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Arqueología de la unidad opositora

2015-2018: la victoria que no fue gobierno

Tres años y siete semanas entre la mayor victoria electoral de la oposición venezolana del siglo XXI y el interinato presidencial autoproclamado del 23 de enero de 2019. En el medio: una mayoría calificada parlamentaria vaciada por el TSJ, un referendo revocatorio suspendido, una Asamblea Nacional Constituyente paralela, unas presidenciales boicoteadas, la MUD inhabilitada electoralmente. La lección más cara del archivo: ganar las urnas no es ganar el poder.

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2015-2018: la victoria parlamentaria que no fue gobierno
INCÍSOS

§ Especial · Pieza 7
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§ Arqueología · Pieza 7

2015-2018: la victoria que no fue gobierno

Tres años y siete semanas entre la mayor victoria electoral de la oposición venezolana del siglo XXI y el interinato presidencial autoproclamado del 23 de enero de 2019. En el medio: una mayoría calificada parlamentaria vaciada por el TSJ, un referendo revocatorio suspendido, una Asamblea Nacional Constituyente paralela, unas presidenciales boicoteadas, la MUD inhabilitada electoralmente. La lección más cara del archivo: ganar las urnas no es ganar el poder.

QUÉ Tres años decisivos del archivo opositor: la mayoría calificada parlamentaria del 6 de diciembre de 2015 vaciada por el TSJ, el referendo revocatorio suspendido en 2016, la Asamblea Nacional Constituyente paralela del 30 de julio de 2017, las presidenciales boicoteadas del 20 de mayo de 2018, la inhabilitación electoral de la MUD.
QUIÉN La oposición con mayoría calificada parlamentaria por primera vez en 16 años: Henry Ramos Allup (AD), Julio Borges (PJ), Henrique Capriles (PJ), Leopoldo López (VP, detenido). El TSJ vaciando esa mayoría. Maduro convocando la ANC. Henri Falcón rompiendo el boicot opositor de 2018. Javier Bertucci como candidato evangélico.
CUÁNDO Del 6 de diciembre de 2015 (parlamentarias) al 23 de enero de 2019 (autoproclamación de Guaidó como presidente interino). Tres años y siete semanas en los que la victoria parlamentaria opositora se vació de contenido institucional.
DÓNDE El hemiciclo de la Asamblea Nacional como territorio en disputa. El TSJ como herramienta de neutralización. Las calles de Caracas como espacio de protesta entre abril y julio de 2017. El Vaticano como mediador fallido. República Dominicana como sede de negociación.
POR QUÉ Porque entre 2015 y 2018 quedó probado que ganar la mayoría parlamentaria no era suficiente para gobernar cuando el Estado completo se rearma para neutralizar la victoria. Esa lección es la que da pie al interinato de 2019: si las urnas no bastan, ¿qué viene después?
CÓMO Reconstrucción documental con cronología verificada de las decisiones del TSJ, la convocatoria a la ANC, las presidenciales boicoteadas, el surgimiento del interinato y la disolución silenciosa de la MUD.

La victoria que no llegó a ser gobierno

Entre el 6 de diciembre de 2015 y el 23 de enero de 2019, la oposición venezolana atravesó la transición política más larga del archivo del siglo XXI sin haber gobernado nunca el país. En esos tres años y siete semanas, la coalición pasó de la mayor victoria electoral de su historia —ganar dos terceras partes de la Asamblea Nacional, el primer triunfo parlamentario opositor en dieciséis años— al primer interinato presidencial autoproclamado del archivo democrático venezolano, sin haber accedido en ningún momento al ejecutivo nacional.

La distancia entre esas dos puntas —la victoria parlamentaria del 6-D y la autoproclamación del 23-E— es lo que esta pieza reconstruye. Y lo que el archivo enseña, leído en perspectiva, es algo que la conseja popular del momento no quiso reconocer: ganar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional no era suficiente para gobernar Venezuela. El Estado completo —con el TSJ, el CNE, la Fuerza Armada Bolivariana, la Fiscalía, los gobiernos regionales, las empresas estatales— se reorganizó para neutralizar esa victoria. Y la oposición, que había construido su estrategia política sobre la idea de que las urnas eran suficientes, se topó con que las urnas eran solo el primer escalón.

Esta pieza tiene la responsabilidad arqueológica más compleja del especial: contar tres años de erosión institucional sostenida, en los que la oposición ganó y a la vez no ganó. Ganó el voto. Y perdió cada uno de los movimientos posteriores que el voto debía habilitar.

6 de diciembre de 2015: la mayoría calificada

Las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 fueron, en términos de voto popular, la mayor victoria opositora del siglo XXI venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 7.728.025 votos (56,2% del total), contra 5.622.844 del Gran Polo Patriótico (40,9%). La diferencia: más de dos millones cien mil votos. MUD ganó 112 escaños sobre 167, alcanzando los dos tercios constitucionales —la mayoría calificada— necesaria para nombrar magistrados del TSJ, rectores del CNE, fiscal general, contralor y defensor del pueblo. El PSUV y sus aliados quedaron con 55 escaños. Tres escaños indígenas completaron la cámara.

El cuadro era inédito en la historia chavista. Por primera vez desde 1999, el bloque oficialista perdía el control del Poder Legislativo y, por la magnitud del resultado, perdía también la capacidad de obstruir desde la minoría las decisiones institucionales mayores. La Asamblea Nacional electa el 6-D quedaba habilitada constitucionalmente para reorganizar el poder judicial, designar nuevos rectores electorales y nombrar al fiscal general.

Lo que pasó el día siguiente —el lunes 7 de diciembre— quedará en el archivo como el primer gesto democrático del cierre del ciclo chavista. Nicolás Maduro, en cadena nacional, reconoció el resultado. «Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia», declaró ante el país. Era, en perspectiva, el último momento del ciclo chavista en que el oficialismo aceptaría públicamente una derrota electoral sin disputa posterior. La aceptación del 7 de diciembre de 2015 duró menos de tres semanas.

El 28 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia recibió ocho recursos contenciosos electorales presentados por el PSUV contra los resultados de las parlamentarias en cuatro estados: Amazonas (tres diputados), Aragua (un diputado), Yaracuy (un diputado) y la Región Sur (indígenas). El recurso central era contra los tres diputados de Amazonas —Romel Guzamana, Julio Ygarza y Nirma Guarulla, los tres electos por la MUD— bajo el argumento de «compra de votos» durante la jornada. Sin pruebas sustantivas pero con cobertura del TSJ ya bajo control oficialista, los tres diputados fueron suspendidos mientras durara la investigación. La suspensión nunca terminó.

El resultado: la MUD perdió cuatro escaños suspendidos y, con ellos, la mayoría calificada de dos tercios. De 112 diputados, la coalición quedó operativamente con 109, justo por debajo del umbral constitucional para los grandes nombramientos. La victoria electoral del 6-D se había convertido, en menos de cuatro semanas, en una mayoría simple. La oposición seguía siendo la primera fuerza parlamentaria, pero ya no podía rediseñar la institucionalidad. Ese fue el primer movimiento del Estado venezolano para neutralizar la victoria opositora antes de que pudiera ejercerse.

El 5 de enero de 2016, la nueva Asamblea Nacional se instaló en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo. Henry Ramos Allup, secretario general histórico de Acción Democrática, fue elegido presidente de la cámara con 62 votos contra los 49 de Julio Borges (Primero Justicia). Enrique Márquez y Simón Calzadilla fueron designados primer y segundo vicepresidente. La oposición tomaba formalmente el control del Poder Legislativo. Sería el control institucional más importante de su historia. Y duraría, en términos efectivos, exactamente lo que el TSJ le permitiera durar.

2016: el revocatorio que se suspendió

Durante el primer trimestre de 2016, la nueva mayoría parlamentaria opositora intentó tres movimientos centrales: una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para presos políticos (sancionada el 29 de marzo de 2016, declarada «inconstitucional» por el TSJ tres semanas después); una reforma de la Ley del Banco Central que devolvía autonomía al organismo (igualmente declarada inconstitucional); y, sobre todo, la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial —la herramienta constitucional incorporada por el propio chavismo en 1999 como mecanismo de control popular del poder ejecutivo—.

El revocatorio era la jugada estratégica de la oposición para 2016. La Constitución establece que si el revocatorio se realiza antes del cumplimiento de los cuatro años de mandato, las elecciones presidenciales subsiguientes se adelantan; si se realiza después, el vicepresidente completa el período. La fecha límite era enero de 2017. Si el revocatorio podía organizarse y ganarse antes de esa fecha, Maduro saldría del poder y habría nuevas presidenciales en 2016 o principios de 2017. Si se demoraba, aun ganando, Maduro sería reemplazado por su propio vicepresidente sin elecciones generales.

El gobierno y el CNE entendieron el cálculo. Y convirtieron la demora en estrategia. El proceso de recolección de firmas se inició el 26 de abril de 2016 con el primer requisito —el 1% del padrón electoral— que la oposición cumplió con holgura. Más de un millón ochocientos cincuenta mil firmas fueron entregadas al CNE para esa primera fase. El CNE objetó plazos, exigió validaciones biométricas, fijó condiciones técnicas progresivamente más restrictivas.

El 20 de octubre de 2016, el CNE suspendió formalmente la recolección de firmas correspondiente al segundo requisito —el 20% del padrón— que estaba pautada para los días 26, 27 y 28 de octubre. La justificación: cinco tribunales penales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure habían dictado medidas cautelares suspendiendo el proceso por presunto fraude en la primera fase de recolección. Al día siguiente, 21 de octubre, un sexto tribunal en Zulia se sumó a las medidas. La suspensión, en términos prácticos, nunca se levantó. El revocatorio quedó cancelado sin haber llegado a la urna.

La oposición convocó a una gran marcha el 26 de octubre de 2016, la última gran movilización opositora del año. Hubo intentos de mediación: el Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, convocó a un diálogo entre gobierno y oposición que se inició formalmente el 30 de octubre de 2016 en el Museo Alejandro Otero de Caracas. La mediación incluyó a tres expresidentes —José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá)— y avanzó durante semanas sin producir resultados concretos. La mesa de diálogo se desmoronó a comienzos de diciembre de 2016. La oposición perdió 2016 sin haber convertido su victoria parlamentaria en herramienta política efectiva.

2017: el TSJ se queda con la Asamblea, la calle se queda con la oposición

El 29 y el 30 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias —las decisiones 155 y 156— que constituyeron el autogolpe institucional más explícito del archivo chavista. La sentencia 156, en particular, atribuyó al propio TSJ las competencias de la Asamblea Nacional mientras la cámara siguiera en «desacato» —situación declarada por el propio TSJ el año anterior—. En la práctica, el Tribunal asumía las funciones del Poder Legislativo: podía aprobar leyes, autorizar créditos, ratificar tratados internacionales, autorizar la salida del país del presidente.

La reacción internacional fue inmediata. La fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz —hasta entonces alineada con el oficialismo— rompió públicamente con el gobierno el 31 de marzo de 2017 calificando las sentencias 155 y 156 como «ruptura del hilo constitucional». Su ruptura abrió la mayor grieta interna del chavismo desde 1999. Maduro respondió pidiendo al TSJ que revisara y corrigiera las sentencias, en un movimiento de retroceso parcial que la oposición leyó como reconocimiento de la magnitud del error.

Pero la grieta abierta el 31 de marzo no se cerró. La oposición volvió a las calles el 1 de abril de 2017 y se mantuvo en ellas durante cuatro meses ininterrumpidos. Las protestas se extendieron de abril a julio. Hubo más de ciento veinte muertos registrados por organizaciones de derechos humanos: jóvenes manifestantes, transeúntes, funcionarios. Las Guarimbas —barricadas urbanas en municipios opositores— se generalizaron. La Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos —grupos civiles armados afectos al gobierno— ejecutaron la represión. El plantón ciudadano, la toma de Caracas, la Madre de Todas las Marchas del 19 de abril: cada movilización superaba en participación a la anterior.

El 16 de julio de 2017, la oposición organizó una consulta popular sin reconocimiento del CNE, gestionada por organizaciones civiles —entre ellas Súmate— en miles de puntos del país y del exterior. La pregunta principal era el rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que Maduro había anunciado el 1 de mayo. Más de 7,5 millones de venezolanos votaron en esa consulta autogestionada, según los organizadores. Era una movilización equivalente a una elección presidencial, organizada sin la infraestructura del Estado. Sería, en perspectiva, el ensayo que la oposición usaría siete años después en la verificación de actas del 28 de julio de 2024.

El 30 de julio de 2017, contra todas las protestas y la consulta popular previa, Maduro convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente paralela. La oposición no participó. La ANC fue elegida con el voto exclusivo del oficialismo y de sectores aliados al gobierno. Sus 545 constituyentes asumieron funciones por encima de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, despojándola de toda capacidad institucional efectiva. La empresa Smartmatic, responsable técnica del sistema de votación, emitió un comunicado público denunciando que las cifras oficiales de participación habían sido manipuladas en al menos un millón de votos. La denuncia de la empresa que había mantenido contratos con el CNE desde 2004 marcó un quiebre internacional irreversible: a partir de aquel momento, Smartmatic no volvió a operar elecciones en Venezuela.

Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la nueva ANC el 4 de agosto de 2017. La ANC duraría hasta finales de 2020. Durante su mandato, destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz (5 de agosto de 2017, que terminó en el exilio), reorganizó las gobernaciones, dictó leyes de emergencia y operó como cámara legislativa paralela. La Asamblea Nacional electa el 6-D quedó vaciada de funciones, aunque mantuvo su existencia formal como bloque opositor con mayoría sin poder.

2018: la presidencial sin oposición

Las elecciones presidenciales originalmente previstas para diciembre de 2018 fueron adelantadas por la ANC al 22 de abril, y finalmente reprogramadas al 20 de mayo de 2018. La oposición principal —MUD, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela— boicoteó el proceso. La razón pública: las condiciones electorales no garantizaban competencia justa. La razón estructural: los principales liderazgos opositores estaban inhabilitados (Capriles desde abril de 2017), detenidos (Leopoldo López en arresto domiciliario), exiliados (Antonio Ledezma desde noviembre de 2017) o políticamente neutralizados.

La MUD había sido inhabilitada electoralmente por el TSJ mediante sentencia de finales de 2017 que exigía a las organizaciones políticas opositoras que habían convocado al boicot de las municipales del 10 de diciembre de 2017 someterse a un proceso de «revalidación» con condiciones imposibles de cumplir. Voluntad Popular y Primero Justicia, al haber promovido el boicot, quedaron fuera del juego electoral. La tarjeta electoral de la MUD quedó suspendida y no se utilizó para las presidenciales de 2018.

Henri Falcón —exgobernador de Lara, exchavista que había roto con el oficialismo en 2010 y que se había sumado a la MUD—, decidió romper el boicot opositor y presentarse como candidato presidencial bajo la tarjeta de Avanzada Progresista. Su decisión generó fractura interna en la oposición: Falcón fue acusado por la MUD de «legitimar el proceso» que el resto del bloque consideraba fraudulento. Javier Bertucci, pastor evangélico de la Iglesia Maranatha, se presentó como tercer candidato. Reinaldo Quijada y dos candidatos más completaron la papeleta.

El resultado oficial del 20 de mayo de 2018: Nicolás Maduro 6.248.864 votos (67,84%), Henri Falcón 1.927.958 (20,93%), Javier Bertucci 1.015.895 (10,82%), Reinaldo Quijada 36.246 (0,39%). Participación oficial: 46% del padrón —la más baja de una presidencial venezolana desde 1958—. La oposición denunció que la participación real había sido aún menor. La comunidad internacional —Estados Unidos, Unión Europea, Grupo de Lima, la mayoría de gobiernos latinoamericanos— no reconoció el resultado. Maduro fue proclamado vencedor sin reconocimiento internacional de su segundo mandato.

Esa falta de reconocimiento internacional sería la base jurídica que la oposición usaría siete meses después para construir el interinato.

El G4: la cúpula que organizó la rotación

Para entender cómo se llegó al 5 de enero de 2019 y a la autoproclamación del 23, hay que detenerse en un actor que el archivo opositor venezolano tiende a omitir: el G4. La cúpula formada por los cuatro partidos con mayor votación en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 —Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo— operó durante seis años como el órgano de decisión política efectivo del bloque opositor en la Asamblea Nacional. La MUD era la coalición formal. El G4 era el lugar donde se tomaban las decisiones.

El acuerdo fundacional del G4, suscrito al instalarse la nueva Asamblea Nacional en enero de 2016, fue tan elemental como definitorio: la presidencia del Parlamento se rotaría anualmente entre los cuatro partidos mayores, en orden de su votación obtenida. La rotación se cumplió tal cual durante los primeros cuatro años. Henry Ramos Allup (Acción Democrática) presidió la AN en 2016, electo el 5 de enero de aquel año con 62 votos a favor. Julio Borges (Primero Justicia) en 2017, en el año más intenso de protestas opositoras y de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo) en 2018, electo el 5 de enero con 102 votos a favor y 5 en contra, en una transición que la prensa registró como un esfuerzo de reconstrucción de la unidad opositora tras el fracaso de las protestas y de las regionales. Juan Guaidó (Voluntad Popular) en 2019, cuarto año del rotatorio, completando así el ciclo entre los cuatro partidos mayores.

El año 2020 abrió una situación nueva: según la lógica del rotatorio original, la presidencia debía pasar a los partidos minoritarios de la coalición. Pero 2020 era, al mismo tiempo, el año en que el interinato de Guaidó había convertido la presidencia de la AN en una pieza estratégica del reconocimiento internacional. Ceder esa presidencia a un partido pequeño en ese momento habría debilitado todo el andamiaje del gobierno encargado. Los partidos minoritarios accedieron a ceder su turno, y el G4 acordó que Guaidó continuara como presidente de la AN en 2020 por consenso, no por rotación. El consenso no fue gratuito en términos políticos: marcó el momento en que la lógica de coordinación entre iguales —que había sostenido al bloque desde 2015— empezó a subordinarse a la lógica del proyecto presidencial de Voluntad Popular. La elección de Guaidó del 5 de enero de 2020 se produjo, además, en condiciones extraordinarias: el régimen intentó ese día impedir físicamente el acceso de Guaidó al hemiciclo y organizó una elección paralela con Luis Parra al frente, pero la mayoría opositora —incluido el G4— juramentó a Guaidó en la sede del diario El Nacional, sosteniendo la continuidad institucional del bloque.

El G4 sostuvo durante esos seis años, además del rotatorio presidencial, otras tres decisiones estructurales: la negativa a participar en las parlamentarias adelantadas del 6 de diciembre de 2020 que el chavismo convocó para reemplazar la AN de 2015; la coordinación de la prórroga del mandato de esa misma AN bajo la doctrina del «continuismo legislativo» que sostuvo al interinato; y el control colectivo de los activos venezolanos en el exterior que el reconocimiento internacional de Guaidó había puesto bajo administración opositora. Las fricciones internas del G4 —documentadas en cartas filtradas entre Primero Justicia y Voluntad Popular en noviembre de 2020, en discusiones sobre la prolongación o no del interinato a partir de enero de 2021, en disputas sobre el manejo de fondos— se mantuvieron dentro del bloque hasta su disolución formal en 2022. El G4 fue, en términos arqueológicos, la última estructura opositora venezolana que operó bajo lógica de coordinación entre partidos antes de la atomización que llevaría a la Plataforma Unitaria Democrática.

5 de enero de 2019: la Asamblea, otra vez

El 5 de enero de 2019, la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 —cuyo mandato constitucional terminaba en enero de 2021— eligió a su nuevo presidente para el período legislativo 2019. Por la rotación del G4 documentada arriba, ese año le correspondía a Voluntad Popular. El candidato seleccionado: Juan Guaidó, diputado por La Guaira, 39 años, ingeniero industrial, exlíder estudiantil del movimiento de 2007, sin gran proyección nacional previa pero con militancia partidista sostenida y perfil de cuadro joven.

Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional con un proyecto político específico: invocar el artículo 233 de la Constitución —el que regula las faltas absolutas del presidente de la República— para declarar que Maduro había abandonado el cargo y que, por tanto, el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir las competencias del Ejecutivo en condición de encargado. El argumento jurídico se sostenía en que las presidenciales del 20 de mayo de 2018 no habían sido reconocidas como legítimas internacionalmente, y que Maduro a partir del 10 de enero de 2019 —fecha en que asumió su segundo mandato— era un usurpador.

El 23 de enero de 2019 —fecha simbólicamente cargada, sexagésimo primer aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez—, Juan Guaidó, ante miles de personas en una plaza pública de Caracas y con la cobertura de medios internacionales, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela invocando el artículo 233. Pocos minutos después, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente legítimo. En las horas siguientes se sumaron Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, y la mayoría de los gobiernos del Grupo de Lima. La Unión Europea siguió con reconocimientos sucesivos durante febrero. Más de cincuenta países reconocerían a Guaidó como presidente encargado en los siguientes meses.

El interinato de Guaidó se convirtió en una construcción jurídica sui generis: una presidencia encargada sin control del territorio, sin acceso al ejecutivo en Caracas, sin Fuerza Armada bajo su autoridad, sin instituciones públicas reportándole. Pero con reconocimiento internacional, con control de activos venezolanos en el exterior (PDVSA Citgo en Estados Unidos, oro en Inglaterra, depósitos en Portugal), con embajadas paralelas en decenas de países, y con la legitimidad de haber asumido bajo amparo constitucional sin haber sido derrotado en una urna.

El interinato duraría cuatro años. El 30 de diciembre de 2022, la propia Asamblea Nacional electa en 2015 —la misma que había habilitado el interinato cuatro años antes— votó su disolución: 72 a favor, 29 en contra, 8 abstenciones. La propuesta fue impulsada por Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular —el partido de Guaidó— votó en contra. El interinato terminó formalmente el 5 de enero de 2023, abriendo el ciclo que llevaría a la primaria del 22 de octubre y a las presidenciales del 28 de julio de 2024 que la pieza anterior del especial reconstruye.

Lo que el ciclo 2015-2018 dejó al archivo

El ciclo 2015-2018 dejó tres lecciones que el archivo opositor venezolano arrastra hasta la mesa de Ciudad de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026.

Primero: ganar una mayoría parlamentaria no es ganar el poder cuando el resto del Estado se reorganiza para neutralizar esa mayoría. La oposición de 2015 ganó las urnas, pero perdió todas las herramientas institucionales que esa victoria debía habilitar. La lección práctica fue dura: una victoria electoral en condiciones de Estado adverso requiere una arquitectura política de respaldo que la oposición venezolana no tenía. Esa arquitectura sigue siendo, en mayo de 2026, la tarea pendiente. No es algo que vaya a construir el rodrigato, cuya razón de ser institucional es exactamente la opuesta: administrar la transición tutelada en sus propios términos. La construcción de esa arquitectura corresponde a la oposición venezolana misma —y al respaldo internacional que la tutela—, y será uno de los criterios para juzgar si el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo del 28 de julio de 2024 termina convirtiéndose en gobierno efectivo o si se vacía de contenido como ya ocurrió, entre 2015 y 2018, con la mayoría parlamentaria que la oposición sí logró ganar en las urnas.

Segundo: el método del boicot electoral tiene un costo institucional acumulativo. La oposición se retiró de las parlamentarias de 2005, de las municipales de 2017, de las presidenciales de 2018, de las parlamentarias de 2020. Cada retiro produjo una ventana de tiempo en la que el oficialismo nombraba magistrados, rectores, fiscales, contralores. La arquitectura institucional venezolana de la transición de 2026 está construida, en parte, sobre los nombramientos que el chavismo pudo hacer durante los años en que la oposición no estuvo en el Parlamento. La paradoja del boicot es que protege la dignidad política inmediata y destruye la infraestructura institucional a largo plazo.

Tercero: el interinato de Guaidó fue, al mismo tiempo, el mayor logro de reconocimiento internacional del archivo opositor y la mayor frustración política de su historia reciente. Reunió a más de cincuenta países en torno a un proyecto opositor. Logró control de activos en el exterior por miles de millones de dólares. Construyó embajadas paralelas. Y, al mismo tiempo, no logró nunca convertir ese reconocimiento en un cambio de gobierno en Caracas. La diferencia entre legitimidad simbólica y capacidad de gobierno efectivo quedó establecida durante esos cuatro años como uno de los aprendizajes más caros de la oposición venezolana contemporánea.

La pieza siguiente del especial reconstruye los cuatro días de la mesa de Ciudad de Panamá —viernes 22 al lunes 25 de mayo de 2026— en los que la oposición venezolana intenta procesar todas estas lecciones acumuladas en el contexto del rodrigato, la transición tutelada y el Plan Rubio. Es la pieza que cierra el especial. Y la que muestra, sin atajos, qué queda en pie del archivo opositor para construir el siguiente paso.

Fuentes principales

  • Wikipedia ES · Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015 · Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017 · Crisis presidencial de Venezuela · Primer gobierno de Nicolás Maduro · Protestas en Venezuela de 2017.
  • Consejo Nacional Electoral de Venezuela · Boletines oficiales 2015, 2017, 2018.
  • Tribunal Supremo de Justicia · Sentencias 155 y 156 del 29 y 30 de marzo de 2017.
  • Smartmatic · Comunicado público sobre las elecciones a la ANC del 30 de julio de 2017.
  • Revista Mestiza (UNAJ) · Otro golpe a la democracia: el revocatorio fallido contra Maduro · agosto de 2017.
  • France 24 · cobertura del interinato de Juan Guaidó 2019-2023.
  • Infobae · cobertura de la disolución del gobierno interino el 30 de diciembre de 2022.
  • CNN Español · cobertura completa del ciclo 2015-2019.
  • Archivo INCÍSOS · cobertura propia del especial Arqueología de la unidad opositora venezolana.
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Arqueología de la unidad opositora

Los mismos de siempre

Hay una frase que aparece cada vez que la oposición venezolana vuelve a reunirse. Apareció en los pasillos de la Asamblea Nacional electa en 2015. Apareció después del 16 de julio de 2017. Volvió a aparecer durante el interinato. Estuvo en las primarias de octubre de 2023. Y reapareció, esta semana, mientras María Corina Machado convocaba en Ciudad de Panamá a los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática para preparar el encuentro del lunes 25 de mayo con el presidente José Raúl Mulino.

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Los mismos de siempre — recurrencia política venezolana
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§ Especial · Inciso de apertura
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§ Inciso firmado · Apertura

Los mismos de siempre

Por Alfredo Yánez Mondragón · Fundador y editor en jefe de INCÍSOS · Edición del viernes 29 de mayo de 2026

Hay una frase que aparece cada vez que la oposición venezolana vuelve a reunirse. Apareció en los pasillos de la Asamblea Nacional electa en 2015. Apareció después del 16 de julio de 2017. Volvió a aparecer durante el interinato. Estuvo en las primarias de octubre de 2023. Y reapareció, esta semana, mientras María Corina Machado convocaba en Ciudad de Panamá a los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática para preparar el encuentro del lunes 25 de mayo con el presidente José Raúl Mulino.

La frase es esta: son los mismos de siempre.

La he escuchado en Doral, en Madrid, en Houston, en un café de Buenos Aires, en una conversación de WhatsApp a las cuatro de la mañana. La dicen con cansancio. La dicen con resignación. La dicen, a veces, con rabia. Y la dicen casi siempre con razón aparente: si uno mira la mesa de Panamá del 22 al 23 de mayo, encuentra a Leopoldo López, a Magalli Meda, a Juan Pablo Guanipa, a Delsa Solórzano, a Roberto Enríquez, a Biagio Pilieri. Encuentra siglas que llevan décadas escritas en el mismo papel: COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Encuentro Ciudadano, Vente Venezuela. Encuentra a María Corina Machado, que ya estaba ahí en 2012 disputando una primaria.

La conseja, vista a esa distancia, parece confirmarse sola. Pero las consejas tienen una característica peligrosa: explican mucho con muy poco, y por eso ahorran el trabajo de pensar. Antes de aceptarla o de descartarla, vale revisarla con archivo a la mano.

Este especial es ese ejercicio.

INCÍSOS no llega con un veredicto. No vamos a decir que son los mismos. No vamos a decir que no lo son. Vamos a abrir el archivo y a poner sobre la mesa lo que el archivo dice: cinco intentos sucesivos de unidad opositora en Venezuela desde 1998 hasta hoy, cada uno con su génesis, sus actores, sus éxitos verificables y sus fracasos también verificables. La unidad de los cuatro días de 1998 alrededor de Henrique Salas Römer. El vacío opositor de 1999 y 2000, cuando la oposición sencillamente no existió como factor electoral. La Coordinadora Democrática de 2002, coordinada por Enrique Mendoza —gobernador de Miranda por COPEI— pero sostenida operativamente, sobre todo, por la sociedad civil organizada en y fuera de los partidos: Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Gente del Petróleo. El Acuerdo de Unidad Nacional de enero de 2008 entre partidos opositores, que daría paso a la fundación operativa de la Mesa de la Unidad Democrática en el segundo trimestre de 2009. Las primarias de febrero de 2012, con casi dos millones de votantes. El Frente Amplio Venezuela Libre de 2018, cuando la MUD fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia. La Plataforma Unitaria Democrática lanzada por Juan Guaidó en abril de 2021. Las primarias de octubre de 2023, ganadas por Machado con más del 90% de los votos.

Cinco plataformas, no una. Y entre cada una y la siguiente, una pregunta que vale formular sin sentimentalismo: ¿qué se conservó? ¿Qué se rompió? ¿Quiénes estaban en 1998 y siguen sentados en una mesa veintiocho años después? ¿Quiénes entraron en 2002 y desaparecieron en 2008? ¿Quiénes aparecieron en 2012 y son hoy el centro del proyecto?

La diáspora venezolana en Estados Unidos —especialmente en el sur de Florida, en Texas, en el área de Nueva York— tiene derecho a esa información ordenada. No al panfleto que celebra. No al panfleto que condena. A la información ordenada.

Hay algo que quiero adelantar, porque me parece honesto decirlo antes de que el lector entre a las piezas. Cuando uno revisa el archivo de cerca, lo que aparece no es una continuidad lineal. Aparece una historia con rupturas mayores. El bipartidismo que sostuvo a Salas Römer en 1998 había dejado de ser bipartidismo en términos electorales meses antes. La Coordinadora Democrática de 2002 fue, en buena medida, una construcción ajena a los partidos tradicionales: nació desde fuera de los aparatos. La MUD de 2008 fue el primer intento serio de articular partidos como tales, y duró diez años hasta que el Tribunal Supremo la borró. La Plataforma Unitaria es heredera nominal de la MUD, pero opera en condiciones radicalmente distintas: con su candidato electo en el exilio, con su coordinadora dentro del país en clandestinidad parcial durante 2024 y 2025, con su agenda escrita desde mesas en Doha, en Washington, ahora en Ciudad de Panamá.

Lo que cambia es tan importante como lo que permanece. Y la conseja, al borrar las rupturas, hace un favor que no le pidieron al chavismo civil que hoy administra el rodrigato: lo libera de tener que explicar qué hizo en los últimos veintiocho años con los actores políticos que sí cambiaron de proyecto, de método, de generación.

Este especial se publica completo en una sola edición. No por entregas escalonadas, no en cuotas, no a cuentagotas: las trece piezas reconstructivas que componen el cuerpo del archivo más esta apertura y un inciso de cierre, todo junto, para que el lector pueda recorrer el archivo en el orden que le resulte más útil. Hay un mapa cruzado de los actores en cinco plataformas. Hay una pieza sobre la fractura interna del bloque opositor en 2025. Hay un capítulo dedicado a 2015-2018, los años en que una victoria parlamentaria histórica fue desmontada institucionalmente. Hay una pieza sobre la cita de Ciudad de Panamá del 22 al 25 de mayo. Y hay una pieza incómoda, la última de la secuencia reconstructiva, sobre el actor externo que la oposición venezolana del siglo XXI no ha terminado de nombrar con claridad: el gobierno de los Estados Unidos en sus dos extremos del arco, 2019 y 2026.

Faltará al cierre una pieza más, que aún no estará lista esta semana: la entrevista a Roberto Enríquez, actual secretario ejecutivo pro tempore de la Plataforma Unitaria Democrática, donde el archivo arqueológico recibe la respuesta de quien lo administra hoy desde adentro. Esa pieza se incorporará al especial en cuanto la conversación se haya producido. El resto del archivo está sobre la mesa desde el primer momento.

Después de leer el especial completo, cada lector hará su propio juicio. INCÍSOS no se lo entrega digerido. Se lo entrega con el archivo abierto sobre la mesa, como cuando uno revisa el árbol genealógico de una familia y descubre que las semejanzas no eran las que uno creía, y las diferencias estaban en lugares que nadie había mirado.

La frase son los mismos de siempre puede ser cierta, puede ser falsa o puede ser ambas cosas en partes distintas. Lo que no puede ser, después de este ejercicio, es una respuesta sin examen.

Eso es lo que viene.

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Arqueología de la unidad opositora

1998: la unidad que no fue

La conseja popular dice que la unidad opositora venezolana arrancó en 1998 alrededor de Henrique Salas Römer. El archivo dice otra cosa. Lo que arrancó fue el colapso del bipartidismo del Pacto de Puntofijo, leído tarde por los partidos y ratificado a cuatro días de la elección presidencial. La gente lo había decidido mucho antes.

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1998: la unidad opositora que no fue antes de Chávez
INCÍSOS

§ Especial · Pieza 1
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§ Arqueología · Pieza 1

1998: la unidad que no fue

La conseja popular dice que la unidad opositora venezolana arrancó en 1998 alrededor de Henrique Salas Römer. El archivo dice otra cosa. Lo que arrancó fue el colapso del bipartidismo del Pacto de Puntofijo, leído tarde por los partidos y ratificado a cuatro días de la elección presidencial. La gente lo había decidido mucho antes.

QUÉ El primer intento de unidad opositora del siglo XXI venezolano no fue una mesa: fue el colapso del bipartidismo, ratificado en regionales adelantadas el 8 de noviembre de 1998 y formalizado en cuatro días alrededor del candidato Henrique Salas Römer.
QUIÉN Acción Democrática, COPEI, Polo Democrático y los gobernadores opositores sobrevivientes a las regionales. Luis Alfaro Ucero, Irene Sáez y Henrique Salas Römer como candidatos en disputa. Hugo Chávez Frías como ganador final.
CUÁNDO Del 8 de noviembre de 1998 (regionales adelantadas) al 6 de diciembre de 1998 (presidenciales). Veintiocho días entre dos elecciones que sellaron el fin del bipartidismo del Pacto de Puntofijo.
DÓNDE Las gobernaciones de los estados de Venezuela. El mapa territorial decidió antes que los partidos.
POR QUÉ Porque la conseja dice que la unidad opositora venezolana arrancó con Salas Römer en 1998. El archivo dice otra cosa: lo que arrancó fue el colapso, formalizado tarde.
CÓMO Reconstrucción documental de los veintiocho días entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 1998, con cifras electorales verificadas contra el CNE y los archivos académicos venezolanos.

La conseja dice que aquí empezó la unidad

La conseja popular sobre la oposición venezolana fija un año cero: 1998. Salas Römer como candidato unitario táctico. Acción Democrática y COPEI retirando sus candidaturas a cuatro días de la elección presidencial para evitar la victoria de Hugo Chávez. Una unidad de último minuto, escasa, derrotada en la urna del 6 de diciembre, pero unidad al fin. Así empezó, dice la conseja. Lo que vino después —Coordinadora, MUD, PUD, Panamá 2026— sería continuidad de aquel primer impulso.

Cuando uno revisa el archivo, esa lectura no se sostiene. No porque sea falsa en su superficie, sino porque borra lo más importante de lo que pasó.

Lo que pasó en 1998 no fue una unidad. Fue una rendición. Y la rendición no ocurrió en cuatro días, sino en veintiocho —entre las regionales adelantadas del 8 de noviembre y la presidencial del 6 de diciembre—. Y antes de esos veintiocho días, durante los seis meses previos, ya estaba ocurriendo algo más profundo: el bipartidismo del Pacto de Puntofijo —el que firmaron Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática el 31 de octubre de 1958 en la casa de Rafael Caldera llamada Puntofijo— se desmoronaba en cámara lenta. La gente lo había hecho mucho antes que los partidos.

Esta pieza reconstruye ese desmoronamiento. No el de los últimos cuatro días, que es la parte fácil. El de los meses anteriores y los veintiocho días que vinieron después de las regionales. Porque ahí es donde está la primera lección del archivo opositor venezolano: la conseja confunde la rendición de los partidos con la unidad de la gente, y desde entonces no ha vuelto a poder leer el archivo con precisión.

Lo que el 8 de noviembre dejó ver

El 8 de noviembre de 1998 hubo elecciones regionales en Venezuela. Ese año, por decisión política y técnica, las regionales se separaron de las presidenciales: se adelantaron un mes. Era la primera vez que ocurría. La intención declarada fue «fortalecer el liderazgo nacional», dándole a los partidos un termómetro previo a la presidencial.

El termómetro arrojó tres datos cruzados que vale leer en conjunto.

Primero, los partidos del Pacto de Puntofijo todavía existían electoralmente. Acción Democrática conservaba ocho gobernaciones y el 24% del voto parlamentario, manteniéndose como el partido individual más grande del país. COPEI ganaba cuatro gobernaciones. Proyecto Venezuela —escisión reciente de COPEI liderada por Henrique Salas Römer— se imponía en Carabobo. Convergencia, el partido de Rafael Caldera entonces en la presidencia, retenía Yaracuy. La Causa R conservaba Zulia con Francisco Arias Cárdenas. Sumados, los partidos opositores al chavismo emergente —el bipartidismo histórico más las disidencias de centro y derecha— controlaban diecinueve de las veintitrés gobernaciones del país.

Segundo, el Movimiento Quinta República de Chávez, fundado apenas un año antes, ganaba cuatro gobernaciones como partido más votado dentro de su coalición —el Polo Patriótico, que incluía MAS, PPT, PCV, MEP y otras fuerzas pequeñas—. En parlamentarias obtenía 19,87% del voto, un escalón por debajo de AD.

Tercero, y este es el dato que la conseja borra: AD, COPEI y Proyecto Venezuela sumaban juntos el 51,49% del voto parlamentario, mayoría absoluta en ambas cámaras. Sumaban 30 bancas en el Senado y 109 diputados sobre 207. Si la oposición al chavismo emergente se hubiera articulado el 8 de noviembre como bloque parlamentario y territorial, habría tenido mayoría en el Congreso desde el primer día del nuevo gobierno.

El mapa del 8 de noviembre no decía colapso. Decía algo más sutil: la fuerza del bipartidismo seguía ahí, pero ya no estaba sosteniendo a sus candidatos presidenciales.

Los veintiocho días

Entre el 8 de noviembre y el 6 de diciembre de 1998, la opinión pública venezolana hizo lo que los partidos no habían sabido leer. Las encuestas de los días posteriores a las regionales fueron registrando un derrumbe sostenido en dos figuras y un ascenso paralelo en una tercera.

Luis Alfaro Ucero, candidato presidencial de Acción Democrática, era simultáneamente secretario general del partido. Había llegado a la candidatura por imposición interna sobre una rebelión que su propio aparato no logró contener. Su intención de voto en encuestas, después del 8 de noviembre, caía hacia un solo dígito.

Irene Sáez Conde, alcaldesa de Chacao desde 1992, había sido la candidata más mencionada en las encuestas iniciales de 1998. En agosto encabezaba la intención de voto. El respaldo de COPEI a su candidatura —decisión tomada por la dirigencia partidista pese a que Sáez venía de fuera del aparato— terminó funcionando contra ella: la asociación con un partido en crisis de representatividad le restó voto independiente. Después del 8 de noviembre, su intención también se derrumbaba.

Hugo Chávez, en cambio, crecía. La decepción ciudadana con el bipartidismo —que en el plebiscito implícito del 8 de noviembre todavía no se había trasladado al voto parlamentario— sí se trasladaba al voto presidencial. En las semanas posteriores a las regionales, el ascenso de Chávez fue continuo. Y al mismo ritmo crecía la figura que quedaba en el espacio opositor: Henrique Salas Römer, gobernador de Carabobo, fundador de Proyecto Venezuela, candidato presidencial sin el respaldo formal de los grandes partidos tradicionales.

Salas Römer no era un candidato del Pacto de Puntofijo. Venía del COPEI, sí, pero había roto con el partido y fundado su propia estructura regional. Sus referencias eran de gestión local —Carabobo como estado modelo—, no de aparato nacional. Y en esos veintiocho días, mientras Sáez y Alfaro Ucero se derrumbaban, la gente que rechazaba a Chávez se concentró en Salas Römer sin consultar a los partidos. Los partidos llegaron a ratificar lo que la opinión pública ya había decidido en encuestas.

La rendición de los cuatro días

El 2 de diciembre de 1998, a cuatro días de la elección presidencial, Acción Democrática anunció el retiro del respaldo a Luis Alfaro Ucero —su propio secretario general— y endosó su apoyo a Henrique Salas Römer. COPEI hizo lo mismo con Irene Sáez. Otros partidos menores siguieron en cadena.

La cobertura periodística de aquellos cuatro días, leída con distancia, encierra una contradicción. Por un lado, los voceros partidistas presentaron la decisión como un gesto de responsabilidad histórica: unidad para frenar la victoria de Chávez. Por otro, los analistas políticos del momento la describían como lo que era: el último acto de partidos que ya no tenían capacidad de mover el voto de sus propias bases. Como observaron entonces Luis Lander y Margarita López Maya —analistas del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV— las regionales del 8 de noviembre habían funcionado «como una suerte de primera vuelta» en la que los partidos vieron que sus candidatos no aguantaban. La operación de los cuatro días no creó la unidad: ratificó una decisión que la gente había venido tomando durante semanas.

El 6 de diciembre, Hugo Chávez ganó con el 56,2% de los votos. Salas Römer obtuvo 39,97%. Una distancia de dieciséis puntos. Alfaro Ucero, en la papeleta, alcanzó el 0,4%. Sáez, el 2,8%. Sumados, los votos del bipartidismo y sus aliados no llegaron a igualar la presidencial de Chávez.

Aquella noche, en las sedes de AD y COPEI, no hubo recuento de daños. Hubo declaraciones que prometían reorganización. La conseja se quedó con esa imagen: la unidad de cuatro días había nacido, había perdido, y de ahí en adelante la oposición venezolana sería continuidad y reagrupación. La pieza siguiente del especial revisará el primer dato que esa lectura no permite ver: que entre 1999 y 2000, esa oposición simplemente no existió como factor electoral.

Por qué importa esto, leído desde 2026

Para el lector hispano en Estados Unidos —sobre todo el venezolano de la diáspora— esta arqueología puede sonar a detalle académico. No lo es. La razón por la que importa es directa: cada vez que se mira la mesa de Ciudad de Panamá del 22 al 25 de mayo de 2026, y se siente que «son los mismos de siempre», la frase opera sobre una premisa que es el legado de 1998: que existió alguna vez una unidad opositora estable, que esa unidad atravesó veintiocho años, y que lo que vemos hoy es la versión envejecida de aquella primera coalición.

El archivo dice que no. Lo de 1998 no fue una unidad: fue una rendición. Lo de 1998 no fue la fundación de un proyecto opositor: fue el último acto de un proyecto bipartidista que ya no podía sostener a sus candidatos. Y los nombres que sostuvieron la candidatura de Salas Römer en aquellos cuatro días —Eduardo Fernández por COPEI, los voceros restantes de Acción Democrática tras la rebelión interna contra Alfaro Ucero, y el respaldo territorial articulado por los gobernadores opositores sobrevivientes a las regionales del 8 de noviembre, entre los que figuró de manera central Enrique Mendoza desde Miranda, sin acto político público pero con peso operativo en el cambio de caballo— casi todos quedaron fuera del archivo opositor que vino después. Algunos —Mendoza, Eduardo Fernández— reaparecerían en la Coordinadora Democrática de 2002. Otros —Salas Römer mismo— terminarían como referencias residuales, sin rol en la MUD ni en lo que vino.

Lo que en cambio sí marcó el archivo de 1998 fue una lección que la oposición venezolana no ha terminado de aprender en veintiocho años: cuando la gente decide antes que los partidos, los partidos llegan tarde, y la decisión política colectiva no es la suma de los aparatos sino la lectura del voto que ya migró. En 1998, ese voto migró hacia Chávez. Los partidos del Pacto de Puntofijo lo registraron cuatro días tarde. La unidad opositora venezolana arrancó así. Y la conseja, al borrar el contexto, convierte una rendición tardía en un mito fundacional.

El cierre del año cero

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez tomó posesión de la presidencia. AD seguía siendo el partido individual más grande de Venezuela en términos de bancas parlamentarias. COPEI mantenía estructura nacional. Proyecto Venezuela conservaba Carabobo. Convergencia, Yaracuy. La Causa R, Zulia. Sobre el papel, la oposición tenía capacidad de obstrucción legislativa y presencia territorial.

Sobre el papel.

Lo que la pieza siguiente del especial reconstruye es lo que pasó en los veinte meses siguientes —de febrero de 1999 a las elecciones de relegitimación del 30 de julio de 2000— cuando esa estructura nominal se evaporó casi sin oposición visible. Aquellos partidos que habían sumado el 51,49% del voto parlamentario en noviembre de 1998 no lograron articularse para enfrentar ni la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ni el referendo aprobatorio de la nueva Constitución en diciembre de 1999, ni la elección que relegitimó a Chávez y al nuevo cuerpo legislativo en julio de 2000.

Entre 1999 y 2000 la oposición venezolana no fue derrotada electoralmente: dejó de existir como sujeto electoral coherente. Eso es lo que viene en la pieza 1.5.

Fuentes principales

  • Consejo Nacional Electoral · Dirección de Estadísticas Electorales · Resultados Electorales 1998 (CD-ROM).
  • Wikipedia ES · Elecciones regionales de Venezuela de 1998 · Elecciones presidenciales de Venezuela de 1998 · Elecciones parlamentarias de Venezuela de 1998.
  • Maingon, Thais y Sonntag, Heinz R. · Los resultados de las elecciones de 1998 en Venezuela: ¿hacia un cambio político? · Revista de Ciencias Sociales, Vol. 6, no. 1, enero 2000.
  • Lander, Luis y López Maya, Margarita · Análisis publicados en revistas académicas venezolanas sobre el proceso 1998-1999.
  • PolítiKa UCAB · Elecciones de 1998: El preámbulo de los grandes cambios · 6 de marzo de 2024.
  • Centro de Investigaciones de Política Internacional · Elecciones regionales en Venezuela. Apuntes para un análisis · febrero 2022.
  • Archivo INCÍSOS · cobertura propia del especial Arqueología de la unidad opositora venezolana.
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Arqueología de la unidad opositora

1999-2000: el vacío opositor

Entre la toma de posesión de Hugo Chávez y las megaelecciones del 30 de julio de 2000, la oposición venezolana atravesó veinte meses sin candidato presidencial unitario, sin coalición, sin agenda propia. Por primera vez desde 1958, ni Acción Democrática ni COPEI compitieron por la presidencia. El primer vacío del archivo opositor del siglo XXI.

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1999-2000: el vacío opositor venezolano
INCÍSOS

§ Especial · Pieza 1.5
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§ Arqueología · Pieza 1.5

1999-2000: el vacío opositor

Entre la toma de posesión de Hugo Chávez y las megaelecciones del 30 de julio de 2000, la oposición venezolana atravesó veinte meses sin candidato presidencial unitario, sin coalición, sin agenda propia. Por primera vez desde 1958, ni Acción Democrática ni COPEI compitieron por la presidencia. El primer vacío del archivo opositor del siglo XXI.

QUÉ Entre el 2 de febrero de 1999 y el 30 de julio de 2000, la oposición venezolana dejó de existir como sujeto electoral. No fue derrotada en una urna: se evaporó sin candidato presidencial unitario, sin coalición, sin agenda propia. El primer vacío del archivo opositor.
QUIÉN AD y COPEI sin estrategia. Los gobernadores opositores aislados: Enrique Mendoza (Miranda), Henrique Salas Römer (Carabobo), Eduardo Lapi (Yaracuy), Manuel Rosales (emergiendo en Zulia). Francisco Arias Cárdenas rompiendo con Chávez en febrero de 2000.
CUÁNDO Veinte meses. Toma de posesión de Chávez (2 de febrero de 1999), Constituyente (25 de abril de 1999), Constitución (15 de diciembre de 1999), ruptura de Arias Cárdenas (mediados de febrero de 2000), megaelecciones (30 de julio de 2000).
DÓNDE Venezuela, en el aire institucional. La Constituyente sustituyó al Congreso. El nuevo poder se construyó sin contrapeso.
POR QUÉ Porque entender este vacío explica por qué la primera mesa opositora del siglo XXI —la Coordinadora Democrática de 2002— estuvo coordinada por un dirigente partidista (Enrique Mendoza, COPEI) pero su peso operativo lo llevó la sociedad civil organizada. Los partidos como sujeto político habían colapsado.
CÓMO Reconstrucción documental de los procesos electorales y constituyentes de 1999 y 2000, con cifras verificadas y la huella de la ausencia opositora en cada hito.

El primer vacío

Cuando una oposición pierde una elección y reorganiza, el archivo lo registra. Cuando una oposición simplemente desaparece como sujeto electoral, el archivo casi no tiene cómo registrarlo. Por eso esta pieza es la más difícil de escribir del especial: porque su tema es lo que no ocurrió, lo que no se hizo, las semanas en que el espacio opositor en Venezuela quedó vacante y nadie lo ocupó.

Entre el 2 de febrero de 1999 y el 30 de julio de 2000, en veinte meses, Venezuela vivió la mayor transformación institucional de su historia moderna: una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución, la relegitimación simultánea de todos los poderes públicos. Y en ese mismo período, los partidos que el 8 de noviembre de 1998 habían sumado el 51,49% del voto parlamentario —AD, COPEI, Proyecto Venezuela y sus aliados— no presentaron candidato presidencial unitario, no articularon coalición, no propusieron texto constitucional alternativo, no construyeron agenda visible. Estuvieron, sobre el papel. No fueron, en los hechos.

Esa ausencia es el primer vacío del archivo opositor venezolano del siglo XXI. Y entender por qué ocurrió es entender por qué la primera mesa opositora real —la Coordinadora Democrática de 2002— estuvo coordinada por un dirigente partidista (Enrique Mendoza, gobernador de Miranda por COPEI) pero su peso operativo lo llevó la sociedad civil organizada en y fuera de los partidos. Cuando llegó el momento de hacer oposición, los partidos del Pacto de Puntofijo ya no estaban como sujeto político.

Lo que se construyó en el vacío

La cronología institucional de aquel período es vertiginosa.

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez tomó posesión de la presidencia. En el discurso de juramento, juró sobre «esta moribunda Constitución» —se refería a la de 1961— y anunció su propósito de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Era el primer movimiento del nuevo gobierno y el más decisivo: si la Constitución de 1961 podía ser sustituida por una nueva sin pasar por el Congreso vigente, la mayoría parlamentaria opositora dejaba de tener relevancia política.

El 25 de abril de 1999, un referendo consultivo aprobó la convocatoria a la Constituyente con el 87,75% de los votos. La oposición partidista no logró articular una campaña por el «No». No hubo voz unitaria, no hubo aparato, no hubo movilización. El resultado se interpretó como un mandato amplio para el proyecto chavista.

El 25 de julio de 1999 se eligieron los 131 constituyentes. El chavismo obtuvo 125 escaños. La oposición, 6. La Constitución de 1999 fue redactada, debatida y aprobada en ese cuerpo, prácticamente sin contrapeso.

El 15 de diciembre de 1999, un nuevo referendo aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el 71,78% de los votos. La oposición tampoco logró articular una campaña efectiva por el «No». Las objeciones técnicas y políticas existieron, sobre todo desde sectores académicos y empresariales. Como movimiento electoral organizado, no.

El 30 de julio de 2000 —las llamadas «megaelecciones»— se relegitimaron simultáneamente la presidencia, la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías y los concejos legislativos. Era la primera vez en la historia venezolana que se elegía todo el mapa institucional el mismo día. Y era la prueba definitiva de si la oposición podía articular respuesta. No la articuló.

La ausencia del 30 de julio

Las megaelecciones del 30 de julio de 2000 marcan, en el archivo opositor, un hecho que la conseja no registra: por primera vez desde 1958, ni Acción Democrática ni COPEI presentaron candidato presidencial propio. El bipartidismo que había dominado la política venezolana durante cuarenta años, simplemente, no compitió por la presidencia.

El espacio que dejaron vacante lo ocuparon dos figuras que no venían del Pacto de Puntofijo. Una venía del chavismo en ruptura interna: Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia electo en 1998 por el MVR, exintegrante del MBR-200 que en 1992 había participado junto a Chávez en el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez. La otra venía del adecismo tardío: Claudio Fermín, exalcalde de Caracas por AD, candidato presidencial perdedor en 1993, que en 2000 se presentó como independiente bajo la sigla Encuentro Nacional.

Arias Cárdenas rompió con Chávez a mediados de febrero de 2000. Junto con Jesús Urdaneta y Joel Acosta Chirinos —comandantes del 4 de febrero de 1992 que habían acompañado a Chávez— hizo pública una declaración exigiendo al presidente investigar la corrupción dentro de su gobierno, incluyendo a Luis Miquilena y José Vicente Rangel. Chávez respondió llamándolos «traidores». Arias Cárdenas formalizó su candidatura presidencial el mes siguiente, con el apoyo residual de La Causa R, Bandera Roja y el MIN —ninguno de los grandes partidos del Pacto de Puntofijo—.

Las encuestas iniciales daban a Arias Cárdenas una distancia de ocho puntos frente a Chávez. Si las megaelecciones se hubieran celebrado el 28 de mayo, como originalmente estaban convocadas, esa diferencia se habría reflejado en la urna. El cambio de fecha al 30 de julio —técnicamente justificado por dificultades del CNE para garantizar el proceso— le dio a Chávez dos meses adicionales de campaña en posición de mando. El resultado: Chávez 56%, Arias Cárdenas 34%, Claudio Fermín 6,24%. Sumados, los dos candidatos opositores alcanzaron el 40,24% del voto, casi tres puntos menos que Salas Römer en 1998. Pero esa suma no significaba coalición: significaba dispersión.

AD, COPEI, Proyecto Venezuela, Convergencia: ninguno presentó candidato presidencial. La explicación pública fue, en todos los casos, una variante del mismo argumento: la nueva Constitución no era reconocida como legítima, las megaelecciones eran un proceso «viciado de origen», y la oposición no participaría en condiciones desfavorables. La explicación interna era más simple: no tenían candidato, no tenían unidad, no tenían capacidad.

El 30 de julio de 2000 fue la fecha en que la oposición venezolana terminó de desaparecer como sujeto electoral coherente. La pieza siguiente del especial empieza dos años después, cuando ese sujeto tuvo que ser reconstruido desde fuera de los partidos.

La sobrevivencia territorial

Pero la oposición no desapareció del todo. Sobrevivió en un lugar muy específico: las gobernaciones.

Mientras los partidos colapsaban a nivel nacional, los gobernadores opositores electos el 8 de noviembre de 1998 conservaron sus cargos durante todo el período de la Constituyente. Cuando llegaron las megaelecciones del 30 de julio de 2000, varios se relegitimaron y otros perdieron por márgenes estrechos. La presencia territorial opositora se mantuvo, aunque sin coordinación nacional.

Enrique Mendoza, gobernador de Miranda por COPEI desde 1995 y reelegido en 1998 con respaldo amplio, fue una de las figuras clave de esa sobrevivencia. En las megaelecciones del 30 de julio de 2000, Mendoza fue reelegido en Miranda. Su presencia continuada en el estado más estratégico del centro del país —limítrofe con el Distrito Federal— lo convirtió, sin que él lo buscara como acto público, en el actor con mayor peso operativo entre los gobernadores opositores. Esa posición lo llevaría, en 2002, a coordinar la Coordinadora Democrática.

Henrique Salas Römer conservó Carabobo durante todo el período presidencial, aunque dejaría la gobernación en 2000 para que la asumiera su hijo Henrique Salas Feo, también por Proyecto Venezuela. La continuidad del proyecto territorial regional se mantuvo, pero la incidencia nacional de Salas Römer se redujo. Después de la derrota presidencial de 1998, no volvió a tener rol protagónico en la articulación opositora.

Eduardo Lapi, gobernador de Yaracuy electo en 1998 por Convergencia y reelegido en 2000, fue otro de los actores territoriales que conservaron espacio. Su trayectoria posterior lo separaría del archivo opositor —terminaría inhabilitado y procesado en años posteriores—, pero en aquel momento era voz operativa del bloque que sobrevivía.

Manuel Rosales emergía como figura nueva. Había sido derrotado en 1998 por Francisco Arias Cárdenas en la disputa por la gobernación del Zulia. En 1999 fundó el partido Un Nuevo Tiempo, en ruptura con Acción Democrática, partido al que pertenecía desde joven. En las megaelecciones del 30 de julio de 2000 fue elegido alcalde del municipio Maracaibo, su primer cargo de elección popular. La construcción de UNT como aparato regional zuliano sería, en los años siguientes, una de las piezas que la Coordinadora Democrática heredaría como base territorial. Pero en 2000, Rosales era todavía un actor emergente sin proyección nacional.

Los partidos formales —AD, COPEI— quedaron como cascarones nominales con presencia parlamentaria reducida y sin liderazgo presidencial. Los gobernadores opositores quedaron como núcleos territoriales aislados, sin coordinación nacional, manteniendo sus estados como islas de gestión opositora pero sin proyecto común. Y la sociedad civil organizada —Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, las cámaras empresariales, los gremios profesionales— empezaba a articular, fuera del sistema partidista, una nueva forma de oposición que en 2002 cobraría protagonismo.

Lo que el vacío produjo

El vacío de 1999-2000 produjo dos efectos que marcaron toda la década siguiente del archivo opositor venezolano.

El primero es estructural: cuando la oposición tuvo que reorganizarse en 2002, no pudo hacerlo desde los partidos porque los partidos ya no estaban como sujeto. La Coordinadora Democrática del 17 de octubre de 2002 nació desde Fedecámaras, la CTV y Gente del Petróleo —tres actores no partidistas— justamente porque los actores partidistas habían perdido capacidad de convocatoria. AD entró a la Coordinadora en julio de 2002, varios meses después de que el bloque ya estuviera operando bajo conducción civil. Esa secuencia —civiles primero, partidos después— se hereda directamente del vacío de los veinte meses anteriores.

El segundo es de método: cuando la oposición venezolana del siglo XXI nació, lo hizo con la lección de 1998 mal aprendida. La conseja se quedó con que la unidad había arrancado en 1998 alrededor de Salas Römer y había seguido en la Coordinadora. Pero el archivo dice que entre Salas Römer y la Coordinadora hubo veinte meses en los que la oposición no existió, y que la Coordinadora no fue continuidad del bipartidismo sino reemplazo de él. Esa diferencia —continuidad versus reemplazo— condiciona toda la lectura siguiente. Cada vez que la oposición venezolana se reorganiza, lo hace creyendo que se está reagrupando, cuando en realidad se está sustituyendo a sí misma.

La pieza siguiente del especial reconstruye ese momento de sustitución: cómo Fedecámaras, la CTV y Gente del Petróleo construyeron la Coordinadora Democrática entre 2001 y 2002, cómo Enrique Mendoza pasó de gobernador territorial a coordinador nacional, y cómo el revocatorio del 15 de agosto de 2004 marcó la primera derrota del nuevo sujeto opositor. Una derrota que, como las siguientes del archivo, no se asumió porque no hubo cómputo público que la validara.

Fuentes principales

  • Consejo Nacional Electoral · Resultados electorales 1999-2000.
  • Wikipedia ES · Elecciones presidenciales de Venezuela de 2000 · Referendo constituyente de Venezuela de 1999 · Referendo constitucional de Venezuela de 1999.
  • PolítiKa UCAB · En el año 2000 las megaelecciones no fueron «el 28, el 28, el 28» sino el 30 de julio · 23 de abril de 2024.
  • EcuRed · Francisco Arias Cárdenas · ficha biográfica.
  • Poderopedia Venezuela · Francisco Arias Cárdenas · perfil documental.
  • Galizia, Giovanbatista y Nicodemo, Pasquale · Estudios de opinión pública sobre las megaelecciones del 30 de julio de 2000.
  • Centro Gumilla · análisis del Padre José Virtuoso sobre el primer año de gobierno de Chávez, julio de 2000.
  • Archivo INCÍSOS · cobertura propia del especial Arqueología de la unidad opositora venezolana.
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