Un centenar de joyas en caja fuerte de su despacho de Ferraz. 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por la casa del testaferro. Imágenes satelitales de una mina aurífera en un parque nacional venezolano protegido. La materialidad del caso Zapatero, pieza por pieza, ordenada cronológicamente.

Las acusaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero respecto a sus vínculos económicos con Venezuela circulaban en el espacio público desde 2020. La exsenadora colombiana Piedad Córdoba lo dijo en entrevista al medio Las 2 Orillas. El exjefe de Inteligencia Militar venezolana, Hugo «El Pollo» Carvajal, lo escribió en un manuscrito entregado a la Audiencia Nacional. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez y el exdiputado Américo de Grazia lo ratificaron en testimonios públicos. Pero hasta mayo de 2026, eran palabras. Lo que cambió en las últimas dos semanas es la materialidad: objetos, lugares y cifras documentadas por la policía española y por imágenes satelitales independientes.

19 de mayo: el registro de Ferraz

El martes 19 de mayo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) registró el despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del PSOE. En una caja fuerte oculta, los agentes hallaron «un centenar de joyas». El abogado del expresidente se negó inicialmente a abrirla. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, declaró a los agentes que las alhajas procedían en parte de la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, y en parte de regalos recibidos en viajes oficiales. Los agentes inventariaron el contenido y la documentación que respaldaba el origen.

Mismo día: 286.000 euros en casa del testaferro

En paralelo al registro de Ferraz, la UDEF actuó en el domicilio de Julio Martínez Sola, descrito en el sumario como amigo personal de Zapatero y, según los investigadores, «lugarteniente y ejecutor de órdenes directas» dentro de la estructura. Los agentes hallaron 286.000 euros en efectivo sin declarar, repartidos en distintas estancias de la vivienda. La cifra está documentada en el informe policial al que ha tenido acceso Infobae.

Para el procedimiento judicial, esa cifra es relevante en dos planos. Uno: el efectivo sin declarar plantea por sí mismo un problema fiscal autónomo. Dos: el patrón de ocultación —dinero repartido en distintas estancias, no concentrado— corresponde a un intento consciente de evadir registro estandarizado, lo que refuerza la imputación por blanqueo.

El manuscrito de Carvajal

El elemento más singular de la evidencia es un manuscrito. En 2025, en el marco de su intento por evitar la extradición a Estados Unidos, Hugo Carvajal entregó a la Audiencia Nacional española escritos detallando lo que sabía sobre la red financiera del chavismo. En uno de esos manuscritos, según informaron Libertad Digital y Diario de Cuba con citaciones de El Confidencial, Carvajal identificó por escrito una mina de oro en Venezuela como vinculada a Zapatero. La descripción geográfica era específica: una franja del territorio venezolano «especialmente rica en oro y diamantes».

Las imágenes satelitales

En marzo de 2026, el portal El Distrito, dirigido por el economista Raúl Sánchez Folgueiras, publicó una investigación basada en imágenes satelitales, fotografías sobre el terreno y documentación judicial estadounidense que ubica con coordenadas concretas la mina que Carvajal había descrito. La localización tiene una particularidad relevante. El enclave está dentro de un parque nacional venezolano protegido por ley, donde cualquier explotación minera está prohibida y donde el ecosistema tiene reconocimiento internacional. Las imágenes satelitales muestran actividad minera activa en una zona donde no debería haberla.

Lo que la materialidad cambia

Hasta esta semana, el caso Zapatero podía leerse como una colección de testimonios cruzados con investigación financiera abierta. Lo que ha incorporado la UDEF en mayo de 2026 cambia esa lectura: objetos concretos en cajas fuertes concretas, efectivo concreto en domicilios concretos, ubicaciones satelitales concretas en territorio venezolano. La defensa del expresidente puede contestar el origen de las joyas (herencia, regalos diplomáticos). Puede contestar la atribución de la mina (no demostrada en sumario judicial todavía). No puede contestar que la materialidad existe.

Para el lector hispano que ha seguido el saqueo del Estado venezolano durante quince años, la materialidad es lo que faltaba. Durante años, la frase «se robaron Venezuela» fue retórica. En el caso Zapatero, lo robado tiene gramos, kilos, hectáreas y coordenadas geográficas.

La defensa de Zapatero

Es importante señalar que Zapatero ha rechazado públicamente las acusaciones. En su comparecencia en el Senado el lunes 2 de marzo de 2026, ante la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme, presentó una carta manuscrita atribuida a Hugo Carvajal en la que el militar venezolano habría rectificado sus afirmaciones sobre la mina de oro. La autenticidad de esa carta es objeto de discusión procesal, particularmente respecto a las condiciones en que pudo haber sido obtenida.

La declaración del 2 de junio ante el juez Calama es la siguiente oportunidad procesal del expresidente para articular su defensa formal. La pieza estará allí.

Fuentes principales

• Última hora del caso Plus Ultra, en directo, Infobae España, 25 de mayo de 2026.
• La Policía halla conversaciones del «testaferro» de Zapatero sobre minas de oro en Venezuela, La Patilla, 25 de mayo de 2026.
• Exclusiva mundial: las imágenes de la mina de oro que el Pollo Carvajal atribuye a Zapatero, El Distrito, 26 de marzo de 2026.
• El escrito que confirma que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, Libertad Digital, 12 de enero de 2026.
• Zapatero aplaca bulos con una carta manuscrita del Pollo Carvajal, El Plural, 2 de marzo de 2026.
• La querella contra Zapatero apunta a negocios con el petróleo y el oro de Venezuela, Moncloa, 8 de enero de 2026.

La Oficina contra el Blanqueo del Tesoro estadounidense identificó una transferencia de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta suiza vinculada a fondos PDVSA. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga en paralelo a la Audiencia Nacional española. Lo que esto cambia.

La parte española del caso Zapatero ha ocupado la mayoría de los titulares europeos en los últimos diez días. La parte estadounidense ha recibido menos atención y, sin embargo, puede acabar siendo más consecuente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —la jurisdicción que ha procesado, entre otros, casos de corrupción transnacional vinculados a Venezuela durante la última década— investiga formalmente los vínculos económicos del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con la red financiera venezolana. La puerta de entrada es una transferencia.

La transferencia

En 2021, Plus Ultra ejecutó una transferencia de 519.000 dólares hacia una cuenta bancaria en Suiza. La Oficina contra el Blanqueo de Dinero del Tesoro estadounidense identificó la operación. Según la documentación judicial filtrada en España y reseñada el 21 de mayo por Alerta Digital, la cuenta receptora está vinculada a un inversor investigado por blanqueo. La misma cuenta, según el sumario, está conectada con fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La transferencia salió de los libros de Plus Ultra, una compañía que ese mismo año recibió 53 millones de euros de rescate del Gobierno español.

La conexión es lo significativo. No es que una empresa española hiciera una transferencia internacional. Es que una empresa rescatada con dinero público español hizo, en el mismo año del rescate, una transferencia a una cuenta vinculada a PDVSA.

Por qué Nueva York investiga

Tres razones, en orden de peso. Una: PDVSA es una entidad sujeta a sanciones del Tesoro estadounidense desde 2019. Cualquier operación que involucre fondos de PDVSA y pase por el sistema financiero estadounidense, aunque sea en tránsito, abre jurisdicción federal. La transferencia a Suiza pasó por intermediarios bancarios vinculados al sistema dólar, lo que activa el principio de jurisdicción extendida que la Fiscalía neoyorquina ha aplicado en otros casos de Venezuela. Dos: la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha sido, durante la última década, la principal jurisdicción investigadora de la corrupción venezolana. Casos como Andorra-PDVSA, casos de exfuncionarios de Banca Privada d’Andorra, y procesos contra empresarios venezolanos como Alejandro Betancourt o Raúl Gorrín se han llevado allí. Tres: el acuerdo de colaboración firmado por Hugo «El Pollo» Carvajal con la justicia estadounidense en diciembre de 2025, después de su acuerdo de culpabilidad de junio de 2025, le dio a la Fiscalía neoyorquina acceso a un nivel de información sobre la estructura financiera del chavismo que ninguna otra jurisdicción tiene.

El paralelismo procesal

Lo que distingue este caso de los anteriores es la simultaneidad. Hasta ahora, la justicia estadounidense investigaba casos venezolanos y la justicia española investigaba casos venezolano-españoles, pero rara vez en paralelo y con apertura mutua de carpetas. En el caso Zapatero, esa apertura es funcional. El juez Calama tiene acceso a documentos del Tesoro estadounidense. La Fiscalía neoyorquina tiene acceso a expedientes de la UDEF española. La cooperación judicial transatlántica es operativa, no anunciada.

Para los abogados del entorno Zapatero, esto cambia el cálculo. Una imputación en España es procesalmente compleja pero acotada. Una investigación en paralelo en Estados Unidos, sobre cifras que involucran transferencias del sistema dólar, escala el problema. La extradición de Carvajal a Estados Unidos en 2023 dejó al expresidente español sin uno de los testigos más controlables del lado venezolano. El acuerdo de colaboración de Carvajal con la administración Trump deja a la Fiscalía neoyorquina con un testigo de calidad superior a la habitual: el exjefe de Inteligencia Militar del chavismo, hoy declarado culpable, dispuesto a contar.

Lo que viene

Tres fechas a observar. La primera: martes 2 de junio de 2026, declaración de Zapatero ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Determina si la imputación se sostiene, si se amplían los cargos a blanqueo, y si avanza la solicitud de citaciones adicionales (la asociación Hazte Oír ya pidió imputar a la esposa y a las dos hijas del expresidente). La segunda: pronunciamientos del Gran Jurado federal en Nueva York. Históricamente, la Fiscalía neoyorquina tarda entre 12 y 24 meses entre la apertura de investigación y la presentación de cargos. La tercera: el calendario electoral español. Pedro Sánchez está sometido a presión política creciente; cualquier acelerón judicial en cualquiera de las dos jurisdicciones tendrá impacto inmediato sobre el Gobierno actual.

Lo que esto significa para la transición venezolana

La pregunta operativa, para el lector hispano que sigue la situación venezolana, es si esta investigación afecta a la transición política en Caracas. La respuesta más honesta es que sí, pero indirectamente. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, según el sumario del juez Calama, era una de las figuras clave del lado venezolano en la estructura de tráfico de influencias. Hasta el 3 de enero de 2026, esa información era inutilizable: estaba protegida por inmunidad de jefa de Estado de facto. Ahora ya no. La transición tutelada que arrancó con la captura de Maduro abrió espacio jurídico para investigar a actores que durante años fueron intocables.

La pieza pendiente es si el rodrigato, en sus quince meses iniciales de transición, sobrevive como interlocutor político de Estados Unidos mientras su figura central es investigada por una Fiscalía estadounidense. Esa contradicción —entre la cooperación política y el sumario judicial— es el nudo del año.

Fuentes principales

• EEUU investiga los vínculos económicos de Rodríguez Zapatero con Venezuela, Moncloa, 22 de mayo de 2026.
• José Luis Rodríguez Zapatero, la conexión venezolana que apunta a Pedro Sánchez, Alerta Digital, 21 de mayo de 2026.
• Meet ‘El Pollo,’ Venezuelan general who might testify against Maduro, USA Today / AOL, enero de 2026.
• Auto de imputación del juez Calama, Diligencias Previas 77/2024, Audiencia Nacional de Madrid.
• Documentación pública de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), sanciones a PDVSA 2019-2025.

El juez José Luis Calama imputó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión a blanqueo. El sumario sitúa al exjefe de Gobierno al frente de una estructura jerarquizada vinculada al rescate público de Plus Ultra y a la conexión venezolana. Lo que significa el caso para el lector hispano que ha seguido la transición venezolana durante el último año.

El 5 de diciembre de 2020, en una conversación interceptada que cinco años después forma parte del sumario del caso Plus Ultra, el empresario Rodolfo Reyes Rojas le escribió a Julio Martínez Sola, amigo personal del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, una frase de cuatro palabras: «Zapatero aquí manda». Para el juez José Luis Calama, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, esa frase es uno de los indicios más explícitos de la tesis policial: el exjefe de Gobierno no era un mediador externo, ni un facilitador ocasional. Lideraba.

La imputación

Calama imputó a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión a blanqueo de capitales. La cifra que figura en el auto, según las órdenes judiciales filtradas el 25 de mayo, es 1,95 millones de euros: el beneficio económico que él y su entorno habrían obtenido a través de la estructura. La declaración del expresidente está prevista para el martes 2 de junio. Es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno comparece ante la Audiencia Nacional como imputado por organización criminal.

El rescate que abrió la puerta

Plus Ultra es una aerolínea española con vínculos venezolanos. En 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la compañía recibió un rescate público de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El eurodiputado Luis Garicano alertó del expediente desde el primer momento. Según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla directa e indirectamente más del 56,8 por ciento de las acciones de Plus Ultra (Snip Aviation S.L) es Rodolfo José Reyes Rojas, investigado penalmente por la justicia estadounidense en una trama de corrupción venezolana. Era 2021. Lo que entonces se denunció como anomalía hoy es sumario.

La vía Zapatero

El sumario, según ha publicado Infobae el lunes 25 de mayo, describe dos líneas de influencia paralelas que operaban dentro de la estructura. Una a través del exministro José Luis Ábalos. Otra, más eficaz, denominada por los propios investigadores «la vía Zapatero». Las comunicaciones interceptadas son explícitas. «Debemos meterle chola al Zapa», escribió Roselli, CEO venezolano de Plus Ultra, cuando buscaba acelerar el proceso de financiación. La investigación sitúa a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, como su «lugarteniente y ejecutor de órdenes directas».

La transformación

Esta es la dimensión política e histórica del caso. Durante quince años, Zapatero fue presentado como mediador entre la oposición venezolana, el chavismo y la comunidad internacional. Acompañó procesos electorales, fue interlocutor de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. Fue recibido en Miraflores con honores de jefe de Estado. La foto del 17 de febrero de 2026, con Delcy y Jorge Rodríguez en el palacio presidencial de Caracas, todavía circula. Esa fotografía hoy es prueba documental.

El sumario reescribe la lectura. Donde durante quince años hubo «mediación», ahora hay tráfico de influencias. Donde hubo «interlocución», ahora hay organización jerárquica. Donde hubo «visión de Estado», ahora hay cobro. La cifra del auto judicial —1,95 millones de euros— pone número a una sospecha que organizaciones de oposición venezolana llevaban años articulando sin pruebas judiciales.

Lo que la oposición venezolana llevaba años diciendo

Tres voces lo dijeron antes de Calama. La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, en entrevista al medio colombiano Las 2 Orillas del 27 de febrero de 2020, afirmó que Maduro le había dicho que «a todos nosotros nos dieron una mina de oro» y que Zapatero era beneficiario. Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de Inteligencia Militar del chavismo refugiado y luego extraditado a Estados Unidos en 2023, ratificó la versión en manuscrito entregado a la Audiencia Nacional. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, y Américo de Grazia, exdiputado opositor, ofrecieron testimonios concurrentes.

Durante años, el peso institucional de Zapatero sirvió como escudo. Era un expresidente del Gobierno español. La sospecha no llegaba a sumario. En mayo de 2026 llegó.

La conexión EE.UU.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga en paralelo los vínculos económicos de Zapatero con Venezuela. La Oficina contra el Lavado de Dinero del Tesoro estadounidense identificó una transferencia desde Plus Ultra de 519.000 dólares en 2021 a una cuenta suiza vinculada a un inversor investigado por blanqueo, conectada según el sumario con fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Esa cuenta es una de las puertas por donde la investigación estadounidense entra al caso. La extradición del Pollo Carvajal a EE.UU. en 2023, y su acuerdo de colaboración firmado en diciembre de 2025 con la administración Trump, son dos piezas del mismo tablero.

Lo que esto significa para el hispano en EE.UU.

Para el venezolano de la diáspora —y para el hispano en general que ha seguido el colapso del chavismo durante quince años—, el caso Zapatero no es escándalo español. Es la evidencia judicial de algo que el exilio dijo en silencio durante una generación: que la operación de saqueo del Estado venezolano tuvo facilitadores políticos en democracias europeas, y que la oposición que los señalaba no estaba paranoica.

Hay una segunda lectura, más operativa. La transición tutelada que arrancó el 3 de enero con la captura de Maduro y la presidencia encargada de Delcy Rodríguez avanza ahora en dos pistas paralelas. Una, la política, en Caracas: María Corina Machado anunció el 23 de mayo desde Panamá que será candidata y propuso una «cuarta fase» del Plan Rubio. La otra, la judicial, en Madrid y Nueva York: la red financiera que sostuvo al chavismo durante dos décadas está siendo desmontada con sumarios y órdenes internacionales. Las dos transiciones —la política venezolana y la judicial europea-estadounidense— son ahora la misma transición.

Fuentes principales

• Se publica el sumario completo de la investigación del juez Calama: «Zapatero aquí manda», Infobae España, 25 de mayo de 2026.
• Rodríguez Zapatero imputado caso Plus Ultra y vínculos con Venezuela, RPP, 24 de mayo de 2026.
• EEUU investiga los vínculos económicos de Rodríguez Zapatero con Venezuela, Moncloa, 22 de mayo de 2026.
• La querella contra Zapatero apunta a negocios con el petróleo y el oro de Venezuela, Moncloa, 8 de enero de 2026.
• Auto de imputación del juez Calama, Diligencias Previas 77/2024, Audiencia Nacional de Madrid.