La frase «son los mismos de siempre» se repite cada vez que la oposición venezolana vuelve a reunirse. Esta es la tabla cruzada de quién estuvo dónde, en cada plataforma unitaria, desde 1998 hasta la mesa de Panamá del 25 de mayo. Y el segundo mapa, el de los desplazamientos, muestra lo que la conseja borra.

La foto del sábado 23

El sábado 23 de mayo de 2026, en un salón de Ciudad de Panamá, María Corina Machado entró acompañada de una niña venezolana huérfana del Darién. Las primeras palabras fueron para ella. Después, las cámaras barrieron el resto de la mesa: Leopoldo López, recién llegado desde Madrid junto a Antonio Ledezma; Delsa Solórzano, Biagio Pilieri, Piero Maroun, Juan Pablo Guanipa, Roberto Enríquez, Juan Carlos Caldera, Adriana Pichardo, Andrea Tavares, Rodrigo Cabezas, Noel Álvarez. Edmundo González Urrutia participó por videollamada desde el exilio español. Esa fue la primera de tres reuniones en Panamá. El domingo 24 hubo una segunda con actores de corrientes distintas, no necesariamente miembros de la Plataforma Unitaria Democrática. El lunes 25 la delegación opositora se reunió con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

Para quien lleva años mirando estas escenas desde la diáspora, la sensación es de déjà vu. Son los mismos de siempre, dice la frase que repite cada mes la audiencia hispana en Doral, en Madrid, en Houston. Y al mirar la foto del sábado 23, parece cierto. Hay siglas viejas: Copei, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Causa R. Hay nombres que vienen del decenio MUD. Hay una candidata electa cuyo proyecto se mide en años y no en titulares.

Pero la foto del sábado, leída sola, miente por omisión. Y la conseja, además, no tiene cómo ver la segunda reunión, la del domingo, que ocurrió bajo otra composición.

Cinco mesas, no una

Lo primero que el archivo deja claro es que en 28 años no ha habido una plataforma unitaria, sino cinco intentos sucesivos. Cada uno con su génesis, sus voceros, sus resultados y su desenlace. La frase «son los mismos de siempre» presupone una continuidad que la evidencia histórica no sostiene en términos institucionales.

La primera mesa, 1998. No fue una mesa. Fue una rendición. Cuando faltaban días para la elección presidencial del 6 de diciembre, los gobernadores opositores sobrevivientes a las regionales adelantadas del 8 de noviembre se movieron primero hacia Henrique Salas Römer. Acción Democrática retiró el respaldo a Luis Alfaro Ucero. COPEI retiró el respaldo a Irene Sáez. Los partidos llegaron a ratificar lo que el mapa territorial ya había decidido. La gente, mucho antes. No fue unidad: fue colapso del bipartidismo en cámara lenta, formalizado en cuatro días.

El primer vacío, 1999 y 2000. Sin mesa. Sin estructura. Sin discurso propio. La Constituyente, la nueva Constitución y la relegitimación de poderes ocurrieron con la oposición ausente como factor electoral. Lo que vino después no fue continuidad. Fue reconstrucción desde cero.

La segunda mesa, 2002-2005. La Coordinadora Democrática. Se constituyó oficialmente el 17 de octubre de 2002, pocos meses después de los hechos del 11 de abril —vacío de poder transitorio en el que el general Lucas Rincón anunció públicamente la renuncia de Hugo Chávez y el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó en sentencia del 14 de agosto de 2002 que no hubo golpe de Estado—. La coordinó Enrique Mendoza, gobernador de Miranda por COPEI. Pero sus pilares no eran los partidos: eran Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Gente del Petróleo. La sociedad civil sostuvo la coalición; los partidos llegaron a sumarse. AD entró en julio de 2002. La derrota del referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 quedó sin padre, hubo muertos en las protestas posteriores y la mesa se disolvió entre 2005 y 2007. Cuando una derrota no se asume y los resultados no se validan, todo lo construido se pierde y hay que empezar otra vez desde cero.

Un segundo vacío, 2005-2007. Manuel Rosales fue candidato único en 2006 por consenso, no por primarias. El acuerdo Borges-Petkoff-Rosales para primarias no se realizó. En 2007 los partidos opositores fueron casi invisibles. Quien ganó la elección decisiva del 2 de diciembre de 2007 contra la reforma constitucional de Chávez fue otro actor: el movimiento estudiantil surgido tras el cierre de RCTV el 27 de mayo. Yon Goicoechea, Freddy Guevara, Stalin González, Juan Guaidó, Miguel Pizarro, Juan Requesens, Gaby Arellano y Daniel Ceballos no eran cuadros partidistas. Eran una generación entera que entró al archivo opositor sin pertenecer a él.

La tercera mesa, 2008-2018. La Mesa de la Unidad Democrática. El Acuerdo de Unidad Nacional —documento programático entre partidos opositores propuesto por Luis Ignacio Planas (COPEI)— fue firmado el 23 de enero de 2008, día del aniversario cincuenta de la caída de Pérez Jiménez. Los firmantes incluyeron a Omar Barboza por Un Nuevo Tiempo, Víctor Bolívar por AD, Carlos Ocariz por Primero Justicia, Antonio Ledezma por Alianza Bravo Pueblo, Gabriel Puerta por Bandera Roja, Alfredo Catalán Shick por Proyecto Venezuela, Alfredo Ramos por La Causa Radical, José Antonio España y Nicolás Sosa por el MAS, y Rafael Venegas por Vanguardia Popular. El 27 de febrero se sumaron siete partidos más. Pero el Acuerdo era voluntad de unidad, no estructura. La Mesa de la Unidad Democrática propiamente dicha se gestó en reunión privada entre marzo y abril de 2009 y se presentó formalmente en el último trimestre de aquel mismo año. La fecha del 23-E 2008 funcionó después como acta de bautismo retrospectivo de la coalición. Su estructura operativa es de 2009. Ramón Guillermo Aveledo fue el primer secretario ejecutivo; Jesús «Chuo» Torrealba lo sustituyó el 23 de septiembre de 2014. Las parlamentarias del 26 de septiembre de 2010 fueron la primera prueba electoral seria de la MUD. Las primarias del 12 de febrero de 2012 produjeron a Henrique Capriles con el 64,33% de los votos. La AN electa en 2015 fue el último triunfo de la coalición como organización. El Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó el 26 de enero de 2018.

Un tercer vacío, 2018-2021. El Frente Amplio Venezuela Libre del 8 de marzo de 2018 sustituyó nominalmente a la MUD inhabilitada. El interinato de Juan Guaidó (enero 2019 a enero 2023) operó sobre la prórroga de la AN de 2015. Sin mesa real. Con un mapa de presiones internacionales y un debate interno fracturado.

La cuarta mesa, 2021. La Plataforma Unitaria Democrática. Lanzada por Juan Guaidó el 21 de abril de 2021. Reunió a AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Movimiento por Venezuela, Encuentro Ciudadano, La Causa Radical, COPEI y Convergencia. Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, NUNCA formó parte de la PUD ni había sido parte de la MUD. Las primarias del 22 de octubre de 2023 fueron su primer logro mayor. El organismo convocante fue la Comisión Nacional de Primarias, autorizada por la PUD y abierta a candidatos de dentro y fuera de la coalición; Machado se inscribió como independiente externa, por Vente Venezuela. De los 13 candidatos inscritos, tres se retiraron antes del día de la votación: Henrique Capriles el 8 de octubre, Freddy Superlano y Roberto Enríquez el 13. Llegaron a la urna diez: María Corina Machado, Tamara Adrián, Gloria Pinho, Delsa Solórzano, Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas y Luis Farías. Machado ganó con más del 90% de los votos. El 28 de julio de 2024 fue sustituida en la papeleta por Edmundo González Urrutia, inhabilitada por el sistema oficialista. Edmundo salió al exilio en España el 8 de septiembre de 2024.

La quinta mesa, 2026. La de Panamá. Tres reuniones sucesivas durante el fin de semana del 22 al 25 de mayo, con composiciones distintas. La primera articulación opositora con peso real después del exilio de Edmundo.

El mapa principal

Dieciocho nombres centrales. Cinco columnas. Una marca por cada presencia documentada como vocero, firmante o protagonista visible.

Lo primero que el mapa revela, leído en frío, es que ningún nombre aparece en las cinco mesas. La continuidad máxima es de cuatro mesas, y ese rango solo lo alcanzan unos pocos: Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, Julio Borges, Manuel Rosales. Todos del decenio MUD-PUD, ninguno presente en 1998 con peso protagónico, ninguno —salvo Ramos Allup— firmando explícitamente el Acuerdo de Unidad Nacional de enero de 2008. Y de esos cuatro, ninguno está en Panamá 2026.

Los nombres que sí están en Panamá son cinco entre los dieciocho centrales: María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Delsa Solórzano, Roberto Enríquez, Biagio Pilieri. De ellos, solo Machado y Ledezma tienen presencia opositora documentada desde el período de la Coordinadora Democrática a comienzos del siglo. López entra al archivo en la MUD. Los demás —Solórzano, Enríquez, Pilieri— son del bloque MUD-PUD.

El mapa también revela una ruptura mayor entre 2008 y 2026 en los partidos de Puntofijo —del pacto que en 1958 firmaron AD, COPEI y URD en la casa que llevaba ese nombre, no de la ciudad falconiana de Punto Fijo. AD aparece con Ramos Allup en las tres mesas centrales (2002, 2008, 2021), pero ausente en Panamá. COPEI sobrevive con Roberto Enríquez como vocero residual. Los dos partidos que sostuvieron a Salas Römer en 1998 ya no son centro de la coalición opositora de 2026. Lo son por adhesión, no por liderazgo.

La generación 2007 —el grupo estudiantil del cierre de RCTV— entra al mapa en la MUD de 2008 y constituye el grueso de la dirigencia operativa de la PUD: Guaidó, Guevara, Stalin González, Pizarro. Casi ninguno está en Panamá 2026. Guaidó en el exilio, sin rol formal. Pizarro fuera del centro. Guevara con otra función. La generación que ganó la elección de 2007 contra Chávez sin ser partido, se hizo partido en la MUD y hoy está nuevamente fuera del centro de la mesa. Es uno de los patrones más extraños del archivo: aparece y desaparece en zigzag.

María Corina Machado y Leopoldo López son los únicos dos nombres del mapa con presencia en tres o más mesas que llegan a Panamá 2026. Esa es la verdadera continuidad larga del archivo, no la continuidad partidista que la conseja imagina. Y ambos son, históricamente, actores que ingresaron al sistema opositor desde fuera de los aparatos: Machado por la sociedad civil (Súmate) y luego por Vente Venezuela, partido que nunca formó parte ni de la MUD ni de la PUD; López por una ruptura interna en Primero Justicia que terminó fundando Voluntad Popular en 2009.

El segundo mapa: los desplazamientos

Si el primer mapa muestra dónde estuvo cada actor, el segundo muestra lo que la conseja borra: los movimientos por dentro del archivo. Trayectorias que cambian de campo. Cuadros que pasan de un proyecto a otro. Generaciones enteras que entran sin pertenecer y se quedan. Actores que parecían continuidad y eran ruptura.

Tres casos merecen lectura en este punto.

Aristóbulo Istúriz y Pablo Medina. Ambos venían de la Causa R, el partido fundado por Alfredo Maneiro en 1971. En 1997 se rompieron y fundaron Patria Para Todos junto a Alí Rodríguez Araque. PPT apoyó a Chávez en 1998. Istúriz murió en 2021 como cuadro chavista activo. Medina hizo el zigzag completo: Causa R, PPT, chavismo, ruptura interna, regreso a la oposición. En 2012 fue precandidato presidencial por la MUD. La conseja «son los mismos de siempre» pierde nitidez cuando uno mira una trayectoria como la de Medina: cambio de campo dos veces en treinta años.

Andrea Tavares. En 2017 era dirigente de Alternativa 1 en Catia. En 2024 apareció como secretaria general nacional de La Causa R y, simultáneamente, como vocera del equipo político de María Corina Machado. En Panamá 2026 se sentó a la mesa como parte del Comando Con Venezuela. Una trayectoria que recorre dos décadas desde la dirigencia de base hasta la vocería del centro opositor, sin que su nombre aparezca en la mayoría de las coberturas anteriores a 2024. La conseja la borra completa: ni la veía antes ni la registra ahora como caso de desplazamiento.

Henri Falcón. Fue gobernador de Lara en 2008 elegido por el PSUV. Rompió con Chávez en 2010 e ingresó a la MUD por Un Nuevo Tiempo. En 2018 fue candidato presidencial sin respaldo MUD oficial: una segunda ruptura. Del chavismo a la oposición y luego a su propia disidencia. Es exactamente el tipo de actor que la conseja no puede explicar, porque su trayectoria contradice la idea misma de bloques estables.

A estos casos hay que sumar el de la sociedad civil de 2002. Súmate, Fedecámaras, la CTV, Gente del Petróleo: fueron los pilares de la Coordinadora Democrática. Su disolución entre 2005 y 2007 dejó un vacío que la MUD intentó llenar con partidos. La conseja borra un actor entero que dejó de existir: el bloque no partidista de sociedad civil organizada que entre 2002 y 2004 fue protagónico nunca se reconstituyó. Cuando uno dice «son los mismos de siempre», está pasando por alto que la oposición de la primera mitad del siglo no era la misma cosa que la oposición de la segunda mitad. La primera tenía cara sindical, gremial, civil. La segunda es exclusivamente partidista.

Lo que el archivo deja ver, leído de cerca

La tesis de la conseja es la continuidad: los mismos nombres, los mismos partidos, los mismos resultados. El archivo dice otra cosa.

Lo que el archivo dice es que hay continuidades reales pero menores. Machado y López, con presencia opositora desde la primera década del siglo. Ramos Allup como nexo entre AD y la coalición. Capriles, Borges y Rosales como ejes del decenio MUD. Cinco o seis nombres con permanencia documentada en tres o cuatro mesas. No dieciocho. No veinte. Cinco o seis, en una historia que tiene 28 años.

Lo que el archivo dice también es que hay rupturas mayores que la conseja no ve. El bipartidismo de Puntofijo no es el centro de la oposición desde hace más de una década. La sociedad civil organizada que sostuvo la Coordinadora de 2002 no existe ya como actor. La generación 2007 entró, se hizo partido y hoy está parcialmente fuera del centro. Los partidos chavistas o exchavistas (Causa R, PPT en sus dos alas, sectores que rompieron con Chávez entre 2007 y 2017) han atravesado el archivo en zigzag.

Y lo que el archivo dice, sobre todo, es que la oposición venezolana del siglo XXI no nace de la oposición del siglo XX. Hay una discontinuidad institucional real entre 1998 y 2002, y nuevas rupturas entre cada una de las mesas siguientes. Lo que sobrevive son personas y siglas, no estructuras ni proyectos.

Tres categorías en la mesa de Panamá

Quien mira la foto del sábado 23 encuentra, leído con el archivo encima, tres tipos de actores muy distintos:

Primero, los de continuidad larga. Machado y López. Dos nombres con presencia opositora desde la primera década del siglo. Núcleos propios —Vente Venezuela, Voluntad Popular— que crecieron desde fuera de los aparatos tradicionales. En el caso de Vente, también fuera de la MUD y de la PUD. Ledezma encaja parcialmente aquí, aunque su rol actual es de apoyo desde el exilio, no de centro.

Segundo, los de continuidad MUD-PUD. Solórzano, Enríquez, Pilieri, Guanipa. Vienen del decenio MUD pero no aparecen antes. Su trayectoria es de una mesa o dos, no de cuatro o cinco.

Tercero, los nuevos del 2024. Magalli Meda, Andrea Tavares, Piero Maroun, Adriana Pichardo, Juan Carlos Caldera, Rodrigo Cabezas, Noel Álvarez, Deyalitza Aray. Figuras que crecen en la fase de campaña presidencial, recopilación de actas, clandestinidad y exilio. Algunos llevaban años en el ruedo, pero entraron al centro opositor recién en 2024. Es la nueva camada operativa que sostiene la mesa de Panamá.

Y, fuera de la foto del sábado, una cuarta capa: los actores que se sentaron el domingo 24 sin pertenecer a la PUD. Esa reunión es, en sí misma, una respuesta al «son los mismos de siempre»: la articulación de Panamá ya admitió en su propio formato que la mesa unitaria de 2026 no podía agotarse en quienes ya estaban dentro del archivo.

Cuatro capas. No una. La conseja, que homologa a todos como «los mismos», pierde justamente lo que vale mirar: que la mesa de Panamá tiene cuatro composiciones distintas conviviendo en el mismo fin de semana.

Lo que la frase no permite preguntar

Cuando se dice «son los mismos de siempre», se borra de una vez: que el bipartidismo que sostuvo a Salas Römer en 1998 dejó de ser centro hace dos décadas; que la Coordinadora Democrática de 2002 nació desde fuera de los partidos y se disolvió sin sucesión; que la MUD duró diez años, produjo un candidato unitario en 2012 con dos millones de votantes, ganó la AN en 2015 y fue inhabilitada por el TSJ en 2018; que la generación 2007 ya recorrió un ciclo completo: entró sin partido, se hizo partido, fue dirigencia y hoy está parcialmente fuera; que Machado, sin que Vente Venezuela haya formado parte jamás de la MUD ni de la PUD, terminó ganando las primarias convocadas por la Comisión Nacional de Primarias en 2023 como candidata independiente externa, con más del 90% de los votos; que Tavares, Meda, Aray, Maroun, Caldera y otros son nombres nuevos en el centro, no en el ruedo: tienen trayectorias previas, pero el archivo unitario no las registra antes de 2024; y que la mesa de Panamá ya incluyó, el domingo 24, una composición distinta a la que se ve en la foto del sábado.

Lo que la frase no permite preguntar es lo más importante: ¿por qué el archivo se reorganiza cada vez que pierde una elección que no asume? ¿Por qué la unidad opositora venezolana no es una línea recta, sino un proceso de cinco arranques sucesivos? ¿Qué del país, del régimen y de la propia oposición explica que no haya una sola plataforma desde 1998 sino cinco?

Esas preguntas no las contesta este mapa. Las contestan, en parte, las piezas que vienen.

El mapa de los nombres muestra a Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Julio Borges y Manuel Rosales ausentes de la mesa de Panamá del 22 al 25 de mayo. La pieza anterior dejó la ausencia como dato. Esta cuenta por qué. El 25 de mayo de 2025 hubo parlamentarias en Venezuela. La PUD llamó a no participar. Otros opositores decidieron lo contrario. El CNE no publicó actas mesa por mesa. Las curules fueron adjudicadas sin cómputo verificable. Un año después, esa fractura es la que explica quién no llegó a Panamá.

El dato que la foto del sábado no muestra

El mapa de los nombres del especial dejó algo planteado sin resolver. La tabla principal marca a Henrique Capriles con presencia en cuatro mesas opositoras —2002, 2008, 2021— y vacía en la columna de Panamá 2026. A Henry Ramos Allup, con la misma trayectoria, también vacía. A Manuel Rosales, igual. A Julio Borges, igual.

La ausencia no es por exilio. No es por inhabilitación. No es por desplazamiento ideológico. Capriles está en Caracas. Rosales gobierna el Zulia. Stalin González y Tomás Guanipa están activos en la vida política venezolana. Borges sigue siendo voz pública desde el exterior. Y sin embargo, ninguno se sentó en el salón de Ciudad de Panamá el sábado 23 de mayo de 2026.

Falta una explicación. Esta pieza la entrega.

El 25 de mayo de 2025

Un año antes de la mesa de Panamá, el domingo 25 de mayo de 2025, Venezuela realizó elecciones parlamentarias y regionales. Se elegían 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones. El proceso ocurrió diez meses después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue proclamado ganador por la oposición sobre la base de las actas recopiladas por su comando, y Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral oficialista.

La Plataforma Unitaria Democrática llamó a no participar. Su argumento se sintetizó en una frase de María Corina Machado, publicada en X días antes: «Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO». Para la PUD, votar en las parlamentarias bajo el sistema electoral cuestionado significaba blanquear los resultados del 28 de julio de 2024 y aceptar como interlocutor a un organismo que la oposición no reconocía.

Un sector opositor importante decidió lo contrario.

La Red Decide

El 2 de abril de 2025 se presentó públicamente la Red Defensa Ciudadana de la Democracia, conocida como Red Decide. Sus voceros principales fueron Henrique Capriles, Jesús «Chúo» Torrealba —exsecretario ejecutivo de la MUD entre 2014 y 2018—, Henri Falcón, Tomás Guanipa, Andrés Caleca —precandidato en las primarias del 22 de octubre de 2023— y Vladimir Villegas. Se sumaron Manuel Rosales como gobernador del Zulia y Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz.

El argumento de la Red se condensó en una declaración pública: la participación electoral como «herramienta de resistencia democrática», en oposición a las sanciones económicas internacionales y al boicot electoral. La frase de Capriles que lo resumió quedó registrada el 14 de abril de 2025 en un audio difundido por su canal de WhatsApp: «Yo creo que la oposición tiene que estar en cualquier espacio. ¿Qué es mejor? Tener voz y luchar dentro del Parlamento o, como hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad el Parlamento al Gobierno».

Las dos posiciones tienen lógica interna. Las dos pueden argumentarse sin deshonestidad. Y las dos son irreconciliables.

Lo que pasó en los partidos

La fractura no fue solo entre la PUD y un sector externo. Cruzó por dentro de los partidos del archivo unitario.

Primero Justicia —el partido fundado por Julio Borges, Henrique Capriles, Leopoldo López y otros en el año 2000, y que llevó a Capriles a las primarias de 2012 con 1,9 millones de votantes— resolvió no participar. El 14 de abril de 2025, horas después de conocerse la postulación de Capriles a la lista de Un Nuevo Tiempo y la de Tomás Guanipa a la gobernación de Miranda por la misma alianza, la dirección de PJ emitió un comunicado: «Primero Justicia rechaza las negociaciones con la dictadura que habilitaron a Capriles y Guanipa y les otorgaron una nueva tarjeta, traicionando la unidad y el mandato popular». Esa misma tarde, PJ expulsó formalmente a Henrique Capriles, Tomás Guanipa y Juan Requesens.

La habilitación es el punto sensible. Capriles había sido inhabilitado por la Contraloría General de la República en 2017 para ejercer cargos públicos hasta 2032, decisión ratificada por el Tribunal Supremo en 2024. En febrero de 2025, sin proceso público, su inhabilitación quedó levantada. La de Guanipa, también. Andrés Velásquez —de La Causa R, dentro del bloque PUD— formuló en X una pregunta que muchos venezolanos repitieron: «Que el país se pregunte qué ocurrió para que Capriles y Guanipa puedan participar y otros no, como Simón Calzadilla del MPV, inhabilitado y sin tarjeta». La pregunta quedó sin respuesta pública.

Un Nuevo Tiempo —partido de Manuel Rosales, fundado en 1999 desde una disidencia de Acción Democrática— resolvió participar. Postuló 62 candidatos a la Asamblea Nacional encabezados por Capriles, Luis Emilio Rondón, Stalin González, Tomás Guanipa, Henri Falcón, Pablo Pérez, Felipe Mujica (del MAS), Luis Florido. La alianza UNT–Unión y Cambio (Única) compitió formalmente bajo esa estructura conjunta.

Acción Democrática se dividió. El sector controlado por Bernabé Gutiérrez —resultado de una intervención judicial chavista al partido en 2020— participó dentro de la Alianza Democrática junto a Timoteo Zambrano, Luis Parra y José Brito. El AD vinculado a Henry Ramos Allup —reconocido por la PUD— no participó.

Alianza del Lápiz participó con candidatos propios. El partido es liderado por Antonio Ecarri Bolívar, exembajador de Juan Guaidó en España. El 11 de abril de 2025, semanas antes de la elección, Ecarri Bolívar fue inhabilitado por el régimen e imputado por «traición a la patria, usurpación de funciones, simulación de hecho punible y prevaricación». La lista de candidatos a diputado por Lápiz fue encabezada por Antonio Ecarri Angola —hijo del presidente del partido y figura política con trayectoria propia—. Angola fue precandidato en las primarias de la MUD en 2012 para la alcaldía de Caracas, impugnó los resultados de aquel proceso y salió de la coalición; en 2024 fue candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Su participación en las parlamentarias de 2025 repite, trece años después, el patrón de 2012: postularse bajo una decisión colectiva opositora, romper con ella, y mantener proyecto electoral propio. Lápiz obtuvo un escaño.

El resultado del 25 de mayo: adjudicaciones sin actas

Aquí, antes de las cifras, hay que registrar lo que ocurrió con el proceso mismo.

Dos días antes de la elección, el viernes 23 de mayo, el rector del CNE Conrado Pérez Briceño confirmó la eliminación del código QR de las actas electorales. Sostuvo que el QR «no era una obligación legal y fue una disposición oficiosa del CNE en el pasado», y que esos códigos «fueron utilizadas para trampear elecciones». El ingeniero venezolano Giuseppe Gangi —desarrollador del sistema que en julio de 2024 permitió a la oposición digitalizar y publicar las actas del 28 de julio— contradijo esa lectura: el QR había sido la herramienta material para verificar el voto mesa por mesa.

Entre el 22 y el 24 de mayo, fueron detenidos al menos 70 opositores. La confirmación pública la dio el propio Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y ministro del Interior. El periódico El País lo registró el 24 de mayo bajo el titular «Una oleada de arrestos de opositores marca las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela».

El CNE no publicó resultados mesa por mesa. Ninguno. No hubo conteo público disponible, no hubo actas verificables, no hubo cómputo desagregado por circuito. Las cifras que circulan provienen exclusivamente del primer boletín leído por el rector Carlos Quintero la noche del 25 de mayo y de los anuncios posteriores del presidente del CNE Elvis Amoroso y del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Las propias cifras se contradicen entre sí: el primer boletín habló de 42,63% de participación con 9.159.340 votos; el medio Razón Pública, cruzando los porcentajes oficiales con el Registro Electoral Permanente de 21.485.669 personas y el 93% de actas escrutadas, calculó una participación real de 25,63% con 5.507.324 votos. La distancia entre ambas cifras —3.652.016 votos— no fue conciliada por el CNE.

Lo que esto significa, en términos políticos, es directo: ningún diputado del nuevo parlamento puede demostrar cuántos votos sacó, cómo se distribuyeron las curules, ni qué método se aplicó. Ni los 252 oficialistas ni los 29 opositores. La adjudicación fue directa, sin acta verificable. Exactamente el mismo procedimiento que se aplicó el 28 de julio de 2024 en las presidenciales.

Con esa salvedad, las cifras que circularon son las siguientes:

El Gran Polo Patriótico, encabezado por el PSUV, fue proclamado con 33 de los 50 escaños de lista nacional y 5.024.475 votos (83,42% del total). La oposición participante obtuvo, según el balance del propio Jorge Rodríguez, 29 escaños: Alianza Democrática con 13 diputados y 344.422 votos (6,25%); UNT–Única con 11 diputados y 285.501 votos (5,18%); Fuerza Vecinal con 4 diputados y 141.566 votos (2,57%); Alianza del Lápiz, 1 diputado, Antonio Ecarri Angola.

Veintinueve escaños sobre 285. Diez por ciento del nuevo parlamento. Sin mayoría, sin capacidad de obstrucción institucional, y sin acta para sostener cada uno de esos escaños frente a una contestación pública.

El 5 de enero de 2026, los diputados de UNT–Única acudieron a la sesión de instalación del nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional. Capriles dijo en la entrada: «La Asamblea Nacional debe ser el espacio del debate democrático y de las soluciones que Venezuela necesita con urgencia. Nosotros estamos aquí para eso, para poner la política al servicio de la gente, para tender puentes y abrir un camino de ley, justicia y reencuentro nacional».

La PUD no reconoció ese parlamento. Y desde el 5 de enero de 2026 hasta la mesa de Panamá del 23 de mayo, Capriles y los suyos llevaban cuatro meses y medio ejerciendo como diputados en un cuerpo legislativo que la coalición opositora dominante considera ilegítimo.

Esa es la razón concreta por la que Capriles no estuvo en el salón del sábado 23.

Las dos posiciones, sin veredicto

Toca formular las dos lógicas con criterio.

La línea participacionista sostiene que ocupar todo espacio institucional disponible es una obligación política, no una concesión al régimen. Argumenta que el boicot electoral de 2020 produjo una Asamblea sin oposición efectiva durante cinco años, que la única manera de evitar que se repita es presentar candidatos, y que la presencia de voces opositoras en el parlamento —aunque sea con once o trece diputados— preserva canales de denuncia, de control internacional y de capilaridad política local. Para esta posición, la abstención produce el efecto que se propone evitar: dejar al chavismo gobernando solo. La frase de Capriles del 14 de abril de 2025 es la formulación más nítida del argumento.

La línea no participacionista sostiene que participar bajo un sistema electoral que la propia oposición no reconoce —porque las actas del 28 de julio de 2024 demostraron, según su lectura, un fraude sistémico— equivale a legitimar ese sistema. Argumenta que la habilitación de Capriles y Guanipa, tras años de inhabilitación, sugiere un acuerdo no transparente entre esos dirigentes y el régimen. Para esta posición, el costo simbólico de votar es mayor que el beneficio institucional de tener once diputados sin poder real.

Las dos posiciones se sostienen políticamente. Pero hay una asimetría material que la pieza no puede dejar de registrar.

Las dos posiciones no enfrentaron el mismo objeto. La línea participacionista decidió ir a una elección. La línea no participacionista decidió no ir a esa misma elección. Pero el 25 de mayo de 2025 no hubo, en términos verificables, una elección computable: no hubo código QR en las actas, no hubo publicación mesa por mesa, no hubo conciliación de las cifras oficiales contradictorias, hubo más de setenta detenciones de opositores en los tres días previos. Hubo una jornada de votación, hubo proclamación de diputados por adjudicación directa, y hubo once diputados de UNT–Única, trece de la Alianza Democrática, cuatro de Fuerza Vecinal y uno de Lápiz que aceptaron escaños sin acta que los respalde.

Esa asimetría es el dato que el especial no puede esquivar. Las dos posiciones tenían lógica política propia antes del 25 de mayo. Después del 25 de mayo, una de las dos posiciones se sostiene sobre un acto electoral con cómputo público y la otra se sostiene sobre un acto electoral sin él. La pregunta no es cuál de las dos tiene razón en términos morales. La pregunta es cuál de las dos puede explicar materialmente lo que pasó.

INCÍSOS no entrega un veredicto. Pero registra un patrón que el especial entero ha venido construyendo: la historia opositora venezolana del siglo XXI tiene cinco arranques sucesivos porque las derrotas no se asumieron, y las derrotas no se asumieron, en buena medida, porque no hubo derrotas validadas con cómputo público. El revocatorio de 2004 sin actas completas. La reforma constitucional de 2007, validada como triunfo del «No» pero sin reconocimiento político del oficialismo. Las parlamentarias de 2020 boicoteadas. Las presidenciales del 28 de julio de 2024 con doble proclamación. Las parlamentarias del 25 de mayo de 2025 sin actas publicadas. El patrón no es accidente: es la condición sobre la cual la unidad opositora venezolana se reorganiza una y otra vez.

Cada lector responderá. El especial solo entrega la información.

Lo que la fractura significa para Panamá

La mesa de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026 fue, entre otras cosas, una mesa construida sobre la decisión de no participar en las parlamentarias de 2025. Ese es el cemento implícito del bloque PUD que llegó al Palacio de las Garzas: la coalición ratificó internamente, durante todo 2025, que no reconocería resultados electorales obtenidos bajo el sistema oficialista. Quien participó, salió. Quien sostuvo el no voto, se quedó.

Eso explica la ausencia de Capriles, Borges, Rosales, Ramos Allup en la foto del sábado 23. Explica la presencia, en cambio, de Andrés Velásquez por Causa R —el primer dirigente del bloque PUD en señalar públicamente las contradicciones de la habilitación de Capriles—. Explica también la presencia de Andrea Tavares por Causa R, como vocera del Comando Con Venezuela y del centro Machado. Y explica la ausencia total de la Alianza del Lápiz.

La pieza 6 del especial mostraba el patrón histórico. Esta pieza muestra la decisión política reciente que reordenó la mesa. Sin esta pieza, la ausencia de Capriles en Panamá podría leerse como un detalle. Con esta pieza, esa ausencia es un dato editorial: la fractura de mayo de 2025 redibujó el archivo opositor venezolano y produjo la composición que el mundo vio el sábado 23 de mayo de 2026.

Una pregunta que sigue abierta

¿Qué pasa el día en que la Red Decide y la PUD vuelvan a sentarse a la misma mesa? ¿Es posible? ¿En qué condiciones?

La conseja «son los mismos de siempre» pierde nitidez también aquí. Porque uno de los efectos invisibles de la fractura del 25 de mayo de 2025 es que redujo el espacio de la oposición unitaria. No es solo que faltan nombres. Es que la mesa de Panamá ya no representa al 100% del archivo opositor venezolano: representa a la fracción de ese archivo que mantuvo la línea del no voto. Y esa fracción, sostenida por el peso de las actas del 28 de julio de 2024, es la que articula el proceso visible en mayo de 2026.

Pero la historia no terminó. Y la pregunta sobre cómo se reconstruye —si es que se reconstruye— una unidad que vuelva a abarcar a Capriles, a Rosales, a Ramos Allup, a Borges, sigue abierta. La respuesta no la da este mapa. La dan las decisiones que vienen.

Tres años y siete semanas entre la mayor victoria electoral de la oposición venezolana del siglo XXI y el interinato presidencial autoproclamado del 23 de enero de 2019. En el medio: una mayoría calificada parlamentaria vaciada por el TSJ, un referendo revocatorio suspendido, una Asamblea Nacional Constituyente paralela, unas presidenciales boicoteadas, la MUD inhabilitada electoralmente. La lección más cara del archivo: ganar las urnas no es ganar el poder.

La victoria que no llegó a ser gobierno

Entre el 6 de diciembre de 2015 y el 23 de enero de 2019, la oposición venezolana atravesó la transición política más larga del archivo del siglo XXI sin haber gobernado nunca el país. En esos tres años y siete semanas, la coalición pasó de la mayor victoria electoral de su historia —ganar dos terceras partes de la Asamblea Nacional, el primer triunfo parlamentario opositor en dieciséis años— al primer interinato presidencial autoproclamado del archivo democrático venezolano, sin haber accedido en ningún momento al ejecutivo nacional.

La distancia entre esas dos puntas —la victoria parlamentaria del 6-D y la autoproclamación del 23-E— es lo que esta pieza reconstruye. Y lo que el archivo enseña, leído en perspectiva, es algo que la conseja popular del momento no quiso reconocer: ganar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional no era suficiente para gobernar Venezuela. El Estado completo —con el TSJ, el CNE, la Fuerza Armada Bolivariana, la Fiscalía, los gobiernos regionales, las empresas estatales— se reorganizó para neutralizar esa victoria. Y la oposición, que había construido su estrategia política sobre la idea de que las urnas eran suficientes, se topó con que las urnas eran solo el primer escalón.

Esta pieza tiene la responsabilidad arqueológica más compleja del especial: contar tres años de erosión institucional sostenida, en los que la oposición ganó y a la vez no ganó. Ganó el voto. Y perdió cada uno de los movimientos posteriores que el voto debía habilitar.

6 de diciembre de 2015: la mayoría calificada

Las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 fueron, en términos de voto popular, la mayor victoria opositora del siglo XXI venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 7.728.025 votos (56,2% del total), contra 5.622.844 del Gran Polo Patriótico (40,9%). La diferencia: más de dos millones cien mil votos. MUD ganó 112 escaños sobre 167, alcanzando los dos tercios constitucionales —la mayoría calificada— necesaria para nombrar magistrados del TSJ, rectores del CNE, fiscal general, contralor y defensor del pueblo. El PSUV y sus aliados quedaron con 55 escaños. Tres escaños indígenas completaron la cámara.

El cuadro era inédito en la historia chavista. Por primera vez desde 1999, el bloque oficialista perdía el control del Poder Legislativo y, por la magnitud del resultado, perdía también la capacidad de obstruir desde la minoría las decisiones institucionales mayores. La Asamblea Nacional electa el 6-D quedaba habilitada constitucionalmente para reorganizar el poder judicial, designar nuevos rectores electorales y nombrar al fiscal general.

Lo que pasó el día siguiente —el lunes 7 de diciembre— quedará en el archivo como el primer gesto democrático del cierre del ciclo chavista. Nicolás Maduro, en cadena nacional, reconoció el resultado. «Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia», declaró ante el país. Era, en perspectiva, el último momento del ciclo chavista en que el oficialismo aceptaría públicamente una derrota electoral sin disputa posterior. La aceptación del 7 de diciembre de 2015 duró menos de tres semanas.

El 28 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia recibió ocho recursos contenciosos electorales presentados por el PSUV contra los resultados de las parlamentarias en cuatro estados: Amazonas (tres diputados), Aragua (un diputado), Yaracuy (un diputado) y la Región Sur (indígenas). El recurso central era contra los tres diputados de Amazonas —Romel Guzamana, Julio Ygarza y Nirma Guarulla, los tres electos por la MUD— bajo el argumento de «compra de votos» durante la jornada. Sin pruebas sustantivas pero con cobertura del TSJ ya bajo control oficialista, los tres diputados fueron suspendidos mientras durara la investigación. La suspensión nunca terminó.

El resultado: la MUD perdió cuatro escaños suspendidos y, con ellos, la mayoría calificada de dos tercios. De 112 diputados, la coalición quedó operativamente con 109, justo por debajo del umbral constitucional para los grandes nombramientos. La victoria electoral del 6-D se había convertido, en menos de cuatro semanas, en una mayoría simple. La oposición seguía siendo la primera fuerza parlamentaria, pero ya no podía rediseñar la institucionalidad. Ese fue el primer movimiento del Estado venezolano para neutralizar la victoria opositora antes de que pudiera ejercerse.

El 5 de enero de 2016, la nueva Asamblea Nacional se instaló en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Henry Ramos Allup, secretario general histórico de Acción Democrática, fue elegido presidente de la cámara con 62 votos contra los 49 de Julio Borges (Primero Justicia). Enrique Márquez y Simón Calzadilla fueron designados primer y segundo vicepresidente. La oposición tomaba formalmente el control del Poder Legislativo. Sería el control institucional más importante de su historia. Y duraría, en términos efectivos, exactamente lo que el TSJ le permitiera durar.

2016: el revocatorio que se suspendió

Durante el primer trimestre de 2016, la nueva mayoría parlamentaria opositora intentó tres movimientos centrales: una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para presos políticos (sancionada el 29 de marzo de 2016, declarada «inconstitucional» por el TSJ tres semanas después); una reforma de la Ley del Banco Central que devolvía autonomía al organismo (igualmente declarada inconstitucional); y, sobre todo, la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial —la herramienta constitucional incorporada por el propio chavismo en 1999 como mecanismo de control popular del poder ejecutivo—.

El revocatorio era la jugada estratégica de la oposición para 2016. La Constitución establece que si el revocatorio se realiza antes del cumplimiento de los cuatro años de mandato, las elecciones presidenciales subsiguientes se adelantan; si se realiza después, el vicepresidente completa el período. La fecha límite era enero de 2017. Si el revocatorio podía organizarse y ganarse antes de esa fecha, Maduro saldría del poder y habría nuevas presidenciales en 2016 o principios de 2017. Si se demoraba, aun ganando, Maduro sería reemplazado por su propio vicepresidente sin elecciones generales.

El gobierno y el CNE entendieron el cálculo. Y convirtieron la demora en estrategia. El proceso de recolección de firmas se inició el 26 de abril de 2016 con el primer requisito —el 1% del padrón electoral— que la oposición cumplió con holgura. Más de un millón ochocientos cincuenta mil firmas fueron entregadas al CNE para esa primera fase. El CNE objetó plazos, exigió validaciones biométricas, fijó condiciones técnicas progresivamente más restrictivas.

El 20 de octubre de 2016, el CNE suspendió formalmente la recolección de firmas correspondiente al segundo requisito —el 20% del padrón— que estaba pautada para los días 26, 27 y 28 de octubre. La justificación: cinco tribunales penales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure habían dictado medidas cautelares suspendiendo el proceso por presunto fraude en la primera fase de recolección. Al día siguiente, 21 de octubre, un sexto tribunal en Zulia se sumó a las medidas. La suspensión, en términos prácticos, nunca se levantó. El revocatorio quedó cancelado sin haber llegado a la urna.

La oposición convocó a una gran marcha el 26 de octubre de 2016, la última gran movilización opositora del año. Hubo intentos de mediación: el Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, convocó a un diálogo entre gobierno y oposición que se inició formalmente el 30 de octubre de 2016 en el Museo Alejandro Otero de Caracas. La mediación incluyó a tres expresidentes —José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá)— y avanzó durante semanas sin producir resultados concretos. La mesa de diálogo se desmoronó a comienzos de diciembre de 2016. La oposición perdió 2016 sin haber convertido su victoria parlamentaria en herramienta política efectiva.

2017: el TSJ se queda con la Asamblea, la calle se queda con la oposición

El 29 y el 30 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias —las decisiones 155 y 156— que constituyeron el autogolpe institucional más explícito del archivo chavista. La sentencia 156, en particular, atribuyó al propio TSJ las competencias de la Asamblea Nacional mientras la cámara siguiera en «desacato» —situación declarada por el propio TSJ el año anterior—. En la práctica, el Tribunal asumía las funciones del Poder Legislativo: podía aprobar leyes, autorizar créditos, ratificar tratados internacionales, autorizar la salida del país del presidente.

La reacción internacional fue inmediata. La fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz —hasta entonces alineada con el oficialismo— rompió públicamente con el gobierno el 31 de marzo de 2017 calificando las sentencias 155 y 156 como «ruptura del hilo constitucional». Su ruptura abrió la mayor grieta interna del chavismo desde 1999. Maduro respondió pidiendo al TSJ que revisara y corrigiera las sentencias, en un movimiento de retroceso parcial que la oposición leyó como reconocimiento de la magnitud del error.

Pero la grieta abierta el 31 de marzo no se cerró. La oposición volvió a las calles el 1 de abril de 2017 y se mantuvo en ellas durante cuatro meses ininterrumpidos. Las protestas se extendieron de abril a julio. Hubo más de ciento veinte muertos registrados por organizaciones de derechos humanos: jóvenes manifestantes, transeúntes, funcionarios. Las Guarimbas —barricadas urbanas en municipios opositores— se generalizaron. La Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos —grupos civiles armados afectos al gobierno— ejecutaron la represión. El plantón ciudadano, la toma de Caracas, la Madre de Todas las Marchas del 19 de abril: cada movilización superaba en participación a la anterior.

El 16 de julio de 2017, la oposición organizó una consulta popular sin reconocimiento del CNE, gestionada por organizaciones civiles —entre ellas Súmate— en miles de puntos del país y del exterior. La pregunta principal era el rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que Maduro había anunciado el 1 de mayo. Más de 7,5 millones de venezolanos votaron en esa consulta autogestionada, según los organizadores. Era una movilización equivalente a una elección presidencial, organizada sin la infraestructura del Estado. Sería, en perspectiva, el ensayo que la oposición usaría siete años después en la verificación de actas del 28 de julio de 2024.

El 30 de julio de 2017, contra todas las protestas y la consulta popular previa, Maduro convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente paralela. La oposición no participó. La ANC fue elegida con el voto exclusivo del oficialismo y de sectores aliados al gobierno. Sus 545 constituyentes asumieron funciones por encima de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, despojándola de toda capacidad institucional efectiva. La empresa Smartmatic, responsable técnica del sistema de votación, emitió un comunicado público denunciando que las cifras oficiales de participación habían sido manipuladas en al menos un millón de votos. La denuncia de la empresa que había mantenido contratos con el CNE desde 2004 marcó un quiebre internacional irreversible: a partir de aquel momento, Smartmatic no volvió a operar elecciones en Venezuela.

Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la nueva ANC el 4 de agosto de 2017. La ANC duraría hasta finales de 2020. Durante su mandato, destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz (5 de agosto de 2017, que terminó en el exilio), reorganizó las gobernaciones, dictó leyes de emergencia y operó como cámara legislativa paralela. La Asamblea Nacional electa el 6-D quedó vaciada de funciones, aunque mantuvo su existencia formal como bloque opositor con mayoría sin poder.

2018: la presidencial sin oposición

Las elecciones presidenciales originalmente previstas para diciembre de 2018 fueron adelantadas por la ANC al 22 de abril, y finalmente reprogramadas al 20 de mayo de 2018. La oposición principal —MUD, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela— boicoteó el proceso. La razón pública: las condiciones electorales no garantizaban competencia justa. La razón estructural: los principales liderazgos opositores estaban inhabilitados (Capriles desde abril de 2017), detenidos (Leopoldo López en arresto domiciliario), exiliados (Antonio Ledezma desde noviembre de 2017) o políticamente neutralizados.

La MUD había sido inhabilitada electoralmente por el TSJ mediante sentencia de finales de 2017 que exigía a las organizaciones políticas opositoras que habían convocado al boicot de las municipales del 10 de diciembre de 2017 someterse a un proceso de «revalidación» con condiciones imposibles de cumplir. Voluntad Popular y Primero Justicia, al haber promovido el boicot, quedaron fuera del juego electoral. La tarjeta electoral de la MUD quedó suspendida y no se utilizó para las presidenciales de 2018.

Henri Falcón —exgobernador de Lara, exchavista que había roto con el oficialismo en 2010 y que se había sumado a la MUD—, decidió romper el boicot opositor y presentarse como candidato presidencial bajo la tarjeta de Avanzada Progresista. Su decisión generó fractura interna en la oposición: Falcón fue acusado por la MUD de «legitimar el proceso» que el resto del bloque consideraba fraudulento. Javier Bertucci, pastor evangélico de la Iglesia Maranatha, se presentó como tercer candidato. Reinaldo Quijada y dos candidatos más completaron la papeleta.

El resultado oficial del 20 de mayo de 2018: Nicolás Maduro 6.248.864 votos (67,84%), Henri Falcón 1.927.958 (20,93%), Javier Bertucci 1.015.895 (10,82%), Reinaldo Quijada 36.246 (0,39%). Participación oficial: 46% del padrón —la más baja de una presidencial venezolana desde 1958—. La oposición denunció que la participación real había sido aún menor. La comunidad internacional —Estados Unidos, Unión Europea, Grupo de Lima, la mayoría de gobiernos latinoamericanos— no reconoció el resultado. Maduro fue proclamado vencedor sin reconocimiento internacional de su segundo mandato.

Esa falta de reconocimiento internacional sería la base jurídica que la oposición usaría siete meses después para construir el interinato.

El G4: la cúpula que organizó la rotación

Para entender cómo se llegó al 5 de enero de 2019 y a la autoproclamación del 23, hay que detenerse en un actor que el archivo opositor venezolano tiende a omitir: el G4. La cúpula formada por los cuatro partidos con mayor votación en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 —Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo— operó durante seis años como el órgano de decisión política efectivo del bloque opositor en la Asamblea Nacional. La MUD era la coalición formal. El G4 era el lugar donde se tomaban las decisiones.

El acuerdo fundacional del G4, suscrito al instalarse la nueva Asamblea Nacional en enero de 2016, fue tan elemental como definitorio: la presidencia del Parlamento se rotaría anualmente entre los cuatro partidos mayores, en orden de su votación obtenida. La rotación se cumplió tal cual durante los primeros cuatro años. Henry Ramos Allup (Acción Democrática) presidió la AN en 2016, electo el 5 de enero de aquel año con 62 votos a favor. Julio Borges (Primero Justicia) en 2017, en el año más intenso de protestas opositoras y de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo) en 2018, electo el 5 de enero con 102 votos a favor y 5 en contra, en una transición que la prensa registró como un esfuerzo de reconstrucción de la unidad opositora tras el fracaso de las protestas y de las regionales. Juan Guaidó (Voluntad Popular) en 2019, cuarto año del rotatorio, completando así el ciclo entre los cuatro partidos mayores.

El año 2020 abrió una situación nueva: según la lógica del rotatorio original, la presidencia debía pasar a los partidos minoritarios de la coalición. Pero 2020 era, al mismo tiempo, el año en que el interinato de Guaidó había convertido la presidencia de la AN en una pieza estratégica del reconocimiento internacional. Ceder esa presidencia a un partido pequeño en ese momento habría debilitado todo el andamiaje del gobierno encargado. Los partidos minoritarios accedieron a ceder su turno, y el G4 acordó que Guaidó continuara como presidente de la AN en 2020 por consenso, no por rotación. El consenso no fue gratuito en términos políticos: marcó el momento en que la lógica de coordinación entre iguales —que había sostenido al bloque desde 2015— empezó a subordinarse a la lógica del proyecto presidencial de Voluntad Popular. La elección de Guaidó del 5 de enero de 2020 se produjo, además, en condiciones extraordinarias: el régimen intentó ese día impedir físicamente el acceso de Guaidó al hemiciclo y organizó una elección paralela con Luis Parra al frente, pero la mayoría opositora —incluido el G4— juramentó a Guaidó en la sede del diario El Nacional, sosteniendo la continuidad institucional del bloque.

El G4 sostuvo durante esos seis años, además del rotatorio presidencial, otras tres decisiones estructurales: la negativa a participar en las parlamentarias adelantadas del 6 de diciembre de 2020 que el chavismo convocó para reemplazar la AN de 2015; la coordinación de la prórroga del mandato de esa misma AN bajo la doctrina del «continuismo legislativo» que sostuvo al interinato; y el control colectivo de los activos venezolanos en el exterior que el reconocimiento internacional de Guaidó había puesto bajo administración opositora. Las fricciones internas del G4 —documentadas en cartas filtradas entre Primero Justicia y Voluntad Popular en noviembre de 2020, en discusiones sobre la prolongación o no del interinato a partir de enero de 2021, en disputas sobre el manejo de fondos— se mantuvieron dentro del bloque hasta su disolución formal en 2022. El G4 fue, en términos arqueológicos, la última estructura opositora venezolana que operó bajo lógica de coordinación entre partidos antes de la atomización que llevaría a la Plataforma Unitaria Democrática.

5 de enero de 2019: la Asamblea, otra vez

El 5 de enero de 2019, la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 —cuyo mandato constitucional terminaba en enero de 2021— eligió a su nuevo presidente para el período legislativo 2019. Por la rotación del G4 documentada arriba, ese año le correspondía a Voluntad Popular. El candidato seleccionado: Juan Guaidó, diputado por La Guaira, 39 años, ingeniero industrial, exlíder estudiantil del movimiento de 2007, sin gran proyección nacional previa pero con militancia partidista sostenida y perfil de cuadro joven.

Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con un proyecto político específico: invocar el artículo 233 de la Constitución —el que regula las faltas absolutas del presidente de la República— para declarar que Maduro había abandonado el cargo y que, por tanto, el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir las competencias del Ejecutivo en condición de encargado. El argumento jurídico se sostenía en que las presidenciales del 20 de mayo de 2018 no habían sido reconocidas como legítimas internacionalmente, y que Maduro a partir del 10 de enero de 2019 —fecha en que asumió su segundo mandato— era un usurpador.

El 23 de enero de 2019 —fecha simbólicamente cargada, sexagésimo primer aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez—, Juan Guaidó, ante miles de personas en una plaza pública de Caracas y con la cobertura de medios internacionales, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela invocando el artículo 233. Pocos minutos después, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente legítimo. En las horas siguientes se sumaron Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, y la mayoría de los gobiernos del Grupo de Lima. La Unión Europea siguió con reconocimientos sucesivos durante febrero. Más de cincuenta países reconocerían a Guaidó como presidente encargado en los siguientes meses.

El interinato de Guaidó se convirtió en una construcción jurídica sui generis: una presidencia encargada sin control del territorio, sin acceso al ejecutivo en Caracas, sin Fuerza Armada bajo su autoridad, sin instituciones públicas reportándole. Pero con reconocimiento internacional, con control de activos venezolanos en el exterior (PDVSA Citgo en Estados Unidos, oro en Inglaterra, depósitos en Portugal), con embajadas paralelas en decenas de países, y con la legitimidad de haber asumido bajo amparo constitucional sin haber sido derrotado en una urna.

El interinato duraría cuatro años. El 30 de diciembre de 2022, la propia Asamblea Nacional electa en 2015 —la misma que había habilitado el interinato cuatro años antes— votó su disolución: 72 a favor, 29 en contra, 8 abstenciones. La propuesta fue impulsada por Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular —el partido de Guaidó— votó en contra. El interinato terminó formalmente el 5 de enero de 2023, abriendo el ciclo que llevaría a la primaria del 22 de octubre y a las presidenciales del 28 de julio de 2024 que la pieza anterior del especial reconstruye.

Lo que el ciclo 2015-2018 dejó al archivo

El ciclo 2015-2018 dejó tres lecciones que el archivo opositor venezolano arrastra hasta la mesa de Ciudad de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026.

Primero: ganar una mayoría parlamentaria no es ganar el poder cuando el resto del Estado se reorganiza para neutralizar esa mayoría. La oposición de 2015 ganó las urnas, pero perdió todas las herramientas institucionales que esa victoria debía habilitar. La lección práctica fue dura: una victoria electoral en condiciones de Estado adverso requiere una arquitectura política de respaldo que la oposición venezolana no tenía. Esa arquitectura sigue siendo, en mayo de 2026, la tarea pendiente. No es algo que vaya a construir el rodrigato, cuya razón de ser institucional es exactamente la opuesta: administrar la transición tutelada en sus propios términos. La construcción de esa arquitectura corresponde a la oposición venezolana misma —y al respaldo internacional que la tutela—, y será uno de los criterios para juzgar si el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo del 28 de julio de 2024 termina convirtiéndose en gobierno efectivo o si se vacía de contenido como ya ocurrió, entre 2015 y 2018, con la mayoría parlamentaria que la oposición sí logró ganar en las urnas.

Segundo: el método del boicot electoral tiene un costo institucional acumulativo. La oposición se retiró de las parlamentarias de 2005, de las municipales de 2017, de las presidenciales de 2018, de las parlamentarias de 2020. Cada retiro produjo una ventana de tiempo en la que el oficialismo nombraba magistrados, rectores, fiscales, contralores. La arquitectura institucional venezolana de la transición de 2026 está construida, en parte, sobre los nombramientos que el chavismo pudo hacer durante los años en que la oposición no estuvo en el Parlamento. La paradoja del boicot es que protege la dignidad política inmediata y destruye la infraestructura institucional a largo plazo.

Tercero: el interinato de Guaidó fue, al mismo tiempo, el mayor logro de reconocimiento internacional del archivo opositor y la mayor frustración política de su historia reciente. Reunió a más de cincuenta países en torno a un proyecto opositor. Logró control de activos en el exterior por miles de millones de dólares. Construyó embajadas paralelas. Y, al mismo tiempo, no logró nunca convertir ese reconocimiento en un cambio de gobierno en Caracas. La diferencia entre legitimidad simbólica y capacidad de gobierno efectivo quedó establecida durante esos cuatro años como uno de los aprendizajes más caros de la oposición venezolana contemporánea.

La pieza siguiente del especial reconstruye los cuatro días de la mesa de Ciudad de Panamá —viernes 22 al lunes 25 de mayo de 2026— en los que la oposición venezolana intenta procesar todas estas lecciones acumuladas en el contexto del rodrigato, la transición tutelada y el Plan Rubio. Es la pieza que cierra el especial. Y la que muestra, sin atajos, qué queda en pie del archivo opositor para construir el siguiente paso.