril de 2012.

23 de noviembre de 2008: el regreso territorial

Las regionales del 23 de noviembre de 2008 fueron el primer test electoral de la coalición. Se disputaban veintidós de las veintitrés gobernaciones del país —Amazonas se eligió fuera del calendario—, dos alcaldías distritales y trescientas veintiséis alcaldías municipales. El oficialismo competía bajo la sigla del recién fundado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), surgido en 2007 como integración del MVR con varios partidos aliados; los disidentes chavistas —el PPT y otros— competían por separado.

El resultado opositor fue limitado pero significativo. La oposición ganó cinco gobernaciones: Miranda (Henrique Capriles derrotó a Diosdado Cabello); Zulia (Pablo Pérez, sucesor de Manuel Rosales, mantuvo el estado para UNT); Carabobo (Henrique Salas Feo, hijo de Salas Römer, recuperó el estado para Proyecto Venezuela); Táchira (César Pérez Vivas para COPEI); Nueva Esparta (Morel Rodríguez para Alianza Bravo Pueblo). Y ganó la Alcaldía Mayor de Caracas con Antonio Ledezma, que obtuvo el 52,42% de los votos contra Aristóbulo Istúriz.

El PSUV ganó las otras diecisiete gobernaciones más el control de la mayoría de alcaldías y consejos legislativos. En términos cuantitativos, la victoria oficialista era abrumadora. En términos estratégicos, las cinco gobernaciones opositoras eran las cinco más estratégicas: Miranda y Zulia concentraban casi un tercio del padrón electoral nacional; Carabobo era el motor industrial del país; Táchira, frontera con Colombia; Nueva Esparta, polo turístico. Y la Alcaldía Mayor de Caracas era el cargo simbólico por excelencia de la oposición urbana.

Capriles asumió Miranda el 4 de diciembre de 2008 con el discurso de la «gestión por encima de la confrontación». Su modelo —gestión territorial visible, lenguaje de centro, distancia del antichavismo militante— sería el que él mismo llevaría como propuesta política a la primaria de febrero de 2012 y a las dos candidaturas presidenciales de 2012 y 2013. La pieza siguiente del especial documenta esa trayectoria.

El gobierno respondió al resultado de noviembre de 2008 con un movimiento institucional que tendría consecuencias largas. El 30 de abril de 2009, la Asamblea Nacional —de control oficialista total tras el retiro opositor de 2005— aprobó la Ley del Distrito Capital, que transfirió la mayoría de las funciones, el presupuesto y el personal de la Alcaldía Metropolitana de Caracas a una nueva Jefatura de Gobierno del Distrito Capital designada directamente por el presidente. Ledezma quedó como alcalde mayor de un cargo vaciado: con título, sin funciones reales. Era la primera aplicación sistemática de una técnica que se repetiría en los años siguientes: cuando la oposición ganara un territorio importante, el oficialismo crearía una estructura paralela que absorbiera sus funciones.

15 de febrero de 2009: la enmienda que la oposición perdió

El 15 de febrero de 2009, la oposición venezolana se enfrentó a su segundo gran test electoral del año. El gobierno había convocado un referendo para enmendar cinco artículos de la Constitución de 1999 —artículos 160, 162, 174, 192 y 230— con un objetivo central: eliminar el límite a la reelección continua de todos los cargos de elección popular, incluida la presidencia. Era, en términos prácticos, una reedición parcial de la reforma derrotada el 2 de diciembre de 2007, pero presentada como propuesta acotada y no como rediseño constitucional.

Los resultados oficiales: SÍ 6.319.636 votos (54,86%) · NO 5.198.006 votos (45,13%), con una abstención del 30,08%. Una diferencia de aproximadamente un millón cien mil votos a favor de la enmienda. El chavismo recuperaba en la urna lo que había perdido catorce meses antes.

La derrota opositora del 15 de febrero de 2009 fue, en perspectiva, más importante de lo que la conseja popular reconoce. Tres lecturas vale rescatar.

Primera lectura: el movimiento estudiantil, que había sido protagonista del triunfo de 2007, no logró repetir su capacidad de movilización en 2009. Algunos de sus líderes —Goicoechea, Guevara, González— ya estaban integrados como cuadros jóvenes de partidos (PJ, UNT). Otros mantenían cierta independencia pero sin la estructura organizativa que habían tenido en mayo y diciembre de 2007. La generación 2007 había sido eficaz como insurgencia cívica; absorbida por el sistema partidista, ya no era la misma fuerza.

Segunda lectura: la oposición había aceptado el marco temporal de la enmienda —«es una pregunta acotada, no una refundación constitucional»— y se había concentrado en argumentar contra la reelección indefinida. El gobierno, en cambio, había convertido el referendo en plebiscito sobre Chávez personalmente, movilizando la maquinaria estatal completa. Esa asimetría de marcos —pregunta acotada contra plebiscito personal— se repetiría en futuros procesos.

Tercera lectura: el resultado del 15 de febrero de 2009 fue aceptado por la oposición sin disputas mayores. No hubo denuncias sistemáticas de fraude, no hubo protestas significativas, no hubo cuestionamiento profundo del proceso. La oposición venezolana —por primera vez desde el revocatorio de 2004— asumía una derrota electoral con cómputo público sin convertirla en plataforma de impugnación. Esa aceptación fue saludable democráticamente y al mismo tiempo, paradójicamente, sin correlato organizativo: la MUD no usó la derrota como insumo para reorganización.

26 de septiembre de 2010: el voto popular contra el sistema de escaños

Las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 fueron el primer regreso opositor a la Asamblea Nacional tras el retiro de 2005. Cinco años de ausencia de la oposición habían permitido al oficialismo nombrar magistrados del TSJ, rectores del CNE, fiscal general, contralor y defensor del pueblo. Esos nombramientos, hechos durante el quinquenio 2005-2010, definirían la arquitectura institucional venezolana por más de una década.

La MUD seleccionó sus candidatos con un método mixto: el 87% por acuerdo de los partidos, el 13% restante en primarias parciales celebradas el 25 de abril de 2010 en ocho estados del país. Era la primera vez que la coalición usaba primarias como mecanismo de selección, aunque limitadas. La preparación de las parlamentarias mostró las dos cosas a la vez: la MUD podía coordinar candidaturas únicas en 165 circunscripciones, y al mismo tiempo no estaba lista para someter al voto militante todas las disputas internas.

El resultado del 26 de septiembre, en voto popular, fue una paridad casi exacta. PSUV: 5.399.574 votos. MUD: 5.320.000 votos aproximadamente, alrededor del 47%. Diferencia de aproximadamente un punto porcentual entre las dos coaliciones. Patria Para Todos —disidente chavista— aportó otro 3%. Si se cuentan los votos opositores en sentido amplio, la oposición había ganado el voto popular de las parlamentarias por primera vez en una década.

Pero el resultado en escaños fue otro. PSUV: 98 escaños. MUD: 65 escaños. PPT: 2 escaños. De un total de 165. La aplicación del sistema electoral mayoritario —reforzado por la Ley Orgánica de Procesos Electorales aprobada por la Asamblea oficialista en 2009— produjo una desproporcionalidad significativa: con apenas un punto más de voto popular, el oficialismo retuvo el 59,39% de los escaños y privó a la oposición de la posibilidad de mayoría calificada. El sistema electoral, configurado durante los años de retiro opositor, funcionaba como amortiguador estructural.

La oposición denunció la desproporcionalidad pero no la convirtió en cuestionamiento del resultado. Asumió los 65 escaños y empezó a usarlos como plataforma legislativa de oposición. Como en febrero de 2009, había una aceptación del resultado sin uso organizativo de la derrota. La MUD entraba en la Asamblea Nacional como bloque minoritario, sin estrategia clara sobre qué hacer con esa minoría más allá de oponerse a las leyes oficialistas.

El balance de los treinta y dos meses

Entre el Acuerdo de Unidad Nacional de enero de 2008, la fundación operativa de la MUD en el segundo trimestre de 2009 y las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010, la oposición venezolana atravesó treinta y dos meses que cambiaron su lógica organizativa. Lo que dejó esa transición —para bien y para mal— se puede sintetizar en tres puntos.

Primero: la MUD demostró capacidad de coordinación electoral en una escala que la Coordinadora Democrática nunca había alcanzado. Candidatos unitarios en 165 circunscripciones para parlamentarias, candidatos unitarios para 22 gobernaciones, candidatos unitarios para 326 alcaldías. La mecánica del consenso partidista funcionó como sistema operativo. Esa capacidad coordinativa sería la base sobre la cual la MUD construiría, ya en 2012, su primera primaria presidencial.

Segundo: la MUD heredó el costo de la sustitución de actores. La generación 2007 quedó partidizada, perdiendo la capacidad de movilización autónoma que había tenido en mayo y diciembre de 2007. La sociedad civil que había sostenido la Coordinadora —Fedecámaras, CTV, Gente del Petróleo, las cámaras profesionales— quedó completamente fuera del primer plano. María Corina Machado, desde Súmate, comenzaba a perfilar Vente Venezuela como proyecto autónomo. Esos costos no se vieron como pérdidas en el momento. Se verían después.

Tercero: la MUD definió un patrón que se mantendría hasta su disolución por el TSJ en 2018: la mesa funciona cuando los partidos acuerdan, y deja de funcionar cuando los partidos discrepan. El consenso como método tiene una virtud y un costo. La virtud es la velocidad de coordinación. El costo es la incapacidad de procesar disensos internos por canales democráticos. Cuando los disensos no se procesan en primarias o en deliberaciones públicas, se procesan por veto de partidos individuales. Esa mecánica de veto silencioso fue la que llevó, años después, a las rupturas más dolorosas del archivo opositor: la salida del proyecto interinato, las fracturas entre primarias 2023 y parlamentarias 2025, las divisiones que hoy se sienten en la mesa de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026.

La pieza siguiente del especial recorre las dos primarias que definieron el archivo opositor venezolano del siglo XXI: la del 12 de febrero de 2012, ganada por Henrique Capriles desde su plataforma de Miranda; y la del 22 de octubre de 2023, ganada por María Corina Machado por margen abrumador, abriendo la ruta que llevaría a la designación de Edmundo González Urrutia en marzo de 2024 y al ciclo electoral más disputado de la historia venezolana.

Once años y ocho meses separan las dos únicas primarias presidenciales del archivo opositor venezolano del siglo XXI. La del 12 de febrero de 2012 fue posible con asistencia técnica del CNE. La del 22 de octubre de 2023 tuvo que organizarse sola, sin Estado, sin máquinas oficiales, sin centros nacionales. Capriles ganó la primera por dos tercios. María Corina Machado ganó la segunda por nueve décimos. Ninguno de los dos llegó a la presidencia.

Las dos veces en que la oposición eligió a su candidato

En veintiocho años de archivo opositor venezolano —de la rendición de cuatro días alrededor de Salas Römer en 1998 a la mesa de Ciudad de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026—, la oposición ha elegido a su candidato presidencial por voto directo de su base apenas dos veces. Una el 12 de febrero de 2012. Otra el 22 de octubre de 2023. Once años y ocho meses entre una y otra. Esas dos primarias son los únicos momentos en que la militancia opositora venezolana —no los acuerdos de cúpula, no las negociaciones entre partidos, no las decisiones de los gobernadores territoriales— definió quién encabezaría la candidatura unitaria.

Las dos primarias merecen ser leídas juntas, no porque sean comparables —no lo son, las separa una distancia abismal de condiciones institucionales—, sino porque su comparación revela algo del archivo opositor que la conseja popular no registra: la oposición venezolana solo ha sabido organizar primarias dos veces, y en las dos, paradójicamente, el candidato electo terminó sin llegar a la presidencia. Capriles perdió la del 7 de octubre de 2012 frente a Hugo Chávez y la del 14 de abril de 2013 frente a Nicolás Maduro. María Corina Machado fue inhabilitada y tuvo que designar a Edmundo González Urrutia, quien según las actas publicadas por la oposición ganó el 28 de julio de 2024 sin que el CNE reconociera ese resultado.

Las dos primarias son, en otras palabras, los dos picos de capacidad organizativa de la oposición venezolana del siglo XXI. Y son también los dos picos de impotencia política: el momento en que la oposición fue más capaz de articularse como base democrática terminó siendo, en los dos casos, el momento previo a la imposibilidad de convertir esa articulación en gobierno.

12 de febrero de 2012: la primaria que sí pudo organizarse

La primera primaria presidencial opositora venezolana se celebró el 12 de febrero de 2012, organizada por la Mesa de la Unidad Democrática bajo la presidencia de la comisión electoral de Teresa Albanes, exrectora del Consejo Nacional Electoral. La fecha tenía carga simbólica: 12 de febrero es el Día de la Juventud venezolano, recordatorio de la Batalla de La Victoria de 1814 en la que estudiantes y jóvenes pelearon junto a José Félix Ribas. La oposición eligió ese día porque la generación 2007 —ya partidizada, pero todavía visible como referente— era parte del relato fundacional de la nueva candidatura.

Cinco precandidatos compitieron. Henrique Capriles, gobernador de Miranda desde 2008, candidato de Primero Justicia con el respaldo de UNT y otros partidos. Pablo Pérez, gobernador del Zulia desde 2008 por UNT, hijo político de Manuel Rosales. María Corina Machado, diputada independiente por Miranda en la Asamblea Nacional electa en 2010, fundadora de Vente Venezuela menos de cuatro meses antes de la primaria —el partido se creó formalmente el 24 de mayo de 2012, posterior a la primaria, pero el proyecto político ya estaba en marcha—. Diego Arria, exembajador venezolano ante la ONU, exgobernador del Distrito Federal. Pablo Medina, sindicalista, exdirigente de La Causa R.

Las condiciones institucionales de aquella primaria fueron, en perspectiva, las más favorables que la oposición venezolana ha tenido en el siglo XXI. El CNE brindó asistencia técnica al proceso: la oposición usó los centros de votación nacionales, las máquinas no incluían captahuellas, el uso de la tinta indeleble era opcional. Era una infraestructura electoral cedida por el Estado a la coalición opositora, sin precedentes en ningún otro país de América Latina en condiciones políticas similares. El gobierno de Hugo Chávez, en ese momento, aceptaba la primaria opositora como ejercicio democrático válido y le proveía los recursos técnicos del organismo electoral oficial.

Por qué Chávez tomó esa decisión es objeto de debate documentado. Una lectura sostiene que el cálculo presidencial era que la primaria expondría las divisiones internas de la oposición y resultaría en un candidato débil; otra, que Chávez ya estaba en pleno tratamiento de su enfermedad —el cáncer que se haría público en junio de 2011 y que lo llevaría a la muerte el 5 de marzo de 2013— y necesitaba mostrar gestos de apertura institucional ante América Latina y la comunidad internacional; una tercera, que la primaria era inevitable y la asistencia del CNE permitía al gobierno mantener cierto control sobre el padrón y los datos del proceso. Las tres lecturas conviven en el archivo; ninguna excluye a las otras.

Capriles ganó con holgura. El resultado final certificado por la MUD: 1.806.860 votos para Capriles (64,2%), 867.601 para Pablo Pérez (30,8%), 103.500 para Machado (3,7%), 35.070 para Arria (1,2%), 14.009 para Pablo Medina (0,5%). Participación total: aproximadamente 2,9 millones de votantes, una cifra que superó todas las expectativas previas de la coalición.

Tres aspectos del resultado de 2012 vale registrar. Primero, el respaldo de Capriles fue sólido pero no abrumador: dos tercios del voto, no nueve décimos. Existía una corriente opositora —encarnada por Pablo Pérez— que prefería un candidato de tradición zuliana y un perfil más rupturista frente al chavismo. Segundo, Machado obtuvo apenas el 3,7%. La conseja popular tiende hoy a leer hacia atrás la trayectoria de Machado como ascenso continuo; el archivo dice que en 2012 era una candidata marginal dentro de la oposición, con un proyecto político (Vente Venezuela) recién emergente. Tercero, la operación destruyó políticamente al 14 de febrero de 2012, dos días después del resultado, cuando el TSJ ordenó a la MUD entregar los cuadernos de votación para someterlos a revisión, alegando una impugnación de resultados. Los cuadernos fueron quemados por la coalición opositora antes de ser entregados, en un gesto que buscaba proteger la identidad de los votantes. Esa decisión —proteger el padrón opositor del escrutinio oficial— quedaría como referencia importante de cómo procesar primarias en condiciones adversas. Volveremos sobre ella en 2023.

Capriles enfrentó a Hugo Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012. Resultado: Chávez 55,07% · Capriles 44,31%. Diferencia de aproximadamente diez puntos. La oposición venezolana había recortado la distancia respecto a Rosales en 2006 (26 puntos) a la mitad, pero no había alcanzado al chavismo. Capriles reconoció el resultado en la noche del 7 de octubre con un discurso que la conseja popular suele citar como ejemplo de aceptación democrática de derrota. Esa aceptación fue saludable; al mismo tiempo, como ya ocurrió en 2006 con Rosales y como ocurriría sistemáticamente después, la aceptación no se convirtió en plataforma organizativa de cara al ciclo siguiente.

Cinco meses después, el 5 de marzo de 2013, Chávez murió. La MUD decidió mantener a Capriles como candidato para las presidenciales anticipadas del 14 de abril de 2013, esta vez contra Nicolás Maduro. Resultado oficial: Maduro 50,61% · Capriles 49,12%. Diferencia de aproximadamente 1,5 puntos —doscientos cincuenta mil votos en un universo de quince millones—. Capriles no reconoció el resultado. Convocó a impugnar, a manifestar pacíficamente en las calles. Las protestas posteriores dejaron muertos. El CNE proclamó a Maduro presidente. La oposición venezolana entró en el ciclo más confrontacional de su historia reciente, que culminaría en las protestas de 2014 lideradas por Leopoldo López y María Corina Machado bajo la consigna de «La Salida».

Once años de distancia

Entre el 12 de febrero de 2012 y el 22 de octubre de 2023 hay once años y ocho meses. En ese período, la oposición venezolana no organizó ninguna primaria presidencial. La razón principal es que durante la mayor parte de ese período no hubo elecciones presidenciales en condiciones de competencia normalizada: las de 2018 fueron convocadas con la mayoría de partidos opositores excluidos, María Corina Machado y Leopoldo López inhabilitados, Capriles también inhabilitado desde 2017. La MUD, además, había sido suspendida en su registro electoral en 2018 por el TSJ —pieza siete del especial—. El interinato de Juan Guaidó (2019-2023) cubrió políticamente el vacío sin que se realizaran elecciones presidenciales reconocidas.

Pero también hay otra razón menos discutida: la oposición venezolana no había construido los mecanismos para sustituir el aval institucional del CNE que había hecho posible la primaria de 2012. Sin asistencia técnica del CNE, una primaria nacional requería logística autogestionada en miles de centros, sistema propio de identificación de votantes, infraestructura informática independiente, capacidad de proteger los datos en condiciones de hostigamiento institucional. Esa infraestructura no existía. Había que construirla.

La decisión de organizar la primaria de 2023 se tomó en el marco de las negociaciones de la Plataforma Unitaria Democrática —el nombre con el que la MUD reorganizada operaba desde 2021— con el gobierno de Maduro, mediadas por Noruega desde 2019 y luego por México en 2021. Aquellas negociaciones avanzaron en 2023 con la reactivación del proceso de Barbados, cuyo acuerdo se firmaría el 17 de octubre de 2023, apenas cinco días antes de la primaria. El acuerdo de Barbados estipulaba que las presidenciales se realizarían en el segundo semestre de 2024 con observación internacional, e incluía la cláusula clave sobre el respeto al «derecho de cada actor político de seleccionar su candidato».

Esa cláusula era el resguardo internacional para que la primaria del 22 de octubre pudiera celebrarse. Era también una promesa que el gobierno de Maduro incumpliría parcialmente: María Corina Machado, inhabilitada desde junio de 2023 por la Contraloría General por quince años, mantendría la inhabilitación pese al acuerdo firmado en Barbados.

22 de octubre de 2023: la primaria que tuvo que organizarse sola

La Comisión Nacional de Primaria, presidida por el constitucionalista Jesús María Casal, asumió la organización del proceso de 2023 en condiciones radicalmente distintas a las de 2012. Sin asistencia técnica del CNE, sin centros oficiales, sin máquinas estatales, sin acceso al padrón electoral consolidado. Toda la infraestructura tuvo que ser construida desde cero por una coalición de organizaciones civiles, universidades y partidos opositores.

La logística final del 22 de octubre fue de un volumen sin precedentes para un proceso autogestionado en América Latina: más de 3.010 centros de votación en territorio venezolano, distribuidos en los veinticuatro estados; decenas de miles de voluntarios como miembros de mesa; registro propio de votantes abierto desde julio de 2023; y un mecanismo de verificación basado en cédula de identidad sin necesidad de inscripción previa para la mayoría de los venezolanos en el país. En el exterior, la primaria se organizó en más de ochenta países, con concentración en Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Argentina y Perú.

Diez precandidatos compitieron formalmente: María Corina Machado (Vente Venezuela); Carlos Prosperi (Acción Democrática); Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano); Andrés Caleca (exrector del CNE); César Pérez Vivas (Copei, exgobernador de Táchira); Andrés Velásquez (La Causa R, exgobernador de Bolívar); Luis Farías (productor agropecuario); Gloria Pinho (abogada); Tamara Adrián (primera mujer trans diputada en Venezuela); César Almeida (empresario). Henrique Capriles, también precandidato, declinó participar en septiembre tras meses de tensión por su inhabilitación política, transferida por la MUD a una candidatura no presentada.

La jornada del 22 de octubre fue, en términos de movilización, el día más significativo del archivo opositor del siglo XXI venezolano desde el referendo del 2 de diciembre de 2007. Filas en todo el país que duraron desde la mañana hasta entrada la noche. Centros que debían cerrar a las 4:00 PM y se mantuvieron abiertos hasta las 7:00 y 8:00 PM por la cantidad de votantes en espera. Movilización masiva tanto en municipios opositores tradicionales como en zonas históricamente chavistas: Propatria, La Candelaria, Catia, El Paraíso. Escasez de papeletas en varios estados por participación superior a la prevista. Largos cortes de internet que retrasaron la transmisión de actas.

La Comisión Nacional de Primaria emitió tres boletines sucesivos. El primero, en la madrugada del lunes 23, con 26,06% de actas escrutadas: Machado 552.430 votos (93,13%) · Prosperi 28.153 (4,75%). El segundo, en horas de la tarde del lunes, con 64,88% de actas escrutadas: Machado 1.473.105 votos (92,56%) · Prosperi 70.819 (4,45%). El tercer y último boletín, el martes 24 de octubre por la noche, con 91,31% de actas escrutadas: María Corina Machado 2.253.825 votos (92,35%) · Carlos Prosperi 112.523 (4,61%). El resto de candidatos no superó individualmente el 1%. Movilización total estimada por fuentes internacionales: 2,4 millones de votantes, comparable a la primaria de 2012 pese a haberse organizado sin recursos del Estado y con la diáspora venezolana ya multiplicada por la migración masiva post-2015.

El gobierno de Maduro respondió con la judicialización del proceso. La Fiscalía abrió una investigación penal contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. El 30 de octubre de 2023, la Sala Electoral del TSJ dictó la sentencia 122 ordenando la suspensión de todos los efectos del proceso y exigiendo a la Comisión la entrega de los antecedentes administrativos: convocatoria, actas de escrutinio, adjudicación, proclamación y cuadernos de votación. La Comisión había destruido los cuadernos —siguiendo la lección aprendida de la primaria de 2012— precisamente para proteger los datos de los votantes. La sentencia 122 quedó como herramienta retórica sin posibilidad de ejecución material.

Machado calificó la sentencia como «fruto de la desesperación» y como reconocimiento implícito del nivel de movilización. La conseja popular suele leer el episodio como confrontación del gobierno con la primaria; el archivo dice algo más preciso: la sentencia 122 no anuló la primaria, intentó borrarla del archivo institucional venezolano. Y al hacerlo, convirtió la primaria autogestionada en un acto fundacional que el chavismo no logró disolver.

Lo que las dos primarias significan, leídas juntas

La distancia entre el 12 de febrero de 2012 y el 22 de octubre de 2023 dice mucho del archivo opositor venezolano del siglo XXI. Y dice más todavía sobre el archivo institucional venezolano.

Primero, sobre la oposición. La capacidad organizativa creció. La primaria de 2012 fue posible porque el CNE puso recursos; la primaria de 2023 fue posible porque la sociedad civil opositora supo organizarse sin ellos. Esa autogestión —construida sobre voluntariado, financiamiento ciudadano, infraestructura comunitaria, redes universitarias— es uno de los activos más valiosos del archivo opositor reciente. La pregunta abierta es si esa capacidad puede activarse de nuevo en condiciones distintas, sin la urgencia electoral de un ciclo presidencial concreto.

Segundo, sobre la institucionalidad. La regresión es evidente. En 2012, el CNE asistía a una primaria opositora; en 2023, el TSJ trataba de anularla. La pregunta abierta es qué condiciones institucionales permitirían que en 2026 o en 2027 vuelva a haber primaria opositora con asistencia técnica del organismo electoral oficial. La transición tutelada del rodrigato no ha tocado todavía esa pregunta de forma sustantiva.

Tercero, sobre los candidatos electos en una y otra. Capriles ganó 2012 por dos tercios; Machado, 2023, por nueve décimos. La diferencia de magnitud sugiere algo: la base militante opositora de 2023 estaba más radicalmente polarizada hacia un único liderazgo que la base de 2012. Las razones son varias —once años de erosión democrática, inhabilitaciones acumuladas, exilio masivo, agotamiento de los liderazgos partidistas tradicionales—. Pero el efecto es estructural: cuando una base elige a su candidato con el 92,35% del voto, el mandato que entrega es uno de continuidad personal, no de coalición ampliada. Esa configuración —candidata unitaria casi sin disputa— condicionó todo lo que vino después, incluida la designación de Edmundo González Urrutia en marzo de 2024 y el ciclo electoral de las presidenciales del 28 de julio.

Y cuarto, sobre el futuro. Las dos primarias del siglo XXI venezolano son el único método democrático que el archivo opositor ha sabido sostener cuando los partidos no acuerdan por consenso. Si Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026 termina sin candidato unitario para las próximas presidenciales —cuando sea que ocurran—, la única ruta alternativa documentada es la convocatoria a una nueva primaria. La pregunta no es si la oposición puede organizarla; el archivo dice que sí, dos veces. La pregunta es bajo qué condiciones institucionales el resultado de esa primaria llegaría a convertirse en gobierno.

La pieza siguiente del especial reconstruye lo que pasó después del 22 de octubre de 2023: la inhabilitación de Machado, la designación de Edmundo González Urrutia el 22 de marzo de 2024, las presidenciales del 28 de julio de 2024, la doble proclamación de resultados, las actas publicadas por la oposición, el exilio de Edmundo a España el 8 de septiembre de 2024 y la clandestinidad de Machado en Venezuela hasta los días previos a la mesa de Panamá.